STC7597-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7597-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2021-00117-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C, veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 10 de mayo de 2021, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Uner Augusto Becerra Largo contra el doctor Javier Tamayo Jaramillo y el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia – Risaralda. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por los acusados, en el curso de la acci\u00f3n popular (radicaci\u00f3n 2021-00235), en la cual funge como accionante. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que ante el \u201cjuzgado promiscuo circuito de La Virginia Risaralda, present[\u00f3] acci\u00f3n popular de numero 2021 00235 00 contra bancolombia donde el tutelado es apoderado de dicha entidad bancaria\u00bb agreg\u00f3 que \u00abpese a que la acci\u00f3n popular fue admitida tiempo atr\u00e1s en dicho despacho judicial (\u2026) el tutelado Sr dr Javier Tamayo Jaramillo, en condici\u00f3n de apoderado de Bancolombia, inaplica [el] art 78 c[\u00f3]digo general del proceso, numeral 14 e igualmente desconoce e inaplica art 3 decreto legislativo 806 de 2020 [relativo al deber que tienen las partes entre s\u00ed, de suministrar un ejemplar de los memoriales presentados en el proceso], pues nada me notifica sobre la respuesta dada por [\u00e9]l a mi acci\u00f3n popular (\u2026). <\/p>\n
3. Pide en resumen, que se ordene al convocado que le remita y comparta \u00abtodos los recursos, escritos y memoriales que haya presentado en la acci\u00f3n popular de la referencia al correo electr\u00f3nico dinosaurio013@hotmail.com. Se ordene a quien corresponda en derecho, d[\u00e9] aplicaci\u00f3n [al] art 78, numeral 14 del C[\u00f3]digo General del Proceso y de ser legal se conceda a mi favor el salario MMLV, de que habla dicha norma\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La representante legal de Bancolombia, aleg\u00f3 que \u00abuna vez realizadas las validaciones correspondientes, no se encontraron peticiones o reclamaciones elevadas por parte del se\u00f1or UNER AUGUSTO BECERRA LARGO\u00bb, de otra parte aclar\u00f3 que si bien el doctor Javier Tamayo Jaramillo es el abogado encargado de tramitar acciones populares para dicha entidad financiera, no se le ha dado poder para actuar dentro del referido proceso, \u00abpues a\u00fan no se ha realizado la debida notificaci\u00f3n\u00bb a los demandados, raz\u00f3n por la cual \u00abBancolombia no se ha pronunciado de ninguna manera frente a la acci\u00f3n popular\u00bb . Por lo anterior y en virtud de que considera no existe violaci\u00f3n alguna de los derechos que el accionante presenta como vulnerados, requiri\u00f3 se desestim\u00e9 la tutela presentada. <\/p>\n
2. El Defensor del Pueblo Regional Risaralda, arguy\u00f3 que las pretensiones enunciadas por el accionante no vinculan a esa entidad y pidi\u00f3 ser apartado de este asunto. <\/p>\n
3. El doctor Javier Tamayo Jaramillo, en condici\u00f3n de accionado expuso que i) \u00abNo es cierto que yo sea apoderado de BANCOLOMBIA S.A. en la acci\u00f3n popular con radicado 2021-235. Insisto en que si el accionante interpone una acci\u00f3n de tutela en mi contra con fundamento en la supuesta calidad de apoderado que tengo en una acci\u00f3n popular y en el supuesto incumplimiento de deberes procesales; en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso deb\u00eda acreditar estas circunstancias\u00bb ii) \u00abno puedo pasar por alto el hecho de que una persona aduzca que tengo calidades que no revisto y que me endilgue incumplimientos procesales inexistentes sin aportar la m\u00e1s m\u00ednima prueba. Por esta sola raz\u00f3n la tutela tambi\u00e9n resulta improcedente\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo declar\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que \u00abla lesi\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales invocadas no ha tenido lugar y, por lo tanto, debe declararse improcedente el amparo implorado, comoquiera que, en el asunto objeto de debate, no se ha presentado la conducta reprochada, es decir, es inexistente acci\u00f3n u omisi\u00f3n en tal sentido, ya que otra es la realidad procesal que ha ocurrido en el tr\u00e1mite de la referida acci\u00f3n popular\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que, \u00abcomo el juzgado accionado, el 21 de abril de pasado, profiri\u00f3 auto rechazando la acci\u00f3n popular, remiti\u00e9ndola por competencia a los Juzgados Civiles del Circuito de Cali, se desconoce qu\u00e9 posici\u00f3n pueda adoptar el juzgado al que le sea asignada la demanda popular, que podr\u00eda incluso ocasionar conflicto de competencia, que en \u00faltimas habr\u00eda de ser decidido por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y, en ese orden de ideas, solo hasta ese momento se tendr\u00eda certeza de qui\u00e9n debe asumir el conocimiento del asunto; y, resolver los cuestionamientos que el interesado llegare a formular en los t\u00e9rminos de esta acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3 la precitada providencia sin exponer ning\u00fan argumento adicional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si las circunstancias narradas en el escrito introductor involucran la trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda constitucional invocada por el promotor y por lo mismo, ameritan la injerencia del juez de tutela. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto – inexistencia del hecho que alega como vulnerador. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, esta Sala precisa que habr\u00e1 de refrendarse el fallo desestimatorio del tribunal a quo, comoquiera que, de las circunstancias expuestas por el memorialista, no se puede colegir la amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas esenciales invocadas, de tal forma que se habilitar\u00e1 la interposici\u00f3n del resguardo. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que la inconformidad del gestor, en el marco de la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3 ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, radica en que supuestamente el apoderado de la parte demandada no da cumplimiento a lo dispuesto en los art\u00edculos 78 numeral 14 del C\u00f3digo General del Proceso y 3 del Decreto 806 de 2020, respecto del deber que tienen los sujetos procesales de remitir a las dem\u00e1s partes, un ejemplar de todos los memoriales o actuaciones que realicen al interior del proceso. <\/p>\n
No obstante, al revisar el asunto sometido a consideraci\u00f3n de la Sala, se advierte que, de acuerdo con la informaci\u00f3n allegada por el juzgado encartado y seg\u00fan obra en las piezas procesales adosadas al expediente, si bien la acci\u00f3n popular precitada fue inicialmente admitida el 26 de febrero del a\u00f1o en curso, \u00abmediante auto de fecha veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021) publicado en el estado electr\u00f3nico del d\u00eda veintid\u00f3s (22) de abril de dos mil veintiuno (2021), se declar\u00f3 la nulidad del auto que admiti\u00f3 la demanda, y en su lugar, se rechaz\u00f3 por falta de competencia, ordenando la remisi\u00f3n de la acci\u00f3n a los Juzgados Civiles del Circuito de Cali – Valle del Cauca\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo documentado, se precisa que en este caso particular no se prob\u00f3 la afectaci\u00f3n actual de las prerrogativas reclamadas por el convocante, en consecuencia, no es necesario examinar el cargo contra el doctor Tamayo Jaramillo, respecto del cual tampoco se acredit\u00f3 la condici\u00f3n de apoderado en el referido proceso. <\/p>\n
En un caso similar en el que no se demostr\u00f3 la afectaci\u00f3n actual de los derechos fundamentales esta Sala indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ. STC sep. 5 de 2012, exp. 00630-014, reiterada en STC16340, nov. 10 de 2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar el fallo impugnado, al no evidenciarse afectaci\u00f3n de las prerrogativas esenciales reclamadas por el gestor del ruego. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
<\/p>\n
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