STC7591-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7591-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00008-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C, veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el pasado 18 de febrero, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Martha Isabel Uribe Escobar contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia y el Juzgado Quinto Penal del Circuito de la misma ciudad, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes reconocidos en el proceso penal 2017-00078. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando por conducto de apoderado, la solicitante acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso y defensa\u00bb, que considera vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. De la extensa demanda y los medios de convicci\u00f3n obrantes en la actuaci\u00f3n se pueden extractar, como hechos jur\u00eddicamente relevantes, los siguientes: <\/p>\n
2.2. Enterada de dicha determinaci\u00f3n, con memorial del 29 de junio de 2011 la procesada solicit\u00f3 al Organismo Investigador Estatal ser escuchada en indagatoria, al tiempo que inform\u00f3 la direcci\u00f3n donde pod\u00eda ser ubicada. <\/p>\n
2.3. Producto de algunas pesquisas, la fiscal\u00eda instructora obtuvo informaci\u00f3n de diferentes lugares relacionados con Uribe Escobar, enviando a todos ellos comunicaciones para que compareciera a rendir la injurada, pero como dichos intentos resultaron infructuosos, mediante Resoluci\u00f3n de 13 de marzo de 2015 fue declarada persona ausente, design\u00e1ndosele como defensor de oficio a un abogado que hab\u00eda participado en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. El 25 de agosto del mismo a\u00f1o la Fiscal\u00eda resolvi\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la indagada con la imposici\u00f3n de medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva y el 12 de enero de 2016 decret\u00f3 el cierre de la investigaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. El m\u00e9rito del sumario fue calificado con Resoluci\u00f3n de Acusaci\u00f3n, la que una vez en firme, dio paso a la fase del juicio que correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Armenia. <\/p>\n
2.6. Avocado el conocimiento de la actuaci\u00f3n por el referido despacho, el 3 de noviembre de 2017 se corri\u00f3 el traslado de que trata el art\u00edculo 400 de la Ley 600 de 2000. <\/p>\n
2.7. La audiencia preparatoria se llev\u00f3 a cabo el 26 de septiembre de 2018, en tanto que la de juzgamiento tuvo lugar el 28 de mayo de 2019. <\/p>\n
2.8. Martha Isabel Uribe Escobar fue declarada penalmente responsable del delito de peculado por apropiaci\u00f3n mediante sentencia del 27 de enero de 2020, imponi\u00e9ndosele las penas de seis a\u00f1os de prisi\u00f3n e interdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas y multa de $54.328.000, al tiempo que se le negaron los mecanismos sustitutivos de la sanci\u00f3n. <\/p>\n
2.8. Dicha providencia fue notificada a la condenada mediante edicto fijado el 31 de enero del mismo a\u00f1o, alcanzando ejecutoria el 7 de febrero siguiente. <\/p>\n
2.9. El 13 de marzo de esa anualidad, la gestora, por conducto de apoderado, formul\u00f3 apelaci\u00f3n e impugnaci\u00f3n especial contra el fallo, siendo declarado extempor\u00e1neo el primero y denegado por improcedente el segundo, con providencia de 19 de mayo siguiente. <\/p>\n
2.10. El Tribunal Superior de Armenia, el 14 de julio de 2020 al resolver el recurso de queja interpuesto por la condenada, declar\u00f3 bien denegadas tales impugnaciones. <\/p>\n
3. Martha Isabel Uribe Escobar reprocha, esencialmente, la forma como la Fiscal\u00eda la vincul\u00f3 a la actuaci\u00f3n penal -persona ausente- sin haber realizado el \u00abm\u00ednimo esfuerzo\u00bb para ubicarla, citarla y notificarle las determinaciones adoptadas en la fase instructiva, as\u00ed como que el juzgado tampoco le comunic\u00f3 ninguna de las actuaciones adelantadas, con lo que se le cercen\u00f3 la posibilidad de estructurar una adecuada defensa e impugnar las decisiones que le fueron adversas. <\/p>\n
4. Solicit\u00f3, de forma principal, \u00abdecretar la nulidad de toda la actuaci\u00f3n\u2026 a partir, inclusive de la decisi\u00f3n de vincular al proceso\u2026 a trav\u00e9s de la figura procesal de declaratoria de persona ausente\u2026\u00bb <\/p>\n
Subsidiariamente, pidi\u00f3 que se le ordene al despacho cognoscente \u00abrestablecer el t\u00e9rmino para impugnar la sentencia condenatoria\u00bb y \u00abdeclarar que es posible acceder al tr\u00e1mite de la impugnaci\u00f3n especial\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia, ponente de la determinaci\u00f3n por medio de la cual se decidi\u00f3 el recurso de queja, solicit\u00f3 denegar el resguardo toda vez que \u00abel asunto se resolvi\u00f3 con base en la normativa que regula la materia y en argumentos jur\u00eddicos que se ajustan a las circunstancias propias del caso\u00bb de all\u00ed que no exista \u00abvulneraci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales\u2026 que alega el demandante\u00bb <\/p>\n
2. De la sentencia de primer grado se extracta la respuesta de la titular del despacho convocado, en la que se\u00f1al\u00f3 que \u00abla accionante estuvo representada por un profesional del derecho que cumpl\u00eda con todas las exigencias para representarla [sic]\u00bb, as\u00ed como que \u00abtuvo conocimiento de las diligencias desde la etapa de instrucci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda al considerar que no se present\u00f3 la lesi\u00f3n atribuida por Martha Isabel Uribe Escobar porque, en efecto, s\u00ed conoc\u00eda la existencia de la actuaci\u00f3n al punto que \u00abel 29 de junio [de 2011]\u2026 remiti\u00f3 comunicaci\u00f3n [a la fiscal\u00eda] en la que, adem\u00e1s de dar sus datos de contacto, reconoci\u00f3 tener conocimiento de la investigaci\u00f3n seguida en su adversidad\u00bb, correspondi\u00e9ndole \u00abestar vigilante de las resultas de esta causa\u00bb pero prefiri\u00f3 \u00abasumir una actitud desinteresada\u00bb lo que llev\u00f3 a que desechara las herramientas de impugnaci\u00f3n consagradas al interior del proceso para rebatir las determinaciones contrarias a sus intereses. <\/p>\n
Por \u00faltimo, indic\u00f3 que la determinaci\u00f3n por medio de la cual el Tribunal de Armenia declar\u00f3 bien denegados las impugnaciones formuladas contra el fallo condenatorio es \u00abrazonable y ajustada a los par\u00e1metros legales y constitucionales\u00bb, observ\u00e1ndose que lo pretendido por la gestora es utilizar la tutela como \u00abuna herramienta jur\u00eddica complementaria\u00bb lo que desnaturaliza su esencia. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La quejosa discrep\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n exclusivamente en punto de la presunta falta de diligencia de la fiscal\u00eda instructora para obtener su ubicaci\u00f3n y as\u00ed vincularla adecuadamente a la actuaci\u00f3n penal pues su no comparecencia no obedeci\u00f3 a renuencia sino a que no estuvo enterada del acontecer procesal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar si se vulneraron las garant\u00edas fundamentales referidas por Martha Isabel Uribe Escobar dentro del proceso penal que se adelant\u00f3 en su contra, al condenarla, en ausencia, como autora responsable del delito de peculado por apropiaci\u00f3n, supuestamente, por no haberla vinculado en debida forma a la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. La tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde con los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que \u00e9sta acci\u00f3n no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n de esta justicia con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
4. Del caso concreto <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se concluye que la presente salvaguarda desatiende el postulado que viene coment\u00e1ndose, por lo que pasa a verse. <\/p>\n
Como se dijo, la queja constitucional de Uribe Escobar -en sede de impugnaci\u00f3n- descansa, esencialmente, en la forma como fue vinculada a la actuaci\u00f3n penal (como persona ausente) pues, seg\u00fan dice, el ente acusador no fue lo suficientemente diligente para obtener su ubicaci\u00f3n a efectos de comunicarle las diligencias y determinaciones adoptadas; asimismo, cuestiona el hecho de que el juzgador de instancia, por efecto de esa declaratoria de ausencia, no le hubiera puesto en conocimiento las audiencias ni las decisiones tomadas, entre ellas, el fallo que puso fin a la instancia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como lo cuestionado son las presuntas irregularidades acaecidas en la actuaci\u00f3n penal, debe entenderse que las mismas se consumaron con la emisi\u00f3n de la sentencia condenatoria y su ejecutoria, en tanto que la providencia por medio de la cual el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 resolvi\u00f3 el recurso extraordinario de queja no tendr\u00eda la idoneidad para remover los efectos de la cosa juzgada declarada en esa providencia, de all\u00ed que sea a partir de aquel momento desde donde deba comenzar a contabilizarse el plazo prudencial referido precedentemente. <\/p>\n
En tal sentido, es claro que la accionante tard\u00f3 en acudir a este remedio constitucional, habida consideraci\u00f3n que el fallo sancionatorio data del 27 de enero de 2020 (ejecutoriado el 7 de febrero siguiente), mientras que el resguardo fue incoado el pasado 18 de diciembre, es decir, transcurridos casi once meses desde su emisi\u00f3n y algo m\u00e1s de diez meses desde que alcanz\u00f3 firmeza. <\/p>\n
Y es que, visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la presunta afectada con las actuaciones y decisiones que considera vulneradoras de sus derechos fundamentales, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a lo atacado, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una determinaci\u00f3n judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; sin embargo, en este caso, la actora nada dijo para tratar de justificar la tardanza en promover el resguardo, al tiempo que no se evidencian situaciones ajenas a su voluntad que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente a la acci\u00f3n de tutela, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026 no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda torna improcedente el resguardo, siendo esta raz\u00f3n suficiente para ratificar el fallo impugnado. <\/p>\n
5. Cuesti\u00f3n final <\/p>\n
Al margen de las anteriores consideraciones, observa la Sala, en consonancia con la Hom\u00f3loga a quo, que la promotora de la salvaguarda conoc\u00eda de la existencia del proceso penal, por lo que su vinculaci\u00f3n como persona ausente no entra\u00f1a irregularidad alguna que deba ser conjurada a trav\u00e9s de este instrumento excepcional, pues desde los albores de la actuaci\u00f3n, solicit\u00f3 a la fiscal\u00eda instructora ser escuchada en indagatoria (memorial de 29 de junio de 2011). <\/p>\n
Esa situaci\u00f3n refuerza la convicci\u00f3n de que Uribe Escobar estaba consciente de que en su contra se adelantaba un proceso, por lo que surgi\u00f3 en ella la obligaci\u00f3n fundamental de mantenerse vigilante sobre el desarrollo del tr\u00e1mite para evitar as\u00ed una situaci\u00f3n como la que hoy expone; sin embargo, pese a ese conocimiento, voluntariamente opt\u00f3 por desentenderse del mismo y dejar que su defensor de oficio ejerciera la estrategia que consider\u00f3 pertinente. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Como consecuencia de lo discurrido se ratificar\u00e1 el fallo confutado, pero por desatender el presupuesto de la inmediatez, en la medida que desde la fecha de emisi\u00f3n de la sentencia condenatoria contra la condenada e incluso desde su firmeza, hasta la interposici\u00f3n del presente resguardo, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre considerado prudente por el precedente de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las razones esbozadas en esta providencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y a la Sala a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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