STC7599-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7599-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00029-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 28 de enero de 2021, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Lucy del Carmen Camargo Palencia contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso, igualdad, m\u00ednimo vital, seguridad social, entre otros, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada en el juicio laboral que promovi\u00f3 (SL1937-2020, rad. 68917). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas indic\u00f3 que ante la negativa de la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones a reconocer la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n bajo las reglas del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, present\u00f3 demanda para esos efectos, pero en ambas instancias se desestim\u00f3 el petitum, al paso que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral dej\u00f3 en firme lo resuelto. <\/p>\n
Lo anterior, tras colegir que \u00abpara ser amparada bajo los preceptos del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, adem\u00e1s de cumplir con el requisito de la edad o tiempo de servicio, la recurrente debi\u00f3 afiliarse a alguno de los reg\u00edmenes pensionales existentes con anterioridad a la entrada en vigencia del Sistema Integral de Seguridad Social, y concretamente al ISS, al pretender ahora que su pensi\u00f3n de vejez le fuera otorgada en aplicaci\u00f3n del Acuerdo de 049 de 1990, por virtud del mentado r\u00e9gimen de transici\u00f3n; empero, como no fue as\u00ed, no pod\u00eda aspirar beneficiarse de un r\u00e9gimen al cual no perteneci\u00f3\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, el estrado enjuiciado estim\u00f3 que \u00abaunado a lo expuesto, se destaca la improcedencia del c\u00f3mputo de tiempo de servicios p\u00fablicos y semanas cotizadas al ISS, a la luz de lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990; ello, en armon\u00eda con la jurisprudencia de la Sala sobre el particular, reiterada en la sentencia CSJ SL16104- 2014, CSJ SL12843-2015\u00bb, aspecto que, en su criterio, desconoce el principio de favorabilidad y la jurisprudencia constitucional sobre la materia. <\/p>\n
Por \u00faltimo, recalc\u00f3 que \u00abteniendo en cuenta mi edad actual (70 A\u00f1os) y tiempo de cotizaci\u00f3n, en este momento cumplo con todos los requisitos establecidos en la ley para acceder a la pensi\u00f3n de vejez que la ley determina. Nac\u00ed el 10 de noviembre de 1950 (como lo reconoce Colpensiones en sus resoluciones) y cotic\u00e9 entre el 07 de febrero de 1992 y el 31 de diciembre de 2001, tiempo incluido dentro de los \u00faltimos veinte a\u00f1os de las edades m\u00ednimas, que se cumplieron el 10 de noviembre de 2005, cuando cumpl\u00ed los 55 a\u00f1os. O sea que estos \u00faltimos veinte a\u00f1os estaban comprendidos entre el 10 de noviembre de 1985 y el 10 de noviembre de 2005, cumpliendo con los requisitos contemplados en la normativa y Jurisprudencia Colombiana (SU-769\/2014; SU\/267\/19; SU\/072\/18; T-102\/14; T-441\/18; T 714\/2011, T-774\/15) entre otras\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3, en resumen \u00abrevocar las decisiones que negaron mi derecho a la pensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Directora de Acciones Constitucionales de Colpensiones manifest\u00f3 que \u00abesta Administradora no es competente para resolver la pretensi\u00f3n como quiera que la decisi\u00f3n corresponde a la Jurisdicci\u00f3n Ordinaria Laboral, en consecuencia, [en la resoluci\u00f3n proferida por esa dependencia] se declara la p\u00e9rdida de competencia para resolver de fondo la solicitud, en aplicaci\u00f3n al concepto previamente se\u00f1alado. Se procedi\u00f3 entonces a confirmar en todas y cada una de las partes del Acto Administrativo No. SUB 84410 de 31\/03\/2020, la cual modifico a su vez la Resoluci\u00f3n Nro. SUB 17941 de 22\/01\/2020, encontrando que el mismo se encuentra ajustado a derecho\u00bb. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S. adujo que \u00aben atenci\u00f3n a que la pretensi\u00f3n dentro del proceso ordinario laboral es un tema de reconocimiento y pago de una pensi\u00f3n de vejez, es pertinente hacer \u00e9nfasis [en] que Colpensiones es la Entidad responsable de determinar la prestaci\u00f3n a la cual \u201ceventualmente\u201d podr\u00eda llegar a tener derecho la se\u00f1ora MARIA JUDITH PLAZAS LOTERO; en atenci\u00f3n a que el objeto de debate en el tr\u00e1mite procesal no recae en las obligaciones contempladas en el Contrato de Fiducia, toda vez que al ser un asunto que se deriva del r\u00e9gimen de prima media en virtud de los decretos 2011 y 2013 de 2012 es un asunto de competencia de COLPENSIONES\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 se limit\u00f3 a relatar las actuaciones del proceso. <\/p>\n
4. El Presidente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral dijo que, seg\u00fan inform\u00f3 el magistrado ponente de la decisi\u00f3n confutada, Gerardo Botero Zuluaga, \u00abesta Sala al estudiar el asunto objeto de debate, concluy\u00f3, que efectivamente el juzgador de segunda instancia no se equivoc\u00f3 al razonar de la manera en que lo dispuso en la sentencia objeto del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en la medida en que su decisi\u00f3n se fundament\u00f3 en las pruebas aportadas al expediente judicial; ello por cuanto se evidenci\u00f3, que la hoy actora no era merecedora del r\u00e9gimen de transici\u00f3n aplicable, que corresponde, al contenido en el art\u00edculo 7\u00ba de la ley 71 de 1988, normativa que exige consolidar una densidad de aportes equivalente a 20 a\u00f1os, temporalidad respecto de la cual la demandante solo demostr\u00f3 509 semanas aportadas y las cuales resultaron insuficientes para acreditar el derecho. Por otro lado, vale destacar que, en el presente asunto, no se cumple con el requisito de procedibilidad concerniente a la inmediatez\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el amparo, porque \u00ablas providencias cuestionadas resultan razonables y ajustadas a los par\u00e1metros legales y constitucionales. En efecto, los argumentos son coherentes y est\u00e1n conforme a la normatividad que regulan el tema, los cuales les permitieron a los demandados negar las pretensiones de la interesad, al determinar que no cumpl\u00eda las semanas de cotizaci\u00f3n necesarias para ser acreedora a la pensi\u00f3n de vejez\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La censora recurri\u00f3 la precitada sentencia reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 la convocante (SL1937-2020, rad. 68917), en tanto mantuvo en firme el fallo desestimatorio del tribunal ad quem, supuestamente, desconociendo el principio de favorabilidad y los precedentes constitucionales sobre la materia. <\/p>\n
2. Flexibilizaci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
Aunque podr\u00eda entenderse que este presupuesto de temporalidad impedir\u00eda el estudio de la acci\u00f3n, comprendiendo que la sentencia controvertida se dict\u00f3 el 27 de mayo de 2020 y la tutela se intent\u00f3 el 13 de enero de 2021, lo cierto es que por encontrarse en discusi\u00f3n en este asunto un derecho pensional, el cual tiene car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, su presunta afectaci\u00f3n siempre se considerar\u00e1 actual, tal como lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia de unificaci\u00f3n 1073 de 2012, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, se debe entender que los casos objeto de an\u00e1lisis de la presente providencia, cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensi\u00f3n de vejez reconocida, y est\u00e1n viendo negado su derecho a la indexaci\u00f3n de su primera mesada pensional. Es as\u00ed como, trat\u00e1ndose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los accionantes con el requisito de acudir previamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no entrar\u00e1 a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre las decisiones que negaron el derecho a la indexaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por parte de los accionantes, pues en este caso se debe entender que la afectaci\u00f3n al derecho fundamental tiene un car\u00e1cter de actualidad\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, resulta importante aclarar que, pese a que la formulaci\u00f3n del amparo supera el t\u00e9rmino prudencial se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l, se tiene por satisfecho ese requisito de procedibilidad teniendo en cuenta la naturaleza de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
3. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
3.1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
3.2. Si bien los falladores ordinarios tienen libertad discreta y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada v\u00eda de hecho. <\/p>\n
3.3. Sobre el desconocimiento del precedente judicial como causal espec\u00edfica de procedencia de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha dicho que puede configurarse cuando se demuestra un defecto sustantivo o al evidenciar un apartamiento de la jurisprudencia de forma aut\u00f3noma, y en cuando a la primera modalidad indic\u00f3 que se produce cuando una autoridad judicial: <\/p>\n
\u00abi) aplica una disposici\u00f3n en el caso que perdi\u00f3 vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermen\u00e9utico que la Constituci\u00f3n le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretaci\u00f3n contraevidente -interpretaci\u00f3n contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial \u2013horizontal o vertical- sin justificaci\u00f3n suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad ante una violaci\u00f3n manifiesta de la Constituci\u00f3n, siempre que su declaraci\u00f3n haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso\u00bb (CC SU-298\/15). <\/p>\n
En punto de esta circunstancia, resulta necesario precisar que para la configuraci\u00f3n de tal irregularidad debe existir una l\u00ednea jurisprudencial que constituya un derrotero a seguir. As\u00ed, puede hablarse de precedente horizontal, cuando en una misma corporaci\u00f3n existe una posici\u00f3n consolidada y un\u00e1nime por parte de las salas que la componen respecto a una materia, y de precedente vertical cuando ello tiene lugar en relaci\u00f3n con decisiones del superior funcional de quien la ha de emplear. <\/p>\n
De manera que, para demostrarla (en el caso del precedente horizontal) es indispensable que se plantee en la demanda de tutela, con suficiencia y no de forma aislada, la postura jur\u00eddica afianzada que se alega como desatendida o inaplicada. <\/p>\n
As\u00ed mismo, como ello deviene de contera en la afectaci\u00f3n de la garant\u00eda contenida en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, indispensable es que el accionante exponga con claridad los elementos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que coinciden en los escenarios contrastados, que permitan al juez de amparo elaborar el test de igualdad frente ellos a fin de establecer si el caso concreto se encuentra en un mismo plano y, por ende, merece el mismo tratamiento. <\/p>\n
3.4. Adicionalmente, atinente a la inobservancia del precedente constitucional, entendido este como una sentencia antecedente relevante para la soluci\u00f3n de un nuevo caso sometido a examen judicial, por contener pronunciamiento sobre un debate soportado en hechos similares, desde un punto de vista jur\u00eddica y constitucionalmente destacado; como los supuestos f\u00e1cticos id\u00e9nticos deben recibir un tratamiento igual, el fallo precedente deber\u00eda determinar el sentido del asunto posterior. <\/p>\n
Sobre el precedente constitucional el Tribunal de cierre constitucional se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Gran espectro de las corrientes de la teor\u00eda del derecho considera que la jurisprudencia es una fuente jur\u00eddica formal, toda vez que las disposiciones carecen de sentido univoco. Los preceptos jur\u00eddicos pueden tener varios significados que constituyen enunciados prescriptivos diversos, los cuales son producto de un proceso de interpretaci\u00f3n. La hermen\u00e9utica que elaboran las autoridades judiciales que poseen la facultad de unificar jurisprudencia y otorgar comprensiones a normas superiores adquiere el car\u00e1cter de vinculante para los dem\u00e1s operadores jur\u00eddicos. <\/p>\n
Desde esos \u00e1mbitos doctrinarios, la obligatoriedad de los precedentes se sustenta en los siguientes argumentos: 1) el lenguaje natural que se encuentra en las normas est\u00e1 lleno de ambig\u00fcedad \u2013m\u00faltiples significados- y de vaguedad \u2013indeterminaci\u00f3n en los conceptos- que afectan la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del derecho. Esas problem\u00e1ticas s\u00f3lo ser\u00e1n solucionadas a trav\u00e9s de un proceso hermen\u00e9utico plasmado en las sentencias, al solucionar los casos que se someten a la jurisdicci\u00f3n. Los jueces crean reglas individuales derivadas de la lectura del ordenamiento jur\u00eddico, prescripciones que vinculan a otras autoridades; 2) las providencias tienen la funci\u00f3n de armonizar las diversas normas que regulan un caso y que establecen consecuencias jur\u00eddicas contrapuestas; y 3) desarrolla los principios b\u00e1sicos del Estado Constitucional, por ejemplo, la seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
En los sistemas jur\u00eddicos contempor\u00e1neos, la interpretaci\u00f3n que realizan los jueces incluye el derecho legislado y la norma jur\u00eddica que se deriva de una sentencia. N\u00f3tese que el derecho jurisprudencial es un criterio interpretativo insoslayable para que los jueces fundamenten sus decisiones. La mayor\u00eda de los argumentos jur\u00eddicos act\u00faan mediante analog\u00eda y la distinci\u00f3n, como sucede con la jurisprudencia, puesto que se relacionan, de un lado, los hechos con las decisiones pasadas; de otro lado, los supuestos f\u00e1cticos de un caso anterior con una causa similar en el futuro para aplicar la regla de decisi\u00f3n fijada y resolver la disputa. <\/p>\n
En ese contexto, esta Corporaci\u00f3n ha entendido por precedente judicial \u201caquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habr\u00e1 de resolver que por su pertinencia para la resoluci\u00f3n de un problema jur\u00eddico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia\u201d\u00bb (CC. SU-068\/18). <\/p>\n
4. De la funci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En torno al papel que cumple esta Corporaci\u00f3n en la guarda de los derechos constitucionales de quienes someten sus conflictos a la consideraci\u00f3n de la administraci\u00f3n de justicia, la jurisprudencia constitucional le ha reconocido un valor de alt\u00edsima importancia, dada la necesidad de que las personas tengan cierta certeza acerca de que ser\u00e1n tratados de manera igualitaria en la resoluci\u00f3n de sus asuntos, siempre que estos guarden simetr\u00eda con otros anteriores. <\/p>\n
\u00abEl recurso de casaci\u00f3n, en su base pol\u00edtica y jur\u00eddica, tiene por objeto velar por la recta y genuina aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de la ley, corrigiendo la infracci\u00f3n de la misma, y logrando en esta misi\u00f3n, al ser ejercida por un mismo y s\u00f3lo tribunal, la uniformidad de la jurisprudencia. Esta finalidad de inter\u00e9s p\u00fablico, el respeto de la ley, sobrepasa en importancia a aquella otra de orden privado, cual es la reparaci\u00f3n de los agravios que se puede inferir a las partes con las resoluciones violatorias de la ley. (C-252 de 2001). <\/p>\n
De conformidad con esta comprensi\u00f3n, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no es \u201cs\u00f3lo un mecanismo procesal de control de validez de las providencias judiciales, sino que se constituye en un elemento esencial en la aplicaci\u00f3n igualitaria de la ley, en la defensa de la legalidad y en la garant\u00eda de la vigencia de la Constituci\u00f3n, incluidos los derechos fundamentales\u201d. <\/p>\n
Por eso, esta Corporaci\u00f3n ha resaltado el deber que tienen las diversas salas de casaci\u00f3n de hacer realidad los derechos fundamentales de los recurrentes a trav\u00e9s de la superaci\u00f3n de \u201cla concepci\u00f3n formalista de la administraci\u00f3n de justicia vinculada al simple prop\u00f3sito del respeto a la legalidad, por una concepci\u00f3n m\u00e1s amplia y garantista, en la cual la justicia propende por el efectivo amparo de los derechos de los asociados\u201d. Sobre el nuevo paradigma de la casaci\u00f3n como dispositivo de justicia material\u00bb (CC. SU-241\/15). <\/p>\n
5. Caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, se anticipa la procedencia del amparo solicitado, lo que trae como consecuencia la revocatoria del fallo impugnado, al encontrarse que la determinaci\u00f3n objeto de la salvaguarda es contraria a la jurisprudencia constitucional y al principio de favorabilidad para los trabajadores establecido en los art\u00edculos 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 21 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, conforme a los cuales, en materia laboral, se debe aplicar como presupuesto fundamental, en caso de duda, la interpretaci\u00f3n m\u00e1s beneficiosa de las fuentes formales del derecho. <\/p>\n
Esa postura fue reconocida por esta Sala de Casaci\u00f3n en sede de tutela, que, ante reclamos similares, resalt\u00f3 la trascendencia de dicho principio como valor preponderante y criterio orientador para el juez laboral en la resoluci\u00f3n de los juicios. Al respecto, en anterior oportunidad, al citar a la Corte Constitucional, destac\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(…) los juzgadores ordinarios deben aplicar la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en materia pensional, siempre que se encuentren ante un conflicto de interpretaci\u00f3n de normas laborales, por consiguiente, si bien es cierto que los jueces tienen la facultad de interpretarlas, en casos como estos no es plausible emplearlas en contra del reclamante de la prestaci\u00f3n, \u201cesto es, seleccionando entre dos o m\u00e1s entendimientos posibles aqu\u00e9l que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica: En consecuencia, una conducta contraria configura un defecto que viola los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, por desconocimiento directo del art\u00edculo 53 Constitucional\u201d (CC SU 241\/15)\u00bb (CSJ STC8260-2018, 28 jun.). <\/p>\n
En todo caso, cabe indicar que tal concepci\u00f3n en manera alguna debe significar el quiebre del equilibrio sustancial de la relaci\u00f3n jur\u00eddica establecida en las controversias judiciales, ni asumirse como una posici\u00f3n parcializada en disfavor de uno de los sujetos del contexto procesal; esa aproximaci\u00f3n a la parte m\u00e1s vulnerable del v\u00ednculo contractual no es m\u00e1s que un m\u00e9todo para definir un caso que involucre dos comprensiones dis\u00edmiles que emergen de una misma norma o frente a dos disposiciones que regulan una id\u00e9ntica situaci\u00f3n f\u00e1ctica. <\/p>\n
Por lo anterior, y como postulado esencial, al juzgador le ata\u00f1e garantizar que las interpretaciones confrontadas lo sean siempre bajo el supuesto de ser razonables, procedentes y objetivas. <\/p>\n
5.1. Partiendo de esas premisas, debe indicarse que la Sala Especializada acusada se apart\u00f3 de las motivaciones que la Corte Constitucional manifest\u00f3 en la sentencia de unificaci\u00f3n SU-769 de 2014 (reiterada en SU-057 de 2018), que enfatiz\u00f3 en la viabilidad de computar los tiempos de servicio prestados en el sector p\u00fablico con el cotizado al Instituto de Seguros Sociales, a efectos de acceder a la pensi\u00f3n de vejez del Decreto 758 de 1990, de conformidad con la totalidad de las semanas reportadas y en el porcentaje all\u00ed establecido; as\u00ed mismo, exalt\u00f3 el deber de darle aplicaci\u00f3n prevalente al principio de favorabilidad para el trabajador ante interpretaciones normativas dis\u00edmiles. <\/p>\n
Y, en este evento, la cr\u00edtica fundamental de la actora estrib\u00f3, primordialmente, en que la Corporaci\u00f3n acusada desconoci\u00f3 el aludido precedente, postura que, por tratarse de un criterio consolidado, resulta de insoslayable aplicaci\u00f3n para el operador jur\u00eddico. <\/p>\n
5.2. En efecto, en el pronunciamiento en cita, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional, al unificar el razonamiento frente a la discusi\u00f3n de permitirse o no la acumulaci\u00f3n de los tiempos consignados, independiente de su naturaleza, con los realizados directamente al ISS \u2013para lograr la pensi\u00f3n del Acuerdo 049 de 1990\u2013, sostuvo que: <\/p>\n
\u00abEl c\u00f3mputo de las semanas cotizadas es un aspecto que qued\u00f3 consagrado en la Ley 100 de 1993 precisamente para dar soluci\u00f3n a la desarticulaci\u00f3n entre los diferentes reg\u00edmenes que durante un tiempo hizo imposible acumular tiempos de servicio con diferentes empleadores, reduciendo notablemente la posibilidad de los trabajadores para acceder a la pensi\u00f3n de vejez. <\/p>\n
De conformidad con los precedentes jurisprudenciales rese\u00f1ados en la parte considerativa de esta sentencia, para efecto del reconocimiento de esta prestaci\u00f3n es posible acumular los tiempos de servicios cotizados a las cajas o fondos de previsi\u00f3n social, con las semanas de cotizaci\u00f3n efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, por cuanto la exclusividad en los aportes a esta entidad se trata de un evento no contemplado en el Acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n
Por otro lado, seg\u00fan se decant\u00f3 en esta providencia, por ser la postura que mejor se ajusta a la Constituci\u00f3n y a los principios de favorabilidad y pro homine, y que maximiza la garant\u00eda del derecho fundamental a la seguridad social, tal acumulaci\u00f3n es v\u00e1lida no solo para los casos en que fueron acreditadas 1000 semanas en cualquier tiempo, sino tambi\u00e9n para los eventos en los que se demostr\u00f3 haber reunido un total de 500 semanas dentro de los 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad requerida. <\/p>\n
Finalmente, tambi\u00e9n es posible acumular el tiempo laborado en entidades p\u00fablicas respecto de las cuales el empleador no efectu\u00f3 las cotizaciones a alguna caja o fondo de previsi\u00f3n social, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales. Lo anterior, toda vez que se trata de una circunstancia que puede limitar el goce efectivo del derecho a la seguridad social, y porque el hecho de no haberse realizado las respectivas cotizaciones o descuentos no es una conducta que deba soportar el trabajador, m\u00e1s a\u00fan cuando era la entidad p\u00fablica la que asum\u00eda dicha carga prestacional. <\/p>\n
Seguidamente, memor\u00f3 que, en un caso semejante, se indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En la sentencia T-090 de 2009, la Corte conoci\u00f3 de un caso donde el Instituto de Seguros Sociales le neg\u00f3 la pensi\u00f3n de vejez a una persona que, sumado el tiempo laborado a entidades del Estado y el cotizado al ISS, acreditaba un total de 1007 semanas. Lo anterior, por cuanto no le alcanzaban para acceder a la prestaci\u00f3n en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 9 de la Ley 797 de 2003 \u2013\u00fanica normatividad que, a su juicio, admite realizar dicha acumulaci\u00f3n- que, para ese momento, exig\u00eda un total de 1075 semanas. <\/p>\n
En aquella oportunidad la Sala Octava de Revisi\u00f3n centr\u00f3 el an\u00e1lisis en determinar si era posible acumular tiempo laborado en entidades estatales, en virtud del cual no se efectu\u00f3 cotizaci\u00f3n alguna y aportes al ISS derivados de una relaci\u00f3n laboral con un empleador particular, con el fin de obtener el n\u00famero de semanas necesarias para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez, cuando se es beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n. <\/p>\n
La Corte hizo referencia a las dos interpretaciones que surgen de la aplicaci\u00f3n del Acuerdo 049 de 1990 y consider\u00f3 que la primera de ellas perjudicaba al peticionario porque implicaba la p\u00e9rdida de los beneficios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, ya que deb\u00eda regirse de forma integral por la Ley 100 de 1993. En cambio, al aplicar la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable, se ten\u00eda que el accionante cumpl\u00eda con los requisitos descritos en el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, \u201cya que (i) cuenta con 62 a\u00f1os de edad y (ii) seg\u00fan la resoluci\u00f3n 000133 del 19 de febrero de 2008, emanada del ISS, \u2018sumando el tiempo laborado a entidades del Estado y el cotizado al ISS, el recurrente acredita un total de 7050 d\u00edas que equivalen a 1007 semanas\u2019\u201d. <\/p>\n
Con base en ello, concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3 a la entidad accionada expedir un nuevo acto administrativo dando aplicaci\u00f3n al principio de favorabilidad en la interpretaci\u00f3n de las normas laborales\u00bb (CC SU-769\/14). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, m\u00e1s recientemente replic\u00f3 esa hermen\u00e9utica, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(…) de haberse contado las semanas laboradas en el sector p\u00fablico para efectos del reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez, la conclusi\u00f3n de las dos autoridades judiciales precitadas ser\u00eda distinta, en tanto superar\u00eda el n\u00famero exigido en la normatividad que el accionante pretend\u00eda que le fuera aplicada, pero su interpretaci\u00f3n de la norma en comento fue sumamente restrictiva, formalista y exeg\u00e9tica. Asumir tal postura implic\u00f3 para el actor la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al m\u00ednimo vital y a la seguridad social. <\/p>\n
<\/p>\n
De forma complementaria, debe recordarse que esta Corte ha insistido que existe una segunda interpretaci\u00f3n plausible, en virtud de la cual, es necesario valorar que del tenor literal de la norma no se infiere que el n\u00famero de semanas de cotizaci\u00f3n exigidas deba ser satisfecho de manera exclusiva ante el ISS. <\/p>\n
<\/p>\n
En ese orden de ideas, la Corte encuentra que los jueces de instancia dentro del proceso ordinario laboral incurrieron en el defecto de desconocimiento de precedente constitucional, al aplicar una norma que resultaba desfavorable para el solicitante -art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993- y al realizar una interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990 que es regresiva, exeg\u00e9tica y formalista, en abierto desconocimiento de la jurisprudencia pac\u00edfica, reiterada y unificada de la Corte Constitucional en la Sentencia SU-769 de 2014, seg\u00fan la cual para efecto del reconocimiento de esta prestaci\u00f3n (pensiones en las que haya lugar a la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen de transici\u00f3n) es posible acumular los tiempos de servicio en el sector p\u00fablico -ya sean a las cajas o fondos de previsi\u00f3n social- y las semanas cotizadas al ISS, por cuanto la exclusividad en los aportes a esta entidad se trata de un evento no contemplado en el Acuerdo 049 de 1990, precedente que se reitera en la presente providencia\u00bb (CC, SU-057\/18). <\/p>\n
5.3. Adem\u00e1s, esta Sala, en anteriores oportunidades, y concretamente a partir de la sentencia STC2453-2015, 6 mar., rad. 2014-02551-01, examin\u00f3 la procedencia de la salvaguarda frente a este tipo de reclamos, en torno a la interpretaci\u00f3n normativa m\u00e1s beneficiosa al trabajador del Decreto 758 de 1990, aprobatorio del Acuerdo 049 de ese mismo a\u00f1o, en donde se se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abDebe admitirse que la providencia en cita arguy\u00f3 razones serias y respetables sobre la improcedencia de adjudicar el beneficio econ\u00f3mico pretendido por Danith de Jes\u00fas Ortega Ortega, empero, tampoco puede soslayarse que las consideraciones all\u00ed expuestas no acentuaron el estudio de las disposiciones que regulan lo atinente a la posibilidad de acumular tiempo de servicio a diferentes empleadores, p\u00fablicos y privados, tanto antes como despu\u00e9s de la vigencia de la Ley 100 de 1993, y las subreglas erigidas por la Corte Constitucional para el caso espec\u00edfico, proposiciones que al considerarse, conducir\u00edan a establecer con mayor certeza, si el consorte de la actora acreditaba el n\u00famero de semanas necesarias para obtener la pensi\u00f3n de vejez\u00bb. <\/p>\n
Ocasi\u00f3n en la que se reliev\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abPosteriormente, la Corte Constitucional en sentencia SU-769 de 16 de octubre de 2014, junt\u00f3 sus propios precedentes sobre la materia, y dispuso que ante la posibilidad de \u201c(\u2026) acumular tiempos de servicios prestados en entidades p\u00fablicas cuando no hubieren sido efectuados los aportes a alguna Caja o Fondo de Previsi\u00f3n Social o cuando no fueron cotizados al Instituto de Seguros Sociales (\u2026)\u201d proced\u00eda el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez \u201c(\u2026) de acuerdo con los requisitos establecidos en el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 2012 (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n
Y se concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abDe ese modo, todo tiempo de servicio debe producir efectos pensionales, debi\u00e9ndose reflejar en los requisitos para la pensi\u00f3n, por ejemplo, en los bonos y t\u00edtulos pensionales, c\u00e1lculos actuariales, tiempos de servicio, cotizaciones etc. Claro, trat\u00e1ndose de servidores particulares es requisito sine qua non la afiliaci\u00f3n del trabajador al sistema de seguridad social\u00bb. <\/p>\n
Postura reproducida en CSJ STC16427-2015 nov. 27 de 2015 rad. 2015-01937-01 y CSJ STC1987-2017 feb 16 de 2017 rad. 2016-02209-01, al estimarse que: <\/p>\n
\u00abDe ese modo, seg\u00fan el axioma y principio especial de la seguridad social, todo tiempo de servicio debe producir efectos pensionales, consecuencialmente este se debe reflejar en los requisitos para la pensi\u00f3n, por ejemplo, en los bonos y t\u00edtulos pensionales, c\u00e1lculos actuariales, tiempos de servicio, cotizaciones etc.\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en providencias m\u00e1s recientes, la Sala continu\u00f3 refrendando esa interpretaci\u00f3n, afianzando la tesis que aqu\u00ed se trae, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(…) en el caso bajo estudio, son indiscutibles los siguientes aspectos: i) el actor es beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n contemplado en la Ley 100 de 1993, por tanto, debe cumplir con los requisitos del art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensi\u00f3n de vejez, y ii) el gestor cotiz\u00f3 en toda su vida laboral un total de 1014.71 semanas, de las cuales 274.29 se efectuaron con exclusividad ante el ISS. <\/p>\n
Ahora, el motivo que torn\u00f3 nugatoria la referida prestaci\u00f3n econ\u00f3mica a la luz del mencionado Acuerdo, obedeci\u00f3, en palabras de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, a la imposibilidad de realizar \u201c(\u2026) la sumatoria de tiempos servidos al sector p\u00fablico con semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales (\u2026), por cuanto dicha disposici\u00f3n no contempla esa sumatoria de manera expresa (\u2026)\u201d. <\/p>\n
(…) Bajo esa tesitura, se observa que si la persona es beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n contemplado en la Ley 100 de 1993, la manera para contabilizar el n\u00famero de semanas requeridas para acceder a la pensi\u00f3n de vejez, es la establecida en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 36 de la citada normatividad, permitiendo este expresamente la suma de \u201ctiempos\u201d independientemente del ente ante el cual se realiz\u00f3 la cotizaci\u00f3n. <\/p>\n
El anterior tema ya hab\u00eda sido zanjado por la jurisprudencia constitucional en sentencia SU-769 de 2014, donde se expuso: (…) \u201ctambi\u00e9n es posible acumular el tiempo laborado en entidades p\u00fablicas respecto de las cuales el empleador no efectu\u00f3 las cotizaciones a alguna caja o fondo de previsi\u00f3n social, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales. Lo anterior, toda vez que se trata de una circunstancia que puede limitar el goce efectivo del derecho a la seguridad social, y porque el hecho de no haberse realizado las respectivas cotizaciones o descuentos no es una conducta que deba soportar el trabajador, m\u00e1s a\u00fan cuando era la entidad p\u00fablica la que asum\u00eda dicha carga prestacional (\u2026)\u201d\u00bb (CSJ STC101499-2018, 7 sep.; reiterada en STC4357-2019, 9 de abr. 2019, rad. 00308-01). <\/p>\n
5.4. As\u00ed mismo, esta Colegiatura considera oportuno destacar que, el pasado 1 de julio (SL1947-2020, rad. 70918), la homologa de Casaci\u00f3n Laboral permanente expresamente cambi\u00f3 su jurisprudencia en el sentido que viene de indicarse; aspecto que resulta relevante pues, aunque ese pronunciamiento no existiera para la fecha en que se profiri\u00f3 la resoluci\u00f3n aqu\u00ed confutada (27 de mayo de 2020), lo cierto es que all\u00ed se reafirma el criterio analizado, por lo que se transcribe en lo pertinente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es oportuno se\u00f1alar que la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha adoctrinado la improcedencia en la sumatoria de semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales con tiempos de servicios p\u00fablicos a efectos de conceder la pensi\u00f3n de vejez contemplada en el Acuerdo 049 de 1990, bajo el entendido de que esta normatividad no previ\u00f3 expresamente tal posibilidad, como s\u00ed lo hizo unos a\u00f1os atr\u00e1s la Ley 71 de 1988. <\/p>\n
En este sentido, la Sala predic\u00f3 que la pensi\u00f3n de vejez del Acuerdo 049 de 1990 solo pod\u00eda configurarse con el cumplimiento de las edades m\u00ednimas all\u00ed previstas y un m\u00ednimo de 500 semanas de cotizaci\u00f3n en los 20 a\u00f1os anteriores a \u00e9stas o 1000 semanas en cualquier \u00e9poca, bajo el presupuesto que \u00e9stas fueran efectivamente aportadas al ISS y en los t\u00e9rminos fijados por sus reglamentos. <\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia de la casaci\u00f3n del trabajo resalt\u00f3 que el legislador en el a\u00f1o 1993 dispuso el c\u00f3mputo de tiempos p\u00fablicos y privados para el acceso a la pensi\u00f3n de vejez, a trav\u00e9s de lo dispuesto en el par\u00e1grafo 1.\u00ba del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, solo que \u00e9ste resultaba aplicable a las pensiones gobernadas en su integridad por esta normativa (\u2026) <\/p>\n
Este criterio ha sido reiterado por la Sala, entre otras, en las providencias CSJ SL16104-2014, CSJ SL9088- 2015, CSJ SL9351- 2016, CSJ SL12701-2016, CSJ SL11447-2016, CSJ SL13153- 2016, CSJ SL8439-2016, CSJ SL18427-2016, CSJ SL11256-2016, CSJ SL1073- 2017, CSJ SL4271-2017 y, m\u00e1s recientemente, en los fallos CSL SL5514-2018, CSJ SL4541- 2018, CSJ SL5614-2019, CSJ SL5580-2019,CSJ5113-2019, CSJ SL4753-2019, CSJ SL4740-2019, CSJ SL4739-2019, CSJ SL3266-2019, CSJ SL2415-2019 y CSJ SL507-2020. <\/p>\n
No obstante, ante un nuevo estudio del asunto, la Corte considera pertinente modificar el anterior precedente jurisprudencial, para establecer que las pensiones de vejez contempladas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, aplicable por v\u00eda del r\u00e9gimen de transici\u00f3n de la Ley 100 de 1993, pueden consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y los tiempos laborados a entidades p\u00fablicas. <\/p>\n
Para modificar tal criterio jurisprudencial, debe destacarse que tal como lo ha indicado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, el r\u00e9gimen de transici\u00f3n de la Ley 100 de 1993 tuvo como finalidad esencial proteger las expectativas leg\u00edtimas de quienes estaban pr\u00f3ximos a pensionarse, a fin [de] que estuvieran cobijados por la legislaci\u00f3n precedente, en los aspectos definidos por el legislador. <\/p>\n
Este tipo de reg\u00edmenes se prev\u00e9 en los sistemas de seguridad social a fin de que los cambios legislativos en materia pensional no sean abruptos para los ciudadanos, sino que su aplicaci\u00f3n sea progresiva y gradual y no se afecten las expectativas leg\u00edtimas de quienes se encontraban cerca de consolidar los derechos prestacionales. Es el establecimiento de condiciones de transici\u00f3n lo que garantiza la aplicaci\u00f3n ultraactiva de la disposici\u00f3n anterior, se reitera, en algunos aspectos definidos por el propio legislador. <\/p>\n
Espec\u00edficamente, el r\u00e9gimen de transici\u00f3n contemplado en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 implic\u00f3 una protecci\u00f3n especial para quienes se encuentran cobijados por \u00e9ste, en el sentido de que la normativa anterior aplicable tendr\u00eda los mencionados efectos ultraactivos solamente en los aspectos de edad, tiempo y monto, pues el resto de condiciones pensionales se encuentran regidas por las disposiciones de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
De lo anterior se deriva que si la disposici\u00f3n precedente solo opera para las pensiones de transici\u00f3n en los puntos de edad, tiempo y monto, entonces la forma de computar las semanas para estas prestaciones se rige por el literal f) del art\u00edculo 13, el par\u00e1grafo 1.\u00ba del art\u00edculo 33 y el par\u00e1grafo del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, que disponen expresamente la posibilidad de sumar tiempos privados y tiempos p\u00fablicos, as\u00ed \u00e9stos no hayan sido objeto de aportes a cajas, fondos o entidades de previsi\u00f3n social. En efecto, el literal f) del art\u00edculo 13 y el par\u00e1grafo del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 establecen que para el reconocimiento de las pensiones se tendr\u00e1 en cuenta la suma de las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector p\u00fablico o privado, o el tiempo de servicio que se haya prestado en calidad de servidor p\u00fablico, cualquiera que sea el n\u00famero de semanas o el tiempo de servicio. <\/p>\n
En el mismo sentido, se reafirma, el par\u00e1grafo 1.\u00ba del art\u00edculo 33 de dicho precepto consagra la validez de los tiempos como servidor p\u00fablico para el c\u00f3mputo de las semanas. Esta lectura es acorde justamente con las finalidades propias de la Ley 100 de 1993, como ley del Sistema Seguridad Social Integral, pues esta regulaci\u00f3n permiti\u00f3 que las personas pudieran acumular semanas aportadas o tiempos servidos al Estado, indistintamente, para efectos de consolidar su pensi\u00f3n de vejez, bajo el presupuesto de que los aportes a seguridad social tengan soporte en el trabajo efectivamente realizado. <\/p>\n
Lo anterior permite reconocer que, durante su trayectoria profesional, las personas pueden estar unos tiempos en el sector p\u00fablico o en el sector privado, dado que ello hace parte de las contingencias del mercado laboral y lo relevante es que el Estado permita tener en cuenta lo uno y lo otro para el acceso a prestaciones econ\u00f3micas, pues, en \u00faltimas, lo que debe contar es el trabajo humano. La posibilidad de la sumatoria de tiempos parte tambi\u00e9n de la propia Ley 100 de 1993, que contempl\u00f3 diversos instrumentos de financiaci\u00f3n, tales como los bonos pensionales, los c\u00e1lculos actuariales o las cuotas partes, que permiten contabilizar todos los tiempos servidos y cotizados para efectos del reconocimiento de las prestaciones econ\u00f3micas, sin distinci\u00f3n alguna. <\/p>\n
En tal direcci\u00f3n, as\u00ed debe entenderse el par\u00e1grafo del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, que permite la sumatoria de tiempos p\u00fablicos y privados, por cuanto es inusual que un par\u00e1grafo no haga relaci\u00f3n a la tem\u00e1tica abordada por una norma, como en este caso ser\u00edan las pensiones derivadas del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, de modo tal que el c\u00f3mputo previsto en este par\u00e1grafo es predicable tanto para las prestaciones de Ley 100 de 1993 como las originadas por el beneficio de la transici\u00f3n de esta normatividad. <\/p>\n
Es de resaltar que este cambio de criterio jurisprudencial de la Sala est\u00e1 acorde a mandatos superiores y a la defensa del derecho a la seguridad social en tanto garant\u00eda fundamental de los ciudadanos, as\u00ed reconocida por diferentes instrumentos internacionales, tales como la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales de 1966 y el Protocolo de San Salvador de 1988, que, adem\u00e1s de estar ratificados por Colombia, hacen parte del denominado ius cogens\u00bb (Resaltado y negrillas fuera de texto). <\/p>\n
5.5. Ahora bien, en contrav\u00eda de los precedentes rese\u00f1ados, y prohijando la conclusi\u00f3n de la colegiatura ad quem, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral accionada adujo, en el caso revisado, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Aunado a lo expuesto, se destaca la improcedencia del c\u00f3mputo de tiempo de servicios p\u00fablicos y semanas cotizadas al ISS, a la luz de lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990; ello, en armon\u00eda con la jurisprudencia de la Sala sobre el particular, reiterada en la sentencia CSJ SL16104- 2014, CSJ SL12843-2015 en la cual se precis\u00f3: <\/p>\n
Para resolver el cuestionamiento atinente a la posibilidad de sumar tiempos de servicio oficial no cotizados a las cotizaciones efectuadas al Instituto demandado para acceder a las pensiones previstas en reg\u00edmenes anteriores al concebido en la Ley 100 de 1993, merced al r\u00e9gimen de transici\u00f3n de la misma normativa, es suficiente decir que esta tem\u00e1tica ha sido abordada por la Corte en los t\u00e9rminos que pasan a explicarse: Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68917 SCLAJPT-10 En primer lugar, ha considerado la jurisprudencia que tal posibilidad no procede respecto de pensiones de vejez previstas en los Acuerdos expedidos por el Instituto demandado Radicado n\u00b0. 48860, espec\u00edficamente el vigente en el t\u00e9rmino inmediatamente anterior a la Ley 100 de 1993, el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 del mismo a\u00f1o, pues cuando el Par\u00e1grafo Primero del Art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 alude a tal medida, remite es al art\u00edculo 33 de ese cuerpo normativo, esto es, a la pensi\u00f3n de vejez del Sistema General de Seguridad Social Integral all\u00ed concebido, no a la pensi\u00f3n de esa naturaleza que otorgara el demandado conforme a sus Acuerdos y que a\u00fan subsiste por el r\u00e9gimen de transici\u00f3n. <\/p>\n
En sentencia SL 16104-2014, del 5 de nov. de 2014 rad.44901, as\u00ed se record\u00f3 tal postura jurisprudencial: \u201cEsta Corporaci\u00f3n en pac\u00edfica y reiterada jurisprudencia, ha se\u00f1alado que para los beneficiarios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n cuyo r\u00e9gimen anterior sea el del Seguro Social contenido en el A. 049\/1990, aprobado por el D. 758 del mismo a\u00f1o, la exigencia del n\u00famero de semanas debe entenderse como aquellas efectivamente cotizadas al I.S.S., puesto que en el aludido acuerdo no existe una disposici\u00f3n que permita adicionar a las semanas cotizadas, el tiempo servido en el sector p\u00fablico, como s\u00ed acontece a partir de la L. 100\/1993 para las pensiones que se rijan en su integridad por ella, o como tambi\u00e9n puede ocurrir respecto a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes prevista en la L. 71\/1988, seg\u00fan el criterio expuesto en sentencia CSJ SL4457- 2014. (Subraya del texto). <\/p>\n
Al margen de lo discurrido, si lo pretendido por el censor era el estudio del derecho pretendido, teniendo en cuenta para tales efectos, la sumatoria del espacio temporal en el cual prest\u00f3 sus servicios en el sector p\u00fablico y las cotizaciones sufragadas al ISS, el r\u00e9gimen de transici\u00f3n aplicable era el contenido en el art\u00edculo 7 de la ley 71 de 1988, normativa que requiere consolidar una densidad de aportes equivalente a 20 a\u00f1os, temporalidad respecto de la cual las 509 semanas aportadas por la demandante resultan insuficientes para acreditar el derecho\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
Sin embargo, como viene resalt\u00e1ndose, esa motivaci\u00f3n no armoniza con la apuntada l\u00ednea jurisprudencial que sobre la tem\u00e1tica la Corte Constitucional ha decantado, esto es, la que viabiliza la sumatoria de tiempos cotizados al ISS con el lapso trabajado en entidades p\u00fablicas, por considerarla una soluci\u00f3n m\u00e1s conforme con los derechos iusfundamentales de los beneficiarios de la prestaci\u00f3n pensional. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior, que el an\u00e1lisis que sirvi\u00f3 a la Corporaci\u00f3n convocada para descartar la posibilidad de computar el tiempo cotizado ante el extinto ISS con el laborado en el sector p\u00fablico y no aportado a dicho instituto, aunque respetable, como se indic\u00f3, es opuesto al criterio orientador fijado por el Alto Tribunal Constitucional en los pronunciamientos de unificaci\u00f3n constitucional precitados (SU-769 de 2014 y SU-057 de 2018), lo que da lugar a la estructuraci\u00f3n de una de las causales espec\u00edficas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Entonces, se itera, como se satisfacen en este caso las causales gen\u00e9ricas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, y se demostr\u00f3 la comisi\u00f3n de una espec\u00edfica para el mismo prop\u00f3sito, se impone revocar la decisi\u00f3n censurada, para acceder al amparo suplicado, bajo la orden de que la Sala acusada renueve el fallo que se invalidar\u00e1, atendiendo las motivaciones que dieron lugar a la concesi\u00f3n del auxilio. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se revocar\u00e1 el fallo desestimatorio del a quo constitucional, porque en la providencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral se configur\u00f3 la causal espec\u00edfica de procedencia de la tutela contra providencias judiciales denominada \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb; en tanto se desatendieron las decisiones previas que, por su pertinencia para la resoluci\u00f3n del problema jur\u00eddico planteado por la censora, no pod\u00edan ser soslayadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR el fallo de 28 de enero de 2021, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales de Lucy del Carmen Camargo Palencia. <\/p>\n
TERCERO: DECLARAR sin valor ni efecto la sentencia dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 27 de mayo de 2020, as\u00ed como todas las actuaciones que de ella se desprendan. <\/p>\n
CUARTO: ORDENAR a la precitada autoridad judicial que, en el t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda nuevamente a resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a las consideraciones plasmadas en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
QUINTO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes y remitir el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7599-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC7599-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00029-01 (Aprobado en Sala de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 28 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-55007","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55007","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55007"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55007\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55007"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55007"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55007"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}