STC7592-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7592-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01666-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 5 de noviembre de 20201, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Pablo Alexander Fl\u00f3rez Rend\u00f3n, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Amalfi, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2015-80086. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Se extrae de la demanda y anexos que, el 16 de julio de 2016 el Juzgado Promiscuo del Circuito de Amalfi lo conden\u00f3 a la pena de 108 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abfabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones\u00bb, sentencia que confirm\u00f3 en su integridad la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia con fallo del 25 de octubre de 2016. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 el actor las anteriores determinaciones por indebida valoraci\u00f3n probatoria, pues adujo, no se desvirtu\u00f3 su presunci\u00f3n de inocencia. As\u00ed mismo, critic\u00f3 las labores de investigaci\u00f3n adelantadas por la fiscal\u00eda y la polic\u00eda judicial al momento del recaudo del arma hallada en su residencia en la diligencia de allanamiento. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, se trataba de una \u00abescopeta calibre 16, que se encontraba descargada y colgada detr\u00e1s de la puerta de la casa, y que fue incautada por las autoridades despu\u00e9s de un allanamiento el cual autoric\u00e9 sin temor alguno, ya que, en ocasiones anteriores miembros del ej\u00e9rcito nacional de paso por la finca, me hab\u00edan dicho que el porte de ese tipo de armas no requer\u00eda salvo conducto, por lo que nunca me la decomisaron y mucho menos me privaron de mi libertad\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que era un arma utilizada para la cacer\u00eda y para \u00abasustar animales de la monta\u00f1a\u2026de esta manera no se pone en riesgo el bien jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, se\u00f1al\u00f3 que el juez de conocimiento y el tribunal incurrieron en \u00abun falso juicio de convicci\u00f3n (error de valoraci\u00f3n) (sic) que ocurri\u00f3 en la hip\u00f3tesis que el se\u00f1or juez \u201cerr\u00f3\u201d respecto de las normas reguladoras del valor probatorio de la prueba, uno porque da el valor a un argumento inv\u00e1lido y desconoce el verdadero argumento como lo es la constancia del ente militar, de si tengo o no salvoconducto para el arma en menci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En suma, resalt\u00f3 que, la sentencia se fundament\u00f3 en una prueba falsa [\u2026] el argumento presentado por la fiscal\u00eda, [porque] la constancia de la SIJIN no es v\u00e1lido, ya que solo la Brigada Militar est\u00e1 autorizada para expedir salvoconductos para el porte de armas, y las sentencias se basaron en una prueba falsa\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que \u00abse revise la sentencia de acuerdo a los art\u00edculos 220 numeral 4\u00ba y 221 y 222 de la Ley 600 de 2000 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, por conducto de la magistrada ponente del fallo cuestionado indic\u00f3 que imparti\u00f3 confirmaci\u00f3n a la condena penal impuesta a Fl\u00f3rez Rend\u00f3n por el juez a quo el 25 de octubre de 2016 que lo hall\u00f3 responsable del punible de fabricaci\u00f3n, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o municiones, decisi\u00f3n contra la cual, la defensa del procesado no interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El Personero Municipal de Amalfi sostuvo que si al accionante estaba inconforme con las sentencias proferidas al interior de su proceso, \u00abno era a trav\u00e9s del presente amparo que pod\u00eda dilucidar su disenso, sino que debi\u00f3 hacerlo por intermedio de los mecanismos propios que le brindaba el asunto, esto es, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, situaci\u00f3n que no aconteci\u00f3\u00bb. <\/p>\n
3. La Juez Promiscuo del Circuito de Amalfi, se\u00f1al\u00f3 que el actor no agot\u00f3 todos los medios que dispon\u00eda para atacar la decisi\u00f3n con los argumentos que ahora expone por v\u00eda de amparo. <\/p>\n
4. La fiscal 43 Seccional (encargada) de Amalfi, manifest\u00f3 que, no encontr\u00f3 la carpeta contentiva de la investigaci\u00f3n que se adelant\u00f3 contra Fl\u00f3rez Rend\u00f3n a fin de pronunciarse frente a las alegaciones que expone en la tutela. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda al advertir que desatiende los par\u00e1metros de inmediatez y subsidiariedad; el primero \u00ab(\u2026) toda vez que la censura se presenta trascurridos casi 4 a\u00f1os desde la expedici\u00f3n de la determinaci\u00f3n controvertida, esto es, el 26 de octubre de 2016, plazo que resulta excesivo y desproporcionado, si lo que se pretende es el remedio inmediato a la trasgresi\u00f3n a un derecho fundamental (\u2026)\u00bb; y, respecto del segundo requisito, porque \u00ab(\u2026) la sentencia emitida por el Tribunal en contra de Fl\u00f3rez Rend\u00f3n, no fue objeto del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, mecanismo habilitado por el ordenamiento jur\u00eddico para proponer, ante la autoridad competente la inconformidad que le generaba el fallo dictado\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el quejoso reiterando la argumentaci\u00f3n del escrito introductorio; adicionalmente, refut\u00f3 la providencia de la Sala a quo que antepuso el requisito de la inmediatez para denegar el amparo por cuanto, desconoci\u00f3 lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional en la sentencia \u00abT-246 de 2015\u00bb en el sentido que, dicho presupuesto se aplica a partir \u00abdel momento de conocer la irregularidad del hecho sin que el principio de la inmediatez haga efecto general, eso s\u00ed, probando la irregularidad [\u2026]\u00bb, y complement\u00f3 que, \u00ab(\u2026) la inmediatez es un principio orientado a la protecci\u00f3n de la seguridad jur\u00eddica y los intereses de terceros, y no una regla o t\u00e9rmino de caducidad [y] debe analizarse las circunstancias de cada caso concreto\u00bb; agreg\u00f3 que en su caso \u00abla vulneraci\u00f3n permanece en el tiempo [\u2026] continua y es actual [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte inicialmente establecer si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y si se cumple con el requisito de la subsidiariedad; de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por el querellante al condenarlo a la pena de 108 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abfabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de arma de fuego o municiones\u00bb (sentencia de primera instancia del 19 de julio de 2016; confirmado en fallo del 25 de octubre de 2016), incurriendo en v\u00eda de hecho, supuestamente, por realizar indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. Requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En ese sentido, se ha destacado la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido en la tutela, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n en esta sede de naturaleza excepcional. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte en que a falta de cualquiera de los aludidos presupuestos debe negarse la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
3. De la inmediatez. <\/p>\n
En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se advierte el incumplimiento del primero de los presupuestos atr\u00e1s referenciados, concretamente el de la oportunidad respecto del ataque dirigido contra las decisiones condenatorias, y en concreto, la que profiri\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia en segunda instancia del proceso penal en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, la aludida determinaci\u00f3n data del 25 de octubre de 2016, mientras que la presente salvaguarda fue interpuesta el 14 de octubre de 2020, lo que revela el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n constitucional. Frente a la tempestividad, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada entre muchas en STC5268-2016, 28 ab. rad. 2016-00048-01). <\/p>\n
Adicionalmente, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que la verificaci\u00f3n de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s y examinarse con mayor rigor cuando la censura constitucional se dirige contra decisiones judiciales. <\/p>\n
De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Entonces, bajo ese contexto, no observa la Sala la concurrencia de alguno de los eximentes del presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
4. De la incuria. <\/p>\n
Por otra parte, como raz\u00f3n adicional del fracaso del auxilio, especial menci\u00f3n debe efectuarse al descuido que se advierte del gestor y su defensa relativo al agotamiento del recurso de casaci\u00f3n, que bien pudo formular contra la sentencia del ad quem, mecanismo id\u00f3neo con que contaba para alegar ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n las irregularidades que se\u00f1al\u00f3 respecto de la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por los jueces de instancia y la actuaci\u00f3n de la fiscal\u00eda en la etapa investigativa. <\/p>\n
As\u00ed entonces, en ese sentido esta Corte ha sostenido que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
De manera que, ante el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que exist\u00edan al interior del juicio penal no puede esta justicia excepcional erigirse como remedio \u00faltimo para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los recursos o los medios de defensa judiciales legalmente establecidos, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
En definitiva, el car\u00e1cter intempestivo de la s\u00faplica y el desperdicio de los medios de defensa legalmente previstos por el ordenamiento, requisitos generales de la protecci\u00f3n rogada, son criterios suficientes que conducen indefectiblemente a ratificar su improcedencia, por lo cual, no hace falta an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas, sin duda condicionadas a la superaci\u00f3n de estos presupuestos. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. Se confirma la improcedencia del auxilio porque, el afectado debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n criticada, sin que se advierta una raz\u00f3n que justifique dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
1\u0002 Remitido a esta Sala para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 3 de junio de 2021. <\/p>\n
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