STC7575-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7575-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01836-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C, veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mayerli Salcedo Pallares y Joel Dar\u00edo Dom\u00ednguez Pacheco contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de Cartagena; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el tr\u00e1mite n\u00b0 2016-00157. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, los actores reclamaron la protecci\u00f3n de su derecho de petici\u00f3n, el cual estiman trasgredido con la tardanza de la magistratura accionada en responderles la solicitud que le formularon el 8 de febrero de 2021, con miras a que \u00abse nos cancelen los meses de arriendo y de pastaje por parte de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras de Cesar \u2013 Guajira, desde el momento en que fuimos desalojados del predio, o sea desde el 10 de octubre de 2019, hasta la actualidad\u00bb. <\/p>\n
2. Piden, en consecuencia, que se ordene al tribunal contestar de fondo su petici\u00f3n y que \u00abse cancelen los meses de arriendo y de pastaje por parte de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras Cesar Guajira, desde el 10 de febrero del 2020 hasta el 10 de diciembre del 2020 con un monto de $2.280.000 por cada mes, es decir un total de $22\u00b4800.000\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistratura accionada pidi\u00f3 desestimar el auxilio, en consideraci\u00f3n a que el derecho de petici\u00f3n no opera para acelerar el curso de actuaciones judiciales; agreg\u00f3 que se est\u00e1n adelantando las gestiones para resolver la situaci\u00f3n actual de los accionantes y que la demora que ellos denuncian no le es atribuible. <\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial para la Gesti\u00f3n y Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva; resalt\u00f3 que este mecanismo de protecci\u00f3n no es apto para ventilar cuestiones econ\u00f3micas como aquellas a las que aluden los actores y agreg\u00f3 que ella ha cumplido con las medidas transitorias ordenadas en favor de los segundos ocupantes y \u00abde forma paralela tambi\u00e9n ha adelantado las actuaciones correspondientes para el cumplimiento de la medida definitiva con transferencia de una porci\u00f3n de terreno del predio denominado \u201cSan Antonio\u201d, hoy \u201cSan Agust\u00edn\u201d\u00bb. <\/p>\n
3. El Ministerio de Trabajo dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda invocada en el libelo introductor, con motivo de la omisi\u00f3n que all\u00ed le fue atribuida en cuanto a la petici\u00f3n que le fue formulada el pasado 8 de febrero. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar, como lo ha sostenido esta Sala al precisar que para la procedencia de este instrumento se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
3.1 Conviene memorar que la queja constitucional se orienta a reprochar que la magistratura convocada no ha brindado una respuesta de fondo a un \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb que le formularon los querellantes dentro del juicio de restituci\u00f3n de tierras n\u00b0 2016-00157, orientada a que se les haga entrega de las prestaciones econ\u00f3micas a que, seg\u00fan ellos, tienen derecho dada la condici\u00f3n de \u00absegundos ocupantes\u00bb que les fue reconocida en la sentencia con que se defini\u00f3 ese litigio. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, reiterada en otras en STC2408-2019, 28 feb. 2019, rad. 2018-02638-01) <\/p>\n
En igual sentido, se precisa, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9838-2019, 24 jul., rad. 2019-00158-01). <\/p>\n
As\u00ed, cuando por v\u00eda de tutela se aduce el desconocimiento del precepto 23 de la Carta Pol\u00edtica por parte de una autoridad jurisdiccional, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto vinculado a la litis y, si se determina lo primero, el amparo devendr\u00e1 improcedente, por las razones expuestas. <\/p>\n
En el presente asunto, es claro que la susodicha petici\u00f3n se orient\u00f3 en forma expresa a obtener el cumplimiento de los efectos de una sentencia, lo cual resulta improcedente dada la naturaleza judicial del tr\u00e1mite en el cual dicho pedimento fue elevado. <\/p>\n
3.3. Sin perjuicio de lo anterior, no sobra relievar que, al pronunciarse sobre el amparo formulado en su contra, la magistratura accionada indic\u00f3 que la petici\u00f3n elevada por los convocantes fue \u00abatendida por esta Judicatura mediante prove\u00eddo de fecha 23 de febrero de a\u00f1o en curso, al interior del cual se orden\u00f3 requerir a la Unidad Administrativa de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, Alcald\u00eda Municipal del Copey y Gobernaci\u00f3n del Cesar por ser las entidades encargadas de dar alcance a la materializaci\u00f3n efectiva de las medidas de atenci\u00f3n a segundos ocupantes previamente concedidas a los aqu\u00ed accionantes\u00bb. <\/p>\n
Y en ese mismo sentido, la Unidad Administrativa Especial para la Gesti\u00f3n y Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas anot\u00f3 que, justamente en virtud del requerimiento efectuado por la colegiatura accionada, con antelaci\u00f3n a la fecha en que se inco\u00f3 esta acci\u00f3n a los convocados ya les fueron entregadas las medidas transitorias a que ten\u00edan derecho en su calidad de segundos ocupantes, a lo que agregaron que actualmente se est\u00e1n adelantando \u00ablas actuaciones correspondientes para el cumplimiento de la medida definitiva con transferencia de una porci\u00f3n de terreno del predio denominado \u201cSan Antonio\u201d, hoy \u201cSan Agust\u00edn\u201d\u00bb. <\/p>\n
3.4 De acuerdo con lo anterior, no existe la vulneraci\u00f3n alegada por los accionantes. De un lado, porque el \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb es improcedente en el tr\u00e1mite de los asuntos judiciales sujetos a un procedimiento espec\u00edfico y normativa especial; y del otro, por cuanto la solicitud elevada por los convocantes (se insiste, de naturaleza netamente jurisdiccional) fue respondida por la magistratura encartada con anterioridad a la fecha en que se radic\u00f3 el libelo incoativo de esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se denegar\u00e1 el amparo, dada la ausencia de la vulneraci\u00f3n denunciada en la demanda de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por un medio expedito. En caso de no ser impugnado, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
<\/p>\n
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