STC7574-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7574-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00332-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de marzo de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Humberto Yagama Rubio contra el Juzgado Cuarenta y Seis Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 y la Fiscal\u00eda 188 Delegada para lo Penal de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fue vinculada la Sala Penal del Tribunal superior del Distrito Judicial de esta capital, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes del proceso penal a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la contradicci\u00f3n, a la doble instancia y al m\u00ednimo vital, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, en el marco de la causa penal que se le sigui\u00f3 por el delito de omisi\u00f3n del agente retenedor o recaudador, en concurso homog\u00e9neo. <\/p>\n
Solicita entonces de manera concreta, para salvaguardar sus prerrogativas, \u00abque se declare la falta de defensa t\u00e9cnica y sea declarada la nulidad todo lo actuado en el proceso penal 2011-13392\u00bb; adem\u00e1s, que se ordene al Juzgado 46 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, \u00abremita de forma inmediata su proceso a un Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas, para efectos de cumplir la condena impuesta\u00bb (fls. 12 y 13, cdno. 1). <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo esencial el actor, que el Juzgado 46 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 lo conden\u00f3 a la pena principal de 52 meses de prisi\u00f3n, tras declararlo responsable del punible antes referenciado; que inconforme con esa determinaci\u00f3n la apel\u00f3 infructuosamente, pues la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial la confirm\u00f3 en sentencia adiada 1\u00b0 de diciembre de 2020. <\/p>\n
Aduce que en desarrollo de la contienda \u00abno cont\u00f3 con una buena defensa t\u00e9cnica, puesto que, el primer abogado que contrat\u00f3, renunci\u00f3; y la segunda, fue una defensora p\u00fablica designada, quien no lo represent\u00f3 en debida forma y solo asisti\u00f3 a dos audiencias\u00bb, motivo por el cual considera que su condena fue injusta, y se vulneraron las garant\u00edas primarias que invoc\u00f3, puesto que su defensor nunca le plante\u00f3 una estrategia de defensa, lo que, asegura, torna procedente el reclamo que eleva a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA VINCULADA <\/p>\n
a. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 declarar improcedente la protecci\u00f3n suplicada, con fundamento en que el se\u00f1or \u00abCARLOS HUMBERTO YAGAMA RUBIO durante el desarrollo del proceso cont\u00f3 con el asesoramiento de un profesional del derecho en cargado de ejercer su defensa t\u00e9cnica, bien de confianza o de la Defensor\u00eda del Pueblo como \u00e9l mismo lo ha afirmado; as\u00ed mismo, ni ante el juez de primera instancia ni ante esta corporaci\u00f3n inform\u00f3 alguna vulneraci\u00f3n a su derecho defensa; adem\u00e1s, no agot\u00f3 todos los medios de defensa que ten\u00eda a su disposici\u00f3n porque tuvo la posibilidad de acceder al recurso extraordinario de casaci\u00f3n y aun as\u00ed no lo hizo\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte neg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras considerar que \u00ab[r]especto al defecto procedimental por falta de defensa t\u00e9cnica, es necesario aclarar que el mismo no es procedente para enmendar errores o negligencias del procesado o de su abogado al interior de una determinada actuaci\u00f3n judicial, toda vez que resulta insoslayable que se demuestre c\u00f3mo el actuar del apoderado fue meramente formal y, a ra\u00edz de esto, se presente una ausencia de representaci\u00f3n que sea determinante y trascendente en el sentido del fallo\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, porque en \u00abel asunto bajo examen, el accionante considera que se evidencia la vulneraci\u00f3n a su derecho a la defensa y al debido proceso desde la apertura de la investigaci\u00f3n en su contra, donde no se ejerci\u00f3 una defensa t\u00e9cnica por parte de los abogados que conocieron del asunto, los cuales fueron pasivos en el tr\u00e1mite procesal, no controvirtieron pruebas, ni asistieron correctamente a las audiencias programadas en el curso del proceso penal 2011-13392. <\/p>\n
Sin embargo, al examinar las pruebas obrantes en el expediente, la Sala no avizora que se encuentren configurados los requisitos indispensables para concluir que, la defensa prestada por los abogados que hicieron parte del tr\u00e1mite procesal, constituye una vulneraci\u00f3n a la defensa t\u00e9cnica de su poderdante, por lo cual, se anuncia anticipadamente, que el sentido de esta decisi\u00f3n ser\u00e1 desfavorable a los intereses del accionante. <\/p>\n
El hecho de manifestar, por s\u00ed solo, que el accionante considera que no cont\u00f3 con una defensa t\u00e9cnica dentro del proceso penal cursado en su contra, no es suficiente para catalogar como \u2018pasiva\u2019 la participaci\u00f3n de los otros abogados dentro del proceso, pues s\u00ed tuvieron una participaci\u00f3n activa en el mismo y la oportunidad de interponer los recursos ordinarios contra las decisiones que eran contrarias a los intereses del se\u00f1or CARLOS HUMBERTO YAGAMA RUBIO. El simple hecho de no haber sido suficiente los argumentos presentados por la defensa de la accionante, para generar un resultado favorable, debido a las pruebas en su contra, no constituye una vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Con todo, dice el a quo constitucional, que \u00aben el relato del actor en su escrito, la Sala advierte una escasez de la carga argumentativa y probatoria necesaria para demostrar c\u00f3mo la aparente ausencia de defensa material, fue determinante o trascendente en el sentido del fallo del proceso penal 2011-13392. No expuso alg\u00fan sustento de cu\u00e1les eran las pruebas o testimonios que debieron ser solicitados por la defensa, y c\u00f3mo estos hubiesen sido de utilidad para defender sus intereses. Adem\u00e1s, f\u00e1cilmente, pudo haber manifestado personalmente ante el juez de conocimiento cualquier tipo de inconformidad con el actuar de sus defensores y las vulneraciones al interior del proceso. Aunado a lo anterior, se pone en duda las razones reales que conllevaron a omitir la presentaci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, mecanismo id\u00f3neo y eficaz para subsanar vulneraciones de garant\u00edas fundamentales, toda vez que, no existen razones de peso, para vislumbrar la imposibilidad de acciones para su presentaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, se indica que al \u00abaccionante la existencia de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, figura que, seg\u00fan el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 192 de la Ley 906 de 2004, procede cuando \u2018despu\u00e9s de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad\u2019, raz\u00f3n por la cual, si considera que alguna de las pruebas omitidas cumple con los requisitos necesarios para que se configure esta causal, tiene la posibilidad de acudir a dicho mecanismo en pro de sus intereses\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El tutelante replic\u00f3 el fallo anterior, insistiendo en los argumentos que expuso como sustent\u00f3 de la queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por consagraci\u00f3n constitucional y legal, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo preferente y sumario al alcance de las personas para la efectiva protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando \u00e9stos son vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, y en ciertos casos, de los particulares. <\/p>\n
Del mismo modo, la jurisprudencia constitucional de esta Sala ha ahondado en la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar; adem\u00e1s, tambi\u00e9n ha insistido la Corte, en que a falta de cualquiera de las aludidas exigencias debe negarse la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la protecci\u00f3n rogada por el se\u00f1or Yagama Rubio resulta improcedente, pues en una conducta constitutiva de incuria, dej\u00f3 de utilizar el mecanismo de defensa judicial que la ley prev\u00e9 en este tipo de juicio para controvertir la decisi\u00f3n que hoy cuestiona, esto es, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra el fallo de segundo grado pronunciado el 1\u00b0 de diciembre de 2020 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, procedente a voces de los art\u00edculos 180 y 181 de la Ley 906 de 20041, \u00fanico que proced\u00eda a fin de ventilar las inconformidades que ahora aduce a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n de car\u00e1cter eminentemente constitucional, por lo que cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de \u00e9xito de obtener lo pretendido, al haber desaprovechado la herramienta que estaba a su disposici\u00f3n para debatir la condena que le fue impuesta, la que estima lesiva para sus derechos fundamentales, desidia de la cual ahora no se puede valer para anular o retrotraer dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte de vieja data, en diversos pronunciamientos ha dicho que, \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC STC5293-2021). <\/p>\n
Puntualizando que, \u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ejusdem). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo controvertido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u201cPor la cual se expide el C\u00f3digo de Procedimiento Penal.\u201d <\/p>\n
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STC7574-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC7574-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00332-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-54993","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54993","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54993"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54993\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54993"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54993"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54993"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}