STC7593-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7593-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00441-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 18 de marzo de 2021, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Enrique Manuel Ricaurte Zubir\u00eda contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3 de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso, entre otros, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada en un juicio laboral que inici\u00f3 (SL3135-2019 y AL5459-2019, rad. 63477). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que present\u00f3 demanda con el prop\u00f3sito de que se declarara la existencia de un contrato de corretaje con las empresas Navtech S.A. y Construelitex Ltda., cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cartagena, quien absolvi\u00f3 a las convocadas; pero, en segunda instancia, la Sala Laboral del Tribunal Regional de Descongesti\u00f3n con sede en Santa Marta la revoc\u00f3 y, en su lugar, accedi\u00f3 al petitum. <\/p>\n
Pese al fallo favorable a sus intereses, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, a causa de la \u00abindebida valoraci\u00f3n probatoria\u00bb, y la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3 cas\u00f3 la sentencia del ad quem y, en sede de instancia, infirm\u00f3 la del a quo, declarando nuevamente el contrato pretendido. <\/p>\n
No obstante, \u00aba pesar de haber fallado a mi favor, la decisi\u00f3n vuelve a tener una indebida valoraci\u00f3n probatoria\u00bb, por lo que solicit\u00f3 la correcci\u00f3n de la providencia ante dicha colegiatura, la cual fue negada. Por \u00faltimo, precis\u00f3 que el error endilgado se suscit\u00f3 \u00aba la hora de fijar los honorarios, debido a que la Honorable Sala de Descongesti\u00f3n tiene como consideraci\u00f3n solo el contrato del 7 de julio de 2008 fecha de inicio del dragado y el acta de terminaci\u00f3n del contrato del 8 de julio de 2009, aun cuando es evidente que los montos establecidos en dichos documentos se encuentran alejados de la realidad\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3 \u00abque en el proceso se tenga en cuenta para efectos de tasar mis honorarios el estudio pericial realizado por la perito contadora\u00bb o, en su defecto, \u00abse valoren correctamente tal como se explic\u00f3 en los fundamentos de derecho la Resoluci\u00f3n 0906 de 2007 (a Folios 112 \u2013 128 del expediente) del concepto de modificaci\u00f3n ambiental, expedida por Cardique y la respuesta de la Capitan\u00eda de Puerto al derecho de petici\u00f3n, presentado por mi persona, con radicado 15201101581 MDDIMAR-CP05-ALITMA 625, del 12 de abril de 2011,y el acta de zarpe del barco vea moni con su carga m\u00e1xima y su calado minimo de 7,2m, medio de 9.5m y m\u00e1ximo de 11 m en nov 1 del 2008 por el canal\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El magistrado ponente de las determinaciones confutadas, manifest\u00f3 que \u00abme remito a las consideraciones expuestas en la sentencia y auto referenciados, y me permito solicitar se nieguen las pretensiones del accionante dada su improcedencia, en la medida que no se ha incurrido en la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales aludidos, y la decisi\u00f3n no fue caprichosa ni arbitraria, sino el resultado de la aplicaci\u00f3n de la normatividad y jurisprudencia vigente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n al momento de proferir la providencia\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n declar\u00f3 la improcedencia del amparo, porque \u00absi bien no existe un t\u00e9rmino de caducidad establecido para acceder a la tutela, lo cierto es que ella debe ser utilizada oportuna, razonable, prudencial y adecuadamente, en el sentido de que una vez amenazado o vulnerado el derecho, el ofendido lo exponga y manifieste al juez constitucional en forma inmediata o r\u00e1pidamente. En este evento, desde la fecha en que se profiri\u00f3 el auto CSJ AL5459-2019, 4 dic. 2019 [que no corrigi\u00f3 la sentencia CSJ SL3135-2019, 6 ago. 2019, rad. 663477], hasta cuando se presenta la demanda -marzo de 2020 (sic)- ha transcurrido m\u00e1s de un (1) a\u00f1o, lo cual es contrario al principio de inmediatez\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, \u00abpara la Sala la providencia cuestionada y emitida en sede de casaci\u00f3n CSJ SL3135- 2019, 6 ago. 2019, rad. 663477, resulta razonable y ajustada a los par\u00e1metros legales y constitucionales. En efecto, los argumentos son coherentes y est\u00e1n conforme a la normatividad que regulan el tema as\u00ed como las pruebas obrantes en la actuaci\u00f3n, los cuales les permitieron al cuerpo colegiado accionado declarar la existencia de un contrato de corretaje entre el actor y las demandadas y, como consecuencia, tasar el pago de honorarios de actor\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3 la precitada providencia reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00abaun cuando en los fundamentos de derecho, realice un apartado explicando las razones de la demora en la presentaci\u00f3n de la tutela, lo cual evidencia que la tardanza est\u00e1 justificada, sin embargo, el Magistrado Ponente de primera instancia, simplemente decidi\u00f3 negligentemente omitir dicho apartado, lo cual se evidencia en el hecho que no hace menci\u00f3n de [\u00e9]l en ning\u00fan momento\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n arguy\u00f3 que \u00abcon relaci\u00f3n a que la Sala fallo \u201cen seguimiento del principio de libertad de formaci\u00f3n del convencimiento previsto en el art\u00edculo 61 del CPTSS\u201d, difiero en raz\u00f3n a los mismos argumentos que sustento en la solicitud de tutela, los cuales son, que en el proceso los jueces han omitido reiteradamente la valoraci\u00f3n de varias pruebas\u00bb y \u00abcon relaci\u00f3n a que \u201cbusco cuestionar el raciocinio jur\u00eddico de la jurisdicci\u00f3n laboral\u201d, evidentemente esa es mi intenci\u00f3n, he presenciado como los jueces continuamente han realizado fallos que atentan contra mis derechos legales y constitucionales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 el gestor (SL3135-2019 y AL5459-2019, rad. 63477), porque, a pesar de que dict\u00f3 resoluci\u00f3n favorable a sus intereses, habr\u00eda incurrido en indebida valoraci\u00f3n probatoria, lo que repercuti\u00f3 en los emolumentos reconocidos. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ago. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado, entre otros, en STC11374-2016, 17 ago. rad. 01250-01) Resaltado y negrillas fuera de texto. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la demanda constitucional debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, y de las pruebas allegadas al plenario, encuentra la Sala que habr\u00e1 de ratificarse la negativa del a quo constitucional, comoquiera que el cuestionamiento formulado a trav\u00e9s del amparo no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que se supera con amplitud el t\u00e9rmino de seis (6) meses considerado como razonable por la jurisprudencia para acudir a este mecanismo excepcional, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que la decisi\u00f3n refutada por el recurrente, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3, con la cual resolvi\u00f3 favorablemente la impugnaci\u00f3n extraordinaria que \u00e9l promovi\u00f3, data del 6 de agosto de 2019, al paso que el prove\u00eddo mediante el cual se neg\u00f3 la solicitud de correcci\u00f3n es del 4 de diciembre siguiente, por lo que, a\u00fan si se contabilizara el t\u00e9rmino desde el \u00faltimo extremo temporal, se incumple con el prenotado requisito de procedibilidad; teniendo en cuenta que el amparo se intent\u00f3 el 26 de febrero 2021. <\/p>\n
Ahora bien, no pasa por alto la Sala que el memorialista arguy\u00f3 que la mentada exigencia temporal deb\u00eda flexibilizarse, teniendo en cuenta que \u00abel expediente se encontraba en Bogot\u00e1, por lo que deb\u00ed esperar que la Corte [lo] remitiera [al] el juzgado de origen, lo cual se hizo efectivo el d\u00eda 3 de marzo de 2020, como lo afirma la Secretaria Sala Laboral Seccional Cartagena\u00bb y \u00abpor razones de la emergencia nacional ocasionada por el Covid 19, cerraron los juzgados en marzo, y los reabrieron en julio, por lo que el 24 de julio de 2020, solicit{\u00e9] copia del expediente y solo hasta el 9 de diciembre de 2020, me respondi\u00f3 el Juzgado Tercero Laboral\u00bb, por lo que, finalmente, \u00abel 24 de febrero pude ir a las instalaciones a sacar copia de todo el material probatorio que necesitaba\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, los alegatos esgrimidos no logran excusar la tardanza, comoquiera que, a pesar de las dif\u00edciles circunstancias generadas por la pandemia del Covid-19, el sistema de justicia en materia de acciones constitucionales continu\u00f3 en funcionamiento, aunado a que las determinaciones censuradas fueron dictadas con varios meses de antelaci\u00f3n a la conocida crisis de salubridad p\u00fablica, de modo que las explicaciones dadas resultan insuficientes para pretermitir el plazo razonable. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, el presunto afectado con la decisi\u00f3n que considera vulneradora de sus derechos fundamentales debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros (\u2026). As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no, pero, en este caso, no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad del promotor que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El interesado tard\u00f3 en promover este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el principio de inmediatez, y no se advirti\u00f3 una explicaci\u00f3n v\u00e1lida que justificara esa tardanza, raz\u00f3n por la cual se ratificar\u00e1 la negativa del tribunal a quo. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
<\/p>\n
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