STC7596-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7596-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00758-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 29 de abril de 2021, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Sor Marina Posada Cadavid contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida digna \u00aben conexidad\u00bb con el m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, salud, seguridad social, igualdad, debido proceso y \u00abrespeto al precedente judicial\u00bb, supuestamente vulnerados por las convocadas en un juicio laboral (SL4567-2019, rad. 75555). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que, a causa del padecimiento de una enfermedad cr\u00f3nica desde el 2005 (artritis reumatoidea), que la imposibilita para desempe\u00f1ar su labor de costurera, fue calificada el 7 de julio de 2021 por parte del extinto Instituto de Seguros Sociales con p\u00e9rdida de capacidad laboral del 57,25%, con fecha de estructuraci\u00f3n 5 de octubre de 2010, por lo que realiz\u00f3 la respectiva reclamaci\u00f3n administrativa de la pensi\u00f3n de invalidez, la cual fue negada. <\/p>\n
Por lo anterior, present\u00f3 demanda, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Laboral del Circuito Medell\u00edn, quien accedi\u00f3 al petitum, y, en consecuencia, conden\u00f3 a Colpensiones al pago de la prestaci\u00f3n, \u00aben aplicaci\u00f3n del principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb, esto es, observando las exigencias del Decreto 758 de 1990 (aprobatorio de Acuerdo 049 de ese mismo a\u00f1o). Apelada esa determinaci\u00f3n por la entidad pagadora, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa localidad la confirm\u00f3, por las mismas razones. <\/p>\n
No obstante, la demandada recurri\u00f3 en sede extraordinaria, y la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n invalid\u00f3 el fallo del ad quem, para, en sede de instancia, absolver a la administradora del r\u00e9gimen p\u00fablico de pensiones, tras colegir que \u00abno es posible invocar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa a fin de que el asunto se resuelva bajo la \u00e9gida del art\u00edculo 6.\u00b0 del Acuerdo 049 de 1990, pues no es viable dar aplicaci\u00f3n a la plus ultractividad de la ley, esto es, hacer una b\u00fasqueda de legislaciones anteriores a fin de determinar cu\u00e1l se ajusta a las condiciones particulares de la demandante o cu\u00e1l resulta ser m\u00e1s favorable\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, se\u00f1al\u00f3 que con esa sentencia se desconoci\u00f3 el precedente constitucional sobre la aplicaci\u00f3n del prenotado principio de favorabilidad en asuntos pensionales. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3 que \u00abse deje sin efecto la SENTENCIA SL4567 DE 2019, RADICACI\u00d3N 75555, ACTA 35, proferida el dos (2) de octubre de 2019, por la SALA DE CASACI\u00d3N LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA\u00bb, y, en consecuencia, \u00abse ordene proferir una nueva sentencia, donde confirme la proferida por la SALA SEXTA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELL\u00cdN, dentro del radicado 05001-31-05-005-2015-00168-01, donde se reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de invalidez (\u2026) en aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa (\u2026), postura acogida y ratificada por la SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL mediante la sentencia SU446 de 2016\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Directora de Acciones Constitucionales de Colpensiones solicit\u00f3 que \u00abse declare improcedente la presente acci\u00f3n de tutela por cuanto no se ha materializado ning\u00fan vicio, defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por parte de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, as\u00ed como por la abierta improcedencia de la tutela contra sentencias judiciales, teniendo en cuenta que nuestra legislaci\u00f3n ha dispuesto mecanismos tales como los recursos judiciales para debatir lo all\u00ed determinado, sin que esta pueda constituirse en una tercera instancia\u00bb. <\/p>\n
2. La magistrada ponente de la decisi\u00f3n confutada dijo que \u00abesta Sala ha decantado sobre la imposibilidad de que por v\u00eda de queja constitucional se reabran y reexaminen procesos que ya fueron objeto de pronunciamiento como el que aqu\u00ed se discute, puesto que ello contraviene los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada. Adicionalmente, ha de advertirse que tampoco se cumple en este caso con el principio de inmediatez, al considerar que la providencia que se censura se profiri\u00f3 el 2 de octubre de 2019 y esta herramienta de resguardo excepcional se present\u00f3 el 19 de abril de 2021\u00bb. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S. precis\u00f3 que no es la entidad llamada al pago, toda vez que, \u00aba ra\u00edz de la orden de supresi\u00f3n y liquidaci\u00f3n del extinto ISS emanada del Gobierno Nacional con la expedici\u00f3n y entrada en vigencia del Decreto 2013 de 2012, la extinta entidad perdi\u00f3 la competencia para resolver peticiones relacionadas con la administraci\u00f3n del R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2011 de 28 de septiembre de 2012, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 COLPENSIONES, es la entidad competente como nueva administradora del referido r\u00e9gimen pensional\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo porque \u00abno es posible establecer la materializaci\u00f3n de alguna de las causales espec\u00edficas de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias judiciales, puesto que al margen de si la decisi\u00f3n objeto de an\u00e1lisis se amolda o no a sus expectativas, asunto que por principio es extra\u00f1o a este diligenciamiento, la misma contiene argumentos razonables, ya que para arribar a esa conclusi\u00f3n, la autoridad accionada fund\u00f3 su postura en una ponderaci\u00f3n probatoria y normativa propia de la adecuada actividad judicial\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, se\u00f1al\u00f3 que \u00abse encuentra que la l\u00ednea que imperaba en la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en la fecha de expedici\u00f3n de la sentencia analizada con anterioridad, correspond\u00eda a la efectivamente aplicada al caso concreto, seg\u00fan la cual, el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa lleva a la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen inmediatamente anterior al vigente al momento del deceso del causante, pues el juez no est\u00e1 facultado para hacer un ejercicio hist\u00f3rico sobre normas que regulan la materia (SL1983-2018, SL5611-2019, y SL876- 2019, entre otras)\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, expuso que \u00abtambi\u00e9n es cierto que la postura esbozada por la Corte Constitucional frente al mismo principio, s\u00ed consentir\u00eda ese ejercicio regresivo en la legislaci\u00f3n, pues no se restringe a la aplicaci\u00f3n de la norma anterior a la de la muerte del causante, sino que permitir\u00eda auscultar en legislaciones que precedieron la inmediatamente anterior. Sin embargo, ante la pluralidad de interpretaciones que ofrece el caso, la escogida por la Sala convocada para resolver el asunto no deviene en una trasgresi\u00f3n de los derechos fundamentales de la accionante, pues sigui\u00f3 el precedente de su \u00f3rgano de cierre\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El apoderado de la censora recurri\u00f3 la precitada sentencia reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 la gestora (SL4567-2019, rad. 75555), en tanto infirm\u00f3 el fallo estimatorio del ad quem, para, en sede de instancia, denegar la prestaci\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
2. Flexibilizaci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
Aunque podr\u00eda entenderse que este presupuesto de temporalidad impedir\u00eda el estudio de la acci\u00f3n, comprendiendo que la sentencia controvertida se dict\u00f3 el 2 de octubre de 2019 y la tutela se intent\u00f3 el 24 de marzo de 20211, lo cierto es que por encontrarse en discusi\u00f3n en este asunto un derecho pensional, el cual tiene car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, su presunta afectaci\u00f3n siempre se considerar\u00e1 actual, tal como lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia de unificaci\u00f3n 1073 de 2012, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abEn lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta caracter\u00edstica hace que la vulneraci\u00f3n tenga el car\u00e1cter de actual, incluso luego de pasados varios a\u00f1os de haberse proferido la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, se debe entender que los casos objeto de an\u00e1lisis de la presente providencia, cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensi\u00f3n de vejez reconocida, y est\u00e1n viendo negado su derecho a la indexaci\u00f3n de su primera mesada pensional. Es as\u00ed como, trat\u00e1ndose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los accionantes con el requisito de acudir previamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no entrar\u00e1 a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre las decisiones que negaron el derecho a la indexaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por parte de los accionantes, pues en este caso se debe entender que la afectaci\u00f3n al derecho fundamental tiene un car\u00e1cter de actualidad\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, resulta importante aclarar que, pese a que la formulaci\u00f3n del amparo supera el t\u00e9rmino prudencial se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l, se tiene por satisfecho ese requisito de procedibilidad teniendo en cuenta la naturaleza de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
3. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
3.1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
3.2. Si bien los falladores ordinarios tienen libertad discreta y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada v\u00eda de hecho. <\/p>\n
3.3. Sobre el desconocimiento del precedente judicial como causal espec\u00edfica de procedencia de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha dicho que puede configurarse cuando se demuestra un defecto sustantivo o al evidenciar un apartamiento de la jurisprudencia de forma aut\u00f3noma, y en cuando a la primera modalidad indic\u00f3 que se produce cuando una autoridad judicial: <\/p>\n
\u00abi) aplica una disposici\u00f3n en el caso que perdi\u00f3 vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermen\u00e9utico que la Constituci\u00f3n le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretaci\u00f3n contraevidente -interpretaci\u00f3n contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial \u2013horizontal o vertical- sin justificaci\u00f3n suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad ante una violaci\u00f3n manifiesta de la Constituci\u00f3n, siempre que su declaraci\u00f3n haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso\u00bb (CC SU-298\/15). <\/p>\n
En punto de esta circunstancia, resulta necesario precisar que para la configuraci\u00f3n de tal irregularidad debe existir una l\u00ednea jurisprudencial que constituya un derrotero a seguir. As\u00ed, puede hablarse de precedente horizontal, cuando en una misma corporaci\u00f3n existe una posici\u00f3n consolidada y un\u00e1nime por parte de las salas que la componen respecto a una materia, y de precedente vertical cuando ello tiene lugar en relaci\u00f3n con decisiones del superior funcional de quien la ha de emplear. <\/p>\n
De manera que, para demostrarla (en el caso del precedente horizontal) es indispensable que se plantee en la demanda de tutela, con suficiencia y no de forma aislada, la postura jur\u00eddica afianzada que se alega como desatendida o inaplicada. <\/p>\n
As\u00ed mismo, como ello deviene de contera en la afectaci\u00f3n de la garant\u00eda contenida en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, indispensable es que el accionante exponga con claridad los elementos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que coinciden en los escenarios contrastados, que permitan al juez de amparo elaborar el test de igualdad frente ellos a fin de establecer si el caso concreto se encuentra en un mismo plano y, por ende, merece el mismo tratamiento. <\/p>\n
3.4. Adicionalmente, atinente a la inobservancia del precedente constitucional, entendido este como una sentencia antecedente relevante para la soluci\u00f3n de un nuevo caso sometido a examen judicial, por contener pronunciamiento sobre un debate soportado en hechos similares, desde un punto de vista jur\u00eddica y constitucionalmente destacado; como los supuestos f\u00e1cticos id\u00e9nticos deben recibir un tratamiento igual, el fallo precedente deber\u00eda determinar el sentido del asunto posterior. <\/p>\n
Sobre el precedente constitucional el Tribunal de cierre constitucional se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abLa Corte Constitucional ha precisado que su precedente posee fuerza vinculante para todos los operadores jur\u00eddicos, entre ellos, los jueces. Se trata de materializar el respeto de los principios de la igualdad, la supremac\u00eda de la Carta Pol\u00edtica, el debido proceso y la confianza leg\u00edtima, mandatos que obligan a que los jueces tengan en cuenta las decisiones de esta Corte, al decidir los asuntos sometidos a su competencia. <\/p>\n
Gran espectro de las corrientes de la teor\u00eda del derecho considera que la jurisprudencia es una fuente jur\u00eddica formal, toda vez que las disposiciones carecen de sentido univoco. Los preceptos jur\u00eddicos pueden tener varios significados que constituyen enunciados prescriptivos diversos, los cuales son producto de un proceso de interpretaci\u00f3n. La hermen\u00e9utica que elaboran las autoridades judiciales que poseen la facultad de unificar jurisprudencia y otorgar comprensiones a normas superiores adquiere el car\u00e1cter de vinculante para los dem\u00e1s operadores jur\u00eddicos. <\/p>\n
En los sistemas jur\u00eddicos contempor\u00e1neos, la interpretaci\u00f3n que realizan los jueces incluye el derecho legislado y la norma jur\u00eddica que se deriva de una sentencia. N\u00f3tese que el derecho jurisprudencial es un criterio interpretativo insoslayable para que los jueces fundamenten sus decisiones. La mayor\u00eda de los argumentos jur\u00eddicos act\u00faan mediante analog\u00eda y la distinci\u00f3n, como sucede con la jurisprudencia, puesto que se relacionan, de un lado, los hechos con las decisiones pasadas; de otro lado, los supuestos f\u00e1cticos de un caso anterior con una causa similar en el futuro para aplicar la regla de decisi\u00f3n fijada y resolver la disputa. <\/p>\n
En ese contexto, esta Corporaci\u00f3n ha entendido por precedente judicial \u201caquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habr\u00e1 de resolver que por su pertinencia para la resoluci\u00f3n de un problema jur\u00eddico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia\u201d\u00bb (CC. SU-068\/18). <\/p>\n
4. De la funci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En torno al papel que cumple esta Corporaci\u00f3n en la guarda de los derechos constitucionales de quienes someten sus conflictos a la consideraci\u00f3n de la administraci\u00f3n de justicia, la jurisprudencia constitucional le ha reconocido un valor de alt\u00edsima importancia, dada la necesidad de que las personas tengan cierta certeza acerca de que ser\u00e1n tratados de manera igualitaria en la resoluci\u00f3n de sus asuntos, siempre que estos guarden simetr\u00eda con otros anteriores. <\/p>\n
\u00abEl recurso de casaci\u00f3n, en su base pol\u00edtica y jur\u00eddica, tiene por objeto velar por la recta y genuina aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de la ley, corrigiendo la infracci\u00f3n de la misma, y logrando en esta misi\u00f3n, al ser ejercida por un mismo y s\u00f3lo tribunal, la uniformidad de la jurisprudencia. Esta finalidad de inter\u00e9s p\u00fablico, el respeto de la ley, sobrepasa en importancia a aquella otra de orden privado, cual es la reparaci\u00f3n de los agravios que se puede inferir a las partes con las resoluciones violatorias de la ley. (C-252 de 2001). <\/p>\n
De conformidad con esta comprensi\u00f3n, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no es \u201cs\u00f3lo un mecanismo procesal de control de validez de las providencias judiciales, sino que se constituye en un elemento esencial en la aplicaci\u00f3n igualitaria de la ley, en la defensa de la legalidad y en la garant\u00eda de la vigencia de la Constituci\u00f3n, incluidos los derechos fundamentales\u201d. <\/p>\n
Por eso, esta Corporaci\u00f3n ha resaltado el deber que tienen las diversas salas de casaci\u00f3n de hacer realidad los derechos fundamentales de los recurrentes a trav\u00e9s de la superaci\u00f3n de \u201cla concepci\u00f3n formalista de la administraci\u00f3n de justicia vinculada al simple prop\u00f3sito del respeto a la legalidad, por una concepci\u00f3n m\u00e1s amplia y garantista, en la cual la justicia propende por el efectivo amparo de los derechos de los asociados\u201d. Sobre el nuevo paradigma de la casaci\u00f3n como dispositivo de justicia material\u00bb (CC. SU-241\/15). <\/p>\n
5. Caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, advierte esta Sala que habr\u00e1 de revocarse el fallo desestimatorio de primer grado, para, en su lugar, conceder el amparo deprecado por la actora, toda vez que la decisi\u00f3n proferida por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n \u2013mediante la cual invalid\u00f3 la sentencia del ad quem, que accedi\u00f3 al reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez\u2013 incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho por el desconocimiento del precedente constitucional, en relaci\u00f3n con la aplicaci\u00f3n del principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en materia laboral y prestacional, como pasa a explicarse. <\/p>\n
5.1. En efecto, al resolver el cargo \u00fanico propuesto por Colpensiones, encaminado por la causal directa, por la violaci\u00f3n del canon \u00ab1 de la Ley 860 de 2003, el cual modific\u00f3 el 39 de la Ley 100 de 1993 y del 230 de la Constituci\u00f3n Nacional; situaci\u00f3n que condujo a una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 53, de la Carta Pol\u00edtica; y a una aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 6 y 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa misma anualidad\u00bb, en tanto, en su criterio, \u00abno pod\u00eda el sentenciador de segundo grado aplicar el Acuerdo 049 de 1990 cobijado en la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, pues dicho principio no permite devolverse en el tiempo de manera infinita hasta encontrar una norma bajo la cual pueda reconocerse la prestaci\u00f3n\u00bb, la autoridad enjuiciada explic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en este asunto no son objeto de discusi\u00f3n los siguientes supuestos f\u00e1cticos establecidos por el Tribunal y acreditados en el proceso: (i) que el 16 de junio de 2011, la actora fue calificada con una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 57,25% por una enfermedad de origen com\u00fan que se estructur\u00f3 el 5 de octubre de 2010; (ii) que cotiz\u00f3 un total de 899,16 semanas durante toda su vida laboral, y (iii) que dentro de los tres a\u00f1os anteriores a la configuraci\u00f3n de su estado no realiz\u00f3 cotizaciones. <\/p>\n
La inconformidad de la recurrente con el fallo atacado, radica fundamentalmente en que la invalidez se constituy\u00f3 en vigencia de la Ley 860 de 2003, raz\u00f3n por la cual no era viable conceder la pensi\u00f3n deprecada bajo el amparo del Acuerdo 049 de 1990, en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
Pues bien, es criterio reiterado de esta Corporaci\u00f3n que el derecho a la prestaci\u00f3n pensional reclamada debe ser dirimido a la luz de la norma que se encuentra vigente al momento de la estructuraci\u00f3n de tal condici\u00f3n. De ah\u00ed que, la disposici\u00f3n que rige el sub lite es el art\u00edculo 1.\u00ba de la Ley 860 de 2003, en tanto la invalidez de la actora se estructur\u00f3 el 5 de octubre de 2010; sin embargo, como no cotiz\u00f3 50 semanas durante los tres a\u00f1os anteriores a la configuraci\u00f3n de su estado, no acredit\u00f3 los requisitos legalmente exigidos. <\/p>\n
De otra parte, tal como lo afirma la censura, no es posible invocar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa a fin de que el asunto se resuelva bajo la \u00e9gida del art\u00edculo 6.\u00ba del Acuerdo 049 de 1990, pues no es viable dar aplicaci\u00f3n a la plus ultractividad de la ley, esto es, hacer una b\u00fasqueda de legislaciones anteriores a fin de determinar cu\u00e1l se ajusta a las condiciones particulares de la demandante o cu\u00e1l resulta ser m\u00e1s favorable, pues con ello se desconoce que las leyes sociales son de aplicaci\u00f3n inmediata y, en principio, rigen hacia futuro. Esta ha sido la postura de la Sala expuesta en recientes providencias, entre otras, CSJ SL17768-2016, CSJ SL9762-2016, CSJ SL9763-2016, CSJ SL9764-2016, CSJ SL14881-2016, CSJ SL15612-2016, CSJ SL15617-2016, CSJ SL15960-2016, CSJ SL15965-2016, CSJ SL 1689-2017, CSJ SL1090-2017, CSJ SL2147-2017, CSJ SL21062-2017, CSJ SL137-2018 y CSJ SL4986-2018. <\/p>\n
En ese orden, no era procedente que el Tribunal considerara los requisitos del Acuerdo 049 de 1990 de manera plus ultractiva, ni siquiera bajo el argumento de acudir al principio de favorabilidad contemplado en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, porque su mandato parte de la existencia de duda en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de normas vigentes, lo que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, se equivoc\u00f3 el juez de alzada al conceder la pensi\u00f3n de invalidez a la luz del Acuerdo 049 de 1990, a pesar de que la invalidez se estructur\u00f3 el 5 de octubre de 2010\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
En ese sentido, en sede de instancia, el \u00f3rgano judicial querellado reiter\u00f3 el citado entendimiento sobre la aplicaci\u00f3n del principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, el cual compendi\u00f3 como sigue: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en esta instancia, ser\u00edan suficientes los argumentos esgrimidos en sede de casaci\u00f3n, para revocar el fallo que profiri\u00f3 el juez a quo en cuanto conden\u00f3 a la administradora de pensiones a pagar la pensi\u00f3n de invalidez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, a pesar de que la enfermedad se consolid\u00f3 en vigencia de la Ley 860 de 2003, de no ser porque esta Sala encuentra importante verificar nuevamente los requisitos para acceder a la prestaci\u00f3n a la luz de esta norma, dado que si bien en su art\u00edculo 1.\u00ba estableci\u00f3 que ten\u00edan derecho a la mencionada prestaci\u00f3n quienes hubieran \u00abcotizado cincuenta (50) semanas dentro de los \u00faltimos tres (3) a\u00f1os inmediatamente anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n\u00bb, esta Corporaci\u00f3n, en reciente sentencia CSJ SL3275-2019, vari\u00f3 su postura respecto del momento a partir del cual puede contabilizarse el n\u00famero de cotizaciones en trat\u00e1ndose de enfermedades cr\u00f3nicas, cong\u00e9nitas o degenerativas. Es as\u00ed como esta Corte, en la citada providencia, estim\u00f3 que al establecer la fecha a partir de la cual se deben contabilizar los 3 a\u00f1os indicados en la ley, es posible tener en cuenta -conforme a las particularidades de cada caso-, adem\u00e1s de la data de estructuraci\u00f3n de la invalidez: (i) la calificaci\u00f3n de dicho estado, (ii) la de solicitud de reconocimiento pensional o (iii) la de la \u00faltima cotizaci\u00f3n realizada -calenda donde se presume que la enfermedad se revel\u00f3 de tal forma que le impidi\u00f3 seguir trabajando-. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Pues bien, de acuerdo con la historia laboral visible a folio 39, la actora realiz\u00f3 cotizaciones de manera intermitente entre el 18 de febrero de 1982 y el 30 de abril de 2005 y entre el 1.\u00ba de noviembre de 2012 y el 31 de enero de 2015, de modo que dentro de los 3 a\u00f1os anteriores a la calificaci\u00f3n de la invalidez -16 de junio de 2011 (f.\u00b0 8)- y a la solicitud de reconocimiento pensional -11 de agosto de 2011 (f.\u00b0 12)-, la accionante no realiz\u00f3 ni un solo aporte. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Ahora bien, si se verifican los aportes realizados durante los tres a\u00f1os anteriores a la \u00faltima cotizaci\u00f3n, es decir, del 31 de enero de 2012 al mismo d\u00eda y mes de 2015, la actora cuenta con 81,44 semanas; sin embargo, en este preciso asunto, estas no pueden tenerse en cuenta, toda vez que tal y como refleja la historia laboral (f.\u00b0 39), la accionante contribuy\u00f3 hasta abril de 2005 como trabajadora dependiente y \u00fanicamente reanud\u00f3 las cotizaciones, como independiente, en noviembre de 2012, esto es, despu\u00e9s de m\u00e1s de 7 a\u00f1os de estructurada la invalidez, de realizado el dictamen y de la negativa del Instituto de Seguros Sociales de reconocerle la prestaci\u00f3n, sin que se evidencie que tales aportes realizados con posterioridad est\u00e9n soportados en prueba que acredite el desempe\u00f1o de sus labores en ejercicio de una real capacidad laboral residual de la interesada\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
5.2. Bajo esa perspectiva, se constata que la autoridad acusada desatendi\u00f3 los criterios que la jurisprudencia constitucional ha fijado sobre aplicaci\u00f3n del canon 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica sobre el principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, conforme se se\u00f1al\u00f3 en una decisi\u00f3n en la que se dirimi\u00f3 un asunto similar al que ahora concita la atenci\u00f3n de la Sala, en la cual se consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn ese contexto, se concluye la procedencia del resguardo impetrado, al encontrarse que tal determinaci\u00f3n es contraria a la jurisprudencia constitucional en cuanto a la aplicaci\u00f3n del criterio hermen\u00e9utico de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en materia laboral, especialmente en temas pensionales, en interpretaci\u00f3n amplia del principio de favorabilidad contenido en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Sobre el punto, ha destacarse que ha existido una divergencia conceptual entre la Corte Constitucional y la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sobre la aplicaci\u00f3n del prenotado principio en trat\u00e1ndose del reconocimiento de pensiones de invalidez, tal y como lo rese\u00f1\u00f3 la primera de dichas Corporaciones en sentencia de unificaci\u00f3n 442 de 2016, en la que se destac\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201cLa jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que no solo la norma pensional vigente (Ley 860 de 2003) o la inmediatamente anterior (Ley 100 de 1993), sino incluso la antecedente a esta \u00faltima (Decreto 758 de 1990), puede aplicarse a una solicitud de pensi\u00f3n de invalidez, en la medida en que la persona haya cumplido con la densidad de semanas de cotizaci\u00f3n previstas en este \u00faltimo antes de expirar su periodo de vigencia. <\/p>\n
En contraste, la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia de forma predominante ha limitado el alcance de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, de tal suerte que en virtud suya solo podr\u00eda aplicarse la norma inmediatamente anterior a la estructuraci\u00f3n de la invalidez. En consecuencia, est\u00e1 en discusi\u00f3n en la jurisprudencia nacional si una situaci\u00f3n de invalidez estructurada en vigencia de la Ley 860 de 2003 podr\u00eda estudiarse no solo conforme a esta \u00faltima y la inmediatamente anterior, Ley 100 de 1993 en su versi\u00f3n original, sino tambi\u00e9n con arreglo a una m\u00e1s antigua a esta \u00faltima, como ser\u00eda el Decreto 758 de 1990, que a su turno aprob\u00f3 el Acuerdo 049 de 1990\u201d. <\/p>\n
Frente a tal situaci\u00f3n, la Corte Constitucional en la referida sentencia expres\u00f3: <\/p>\n
\u201c\u2026 el prop\u00f3sito de este fallo es unificar la doctrina constitucional, en lo que respecta a si las normas aplicables en virtud del principio constitucional de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa son solo las inmediatamente anteriores a las vigentes. Conviene entonces anotar que si bien la inaplicaci\u00f3n parcial de la Ley 860 de 2003, en los t\u00e9rminos expuestos, ha dado lugar a una jurisprudencia consistente, hay una discusi\u00f3n sobre el alcance de este principio que gira en torno a cu\u00e1l norma derogada puede ser aplicada para la resoluci\u00f3n de un caso. M\u00e1s precisamente, se ha discutido en la jurisprudencia constitucional y en la laboral ordinaria si en virtud de ese principio fundamental s\u00f3lo se puede aplicar la norma inmediatamente anterior a la Ley 860 de 2003; esto es, la Ley 100 de 1993 en su redacci\u00f3n original, o si tambi\u00e9n se puede aplicar otra igualmente anterior, aunque su vigencia no anteceda inmediatamente a la Ley 860 de 2003, como es el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
6.6. La pregunta que motiva esta sentencia puede entonces responderse con suficiencia a partir de los fundamentos y caracterizaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. Esta \u00faltima se justifica directamente en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n que prev\u00e9: \u201c[l]a ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores\u201d (\u00e9nfasis a\u00f1adido). Entre los derechos de los trabajadores est\u00e1 el de no sufrir una defraudaci\u00f3n injustificada de sus expectativas leg\u00edtimamente creadas. Por tanto, por tratarse entonces de un derecho, adem\u00e1s de origen constitucional, ni siquiera la ley puede arrasarlo. No lo puede hacer una ley intempestivamente, ni lo puede hacer una sucesi\u00f3n de reformas legales. La Constituci\u00f3n no predetermina con detalle el modo como deben protegerse, y por tanto el legislador puede prever un r\u00e9gimen de transici\u00f3n dentro de un amplio margen para garantizar estas expectativas leg\u00edtimas. Pero si no lo hace no desparece por ello el derecho a que sean protegidas, y el juez de aplicar la Constituci\u00f3n como norma suprema. En concreto esto supone, para un caso como este, que quien antes de entrar en vigencia el sistema general de pensiones ya cotiz\u00f3 300 semanas o m\u00e1s, como lo exig\u00eda para entonces el Decreto 758 de 1990, se forj\u00f3 la expectativa leg\u00edtima de adquirir su pensi\u00f3n de invalidez, en el evento infortunado del advenimiento del riesgo. Un cambio en esa normatividad estaba entre las competencias del legislador, pero ninguna reforma pod\u00eda anular dicha expectativa leg\u00edtima, y por tanto reformas sucesivas tampoco pod\u00edan hacerlo. <\/p>\n
6.7. Por consiguiente, en virtud de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, las expectativas leg\u00edtimamente contra\u00eddas antes de entrar en vigencia el sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993 constituyen barreras, que limitan la competencia del legislador para agravar los requisitos ya cumplidos mediante reformas desprovistas de reg\u00edmenes de transici\u00f3n. Este l\u00edmite, de raigambre constitucional, es entonces oponible a la reforma introducida por la Ley 100 de 1993, en su versi\u00f3n original, e incluso por la Ley 860 de 2003\u201d. <\/p>\n
Respecto a los argumentos que sostienen el criterio de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, agreg\u00f3 la autoridad judicial en cita que: <\/p>\n
\u201c\u2026 como se mencion\u00f3, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha opuesto a esta postura esencialmente con tres argumentos: (i) la sostenibilidad financiera del sistema pensional, la cual se ver\u00eda erosionada si se admiten \u201cobligaciones ilimitadas, no incluidas en los c\u00e1lculos actuariales que imprescindiblemente han de tenerse en cuenta\u201d; (ii) en el principio de legalidad, por cuanto implica darles a normas derogadas efectos \u2018plusultractivos\u2019, toda vez que se aplican m\u00e1s all\u00e1 de la vigencia de la norma derogatoria siguiente, mientras rige la norma subsiguiente; (iii) en la seguridad jur\u00eddica, afectada por la convivencia simult\u00e1nea de normas distintas para una misma situaci\u00f3n. Estos argumentos ya han sido revisados por la Corte Constitucional en diversas sentencias, raz\u00f3n por la cual en este caso la Sala Plena se remite a ellas. Sin perjuicio de lo cual, expone otras complementarias. <\/p>\n
6.9. Este caso versa sobre un derecho social fundamental, como es el relativo al derecho a la seguridad social. Existe en este aspecto una prohibici\u00f3n de regresividad que incrementa la carga de argumentaci\u00f3n judicial para retroceder en el alcance de protecci\u00f3n alcanzado. Este principio ha sido aplicado en diversas ocasiones por la Corte en el control de las leyes, y en virtud suya se han declarado contrarias a la Constituci\u00f3n normas por violar la no regresividad en materia de seguridad social. Esta prohibici\u00f3n ata a todas las autoridades, incluidas las judiciales. Por lo cual para apartarse de la jurisprudencia en sentido restrictivo es preciso demostrar que hay argumentos poderosos para no incurrir en la prohibici\u00f3n de regresividad en los derechos sociales. Pues bien, la Corte considera que no se han aportado razones de esa naturaleza para cambiar la jurisprudencia constitucional vigente sobre la materia, o para apartarse de ella: <\/p>\n
6.9.1. Primero, el argumento de la afectaci\u00f3n a la sostenibilidad financiera del sistema pensional, invocado por la Corte Suprema de Justicia para determinar el alcance de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, merece un examen particular: <\/p>\n
-Para empezar, la exigencia legal vigente de contar con 50 semanas de cotizaci\u00f3n en los tres a\u00f1os inmediatamente anteriores a la estructuraci\u00f3n de la invalidez busca promover \u201cla cultura de la afiliaci\u00f3n a la seguridad social\u201d y \u201ccontrola[r] los fraudes\u201d. Al preverse la necesidad de contar con un n\u00famero determinado de semanas en tres a\u00f1os inmediatamente anteriores a la estructuraci\u00f3n de la invalidez, la legislaci\u00f3n establece un est\u00edmulo para la permanencia en el sistema pensional y la cotizaci\u00f3n regular y efectiva. Este esquema es eficaz para conseguir el objetivo que persigue, por cuanto los afiliados no pueden obtener una pensi\u00f3n de invalidez a menos que observen una continuidad relevante en su relaci\u00f3n con el sistema, y efect\u00faen aportes con cierta regularidad, pues no basta con que se realicen de manera espor\u00e1dica, o de forma continua pero por espacios precarios de tiempo, para reunir 50 semanas en tres a\u00f1os consecutivos. As\u00ed, esta regulaci\u00f3n garantiza una actualizaci\u00f3n de las finanzas del sistema pensional, el cual se nutrir\u00eda entonces de los aportes constantes de los afiliados. Por lo dem\u00e1s, contribuye efectivamente a reducir el fraude a la ley, representado por ejemplo en las pr\u00e1cticas propiciadas por otros esquemas de aseguramiento, consistentes en empezar a cotizar solo tras experimentar una p\u00e9rdida de capacidad laboral invalidante. Desde esta perspectiva, indudablemente, la normatividad actual contribuye a la sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones. <\/p>\n
-Sin embargo, este no es un argumento suficiente para reducir el alcance de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. En efecto, seg\u00fan la Ley 860 de 2003 es posible pensionar por invalidez a quien re\u00fane 50 semanas de aportes en la historia laboral, siempre que los aportes se hayan efectuado en los tres a\u00f1os anteriores a la estructuraci\u00f3n de la invalidez. Es factible entonces adquirir una pensi\u00f3n de invalidez sin contar con m\u00e1s semanas de cotizaci\u00f3n al sistema general de pensiones. En contraste, admitir una aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa que permita estudiar el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez con base en el Decreto 758 de 1990, implica necesariamente \u2013en casos como este- que ha de haber reunido por lo menos 300 semanas antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993. Es decir, que la posici\u00f3n de la jurisprudencia constitucional no es indiferente al est\u00e1ndar de sostenibilidad financiera contemplado en la regulaci\u00f3n vigente o en la Ley 100 de 1993 \u2013original-. <\/p>\n
-Ciertamente, como se mencion\u00f3, el requisito legal de densidad de cotizaciones actualmente en vigor persigue de forma adecuada fines leg\u00edtimos, como la regularidad en la cotizaci\u00f3n. Aceptar que una pensi\u00f3n se sujete a reglas diferentes, que no garantizan ese fin, puede verse exactamente como una forma de limitar la eficacia del cambio normativo. No obstante, es importante notar que en ciertos casos las discontinuidades en el historial de cotizaci\u00f3n de una persona no son constitutivas ni de fraude a la ley, ni de un prop\u00f3sito deliberado de abstenerse de efectuar aportes constantes, sino de la informalidad ocupacional de la persona o de ciclos econ\u00f3micos de inactividad, lo cual, a su turno, conduce a que las personas experimenten rupturas en la afiliaci\u00f3n y en sus cotizaciones a la seguridad social. <\/p>\n
-Por lo dem\u00e1s, en la resoluci\u00f3n de controversias concretas no es suficiente con invocar en abstracto la sostenibilidad financiera del sistema sin observar el historial espec\u00edfico de cotizaciones del afiliado. En un caso como el examinado en esta ocasi\u00f3n, el accionante aspira a obtener la pensi\u00f3n porque cuenta con (i) 72 a\u00f1os y (ii) 653 semanas cotizadas. Para negarle a una persona la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa con el alcance definido por la jurisprudencia constitucional, sobre la base de la sostenibilidad financiera del sistema, habr\u00eda que mostrar probada y ciertamente c\u00f3mo es que esta situaci\u00f3n puede menoscabar las finanzas del r\u00e9gimen pensional. Pero, adem\u00e1s, tendr\u00eda que mostrarse que ese objetivo financiero se sobrepone y prevalece frente a otros principios fundamentales que est\u00e1n en juego en un caso concreto como este, como son la seguridad social efectiva, la confianza leg\u00edtima, el m\u00ednimo vital y la solidaridad. <\/p>\n
6.9.2. Por otra parte, el principio de legalidad ciertamente supone que las leyes empiecen a regir los hechos posteriores a su entrada en vigencia. No obstante, esta circunstancia no basta para reducir el alcance de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. Seg\u00fan esta, cuando no hay r\u00e9gimen de transici\u00f3n, las normas bajo las cuales una persona se ha forjado la expectativa leg\u00edtima de obtener su pensi\u00f3n extienden su aplicabilidad m\u00e1s all\u00e1 de su periodo de vigencia, e incluso trascienden la vigencia de las disposiciones que las derogan. Si se limitara la efectividad de este principio \u00fanicamente al periodo de vigencia de la norma siguiente, para hacerla cesar una vez se expida una norma subsiguiente, entonces bastar\u00eda una decisi\u00f3n del legislador de cambiar dos o m\u00e1s veces la regulaci\u00f3n de un mismo asunto, para que desapareciera la protecci\u00f3n constitucional relativa a la confianza leg\u00edtima. Esta consecuencia es contraria a la Constituci\u00f3n pues implica el que una decisi\u00f3n del legislador puede anular una situaci\u00f3n protegida por el orden constitucional, como es la de contar con una expectativa leg\u00edtima de pensionarse, en un contexto jur\u00eddico marcado por la supremac\u00eda constitucional (CP art 4). Por lo cual, sin perjuicio de la importancia de la legalidad y el efecto inmediato de las normas laborales, estos principios deben ceder ante la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, toda vez que la ecuaci\u00f3n contraria resultar\u00eda mucho m\u00e1s gravosa, pues adem\u00e1s de restringir principios de igual raigambre constitucional, comprometer\u00eda los derechos fundamentales a la seguridad social y al m\u00ednimo de vital de sujetos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. <\/p>\n
6.9.3. Una raz\u00f3n adicional para defender la tesis vigente en la jurisprudencia constitucional es que la ultractividad de una norma m\u00e1s all\u00e1 de la vigencia de la disposici\u00f3n que la deroga \u2013 o \u2018plusultractividad\u2019 de la misma, en palabras de la Corte Suprema de Justicia-, no resulta por s\u00ed misma contraria al entendimiento antes indicado del principio de legalidad, tal como este debe aplicarse a determinados \u00e1mbitos del ordenamiento. En la medida en que una persona haya contra\u00eddo una expectativa leg\u00edtima en materia pensional en vigencia de un esquema normativo, y este se modifique sin reg\u00edmenes de transici\u00f3n, puede seguir produciendo efectos futuros en lo pertinente m\u00e1s all\u00e1 de la vigencia de las normas que lo derogaron. Esto quiz\u00e1s puede suponer una excepci\u00f3n al principio de prospectividad de las reformas, en funci\u00f3n del cual deben entrar a regir las situaciones futuras, pero es en aplicaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n, por lo cual se adapta al principio fundamental de supremac\u00eda constitucional. <\/p>\n
6.9.4. La coexistencia de esquemas normativos vigentes con otros que ya no lo est\u00e1n pero son aplicables a una situaci\u00f3n concreta, es una situaci\u00f3n perfectamente compatible en ciertos campos con la seguridad jur\u00eddica en contextos de transiciones legislativas sucesivas. En contraste, s\u00ed resulta contrario a la seguridad jur\u00eddica que un mismo principio constitucional \u2013como es el de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa (CP arts. 48, 53 y 83) tenga dos interpretaciones opuestas e incompatibles, y que casos iguales se resuelvan en sentidos irreconciliables, seg\u00fan el ramo de la jurisdicci\u00f3n en el cual se decidan. Por lo mismo, invocar la seguridad jur\u00eddica para apartarse de la jurisprudencia en vigor en torno a los alcances de un principio constitucional, resulta no solo insuficiente sino un contrasentido. Adem\u00e1s, la jurisprudencia de la Corte Constitucional no implica para el operador la carga de efectuar una indagaci\u00f3n hist\u00f3rica de las normas ilimitada en el tiempo, sino contra\u00edda \u00fanicamente a la historia de afiliaci\u00f3n definida del peticionario. Requiere verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en normas anteriores, pero solo en la medida en que a su amparo el beneficiario se haya forjado como una expectativa leg\u00edtima. Lo cual tiene sustento en el hecho de que no se contempl\u00f3 un r\u00e9gimen de transici\u00f3n para quienes estuvieron afiliados al sistema pensional en la \u00e9poca en la cual reg\u00edan las normas hoy derogadas. <\/p>\n
6.10. Con fundamento en las anteriores razones, en concepto de la Sala Plena de la Corte, el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa no se restringe exclusivamente a admitir u ordenar la aplicaci\u00f3n de la norma inmediatamente anterior a la vigente, sino que se extiende a todo esquema normativo anterior bajo cuyo amparo el afiliado o beneficiario haya contra\u00eddo una expectativa leg\u00edtima, concebida conforme a la jurisprudencia\u201d\u00bb (CSJ STC6285-2019, 22 may., reiterada en STC9681-2019, 24 jul. y STC7463-2020, 16 sep., et al.). <\/p>\n
5.3. Ahora bien, de acuerdo con la sentencia SU-442 de 2016 de la Corte Constitucional, es deber del juez observar el principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, especialmente en materia pensional, siempre que exista un conflicto de aplicaci\u00f3n entre la norma vigente y alguna derogada sobre la que el solicitante de la prestaci\u00f3n se haya creado una expectativa leg\u00edtima, sin que sea necesario que esta sea inmediatamente anterior a la vigente; tem\u00e1tica sobre la cual manifest\u00f3 esta Sala en el precedente que viene de citarse que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es palmario que los juzgadores ordinarios deben aplicar la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en materia pensional, siempre que est\u00e9n ante un conflicto de interpretaci\u00f3n de normas laborales; por consiguiente, si bien es cierto que los jueces tienen la facultad de interpretarlas, en casos como estos no es plausible emplearlas en contra del reclamante de la prestaci\u00f3n, \u00abesto es, seleccionando entre dos o m\u00e1s entendimientos posibles aqu\u00e9l que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica\u2026: \u201cEn consecuencia, una conducta contraria configura un defecto que viola los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, por desconocimiento directo del art\u00edculo 53 Constitucional\u201d (CC SU-241\/15)\u00bb (CSJ STC6285-2019, 22 may., reiterada en STC9681-2019, 24 jul. y STC7463-2020, 16 sep., et al.). <\/p>\n
Por ello, como compendi\u00f3 la Corte en otro pronunciamiento emitido sobre esta tem\u00e1tica, \u00abal presentarse un conflicto de reg\u00edmenes laborales para la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa como extensi\u00f3n del principio de favorabilidad, esta Sala comparte el criterio del Tribunal constitucional al afirmar que dicho postulado \u201c(\u2026) exige que ante la duda entre la aplicaci\u00f3n de una norma vigente y una derogada, se haga uso de aquella que resulte m\u00e1s garantista para el involucrado\u201d\u00bb (STC2573-2018, 26 feb.). <\/p>\n
5.4. As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n pone de relieve que el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n constitucional profiri\u00f3 una nueva sentencia de unificaci\u00f3n sobre la materia (SU-556 de 2019), en la cual se delimitaron las siguientes subreglas de procedencia de la acci\u00f3n de tutela en casos como el analizado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 104. Para la Sala, [la] diversidad de criterios jurisprudenciales puede dar lugar a la resoluci\u00f3n incoherente de casos semejantes, en contradicci\u00f3n con la garant\u00eda de igualdad y seguridad jur\u00eddica. Por tanto, en la medida en que la sentencia SU-442 de 2016 no previ\u00f3 par\u00e1metros homologables para valorar la exigencia de subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela en este tipo de asuntos, es necesaria su unificaci\u00f3n. <\/p>\n
105. En consecuencia, para efectos de otorgar seguridad jur\u00eddica en la valoraci\u00f3n de este tipo de pretensiones en sede de tutela y, a su vez, garantizar una igualdad de trato, la Sala unifica su jurisprudencia en torno a la exigencia del ejercicio subsidiario de la acci\u00f3n de tutela, el cual se satisface cuando se acreditan las siguientes 4 condiciones, cada una necesaria y en conjunto suficientes, del siguiente \u201ctest de procedencia\u201d: <\/p>\n
<\/p>\n
Test de procedencia <\/p>\n
Primera condici\u00f3n <\/p>\n
Debe acreditarse que el accionante, adem\u00e1s de ser una persona en situaci\u00f3n de invalidez, pertenece a un grupo de especial protecci\u00f3n constitucional o se encuentra en una situaci\u00f3n de riesgo derivada de, entre otras, alguna de las siguientes condiciones: (i) analfabetismo, (ii) vejez, (iii) pobreza extrema, (iv) cabeza de familia, (v) desplazamiento o (vi) padecimiento de una enfermedad cr\u00f3nica, catastr\u00f3fica, cong\u00e9nita o degenerativa. <\/p>\n
Segunda condici\u00f3n <\/p>\n
Debe poder inferirse razonablemente que la carencia del reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez afecta directamente la satisfacci\u00f3n de las necesidades b\u00e1sicas del accionante, esto es, su m\u00ednimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas. <\/p>\n
Tercera condici\u00f3n <\/p>\n
Deben valorarse como razonables los argumentos que proponga el accionante para justificar su imposibilidad de haber cotizado las semanas previstas por las disposiciones vigente al momento de la estructuraci\u00f3n de la invalidez. <\/p>\n
Debe comprobarse una actuaci\u00f3n diligente del accionante para solicitar el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
106. La superaci\u00f3n del test de procedencia en cada caso en concreto permite valorar las distintas circunstancias que inciden en la eficacia del mecanismo judicial principal para la garant\u00eda de los derechos que ampara el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de invalidez, dado que considera las condiciones de vulnerabilidad derivadas del entorno social y econ\u00f3mico del accionante. De all\u00ed que las razones que justifican la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia en torno a estas cuatro condiciones, cada una necesaria y en conjunto suficientes del \u201ctest de procedencia\u201d, sean las siguientes: <\/p>\n
107. En relaci\u00f3n con la primera exigencia, no puede considerarse suficiente la situaci\u00f3n de invalidez del accionante, pues supondr\u00eda un desplazamiento absoluto de la competencia del juez ordinario por la del juez constitucional, en asuntos relativos al reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez, si se tiene en cuenta que una condici\u00f3n necesaria para su reconocimiento es la prueba de la invalidez. Por tanto, es razonable la exigencia de acreditar circunstancias adicionales que justifiquen el trato preferente del accionante, en relaci\u00f3n con otras personas en igualdad de condiciones. De tiempo atr\u00e1s la jurisprudencia constitucional ha reconocido que \u201ca\u00fan dentro de la categor\u00eda de personas de especial protecci\u00f3n constitucional existen diferencias materiales relevantes que rompen su horizontalidad y los sit\u00faan en dis\u00edmiles posiciones de vulnerabilidad que merecen distintos grados de protecci\u00f3n\u201d. Precisamente, la valoraci\u00f3n de otros factores como el analfabetismo, la avanzada edad, la discapacidad f\u00edsica o mental, la pobreza, la condici\u00f3n de cabeza de familia, la calidad v\u00edctima de desplazamiento o el padecimiento de una enfermedad cr\u00f3nica, cong\u00e9nita, catastr\u00f3fica o degenerativa es relevante, en cada caso, para valorar el car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
108. La segunda condici\u00f3n del test de procedencia permite valorar como relevante prima facie el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez como \u00fanico medio id\u00f3neo para que el accionante satisfaga sus necesidades b\u00e1sicas. Esta condici\u00f3n materializa la obligaci\u00f3n de la sociedad de auxiliar a aquellas personas que no pueden ayudarse a s\u00ed mismas, por encontrarse en \u201ccondiciones de acentuada indefensi\u00f3n\u201d. Es, precisamente, en estos supuestos, en los que tal deber es apremiante y exigible. <\/p>\n
109. La tercera condici\u00f3n del test reconoce la importancia de la autonom\u00eda individual para satisfacer por s\u00ed mismo las exigencias normativas que se imponen para el reconocimiento de determinadas prestaciones sociales. Por tal raz\u00f3n, solo en caso de que se acredite una situaci\u00f3n de razonable imposibilidad de haber cumplido las exigencias normativas impuestas por el ordenamiento jur\u00eddico al momento de la estructuraci\u00f3n de la invalidez \u2013la cotizaci\u00f3n al Sistema General de Pensiones de un determinado n\u00famero de semanas\u2013 es posible que el juez constitucional se pronuncie acerca de un reconocimiento que, en principio, corresponde al juez ordinario. <\/p>\n
110. Finalmente, en los t\u00e9rminos de la jurisprudencia constitucional, la cuarta exigencia es \u201cuna precondici\u00f3n para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela\u201d, pues supone acreditar un grado m\u00ednimo de diligencia para la protecci\u00f3n de los derechos propios, por v\u00eda administrativa o judicial. <\/p>\n
Segunda materia objeto de unificaci\u00f3n: alcance del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez <\/p>\n
111. La resoluci\u00f3n del segundo problema jur\u00eddico a que se hizo referencia en la \u00faltima parte del t\u00edtulo 2 supra supone precisar en qu\u00e9 circunstancias del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa se sigue la aplicaci\u00f3n ultractiva de las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 (aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o) o de un r\u00e9gimen anterior, respecto de la exigencia de densidad de semanas de cotizaci\u00f3n, necesarias para el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de invalidez, de un afiliado cuya invalidez se estructura en vigencia de la Ley 860 de 2003. <\/p>\n
Por tanto, el supuesto f\u00e1ctico, abstracto, objeto de unificaci\u00f3n es el siguiente: <\/p>\n
Exigencias <\/p>\n
Circunstancias f\u00e1cticas del accionante <\/p>\n
Fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez <\/p>\n
El tutelante-afiliado al sistema general en pensiones es dictaminado con una p\u00e9rdida de capacidad laboral igual o superior al 50% con fecha de estructuraci\u00f3n en vigencia de la Ley 860 de 2003. <\/p>\n
No se acredita la densidad de semanas que exige la Ley 860 de 2003 <\/p>\n
El tutelante-afiliado no acredita haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 a\u00f1os inmediatamente anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez, seg\u00fan se certifique en el dictamen emitido por la autoridad competente, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003. <\/p>\n
S\u00ed se acredita la densidad de semanas que exig\u00eda el Acuerdo 049 de 1990 <\/p>\n
El tutelante-afiliado acredita el n\u00famero m\u00ednimo de semanas cotizadas antes de la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez exigidas por el art\u00edculo 6 del Acuerdo 049 de 1990: 150 semanas en los 6 a\u00f1os anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n o 300 semanas en cualquier tiempo. <\/p>\n
112. Para la Sala Plena, solo respecto de personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad, esto es, aquellas que satisfacen las exigencias del \u201ctest de procedencia\u201d de que trata el t\u00edtulo 3 supra resulta razonable y proporcionado interpretar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en el sentido de aplicar de manera ultractiva las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 en lo que respecta a la exigencia de densidad de semanas de cotizaci\u00f3n, a pesar de que su condici\u00f3n de invalidez se hubiere estructurado en vigencia de la Ley 860 de 2003. Adem\u00e1s, dado que la condici\u00f3n relevante para efectos del reconocimiento de la prestaci\u00f3n por parte del juez constitucional es la situaci\u00f3n actual de vulnerabilidad, la sentencia de tutela solo puede tener un efecto declarativo del derecho, de all\u00ed que solo sea posible ordenar el pago de mesadas pensionales a partir de la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela; en consecuencia, las dem\u00e1s reclamaciones derivadas de la prestaci\u00f3n \u2013tales como retroactivos, intereses e indexaciones\u2013 deben ser tramitadas ante el juez ordinario laboral\u00bb. <\/p>\n
5.5. Por lo anterior, se ha entendido que, como criterio de procedencia del resguardo en estos eventos, y para aplicar la enunciada hermen\u00e9utica, corresponde al juez constitucional verificar la acreditaci\u00f3n de las siguientes condiciones, en atenci\u00f3n al precedente constitucional en cita: <\/p>\n
<\/p>\n
i. \u00abDebe acreditarse que el accionante, adem\u00e1s de ser una persona en situaci\u00f3n de invalidez, pertenece a un grupo de especial protecci\u00f3n constitucional o se encuentra en una situaci\u00f3n de riesgo derivada de, entre otras, alguna de las siguientes condiciones: (i) analfabetismo, (ii) vejez, (iii) pobreza extrema, (iv) cabeza de familia, (v) desplazamiento o (vi) padecimiento de una enfermedad cr\u00f3nica, catastr\u00f3fica, cong\u00e9nita o degenerativa\u00bb: <\/p>\n
La demandante es acreedora de especial protecci\u00f3n constitucional, en tanto pertenece a la tercera edad (tiene m\u00e1s de 60 a\u00f1os, naci\u00f3 en julio de 1960) \u2013vejez\u2013, manifiesta estar incursa en especiales circunstancias de vulnerabilidad, pues indic\u00f3 que \u00abes ama de casa, actualmente no tiene un ingreso econ\u00f3mico fijo y permanente, depende en dicho contexto de lo que le ayude su hijo, los vecinos y de los pocos trabajos que pueda hacer en su m\u00e1quina de costura\u00bb \u2013pobreza\u2013 y, de igual forma, sufre de artritis reumatoidea \u2013enfermedad cr\u00f3nica\u2013, de acuerdo con lo consignado en la providencia confutada y en la historia cl\u00ednica adosada a este tr\u00e1mite. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. \u00abDebe poder inferirse razonablemente que la carencia del reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez afecta directamente la satisfacci\u00f3n de las necesidades b\u00e1sicas del accionante, esto es, su m\u00ednimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas\u00bb: <\/p>\n
La convocante afirm\u00f3 en su escrito de tutela \u2013que se entiende presentado bajo la gravedad de juramento\u2013 que con la decisi\u00f3n confutada se vulnera su derecho al m\u00ednimo vital, aseveraci\u00f3n que refuerza con la explicaci\u00f3n de su forma de subsistir (\u00abdepende en dicho contexto de lo que le ayude su hijo, los vecinos y de los pocos trabajos que pueda hacer en su m\u00e1quina de costura\u00bb), como se refiri\u00f3 en el criterio anterior. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. \u00abDeben valorarse como razonables los argumentos que proponga el accionante para justificar su imposibilidad de haber cotizado las semanas previstas por las disposiciones vigentes al momento de la estructuraci\u00f3n de la invalidez\u00bb: <\/p>\n
La actora expuso que \u00abdesde el 2005 sufre artritis reumatoidea y por dicha enfermedad no pudo seguir laborando como trabajadora dependiente y cotizando a pensi\u00f3n como lo ven\u00eda haciendo antes\u00bb. Incluso, reliev\u00f3 que, nuevamente, \u00abdesde el a\u00f1o 2012, con grandes sacrificios, hace aportes a pensi\u00f3n\u00bb, argumento que se aviene razonable. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. \u00abDebe comprobarse una actuaci\u00f3n diligente del accionante para solicitar el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez\u00bb: <\/p>\n
La interesada actu\u00f3 diligentemente en procura del reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez, toda vez que, inicialmente, reclam\u00f3 ante el extinto ISS dicha prestaci\u00f3n, la cual fue negada (resoluci\u00f3n n.\u00ba 118002 de 12 de diciembre de 2011), por lo que recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n, pero la determinaci\u00f3n fue confirmada (resoluci\u00f3n n.\u00ba 21593 de 27 de julio de 2012). <\/p>\n
As\u00ed mismo, inici\u00f3 el proceso judicial (radicaci\u00f3n n.\u00ba 2015-00168), en el cual se accedi\u00f3 a su pedimento en las instancias, pero la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral invalid\u00f3 el fallo favorable del ad quem, luego de lo cual acudi\u00f3 a este mecanismo. <\/p>\n
5.6. Tambi\u00e9n es oportuno recalcar que, en el sub ex\u00e1mine, concurren los presupuestos de fondo para la aplicaci\u00f3n del principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, de acuerdo con el siguiente compendio: <\/p>\n
<\/p>\n
i. \u00abEl tutelante-afiliado al sistema general en pensiones es dictaminado con una p\u00e9rdida de capacidad laboral igual o superior al 50% con fecha de estructuraci\u00f3n en vigencia de la Ley 860 de 2003\u00bb: <\/p>\n
La peticionaria fue calificada con p\u00e9rdida de capacidad laboral del 57,25%, con fecha de estructuraci\u00f3n 5 de octubre de 2010 (en vigencia de la citada ley). <\/p>\n
<\/p>\n
ii. \u00abEl tutelante-afiliado no acredita haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 a\u00f1os inmediatamente anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez, seg\u00fan se certifique en el dictamen emitido por la autoridad competente, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003\u00bb: <\/p>\n
La tutelante no cotiz\u00f3 50 semanas dentro de los tres (3) a\u00f1os anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n, de acuerdo con la exigencia de la Ley 860 de 2003. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. \u00abEl tutelante-afiliado acredita el n\u00famero m\u00ednimo de semanas cotizadas antes de la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez exigidas por el art\u00edculo 6 del Acuerdo 049 de 1990: 150 semanas en los 6 a\u00f1os anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n o 300 semanas en cualquier tiempo\u00bb: <\/p>\n
La memorialista cumple la previsi\u00f3n del canon 6 del Acuerdo 049 de 1990, pues, como se evidenci\u00f3 en el expediente revisado (y seg\u00fan consta en el fallo confutado), al momento de iniciar el proceso ten\u00eda un total de 899.16 semanas cotizadas al 28 de febrero de 2015, de las cuales sufrag\u00f3 525 antes de la entrada en vigor del sistema general de pensiones2. <\/p>\n
5.7. Bajo tal \u00f3ptica, se itera, en este caso se impon\u00eda la aplicaci\u00f3n de la precitada disposici\u00f3n, en consideraci\u00f3n al criterio hermen\u00e9utico de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa desarrollado por la jurisprudencia constitucional, ya que est\u00e1 acreditado en el proceso laboral que, en vigencia del precitado Acuerdo 049 de 1990 \u2013esto es, antes de que fuera derogado con la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993\u2013, la censora alcanz\u00f3 a cotizar 525 semanas, cumpliendo con ello las m\u00e1s de 300 requeridas antes de la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez (5 de octubre de 2010). <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se revocar\u00e1 la providencia desestimatoria del a quo constitucional, para, en su lugar, acceder al auxilio deprecado, porque en la sentencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura se desconoci\u00f3 el precedente que, sobre el tema, ha desarrollado la Corte Constitucional. <\/p>\n
En consecuencia, se ordenar\u00e1 a la Sala denunciada dejar sin efectos el fallo de casaci\u00f3n dictado el 2 de octubre de 2019 (SL4567-2019, rad. 75555), y emitir uno nuevo a trav\u00e9s del cual resuelva el recurso extraordinario, con observancia de lo previsto en esta determinaci\u00f3n y en la jurisprudencia rese\u00f1ada. En todo caso, de accederse al reconocimiento de la prestaci\u00f3n social, deber\u00e1 analizarse la prescripci\u00f3n trienal que rige para esta clase de asuntos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR el fallo de 29 de abril de 2021, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales de Sor Marina Posada Cadavid. <\/p>\n
TERCERO: DECLARAR sin valor ni efecto la sentencia dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 2 de octubre de 2019, as\u00ed como todas las actuaciones que de ella se desprendan. <\/p>\n
CUARTO: ORDENAR a la precitada autoridad judicial que, en el t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda nuevamente a resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a las consideraciones plasmadas en parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
QUINTO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes y remitir el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
1\u0002 Inicialmente se reparti\u00f3 ante el Consejo de Estado, quien remiti\u00f3 las diligencias a la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, donde se radic\u00f3 el 16 de abril de 2021. <\/p>\n
2\u0002 Folio 7 de la providencia SL4567-2019. <\/p>\n
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STC7596-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC7596-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00758-01 (Aprobado en Sala de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 29 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-55005","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55005","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55005"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55005\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55005"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55005"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55005"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}