STC7578-2021 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7578-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-01870-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Julio Rodr\u00edguez contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de Bogot\u00e1 \u2013 Magistrado Jorge Eli\u00e9cer Moya Vargas, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio radicado 2015-00015-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la corporaci\u00f3n convocada. <\/p>\n
2. Relata que, el 7 de mayo de 2021, v\u00eda correo electr\u00f3nico, elev\u00f3 al tribunal accionado solicitud de copia \u00edntegra del expediente del proceso \u00ab[2015-00015-01]\u00bb, y que se le env\u00ede al email andre04271@hotmail.com; petici\u00f3n que, a la fecha de presentaci\u00f3n de este amparo, no ha tenido respuesta. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que se ordene a la colegiatura accionada, despacho del magistrado Jorge Eli\u00e9cer Moya Vargas, \u00abd\u00e9 respuesta de fondo, clara y congruente al derecho de petici\u00f3n elevado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado Jorge Eli\u00e9cer Moya Vargas, del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, explic\u00f3 que la demora en la respuesta y en la expedici\u00f3n de copias que solicit\u00f3 el actor tiene que ver con las dificultades que representa la digitalizaci\u00f3n completa del expediente, que implic\u00f3 el traslado de la secretaria de la Sala a las instalaciones del tribunal \u2013 dada la restricci\u00f3n del trabajo presencial por las actuales medidas sanitarias \u2013 A\u00f1adi\u00f3 que, el pasado 16 de junio dio contestaci\u00f3n al requerimiento y remiti\u00f3 las copias del expediente v\u00eda correo electr\u00f3nico al peticionario. <\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Tolima, solicitaron su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por cuanto, carecen de competencia para atender la petici\u00f3n del actor. <\/p>\n
3. La Procuradora 5 Judicial II Delegada para Asuntos de Restituci\u00f3n de Tierras, coadyuv\u00f3 la pretensi\u00f3n del gestor del amparo y manifest\u00f3 que, ante la falta de respuesta oportuna por parte del tribunal accionado, corresponde al juez de tutela ordenarle que se pronuncie frente a lo deprecado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada \u2013 despacho del magistrado Jorge Eli\u00e9cer Moya Vargas \u2013 vulner\u00f3 la prerrogativa invocada por el actor, al omitir pronunciarse frente a la solicitud de expedici\u00f3n de copias \u00edntegra del expediente 2015-00015-01 que curs\u00f3 en esa colegiatura. <\/p>\n
2. Improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales. <\/p>\n
En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aqu\u00e9llos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, reiterada en otras en STC2408-2019, 28 feb. 2019, rad. 2018-02638-01). <\/p>\n
En igual sentido, se ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9838-2019, 24 jul., rad. 2019-00158-01). <\/p>\n
As\u00ed, cuando por v\u00eda de tutela se aduce el desconocimiento del precepto 23 de la Carta Pol\u00edtica por parte de una autoridad jurisdiccional, incumbe establecer si el requerimiento concierne o no un asunto vinculado a la litis y, si se determina lo primero, el amparo devendr\u00e1 improcedente, por las razones expuestas. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
La Sala desestimar\u00e1 el resguardo por cuanto la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha indicado que las peticiones relacionadas con la reproducci\u00f3n de un expediente o expedici\u00f3n de copias de providencias, contestaciones o pruebas que hagan parte del plenario, se entienden igualmente ligadas a la actuaci\u00f3n judicial y, por lo tanto, se aviene improcedente equipararlas con la prerrogativa del art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica y los t\u00e9rminos perentorios del art\u00edculo 14, Ley 1437 de 2011 \u2013 C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1755 de 2015; sobre el particular esta Corte ha dicho: <\/p>\n
\u00abAtendido los anteriores lineamientos jur\u00eddicos, la Sala advierte que las solicitudes elevadas por la parte actora dentro de proceso constitucional adelantado ante el juzgado accionado se circunscribe al \u00e1mbito jurisdiccional, por corresponder a un procedimiento legalmente regulado, incluso lo relacionado con la expedici\u00f3n de copias simples de las providencias judiciales, toda vez que el art\u00edculo 114 de la Ley 1564 de 2012 \u2013 C\u00f3digo General del Proceso – regula el proceso de expedici\u00f3n de copias en la actuaci\u00f3n judicial \u2013 aplicable al caso por remisi\u00f3n expresa del art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 -, y, por tanto, deben dejarse de lado las previsiones que regulan el derecho fundamental de petici\u00f3n (Ley 1755 de 2015)\u00bb (CSJ STP5032-2019, 23 abr. 2019, rad. 103521) Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
Y en otra oportunidad, esta Sala se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no son de recibo las pretensiones del actor tendientes a que se ordene a las autoridades criticadas darle respuesta de fondo a los \u00abderechos de petici\u00f3n\u00bb que dice les inco\u00f3 con el fin de obtener certificaci\u00f3n de ejecutoria y copia de las decisiones adoptadas en el tr\u00e1mite fustigado, comoquiera que tales solicitudes deb\u00edan ventilarse en su propio \u00e1mbito, es decir, en el rito correspondiente y bajo las pautas previstas para el efecto en el ordenamiento adjetivo\u00bb (CSJ STC074-2019). <\/p>\n
Y en m\u00e1s reciente pronunciamiento, ante una s\u00faplica id\u00e9ntica, se recalc\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el ciudadano Juan Duberney cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo especial de protecci\u00f3n, que los Juzgados Promiscuo del Circuito y Primero Promiscuo Municipal, ambos de San Jos\u00e9 del Guaviare, Guaviare, y, el Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Promiscuos Municipales del mismo municipio, no hayan emitido respuesta frente a la petici\u00f3n que les elev\u00f3 mediante correo electr\u00f3nico el 2 de octubre de 2020, a fin que se expidan \u00abcopias aut\u00e9nticas, legibles e integras de todo el expediente incluyendo audios y videos (del reivindicatorio y de pertenencia) (\u2026), refiri\u00e9ndose al juicio reivindicatorio que promovi\u00f3 contra Luis Santamar\u00eda (\u2026). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, se aprecia sin lugar a dudas, que lo pretendido por gestor del amparo se refiere a temas propios del proceso declarativo previamente individualizado, es decir, un asunto netamente judicial que debe ser expuesto en el marco de dicho tr\u00e1mite, por medio de los distintos mecanismos previstos por el legislador en nuestro ordenamiento y no en ejercicio del art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Nacional; de modo que, m\u00e1s all\u00e1 de que el actor haya formulado la solicitud memorada por v\u00eda del derecho de petici\u00f3n, no puede pretender que a su requerimiento deba d\u00e1rsele respuesta bajo la perspectiva de tal garant\u00eda, y por ende, que su inobservancia constituya un quebrantamiento de la misma\u00bb (STC2256-2021). <\/p>\n
Por su parte, la Corte Constitucional, al respecto ha explicado: <\/p>\n
\u00abEn lo que se refiere espec\u00edficamente a las condiciones para acceder a las copias ante una autoridad jurisdiccional, deben distinguirse dos situaciones: la primera se presenta cuando en ejercicio del derecho de petici\u00f3n se requieren asuntos que est\u00e1n vinculados de manera estricta a la funci\u00f3n judicial y, la segunda, cuando ella versa sobre aspectos de car\u00e1cter meramente administrativo. En el primer evento estas solicitudes encuentran sus l\u00edmites en las reglas de las formas propias de cada juicio y, por tanto, la presentaci\u00f3n de la solicitud no implica, de manera alguna, el desconocimiento de los t\u00e9rminos y dem\u00e1s formalidades aplicables al proceso (\u2026)\u00bb (CC T-920\/08). <\/p>\n
Por lo discurrido, no se advierte afectaci\u00f3n de la garant\u00eda supralegal demandada, por lo menos, en cuanto a la exigencia del perentorio cumplimiento de los plazos establecidos en la regulaci\u00f3n precitada \u2013 Ley 1755 de 2015, por lo que se declarar\u00e1 la improcedencia de la salvaguarda al no evidenciarse la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
3.2. No obstante lo anterior, el magistrado accionado, al contestar al traslado de la presente demanda, inform\u00f3 que mediante prove\u00eddo del 16 de junio de esta anualidad, accedi\u00f3 al pedimento del gestor del amparo en el sentido de autorizar la expedici\u00f3n de copias del cuaderno del proceso de su inter\u00e9s, y las que remiti\u00f3 al correo electr\u00f3nico aportado por aqu\u00e9l, precisando que la mora en la contestaci\u00f3n obedeci\u00f3 a las dificultades de orden log\u00edstico en la digitalizaci\u00f3n completa del expediente f\u00edsico. <\/p>\n
De manera que, como raz\u00f3n adicional del fracaso del reguardo, y al margen de la impertinencia del requerimiento, de conformidad con el pronunciamiento del accionado en estas diligencias, es la configuraci\u00f3n de la carencia actual de objeto al evidenciarse superada la circunstancia alegada como presuntamente transgresora del derecho invocado. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se declarar\u00e1 la inviabilidad del amparo porque resulta improcedente el derecho petici\u00f3n dentro de un tr\u00e1mite judicial; no obstante, y sin perjuicio de ello, al constatarse que se accedi\u00f3 a la solicitud en los t\u00e9rminos requeridos por el tutelante, se configura la carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
<\/p>\n
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