STC7617-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7617-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2021-00062-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 4 de mayo de 2021, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro de la salvaguarda promovida por Iv\u00e1n de Jes\u00fas Tob\u00f3n Restrepo al Juzgado Promiscuo del Circuito de Segovia de ese departamento, con ocasi\u00f3n del juicio reivindicatorio con radicado n\u00b02017-00005-03, incoado por el gestor contra Gabriel Antonio Tob\u00f3n Restrepo, al cual se acumul\u00f3 el decurso de pertenencia promovida por este \u00faltimo frente al actor. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
El 15 de septiembre de 1995, el impulsor compr\u00f3 a Gustavo Pel\u00e1ez el inmueble \u201cEl Piji\u00f1al\u201d, ubicado en Remedios -Antioquia-. <\/p>\n
En 2015, Gabriel Antonio Tob\u00f3n Restrepo demand\u00f3 al promotor ante el despacho del circuito cuestionado, con el prop\u00f3sito de obtener la declaraci\u00f3n de pertenencia de dicho predio, pretensi\u00f3n desestimada en fallo de 24 de noviembre de 2016. <\/p>\n
El 18 de enero de 2017, el actor exigi\u00f3 a Tob\u00f3n Restrepo la reivindicaci\u00f3n de la mencionada heredad en el Juzgado Promiscuo Municipal de la enunciada localidad. <\/p>\n
De manera paralela a ese ritual, el 13 de febrero postrero, Gabriel Antonio entabl\u00f3 una nueva usucapi\u00f3n respecto al tutelante en el precitado estrado, quien, en prove\u00eddo de 25 de abril ulterior, dispuso la acumulaci\u00f3n de los dos litigios rese\u00f1ados. <\/p>\n
Entre las defensas enarboladas por el censor a la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, formul\u00f3 la \u201cexcepci\u00f3n previa de cosa juzgada\u201d. <\/p>\n
El 30 de enero de 2019, se declar\u00f3 probado ese medio de contradicci\u00f3n y, en consecuencia, se rechaz\u00f3 el libelo de pertenencia, determinaci\u00f3n que fue objeto de apelaci\u00f3n por parte de Gabriel Antonio Tob\u00f3n Restrepo. <\/p>\n
En decisi\u00f3n de 10 de abril ulterior, el juzgado del circuito confutado resolvi\u00f3 la alzada revocando el prove\u00eddo protestado y ordenando continuar con el procedimiento reprochado. <\/p>\n
Mediante sentencia de 26 de febrero de 2020, el Juzgado Promiscuo Municipal de Remedios -Antioquia- acogi\u00f3 el pedimento reivindicatorio del ac\u00e1 el accionante y, deneg\u00f3 la pertenencia implorada por Gabriel Antonio Tob\u00f3n Restrepo. <\/p>\n
Inconforme con ello, Gabriel Antonio instaur\u00f3 recurso vertical, instrumento cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 al ad quem encausado. <\/p>\n
El aqu\u00ed suplicante recus\u00f3 a ese juzgador alegando que \u00e9ste hab\u00eda fallado, en 2016, la primera usucapi\u00f3n incoada por Tob\u00f3n Restrepo, ruego desestimado en auto de 13 de julio de 2020. <\/p>\n
En veredicto de 20 de octubre postrero, la sede judicial acusada infirm\u00f3 el pronunciamiento apelado y accedi\u00f3 a la pertenencia implorada por Gabriel Antonio Tob\u00f3n Restrepo, pues, aun cuando el inicialista era el titular del bien controvertido, en su sentir, se demostr\u00f3 que (i) el precio de la compra del inmueble lo pag\u00f3 Gabriel Antonio; (ii) luego de ello el actor se desentendi\u00f3 de la finca; (iii) Gabriel Antonio lo mejor\u00f3; (iv) no hubo acuerdo con el petente para explotarlo porque \u00e9ste tampoco aport\u00f3 trabajo o dinero alguno para el mantenimiento ni recibi\u00f3 las ganancias generadas por el fundo; (v) al quejoso no se le rend\u00edan cuentas; (vi) \u201cse tornaba irrelevante conocer c\u00f3mo ingreso al inmueble\u201d Gabriel Antonio Tob\u00f3n Restrepo, pues su posesi\u00f3n era superior a diez (10) a\u00f1os a la presentaci\u00f3n de la demanda y, en todo caso, aqu\u00e9l asumi\u00f3 la calidad de se\u00f1or y due\u00f1o cuando recibi\u00f3 la heredad en 1995; y (vii) el estrado a quo incurri\u00f3 en desafueros en la valoraci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n, en especial, por su \u201c(\u2026) poca visi\u00f3n (\u2026) de las labores del campo y lo que ellas implican (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Para el gestor, se lesionaron sus garant\u00edas por cuanto se tergiversaron, sesgaron y supusieron varios medios de convicci\u00f3n para arribar a una conclusi\u00f3n que no reflejaba el acervo probatorio. <\/p>\n
Asimismo, recrimina el prove\u00eddo en donde el funcionario atacado no se declar\u00f3 impedido y la competencia de \u00e9ste, pues, aduce, dada la situaci\u00f3n de violencia que lo oblig\u00f3 a salir de la regi\u00f3n, el asunto debi\u00f3 ser conocido por los jueces de restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, ordenar emitir un nuevo fallo de segunda instancia con un fallador imparcial y, en subsidio, dejar sin efecto todo lo actuado y disponer remitir el expediente a los estrados de restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
<\/p>\n
1. El despacho del circuito refutado defendi\u00f3 la legalidad de sus actuaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio, al incumplirse el requisito de inmediatez en cuanto a la determinaci\u00f3n de 13 de julio de 2020, tocante a la desestimaci\u00f3n de la recusaci\u00f3n propuesta por el reclamante y, por desatenderse la exigencia de la residualidad, en torno a la alegada falta de competencia de la sede judicial para zanjar la contienda. <\/p>\n
Atinente a la sentencia de 20 de octubre postrero, estim\u00f3 razonados lo argumentos all\u00ed esbozados. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante, reiterando los planteamientos rese\u00f1ados en la demanda de amparo. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se ratificar\u00e1 la decisi\u00f3n del a quo constitucional, solo en cuanto al naufragio de la salvaguarda por desentenderse los presupuestos de inmediatez, en torno al prove\u00eddo de 13 de julio de 2020, y, de subsidiaridad, en lo concerniente a la supuesta ausencia de competencia del enjuiciado. <\/p>\n
1.1 Sobre el primero, se evidencia, entre la presentaci\u00f3n del ruego tuitivo, acaecida el 26 de abril de 2021, y el mencionado auto de 13 de julio de 2020, mediante el cual el juzgado del circuito confutado no acogi\u00f3 la recusaci\u00f3n blandida por el impulsor, han trascurrido m\u00e1s de nueve (9) meses, tiempo que supera el t\u00e9rmino de seis (6) meses, establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Por tanto, si el petente se demor\u00f3 en incoar el resguardo frente a la referida decisi\u00f3n, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible al confutado y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
1.2. En relaci\u00f3n al segundo requisito se\u00f1alado, emerge la falta de alegato alguno sobre la falta de competencia del despacho del circuito fustigado para dirimir el debate, pues en el decurso criticado el actor nunca indic\u00f3 que el asunto deb\u00eda ser desatado por los jueces de restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)3\u201d. <\/p>\n
Con todo, si el precursor estima encontrarse dentro circunstancias previstas en la Ley 1448 de 2011, puede pedir a la Defensor\u00eda del Pueblo4, brindarle asesor\u00eda y apoyo en su caso, a fin de lograr su inclusi\u00f3n en el RUV5, as\u00ed como la inscripci\u00f3n del predio controvertido en el registro de tierras despojadas, estando facultado para ejercer la acci\u00f3n de restituci\u00f3n directamente o, por conducto de Unidad de Atenci\u00f3n Especial para la Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas6 ante el Juzgado del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras respectivo, para lograr la devoluci\u00f3n del predio objeto de debate. <\/p>\n
En torno a lo considerado esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) conforme a lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2591 de 1991, se torna nugatorio el amparo constitucional demandado, ya que si la normatividad ha dado los instrumentos jur\u00eddicos para la protecci\u00f3n de [los] derechos, (\u2026) ha de recurrirse a ellos y no a la tutela, la que no ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces ni para crear instancias adicionales a las existentes, sino que tiene el prop\u00f3sito claro, definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica indica, que no es otro diferente de brindar a la persona la protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta reconoce (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
2. Despejado lo anterior, debe determinarse si el estrado del circuito acusado conculc\u00f3 las prerrogativas del tutelante, al revocar la pretensi\u00f3n reivindicatoria del concedida a \u00e9l en primera instancia para, en su lugar, acoger la usucapi\u00f3n deprecada por Gabriel Antonio Tob\u00f3n Restrepo sobre el inmueble materia de disenso. <\/p>\n
En la sentencia de 20 de octubre de 2020, el ad quem convocado destac\u00f3 que, si bien el gestor era el titular del bien controvertido, en su sentir, se demostr\u00f3 que (i) el precio de la compra del inmueble lo pag\u00f3 Gabriel Antonio; (ii) luego de ello el actor se desentendi\u00f3 de la finca ; (iii) Gabriel Antonio lo mejor\u00f3; (iv) no hubo acuerdo con el petente para explotarlo porque \u00e9ste tampoco aport\u00f3 trabajo o dinero alguno para el mantenimiento ni recibi\u00f3 las ganancias generadas por el fundo; (v) al quejoso no se le rend\u00edan cuentas; (vi) \u201cse tornaba irrelevante conocer c\u00f3mo ingres\u00f3 al inmueble\u201d Gabriel Antonio Tob\u00f3n Restrepo, pues su posesi\u00f3n era superior a diez (10) a\u00f1os a la presentaci\u00f3n de la demanda y, en todo caso, aqu\u00e9l asumi\u00f3 la calidad de se\u00f1or y due\u00f1o cuando recibi\u00f3 la heredad en 1995; y (vii) el estrado a quo incurri\u00f3 en desafueros en la valoraci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n, en especial, por su \u201c(\u2026) poca visi\u00f3n (\u2026) de las labores del campo y lo que ellas implican (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Sobre el valor cancelado al vendedor Gustavo Pel\u00e1ez por la enajenaci\u00f3n de la heredad perfeccionada el 15 de septiembre de 1995, as\u00ed discurri\u00f3 la autoridad cuestionada: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [El testigo] Jos\u00e9 Manuel Tob\u00f3n Restrepo hermano [del impulsor y de] Gabriel Antonio manifest\u00f3 que la finca \u201cEl Piji\u00f1al\u201d es [del querellante Iv\u00e1n de Jes\u00fas], que tiene entendido que la finca le cost\u00f3 a don Iv\u00e1n $10.000.000, (\u2026) parte de esa plata la dio [el petente], $6.000.000, y la otra parte la dio Gabriel, no recuerda en qu\u00e9 fecha fue comprada la finca\u201d. <\/p>\n
\u201c[Afirm\u00f3 el declarante] que trabaj\u00f3 en la finca \u201cEl Piji\u00f1al\u201d desde el 94 hasta el a\u00f1o 98, entre sus labores estaba de darle vuelta a los ganados, recib\u00eda las \u00f3rdenes y rend\u00eda cuenta del trabajo a don Gabriel, porque Iv\u00e1n estaba ausente\u201d. <\/p>\n
\u201c[Adujo] Jos\u00e9 Manuel que Iv\u00e1n sali\u00f3 de la finca un tiempo, no recuerda en que \u00e9poca, y que volvi\u00f3 en 2009 o en 2010 y estuvo en la finca hasta el 2015, luego respondi\u00f3 el testigo que no vio a don Iv\u00e1n en [el predio] durante todo este [per\u00edodo] porque \u00e9l se fue de \u201cEl Piji\u00f1al\u201d en 1998, se enter\u00f3 que estaba all\u00e1, es decir, en este aspecto se trata de un testigo de o\u00eddas\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cLa declaraci\u00f3n del se\u00f1or Jos\u00e9 Manuel resulta interesante por ser hermano de los litigantes, labor\u00f3 entre los a\u00f1os 94 y 98 en [el inmueble], a \u00f3rdenes de don Gabriel, y tambi\u00e9n narr\u00f3 sobre las labores agr\u00edcolas que [el tutelante] realiz\u00f3 en [un fundo colindante] entre 2009 al 2015 y, aunque Jos\u00e9 Manuel reconoce como due\u00f1o a su hermano Iv\u00e1n, [aqu\u00ed quejoso], entrega la explicaci\u00f3n de su dicho, cuando afirm\u00f3: \u201cme imagino que quien tiene los papeles de eso es el due\u00f1o, entonces don Iv\u00e1n Tob\u00f3n es el due\u00f1o\u201d afirmaci\u00f3n que no admite ninguna discusi\u00f3n, pero para los efectos que ac\u00e1 nos interesa, es establecer si el se\u00f1or Gabriel Tob\u00f3n ha ejercido posesi\u00f3n material de la [heredad disputada]\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c[Expuso] la declarante que don Iv\u00e1n y Gabrielito (sic), (\u2026) han tenido como una sociedad, (\u2026) consiste en (\u2026) ponen[er] a producir las fincas, consiguen ganado, sacan madera, explotan las minas, (\u2026) hasta donde ella sabe Gabrielito, participa de las utilidades a don Iv\u00e1n [y,] (\u2026) cuando \u00e9ste trabajaba con su padre se enteraba que le hac\u00edan consignaciones de dineros de las tres fincas, pero no precisa los montos ni con qu\u00e9 frecuencia\u201d. <\/p>\n
\u201cComo puede verse, la se\u00f1ora Luz Marina reconoce a los se\u00f1ores Iv\u00e1n y Gabriel como socios, sin embargo, curiosamente a rengl\u00f3n seguido y sin ninguna explicaci\u00f3n afirm\u00f3: \u201cEn el momento entiendo yo que Gabrielito es el que est\u00e1 administrando la finca \u201cEl Piji\u00f1al\u201d. <\/p>\n
\u201c[Esboz\u00f3] la se\u00f1ora Pel\u00e1ez que se enter\u00f3 de unos acercamientos que hubo entre los hermanos Tob\u00f3n Restrepo para llegar a un acuerdo para partir [el bien e,] incluso fue emisaria de esa negociaci\u00f3n fallida, [en donde] se habl\u00f3 de un 50%, que don Gabriel ofreci\u00f3 un 30% pero Iv\u00e1n no acept\u00f3\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEl [gestor en su declaraci\u00f3n de parte revel\u00f3] que por la compra de la finca \u201cEl Piji\u00f1al\u201d pag\u00f3 al se\u00f1or Gustavo Pel\u00e1ez la suma de $6.000.000 de pesos y el se\u00f1or Gabriel Antonio pag\u00f3 $4.000.000 con lo que produc\u00edan las fincas. Respecto a la negociaci\u00f3n (\u2026) Gabriel Antonio dijo que fue \u00e9l quien pag\u00f3 $10.000.000 (\u2026) y, $1.000.000 adicional por concepto de intereses, y le dijo al se\u00f1or Gustavo Pel\u00e1ez que le hiciera la escritura a su hermano Iv\u00e1n, que confi\u00f3 en \u00e9l [pues] en esa \u00e9poca viv\u00eda en Medell\u00edn (\u2026)\u201d (destaca). <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
(\u2026) Las pruebas dejan ver que el se\u00f1or Gabriel Antonio Tob\u00f3n Restrepo no se comport\u00f3 como mayordomo de la finca El Piji\u00f1al, sino que sus pag\u00f3 parte del precio por la compra de la finca (\u2026)\u201d (destaca). <\/p>\n
La Sala observa que el alegato, seg\u00fan el cual, Gabriel Antonio no quiso aparecer como titular inscrito del predio, supone un argumento de \u201csimulaci\u00f3n relativa\u201d sobre toda la propiedad; en efecto, pese a demostrase un aporte suyo por $4.000.000 de los $10.000.000 del precio pactado, se le rest\u00f3 trascendencia a los $6.000.000 pagados por el demandante, para querer mostrar una relaci\u00f3n jur\u00eddica igual o superior respecto al inmueble. <\/p>\n
Con todo, es relevante que el promotor s\u00ed tuvo intenci\u00f3n de adquirir el predio, por cuanto cancel\u00f3 m\u00e1s de la mitad del precio convenido para figurar como due\u00f1o, con el t\u00edtulo ahora blandido en reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
El pago de $4.000.000 hecho por cual Gabriel Antonio, no lo hizo como propietario ni siquiera en parte y, tampoco hay prueba indicativa de que, por ese aporte, se hubiese convertido en poseedor total o, parcial de la heredad, desde el perfeccionamiento de la venta acaecido el 15 de septiembre de 1995, entre Iv\u00e1n de Jes\u00fas y Gustavo Pel\u00e1ez. <\/p>\n
Ahora bien, aun cuando en las acciones reivindicatoria y de usucapi\u00f3n resulta com\u00fan el tema de la posesi\u00f3n, su estudio para efectos de estructurar una y otra son diferentes. <\/p>\n
En la primera, la posesi\u00f3n debe ser posterior al t\u00edtulo y, por tanto, generalmente, el se\u00f1or\u00edo demostrado antes de la tradici\u00f3n, la frustra. Ello a no ser que se alleguen los t\u00edtulos antecedentes a la posesi\u00f3n. <\/p>\n
En cualquier hip\u00f3tesis reivindicatoria debe probarse la calidad de propietario en quien demanda, la calidad de poseedor del demandado, la identidad de la cosa objeto de restituci\u00f3n, de modo que coincida con los t\u00edtulos exhibidos y que corresponda al bien que posee el demandado. <\/p>\n
Al punto, la Sala ha reiterado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El \u00e9xito de la acci\u00f3n de dominio se supedita a la prueba de sus requisitos axiol\u00f3gicos: La titularidad del derecho de propiedad en el demandante. La posesi\u00f3n material del demandado. Y la identidad entre lo pose\u00eddo y pretendido. Todo, sobre un bien determinado o respecto de una cuota proindiviso en cosa singular. Estos requisitos se desprenden de los art\u00edculos 946, 947, 950 y 952 del C\u00f3digo Civil\u201d. <\/p>\n
\u201cLa carga de la prueba de tales exigencias corresponde a quien se halla privado de la posesi\u00f3n. La ley no exige un medio espec\u00edfico. Cualquiera que los descubra es id\u00f3neo y bastante. La confesi\u00f3n es uno de ellos. La Sala tiene sentado que cuando el demandado en la acci\u00f3n de dominio (\u2026) confiesa ser poseedor del inmueble en litigio, esa confesi\u00f3n tiene virtualidad suficiente para demostrar a la vez la posesi\u00f3n del demandado y la identidad del inmueble que es materia del pleito8\u201d. <\/p>\n
\u201cComo en otra ocasi\u00f3n adoctrin\u00f3, \u00absi con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n reivindicatoria el demandado confiesa ser poseedor del bien perseguido por el demandante o alega la prescripci\u00f3n adquisitiva respecto de \u00e9l, esa confesi\u00f3n apareja dos consecuencias probatorias: a) el demandante queda exonerado de demostrar la posesi\u00f3n y la identidad del bien, porque el primer elemento resulta confesado y el segundo admitido, b) el juzgador queda relevado de analizar otras probanzas tendientes a demostrar la posesi\u00f3n9\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c[La] doctrina probable de la Sala de la obligaci\u00f3n de exigir t\u00edtulo anterior a la posesi\u00f3n del demandado en desarrollo de la presunci\u00f3n del art. 762 del C. C., no sufre mengua alguna, tal cual, adelante se punt\u00faa\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed lo tiene sentado la Corte. La anterioridad del t\u00edtulo del reivindicante apunta no s\u00f3lo a que la adquisici\u00f3n de su derecho sea anterior a la posesi\u00f3n del demandado, sino al hecho de que ese derecho est\u00e9 a su turno respaldado por la cadena ininterrumpida de los t\u00edtulos de sus antecesores. Que si datan de una \u00e9poca anterior a la del inicio de la posesi\u00f3n del demandado, permiten el triunfo del reivindicante10 (\u2026)11\u201d. <\/p>\n
En la segunda, esto es, la usucapi\u00f3n, se exige probar \u00e1nimus y corpus exclusivo, pacifico, p\u00fablico e, ininterrumpido, por el t\u00e9rmino de diez (10) a\u00f1os a la presentaci\u00f3n de la demanda, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 2531 del C\u00f3digo Civil12. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, si el petente ten\u00eda inter\u00e9s en comprar, pagando parte del precio y admitiendo que su hermano Gabriel Antonio tambi\u00e9n realiz\u00f3 un aporte significativo en el valor de la heredad, no emerge una posesi\u00f3n anterior al t\u00edtulo del prenombrado, como para enervar la reivindicaci\u00f3n y, si este \u00faltimo, adem\u00e1s, deprec\u00f3 la prescripci\u00f3n adquisitiva, el requisito de la posesi\u00f3n posterior al t\u00edtulo para efectos de la restituci\u00f3n, estaba satisfecho. <\/p>\n
Con todo, claro est\u00e1, la contienda no queda todav\u00eda definida, dado el reclamo de prescripci\u00f3n adquisitiva elevado por Gabriel Antonio. <\/p>\n
En esa medida, el juzgador refutado deb\u00eda dilucidar cu\u00e1l era la relaci\u00f3n real entre aqu\u00e9llos respecto al inmueble y cu\u00e1ndo empez\u00f3 el se\u00f1or\u00edo Gabriel Antonio, pues a partir de all\u00ed, deb\u00eda computarse el tiempo necesario para usucapir. <\/p>\n
Sobre esas cuestiones neur\u00e1lgicas, el despacho recriminado esboz\u00f3 el relato de algunos testigos, quienes manifestaron haber visto al promotor en la finca hasta 1998, pues en ese a\u00f1o se march\u00f3 de la zona y regres\u00f3 en 2009; empero, los descalific\u00f3 por ser, en su decir, de o\u00eddas. <\/p>\n
Adicionalmente, rest\u00f3 valor suasorio a lo atestiguado por uno de los deponentes, reproch\u00e1ndole atribuir al aqu\u00ed censor el manejo de las \u201ccosas\u201d del fundo, aun cuando en el mismo, seg\u00fan asever\u00f3 el juzgador, solo hab\u00eda ganado. <\/p>\n
En adici\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que, si bien un declarante dijo haber pagado al actor dinero por el pastoreo de semovientes, mengu\u00f3 el alcance jur\u00eddico de lo declarado al acoger la versi\u00f3n Gabriel Antonio, quien reconoci\u00f3 el evento, pero dej\u00e1ndole \u201cen claro\u201d, al due\u00f1o de las vacas, en su momento, que la cancelaci\u00f3n debi\u00f3 hac\u00e9rsele a \u00e9l. <\/p>\n
Al punto, el ad quem fustigado rese\u00f1o lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Jos\u00e9 Manuel [relat\u00f3] que Iv\u00e1n sali\u00f3 de la finca un tiempo, no recuerda en que \u00e9poca, y que volvi\u00f3 en 2009 o en 2010 y estuvo en la finca hasta el 2015, luego respondi\u00f3 el testigo que no vio a don Iv\u00e1n en [el predio] durante todo este [per\u00edodo] porque \u00e9l se fue de \u201cEl Piji\u00f1al\u201d en 1998, se enter\u00f3 que estaba all\u00e1, es decir, en este aspecto se trata de un testigo de o\u00eddas\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cLa declaraci\u00f3n del se\u00f1or Jos\u00e9 Manuel resulta interesante por ser hermano de los litigantes, labor\u00f3 entre los a\u00f1os 94 y 98 en [el inmueble], a \u00f3rdenes de don Gabriel\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAl testigo Jos\u00e9 Manuel Tob\u00f3n Restrepo se le pregunt\u00f3 si entre el 2009 y el 2015 el se\u00f1or Iv\u00e1n ejerci\u00f3 actos de se\u00f1or y due\u00f1o en la finca El Piji\u00f1al, a lo cual respondi\u00f3: \u201c\u00e9l volteaba all\u00e1, y como la finca se maneja con trabajadores entonces estaba pendiente de los trabajadores que iban a dar vuelta al ganado y de las cosas que hab\u00edan ah\u00ed\u201d. Para el despacho esta respuesta no entrega ninguna informaci\u00f3n precisa sobre las labores que realiz\u00f3 el se\u00f1or IVAN en el piji\u00f1al, es una afirmaci\u00f3n gen\u00e9rica, no indic\u00f3 el testigo una fecha por lo menos aproximada de dichos actos; que estaba pendiente de los trabajadores, tampoco resulta cre\u00edble cuando el propio Iv\u00e1n dijo que era don Gabriel quien contrataba trabajadores y administraba la finca; que Iv\u00e1n estaba pendiente de cosas dijo el testigo. \u00bfSe pregunta el despacho? \u00bfpendiente de que cosas? si en El Piji\u00f1al no hay sino ganado?\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cSe dijo que para la \u00e9poca entre los a\u00f1os 2010 y 2015, Iv\u00e1n de Jes\u00fas Tob\u00f3n Restrepo le pidi\u00f3 $1.000.000 al se\u00f1or Ra\u00fal Carvajal, due\u00f1o del ganado que pasta en la finca, y el se\u00f1or Gabriel admiti\u00f3 que el se\u00f1or Carvajal le dio ese dinero pero que le dijo a \u00e9ste que no se lo pagaba porque \u00e9l no se lo hab\u00eda gastado, que esa plata la perd\u00eda don Ra\u00fal (\u2026)\u201d (\u00e9nfasis adrede). <\/p>\n
Para la Corte las apreciaciones del juzgado acusado son contradictorias, subjetivas y sesgadas, por cuanto resalta el parentesco de un deponente con los testigos que trabaj\u00f3 en el predio desde 1995 hasta 1998, pero descarta que hubiese visto al censor en el predio por ser ese dicho de o\u00eddas. <\/p>\n
Si el declarante era el hermano del suplicante y tuvo contacto con el inmueble, no se entiende c\u00f3mo su dicho es de o\u00eddas y, a la vez, resulta cre\u00edble que labor\u00f3 en la heredad en el per\u00edodo rese\u00f1ado, concluy\u00e9ndose la imposibilidad de ver haber visto al quejoso en el inmueble durante ese lapso. <\/p>\n
Tocante al regres\u00f3 del precursor en 2009, Jos\u00e9 Manuel Tob\u00f3n Restrepo atestigu\u00f3 que el petente se puso al corriente de las \u201ccosas\u201d de la finca, lo cual, tampoco podr\u00eda ser posible en palabras del juzgado encartado, pues si en el predio solo hab\u00eda ganado, era imposible extender la actividad del demandante a otros aspectos, verbigracia a las minas, madera y extracci\u00f3n de oro del rio junto a la heredad, acreditados como frutos producidos por el bien ra\u00edz disputado. <\/p>\n
Agr\u00e9guese, entre 2006 y 2015 se demostr\u00f3 que el accionante exigi\u00f3 a un arrendatario de los potreros destinados al pastoreo, el pago respectivo y a ello accedi\u00f3 ese tenedor, hecho aceptado por Gabriel Antonio. <\/p>\n
En esa medida, es evidente que un tercero con relaci\u00f3n directa con el inmueble reconoci\u00f3 al actor como due\u00f1o, pero, para el despacho, la sola afirmaci\u00f3n de Gabriel Antonio le rest\u00f3 valor a ese hecho porque, adujo, este \u00faltimo asever\u00f3 haber reconvenido a quien cancel\u00f3 el dinero, sin obrar otra prueba en apoyo de esa afirmaci\u00f3n. <\/p>\n
Para la Sala es reprensible la forma como el juzgado atacado aminora el reflejo natural de los medios de acreditaci\u00f3n, en aras de desvanecer la injerencia que el censor tuvo en el predio, negando, incluso, los hechos con argumentos contraevidentes il\u00f3gicos o falaces y soportando otros, con el mero dicho de Gabriel Antonio. <\/p>\n
Ese proceder del estrado confutado est\u00e1 a lo largo y ancho de la providencia examinada, porque acerca del aspecto trascendente de la relaci\u00f3n de Gabriel Antonio, varios testigos se\u00f1alaron que \u00e9ste era el administrador de la finca, pero el juzgador cuestion\u00f3 las declaraciones porque ese concepto, asegur\u00f3, era extra\u00f1o en Antioquia. De igual modo, el fallador demandado anot\u00f3 que la ponderaci\u00f3n de las probanzas realizada por la juez a quo, revelaba un desconocimiento de las actividades del campo que, seg\u00fan se extrae de sus aseveraciones, \u00e9l s\u00ed ten\u00eda, al ser oriundo de la regi\u00f3n y experto en las cuestiones ganaderas, pues expuso, en detalle, cu\u00e1les son, aun cuando a ning\u00fan peritaje o probanza hizo alusi\u00f3n sobre esa tem\u00e1tica. <\/p>\n
Al punto, as\u00ed disert\u00f3 el ad quem querellado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Es que en el argot de nuestra regi\u00f3n ni siquiera es com\u00fan el t\u00e9rmino administrador, en Antioquia hablamos de mayordomo o encargado, es quien est\u00e1 al frente de la finca, es como un gerente pero no de oficina, sino de velar por el buen estado de los potreros, los cercos y, lo m\u00e1s importante, el ganado, el mayordomo es un asalariado, es un pe\u00f3n de mayor categor\u00eda porque es el que maneja la finca, rinde cuentas peri\u00f3dicas al due\u00f1o, es al due\u00f1o de la finca o al patr\u00f3n como se le dice, a quien el mayordomo env\u00eda los datos con las novedades del ganado, como nacimientos, destetos, muertes, y el inventario. Y cuando se va a liquidar el ganado, que generalmente es cada a\u00f1o, ese d\u00eda llega a la finca el patr\u00f3n y el ganado lo encuentra encerrado en las corralejas porque previamente el mayordomo ha recogido los semovientes de los potreros, para que el due\u00f1o de la finca y el due\u00f1o del ganado realicen la liquidaci\u00f3n entre ellos, (en algunas fincas el patr\u00f3n se entera a trav\u00e9s de videos); y si se trata de ganado de leche la informaci\u00f3n al due\u00f1o es sobre la producci\u00f3n diaria de litros de leche, el queso y derivados, pero ninguna informaci\u00f3n de esta naturaleza entreg\u00f3 don Gabriel al se\u00f1or Iv\u00e1n Tob\u00f3n, a pesar de que \u00e9ste manifest\u00f3 que lleva apuntes de sus asuntos, cuando la juez le pregunt\u00f3 porque no present\u00f3 esos documentos, respondi\u00f3 el se\u00f1or Iv\u00e1n Tob\u00f3n que consider\u00f3 que no eran necesario aportarlos con la demanda. <\/p>\n
\u201cEl se\u00f1or Iv\u00e1n Tob\u00f3n Restrepo de manera insistente manifest\u00f3 que su hermano Gabriel Antonio es un administrador, sin embargo, luego de analizar las pruebas que obran en este juicio, concluye este funcionario que no se prob\u00f3 que el se\u00f1or Gabriel Tob\u00f3n haya ostentado la calidad de administrador de la finca El Piji\u00f1al\u201d. <\/p>\n
\u201cNo es admisible desde ning\u00fan punto de vista que pasen veinticinco (25) a\u00f1os sin que el due\u00f1o de una finca ganadera como lo es El Piji\u00f1al no reciba ning\u00fan rendimiento o utilidad, no siendo de recibo el argumento del se\u00f1or Iv\u00e1n Tob\u00f3n que nunca pidi\u00f3 informes porque se estaba invirtiendo\u201d. <\/p>\n
\u201cLas pruebas dejan ver que el se\u00f1or Gabriel Antonio Tob\u00f3n Restrepo no se comport\u00f3 como mayordomo de la finca El Piji\u00f1al, sino que sus actos han sido de se\u00f1or y due\u00f1o porque: \u201c(i) pag\u00f3 parte del precio por la compra de la finca, [pues] un mayordomo va a ganarse un sueldo no paga por la tierra que va a administrar.; (ii) don Gabriel nunca recibi\u00f3 una remuneraci\u00f3n de don Iv\u00e1n Tob\u00f3n por las labores que all\u00ed ha desempe\u00f1ado desde 1995; (ii) don Gabriel con su trabajo ha mejorado el predio que recibi\u00f3 en montes y rastrojos con solo dos (2) potreros donde pastaban veinte (20) reses, para tenerlo en el estado actual con doce (12) potreros [para] doscientos cincuenta (250) semovientes, estas labores requieren de un arduo trabajo y capital, y un mayordomo jam\u00e1s podr\u00e1 hacer esto por cuenta propia, esa inversi\u00f3n le corresponder\u00eda al due\u00f1o, es decir, al se\u00f1or Iv\u00e1n Tob\u00f3n, quien confes\u00f3 que no ha dado un solo peso para el mejoramiento de la finca \u201cEl Piji\u00f1al; (iii) el se\u00f1or Gabriel Antonio en todos estos a\u00f1os es quien compra, vende, realiza la liquidaci\u00f3n del ganado y recibe el dinero, siendo que en la pr\u00e1ctica, el tema de liquidaci\u00f3n y cruce de cuentas es entre patr\u00f3n y el due\u00f1o del ganado, la experiencia nos ense\u00f1a que el mayordomo maneja el ganado pero el patr\u00f3n es quien maneja la plata\u201d. <\/p>\n
\u201cQued\u00f3 probado que Gabriel Antonio Tob\u00f3n Restrepo es quien ha trabajado desde 1995 en la finca El Piji\u00f1al, lo ha hecho personalmente, con la ayuda de sus hijos y trabajadores que el mismo ha contratado y les ha pagado por sus servicios, es decir, ha cuidado, y mejorado la finca durante todos estos a\u00f1os; de las probanzas tambi\u00e9n se infiere que para cumplir sus labores no ha recibido \u00f3rdenes ni aportes de ninguna clase del se\u00f1or Iv\u00e1n de Jes\u00fas Tob\u00f3n Restrepo, es decir, don Gabriel se ha comportado como el verdadero due\u00f1o, porque un mayordomo o administrador jam\u00e1s se comportar\u00eda de este modo\u201d. <\/p>\n
\u201c[C]uando una persona [act\u00faa] como lo ha venido haciendo Gabriel Tob\u00f3n en la finca El Piji\u00f1al, es decir, como un poseedor durante m\u00e1s de veinte (20) a\u00f1os, se torna irrelevante conocer c\u00f3mo ingres\u00f3 al inmueble, qui\u00e9n pag\u00f3 el precio por la adquisici\u00f3n, tampoco importa si parte del precio se pag\u00f3 con el producido de la finca, ni quien figure como propietario inscrito, pues la calidad de poseedor supera todo lo anterior, y el mero hecho de que el se\u00f1or Gabriel hubiera ofrecido parte de la finca a su hermano Iv\u00e1n para solucionar las diferencias, no significa que hubiera renunciado a su posesi\u00f3n, porque realmente no lo ha hecho, adem\u00e1s, tampoco qued\u00f3 claro si el presunto ofrecimiento reca\u00eda sobre la finca El Piji\u00f1al, sobre las Mercedes, o de ambas\u201d. <\/p>\n
\u201cLa juez de primera instancia de una manera apurada y sin expresar porqu\u00e9 raz\u00f3n lleg\u00f3 a ese convencimiento dice que en el a\u00f1o 2009 don Iv\u00e1n volvi\u00f3 a la finca y retom\u00f3 lo que era suyo y tom\u00f3 posesi\u00f3n f\u00edsica de lo que le correspond\u00eda, que permaneci\u00f3 hasta el a\u00f1o 2015 tomando decisiones y cultivando en ella, mientras que don Gabriel segu\u00eda administrando\u201d. <\/p>\n
\u201cParece que la se\u00f1ora juez no se ubic\u00f3 en el escenario al que nos llevaron las pruebas, como lo dije antes, son dos (2) fincas que vinculan a los se\u00f1ores Tob\u00f3n Restrepo, una \u201cLas Mercedes o el Sin\u00fa\u201d, donde se encuentra la casa de habitaci\u00f3n y la otra \u201cel Piji\u00f1al\u201d, las fincas son colindantes y ambas est\u00e1n dedicadas a la ganader\u00eda, y seg\u00fan la prueba oral entre los a\u00f1os 2009 al 2015, o 2011 al 2014 como lo dijo don Gabriel, el se\u00f1or Iv\u00e1n Tob\u00f3n volvi\u00f3 a la regi\u00f3n, al popero, se residenci\u00f3 en \u201cLas Mercedes\u201d, all\u00ed cultiv\u00f3, no hay prueba que lo haya hecho en el Piji\u00f1al como lo afirma la juez, ni siquiera particip\u00f3 en la construcci\u00f3n de la corraleja que por esa \u00e9poca se realiz\u00f3 en la finca El piji\u00f1al, el mismo don Iv\u00e1n lo admiti\u00f3 que no recibi\u00f3 de parte de don Gabriel ninguna suma de dinero por concepto de utilidades del ganado, entonces \u00bfcu\u00e1les fueron las decisiones que tom\u00f3 don Iv\u00e1n en ese tiempo respecto al Piji\u00f1al?. <\/p>\n
\u201cLas pruebas no acreditan ninguna decisi\u00f3n del se\u00f1or Iv\u00e1n, y afirmar que don Gabriel continu\u00f3 administrando, tampoco puede ser una conclusi\u00f3n juiciosa extra\u00edda de las pruebas, las mismas que dejan ver que don Gabriel entre 2009 y 2015 continu\u00f3 cumpliendo sus mismas funciones en la finca el Piji\u00f1al, es decir, la llegada de don Iv\u00e1n no alter\u00f3 la calidad de don Gabriel, quien contin\u00fao atendiendo todos los quehaceres que el mantenimiento de potreros y el cuidado del ganado demandan, y bajo esta \u00f3ptica se podr\u00eda entender que sigui\u00f3 administrando, pero no como mayordomo del se\u00f1or Iv\u00e1n TOB\u00d3N, sino administrando su finca como se\u00f1or y due\u00f1o, sin rendirle cuentas a don Iv\u00e1n y sin entregarle ni un solo peso por concepto de utilidades, a pesar de que la liquidaci\u00f3n del ganado se hace anualmente como lo declar\u00f3 el se\u00f1or Carvajal due\u00f1o del ganado\u201d. <\/p>\n
\u201cOtro desatino en el fallo es afirmar que don Gabriel no prob\u00f3 que haya realizado mejoras en la finca el Piji\u00f1al, que solo se habla que haya realizado unos potreros; que poca visi\u00f3n tiene la funcionaria de las labores del campo y lo que ellas implican, le parece poco el cambio que ha tenido la finca El Piji\u00f1al desde el a\u00f1o 1995, (\u2026), esa transformaci\u00f3n es fruto del trabajo de muchos a\u00f1os, siendo esa la prueba fehaciente de los actos de se\u00f1or y due\u00f1o de se\u00f1or Gabriel Tob\u00f3n, y trat\u00e1ndose de una finca ganadera esas son las verdaderas mejoras. Afirm\u00f3 la funcionaria que don Gabriel no prob\u00f3 que haya realizado mejoras, y lo critica porque dej\u00f3 caer la casa que hab\u00eda en la finca El Piji\u00f1al; seg\u00fan lo expres\u00f3 el se\u00f1or Iv\u00e1n Tob\u00f3n se trataba de una \u201ccasucha\u201d en muy mal estado, y ya don Gabriel en su finca aleda\u00f1a las mercedes, ten\u00eda su casa de habitaci\u00f3n, luego tumbar o restaurar ese rancho en mal estado que all\u00ed exist\u00eda no tiene importancia para efectos de probar la posesi\u00f3n, m\u00e1xime que el Piji\u00f1al lo destin\u00f3 exclusivamente a la ganader\u00eda. Adem\u00e1s, la ley no describe cuales son las mejoras que se requieren para adquirir por prescripci\u00f3n, eso es materia de prueba y valoraci\u00f3n en cada caso concreto, tampoco es un requisito sine qua non para la usucapi\u00f3n, que el poseedor se encuentre a paz y salvo por concepto de pago del impuesto predial\u201d. <\/p>\n
\u201cNo solamente es desafortunada la valoraci\u00f3n probatoria realizada en el fallo de primera instancia, sino que la decisi\u00f3n resulta incoherente, porque al darle la calidad de administrador de la finca El Piji\u00f1al al se\u00f1or Gabriel Tob\u00f3n, no entiende este despacho porqu\u00e9 raz\u00f3n se acogieron las pretensiones de la demanda reivindicatoria, pues siendo el se\u00f1or Gabriel un simple tenedor, no tendr\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad la precitada acci\u00f3n. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cTomando como punto de partida la fecha del otorgamiento de la escritura p\u00fablica de compraventa de la finca El Piji\u00f1al, [esto es, el 15 de septiembre de 1995], para el momento de presentaci\u00f3n de la demanda [acaecida 13 de febrero de 2017], el se\u00f1or Gabriel Antonio Tob\u00f3n acumulaba m\u00e1s de veinti\u00fan (21) a\u00f1os de ejercer actos de se\u00f1or y due\u00f1o sobre el bien (\u2026)\u201d (se enfatiza). <\/p>\n
N\u00f3tese, el fallador enjuiciado coligi\u00f3 que tras la compra (i) el actor se desentendi\u00f3 de la finca, (ii) Gabriel Antonio la mejor\u00f3; (iii) no hubo acuerdo con el petente para explotarla porque \u00e9ste tampoco aport\u00f3 trabajo o dinero alguno para el mantenimiento ni recibi\u00f3 las ganancias generadas por el fundo; (iv) al quejoso no se le rend\u00edan cuentas; y (v) \u201cse tornaba irrelevante conocer c\u00f3mo ingreso al inmueble\u201d Gabriel Antonio Tob\u00f3n Restrepo, pues su posesi\u00f3n era superior a diez (10) a\u00f1os a la presentaci\u00f3n de la demanda y, en todo caso, aqu\u00e9l asumi\u00f3 la calidad de se\u00f1or y due\u00f1o cuando recibi\u00f3 la heredad en 1995; y (vi) el estrado a quo incurri\u00f3 en desafueros en la valoraci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n, en especial, por su \u201c(\u2026) poca visi\u00f3n (\u2026) de las labores del campo y lo que ellas implican (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Para la Sala se incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n denunciada, por cuanto la valoraci\u00f3n de las probanzas estuvo lejos de ser conjunta, coherente, arm\u00f3nica y razonada, al sesgarse, tergiversarse y suponerse, adrede, los hechos revelados por los medios de acreditaci\u00f3n. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, si el actor pag\u00f3 parte del predio por tener inter\u00e9s en ser titular en 1995 y el resto lo cancel\u00f3 Gabriel Antonio, era importante establecer cu\u00e1l era el v\u00ednculo jur\u00eddico entre ellos, pues la alegada posesi\u00f3n del segundo, como ya se indic\u00f3, no inici\u00f3 antes de la compra, como para fulminar la reivindicaci\u00f3n deprecada por el tutelante y, conceder, autom\u00e1ticamente, la pertenencia de Gabriel. <\/p>\n
De manera que, si el promotor, en principio, estuvo en el predio desde 1995 hasta 1998, como lo indic\u00f3 su hermano Jos\u00e9 Manuel Tob\u00f3n Restrepo y la hija del tradente, Luz Marina Pel\u00e1ez Arcila, no es cierto que Gabriel Tob\u00f3n hubiese sido poseedor desde el momento preciso de la compra, porque el censor aport\u00f3 dineros para adquirir el predio y ponerlo a su nombre. <\/p>\n
Ahora, habi\u00e9ndose el actor marchado del predio en 1998, deb\u00eda dilucidarse si, por ese hecho, Gabriel Antonio se convirti\u00f3 en posesor exclusivo de toda la heredad, teniendo en cuenta que el mero paso del tiempo no configura la posesi\u00f3n, seg\u00fan el criterio establecido por esta Sala al respecto. <\/p>\n
Se destaca, en la data de la compraventa, no se observa posible que Gabriel Antonio hubiese iniciado su se\u00f1or\u00edo, por cuanto en ese d\u00eda, el inmueble qued\u00f3 bajo la titularidad del censor, dado el desembolso de $6.000.000 efectuado por \u00e9l y, los $4.000.000 cancelados por el aducido usucapiente. <\/p>\n
Admitiendo solo en gracia de discusi\u00f3n que desde ese momento el precursor le reconoci\u00f3 posesi\u00f3n a Gabriel Antonio, \u00e9sta no fue sobre todo el fundo porque el petente estuvo ah\u00ed hasta 1998 y, en 2009, retorn\u00f3 al predio materia de controversia y, luego, se evidenci\u00f3 que un arrendatario le pag\u00f3 al actor por el pastoreo de ganado en ese bien, tal como lo reconoci\u00f3 Gabriel Antonio. <\/p>\n
De cualquier manera, si, eventualmente, pudo configurarse una coposesi\u00f3n, las utilidades y mejoras efectuadas por un comunero favorecen a la comunidad y, esa situaci\u00f3n deb\u00eda despejarse en la contienda para poder ubicar el hito a partir del cual, Gabriel Antonio adquiri\u00f3 la posesi\u00f3n exclusiva sobre el inmueble, para determinar si se cumpli\u00f3 con el tiempo de la prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio. <\/p>\n
En esa hip\u00f3tesis, para que la posesi\u00f3n de Gabriel Antonio fuese apta para usucapir todo el predio, deb\u00eda demostrarse, claramente, cu\u00e1ndo desconoci\u00f3 los derechos del demandante y se alz\u00f3 con esa condici\u00f3n de manera exclusiva, pac\u00edfica y p\u00fablica, porque si ello no ocurri\u00f3, la pertenec\u00eda naufraga y prospera la reivindicaci\u00f3n, dada la confesi\u00f3n al enarbolar la usucapi\u00f3n. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i uno solo de los part\u00edcipes opta por solicitar que se declare que es titular de la propiedad de la cosa, se impone a \u00e9l, en aras de sacar avante su aspiraci\u00f3n, demostrar que a partir de un determinado momento dej\u00f3 de poseer para la comunidad y empez\u00f3 a detentar el bien en forma exclusiva (\u2026)13\u201d (negrillas ajenos al texto original). <\/p>\n
En calenda m\u00e1s pr\u00f3xima, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La comunidad, por tanto, tambi\u00e9n al decir de la Sala, \u201cpuede tener manifestaci\u00f3n cabal en el hecho de la posesi\u00f3n (\u2026), caso en el cual lo natural es que la posesi\u00f3n se ejerza bien por todos los comuneros, o por un administrador en nombre de todos (\u2026). Desde luego, como con claridad lo ha advertido la jurisprudencia, que trat\u00e1ndose de la \u2018posesi\u00f3n de comunero\u2019 su utilidad es pro indiviso, es decir, para la misma comunidad\u201d14. <\/p>\n
\u201cEn ese orden de ideas, la coposesi\u00f3n expresada a trav\u00e9s del cuasicontrato de comunidad15, puede estar unida o no al derecho de dominio. Si concurre con la titularidad del mismo, simplemente, seg\u00fan lo discurrido en el apartado anterior, ser\u00e1n copropietarios sus integrantes\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora, reputada la posesi\u00f3n de comunero en nombre de la comunidad, nada obsta que esa presunci\u00f3n se rompa, por ejemplo, interversando uno de sus miembros la condici\u00f3n jur\u00eddica de tal, para empezar a ejercer una posesi\u00f3n propia, excluyente y exclusiva (\u2026)16\u201d. <\/p>\n
En el caso, el estrado fustigado desentendi\u00f3 los precitados preceptos al deducir, arbitrariamente, el inicio de la posesi\u00f3n exclusiva de Gabriel Antonio, el mismo dio d\u00eda de la compra, en donde el actor pag\u00f3 $6.000.000 y, aqu\u00e9l, $6.000.000, dej\u00e1ndose el predio a nombre del aqu\u00ed censor. <\/p>\n
Si Gabriel Antonio aleg\u00f3 posesi\u00f3n, deb\u00eda acreditar el momento exacto, a partir del cual dej\u00f3 a un lado el car\u00e1cter de administrador que le atribuyen los testigos, calidad que implica la gesti\u00f3n de los negocios por encargo de otro, tal como lo indicaron los declarantes, sin mudarse el alcance de esa condici\u00f3n por la regi\u00f3n en donde se ejecute. <\/p>\n
Lo antelado, porque en el fallo refutado no se hizo referencia probatoria a una situaci\u00f3n distinta en Antioquia; es decir, catalogar a alguien con mejor derecho y atributos de poseedor dado el l\u00e9xico, usos y costumbres de una zona en particular, exig\u00edan una prueba id\u00f3nea, igual frente al tema de los \u201casuntos del campo\u201d respecto al manejo del ganado, pues implican un conocimiento particular y concreto de hechos particulares y, de contera, ajeno a las reglas de la experiencia, fundadas en un saber que, con prudente observaci\u00f3n y an\u00e1lisis, permite inferir una conducta o fen\u00f3meno, en virtud de una percepci\u00f3n uniforme, comprendida, generalmente, por todos. <\/p>\n
En cuanto lo esbozado, la Corte ha dicho: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las reglas del criterio humano influyen en diversos aspectos de la actividad jurisdiccional, principalmente, en lo relativo a la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas, en la elaboraci\u00f3n de presunciones, en la apreciaci\u00f3n de la prueba con miras a la formaci\u00f3n de la convicci\u00f3n del juez y, finalmente, para colmar aquellos preceptos jur\u00eddicos incompletos que deben ser complementados por el sentenciador. En trat\u00e1ndose de la estimaci\u00f3n probatoria, la sana cr\u00edtica apareja aquel modo de apreciar la prueba en el que el juzgador, \u201cteniendo por derrotero \u00fanicamente las reglas de la l\u00f3gica, de la ciencia y de la experiencia que, seg\u00fan su entender, sean aplicables a un determinado caso, goza de libertad para valorarla, cuid\u00e1ndose, claro est\u00e1, de exponer razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba. A tal sistema de valoraci\u00f3n alude el art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u201d (casaci\u00f3n del 16 de noviembre de 1999)\u201d. <\/p>\n
Dicho sistema de valoraci\u00f3n de las pruebas se encuentra estructurado sobre la libertad y autonom\u00eda del juzgador para determinar el peso de las mismas y obtener su propio convencimiento, bajo el apremio, \u00fanicamente, de enjuiciarlas por medio del sentido com\u00fan, la l\u00f3gica y las reglas de la experiencia, entendiendo por estas \u00faltimas, aquellos dict\u00e1menes hipot\u00e9ticos de car\u00e1cter general originados en el saber emp\u00edrico, a partir de situaciones concretas, pero que, deslig\u00e1ndose de \u00e9stas, adquieren validez en nuevas circunstancias o, lo que es lo mismo, \u201caquellas m\u00e1ximas nacidas de la observaci\u00f3n de la realidad que ata\u00f1e al ser humano y que sirve de herramienta para valorar el material probatorio de todo juicio\u201d (casaci\u00f3n del 24 de marzo de 1998). Si bien, como ya se ha dicho, el sistema de la sana cr\u00edtica se finca sobre la libertad del juzgador en la actividad intelectiva que presupone la valoraci\u00f3n de la prueba, \u00e9ste, al realizar la labor que se le ha confiado no puede descarriarse hacia la arbitrariedad, pues la ponderaci\u00f3n de las pruebas se encuentra sometida a la racionalidad nacida de las m\u00e1ximas de la l\u00f3gica y las reglas de la experiencia. <\/p>\n
Estas reglas, hay que decirlo de una vez, son parte de la argumentaci\u00f3n del juez y no constituyen en s\u00ed mismas prescripciones, pues carecen de vinculaci\u00f3n normativa, ya que asumen la apariencia de proposiciones del ser, es decir, de c[\u00f3]mo son las cosas, no prescriptivas de como deber\u00edan ser. Son principios de contenido f\u00e1ctico que se caracterizan por tener valor general, por ser variables, heterog\u00e9neas y estar en constante y permanente transformaci\u00f3n, cabalmente por encontrarse fincadas en la cotidianidad del ser humano, sometidas, subsecuentemente, al dinamismo propio del acontecer social. De ellas se vale el juzgador para enjuiciar las diversas afirmaciones del proceso, rechazando aquellas que las contrar\u00eden y para aceptar y concordar las que se relacionen con la realidad social\u201d. <\/p>\n
\u201cDada su naturaleza, no es factible que el legislador las plasme en normas jur\u00eddicas, desde luego que es imposible que \u00e9ste condense en un texto legal las reglas de la l\u00f3gica y las m\u00e1ximas cient\u00edficas o de la experiencia de las que se pueda valer el juez para valorar las pruebas e, inclusive, de ser ello posible, dejar\u00eda de ser un sistema fincado en la libertad del juez para regresarse a uno de tarifa legal. En ese orden de ideas, la sana cr\u00edtica en la apreciaci\u00f3n de las pruebas presupone una abdicaci\u00f3n de la soberan\u00eda del legislador en la materia, para confi\u00e1rsela la actividad discrecional del juez, no reglada, obviamente, por la ley (\u2026)17\u201d (subraya original y negrilla ex texto). <\/p>\n
En cuanto a los lineamientos para valorar las pruebas conforme a las reglas de la experiencia y la sana critica, la Corte en reciente oportunidad, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Por su parte, Michele Taruffo, sostiene que cuando se habla de libre convencimiento o de evaluaci\u00f3n fundada en las reglas de la sana cr\u00edtica se hace referencia \u00aba la necesidad de que el juez formule una evaluaci\u00f3n racional de la eficacia de las pruebas. \u00c9sta debe desarrollarse y fundarse en un razonamiento l\u00f3gicamente estructurado, mediante una o m\u00e1s inferencias l\u00f3gicamente controlables\u00bb18. Y a prop\u00f3sito de la exigencia de motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n judicial en conexi\u00f3n con el an\u00e1lisis probatorio, el mismo autor, sostiene que\u201d. <\/p>\n
\u201c [L]a motivaci\u00f3n del juicio sobre los hechos debe tener al menos dos caracter\u00edsticas fundamentales: 1) tiene que ser completa, lo que significa que debe involucrar todas las pruebas relacionadas con todos los hechos de la causa, con una justificaci\u00f3n espec\u00edfica y anal\u00edtica de las evaluaciones que el juez formul\u00f3 a prop\u00f3sito de cada una de las pruebas que han sido adquiridas en el juicio, y 2) el razonamiento que el juez desarrolla en la motivaci\u00f3n con el fin de justificar su decisi\u00f3n sobre los hechos debe ser l\u00f3gicamente correcto, porque s\u00f3lo de esta manera es posible verificar si la decisi\u00f3n est\u00e1 fundada en buenas razones, tales que hagan entender que lleg\u00f3 a establecer de manera racional la verdad de los hechos19 (\u2026)20\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los argumentos que dio el juzgado del circuito cuestionado para acoger la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio deprecada y, de contera, desestimar la reivindicaci\u00f3n rogada por el accionante, configuran, un defecto f\u00e1ctico y sustantivo con la entidad suficiente para conculcar las prerrogativas fundamentales del censor y, por tanto, ameritan la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, por la forma c\u00f3mo se le rest\u00f3 m\u00e9rito probatorio a las evidencias y se le hizo dar un significado y alcance que no reflejaban en conjunto y, dada la inobservancia a los presupuestos sustantivos y jurisprudenciales de la posesi\u00f3n, frente la acci\u00f3n reivindicatoria y la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio. <\/p>\n
Por tanto, se insiste, si Gabriel Antonio no era administrador sino coposeedor, deb\u00eda establecerse cu\u00e1ndo mud\u00f3 esa \u00faltima condici\u00f3n, a la de un se\u00f1or\u00edo exclusivo con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o y si, en efecto, fue un administrador, del mismo modo, correspond\u00eda desentra\u00f1arse a partir de qu\u00e9 momento troc\u00f3 a poseedor, puntos relevantes desatendidos por las razones antes esbozadas. <\/p>\n
2.1. Al margen de lo explicado, es importante recordar, conforme a la funci\u00f3n ecol\u00f3gica de la propiedad21, y la idea del desarrollo sostenible, que la explotaci\u00f3n del predio por el prescribiente, no es, ni podr\u00e1 ser desinteresada ni abusiva con los \u00abDerechos de la Naturaleza\u00bb, pues tales facultades se encuentran limitadas por los atributos de las generaciones presentes y futuras (derechos intergeneracionales). As\u00ed se debe procurar garantizar un equilibrio adecuado frente a la preservaci\u00f3n y el consumo equitativo de los recursos naturales. De modo que se deber\u00e1 proteger lo h\u00eddrico y lo forestal que existe en la parcialidad materia de controversia, por imperativos constitucionales, como obligaci\u00f3n del reivindicante o, del prescribiente, seg\u00fan corresponda. <\/p>\n
En lo tocante con la protecci\u00f3n, conservaci\u00f3n y defensa de la naturaleza, la Ley 2 de 1959, aboga por la defensa de las \u201cZonas Forestales Protectoras\u201d y \u201cBosques de Inter\u00e9s General\u201d, como regiones especiales, relativizando el concepto de propiedad como derecho absoluto y, por el contrario, apuntando a la funci\u00f3n social y ecol\u00f3gica. La Ley 23 de 1973, siguiendo la Declaraci\u00f3n de Estocolmo de 1972, enrumba el concepto de orden p\u00fablico ecol\u00f3gico, se\u00f1alando que \u201cel medio ambiente est\u00e1 constituido por la atm\u00f3sfera y los recursos naturales renovables\u00bb y su finalidad es \u201cprevenir y controlar la contaminaci\u00f3n del medio ambiente, y buscar el mejoramiento, conservaci\u00f3n y restauraci\u00f3n de los recursos naturales renovables\u201d. Por ello, bajo su amparo se expidi\u00f3 el C\u00f3digo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protecci\u00f3n al ambiente, Decreto-Ley 2811 de 1974, cuyo texto gira bajo la concepci\u00f3n del ambiente como res communis omnium, por virtud del car\u00e1cter comunitario, p\u00fablico y social de la naturaleza, reflejada en la atm\u00f3sfera y el espacio a\u00e9reo Nacional; las aguas, la tierra incluidos el suelo y el subsuelo; la flora, la fauna. Estas leyes censuran el deterioro ambiental, por causa de la contaminaci\u00f3n del aire, de las aguas, del suelo y de los dem\u00e1s recursos naturales renovables; la degradaci\u00f3n, la erosi\u00f3n, en fin, todo lo nocivo en contra de la naturaleza. <\/p>\n
Luego de la Constituci\u00f3n de 1991 ha venido la Ley 99 de 1993, edificada sobre la Declaraci\u00f3n de R\u00edo de 1992, procurando tambi\u00e9n, materializar la Carta Pol\u00edtica. La Ley 1333 de 2009, tiene de particular, la implementaci\u00f3n de un sistema sancionatorio por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n al sistema jur\u00eddico ambiental. En algunas otras leyes posteriores se observa un derrotero muy similar al de sus antecesoras, en pro de la protecci\u00f3n de la Naturaleza: el Decreto 2372 de 2010 regul\u00f3 el sistema Nacional de \u00c1reas Protegidas (SINAP); la Ley 1774 de 2016, contra el maltrato animal, modific\u00f3 el C\u00f3digo Penal y les dio la condici\u00f3n de seres sintientes; la Ley 1081 de 2016 (C\u00f3digo Nacional de Polic\u00eda y Convivencia) en cuyo t\u00edtulo IX sanciona conductas que atenten contra los recursos h\u00eddricos, contra la fauna, flora, aire y \u00e1reas protegidas, etc. <\/p>\n
Y en ese proceso, se halla la Constituci\u00f3n de 1991, ecol\u00f3gica en su esencia, consagratoria de forma expresa de los Derechos de la Naturaleza, imponiendo la obligaci\u00f3n de protegerlos, tanto al Estado, a las autoridades administrativas y judiciales, como a los particulares. Por ello, adopta un modelo de desarrollo sostenible, reconoce el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano, resguarda la participaci\u00f3n ciudadana para su protecci\u00f3n, da autonom\u00eda a las autoridades ambientales; apuesta por la funci\u00f3n ecol\u00f3gica de la propiedad, ordena la educaci\u00f3n ambiental, autoriza la declaratoria de emergencia ecol\u00f3gica, apoya la cooperaci\u00f3n fronteriza ambiental, defiende propiedad estatal del subsuelo y de los recursos naturales, y propende por la libertad econ\u00f3mica pero limitada del ambiente. <\/p>\n
En consecuencia en la decisi\u00f3n que se tome, el juez deber\u00e1 adoptar paralelamente las medidas necesarias para imponer la protecci\u00f3n de los recursos h\u00eddricos, forestales y ambientales que fueren del caso, de acuerdo al ordenamiento jur\u00eddico de protecci\u00f3n ambiental. <\/p>\n
3. A los funcionarios judiciales, les corresponde evaluar los medios de juicio de forma conjunta y, respecto de cada uno, deben exponer \u201c(\u2026) siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne[n] (\u2026)\u201d. En torno a lo anotado, esta Sala indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l defecto f\u00e1ctico [por indebida valoraci\u00f3n probatoria], en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculos 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u2019 (sentencia de 10 de octubre de 2012, exp. 2012-02231-00, reiterada el 8 de mayo de 2013, exp. 2013-00105-01) (\u2026)\u201d24. <\/p>\n
4. Si bien esta Sala ha considerado que en la labor de administrar justicia, los juzgadores gozan de libertad para la ex\u00e9gesis del ordenamiento jur\u00eddico y la valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos25, motivo por el cual el fallador de tutela no puede inmiscuirse en sus pronunciamientos; en los eventos en los cuales la autoridad profiere una decisi\u00f3n ostensiblemente contradictoria o desajustada del plexo normativo o de la jurisprudencia, como la aqu\u00ed atacada; es factible la intervenci\u00f3n de esta particular jurisdicci\u00f3n, por cuanto, se afecta rectamente el debido proceso y el principio de identidad en la construcci\u00f3n del silogismo judicial, menoscabando el derecho a la defensa. <\/p>\n
Varios principios y derechos en los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos imponen la obligatoriedad de motivar la sentencia judicial: el de publicidad porque asegura la contradicci\u00f3n del fallo y muestra la transparencia con que act\u00faan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisi\u00f3n no habr\u00e1 motivos para impugnar; el de racionalidad para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas; los de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado Constitucional. <\/p>\n
El deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso. <\/p>\n
5. El cargo por v\u00eda de hecho inconstitucional prospera, aclarando que lo aqu\u00ed prove\u00eddo no implica que se deba acceder o denegar la reivindicaci\u00f3n y la usucapi\u00f3n materia de controversia. Con todo, se prevendr\u00e1 al fallador acusado para que, en lo sucesivo, se abstenga de incurrir en conductas como las originarias de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, se revocar\u00e1 el fallo del tribunal para ordenarle al estrado del circuito convocado que, dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, deje sin efecto la providencia que emiti\u00f3 el 20 de noviembre de 2020 y, en el mismo plazo, defina, nuevamente, la apelaci\u00f3n planteada por Gabriel Antonio Tob\u00f3n Restrepo, conforme a lo aqu\u00ed se\u00f1alado. <\/p>\n
7. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada, dado el control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196926, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d27, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
7.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio28. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
7.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados, incluido Colombia29, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales30; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas31. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
8. De acuerdo a lo discurrido, se infirmar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada y, en su lugar, CONCEDER la protecci\u00f3n rogada por Iv\u00e1n de Jes\u00fas Tob\u00f3n Restrepo. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR al Juzgado Promiscuo del Circuito de Segovia -Antioquia- que, dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo, deje sin efecto el pronunciamiento que emiti\u00f3 el 20 de noviembre de 2020, as\u00ed como las determinaciones derivadas de \u00e9ste y, en el mismo plazo, defina, nuevamente, la apelaci\u00f3n planteada por Gabriel Antonio Tob\u00f3n Restrepo, conforme a lo aqu\u00ed se\u00f1alado. Env\u00edesele la reproducci\u00f3n de esta sentencia. <\/p>\n
TERCERO: Prevenir a la autoridad confutada para que, en lo sucesivo, se abstenga de incurrir en conductas como las originarias de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
CUARTO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC11177-2018 de 3 de septiembre de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
5\u0002 Registro \u00danico de Victimas <\/p>\n
6\u0002 \u201c(\u2026) Ley 1448 de 2011 (\u2026). Art\u00edculo 81. Legitimaci\u00f3n. Ser\u00e1n titulares de la acci\u00f3n regulada en esta ley: (\u2026). Las personas a que hace referencia el art\u00edculo 75 (\u2026). Su c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente con quien se conviva al momento en que ocurrieron los hechos o amenazas que llevaron al despojo o al abandono forzado, seg\u00fan el caso (\u2026). Cuando el despojado, o su c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente hubieran fallecido, o estuvieren desaparecidos podr\u00e1n iniciar la acci\u00f3n los llamados a sucederlos, de conformidad con el C\u00f3digo Civil, y en relaci\u00f3n con el c\u00f3nyuge o el compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente se tendr\u00e1 en cuenta la convivencia marital o de hecho al momento en que ocurrieron los hechos (\u2026). En los casos contemplados en el numeral anterior, cuando los llamados a sucederlos sean menores de edad o personas incapaces, o estos vivieran con el despojado y dependieran econ\u00f3micamente de este, al momento de la victimizaci\u00f3n, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas actuar\u00e1 en su nombre y a su favor (\u2026). Los titulares de la acci\u00f3n podr\u00e1n solicitar a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Tierras Despojadas que ejerza la acci\u00f3n en su nombre y a su favor (\u2026) (se destaca). <\/p>\n
7\u0002 CSJ. STC de 13 de marzo de 2013, exp. 52001-22-13-000-2013-00011-01. <\/p>\n
8\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 12 diciembre de 2001 (radicado 5328), doctrina reiterada en fallo de SC4046-2019 de 30 de septiembre de 2019. <\/p>\n
9\u0002 CSJ. Civil. Sentencia 003 de 14 de marzo 1997 (radicado 3692), reiterada en fallo de 4 de marzo de 2016 (expediente 00045), entre otras muchas. <\/p>\n
10\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 25 de mayo de 1990. Doctrina reiterada en fallos de 8 de febrero de 2002 (expediente 6758) y 20 de junio de 2017 (radicado 00831), entre otros muchos. <\/p>\n
11\u0002 CSJ. SC540-2021 de 1\u00b0 de marzo de 2021, exp. 11001-31-03-017-2012-00238-01. <\/p>\n
12\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 2531. Prescripci\u00f3n extraordinaria de cosas comerciables. El dominio de cosas comerciables, que no ha sido adquirido por la prescripci\u00f3n ordinaria, puede serlo por la extraordinaria, bajo las reglas que van a expresarse: (\u2026). 1a. Para la prescripci\u00f3n extraordinaria no es necesario t\u00edtulo alguno (\u2026). 2a. Se presume en ella de derecho la buena fe sin embargo de la falta de un t\u00edtulo adquisitivo de dominio (\u2026). 3a. Pero la existencia de un t\u00edtulo de mera tenencia, har\u00e1 presumir mala fe, y no dar\u00e1 lugar a la prescripci\u00f3n, a menos de concurrir estas dos circunstancias: (\u2026). 1a.) Que el que se pretende due\u00f1o no pueda probar que en los \u00faltimos diez (10) a\u00f1os se haya reconocido expresa o t\u00e1citamente su dominio por el que alega la prescripci\u00f3n 2a.) Que el que alegue la prescripci\u00f3n pruebe haber pose\u00eddo sin violencia clandestinidad, ni interrupci\u00f3n por el mismo espacio de tiempo (\u2026). 2a.) Que el que alegue la prescripci\u00f3n pruebe haber pose\u00eddo sin violencia clandestinidad, ni interrupci\u00f3n por el mismo espacio de tiempo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
13\u0002 CSJ. STC623-2014 de 30 de enero de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-00095-00 <\/p>\n
14\u0002 CSJ. Civil. Sentencias de 29 de octubre de 2001 (expediente 5800), de 14 de diciembre de 2005 (radicaci\u00f3n 00548) y de 22 de julio de 2010 (expediente 00855). <\/p>\n
15\u0002 Seg\u00fan el art\u00edculo 2322 del C\u00f3digo Civil, \u201c[l]a comunidad de una cosa universal o singular, entre dos o m\u00e1s personas, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convenci\u00f3n relativa a la misma cosa, es una especie de cuasicontrato\u201d. <\/p>\n
16\u0002 CSJ.SC1939-2019 de 5 de junio de 2019. exp. 05308-31-03-001-2005-00303-01 <\/p>\n
17\u0002 CSJ. SC de 30 de septiembre de 2004, exp 7549. <\/p>\n
18\u0002 Verdad, prueba y motivaci\u00f3n en la decisi\u00f3n sobre los hechos. 1\u00b0 ed. 2013, M\u00e9xico. Serie Cuadernos de Divulgaci\u00f3n de la Justicia Electoral, p\u00e1g. 89. <\/p>\n
19\u0002 Ibid. p\u00e1g. 91 <\/p>\n
20\u0002 CSJ. SC3249-2020 de 7 de septiembre de 2020, exp. 11001-31-10-019-2011-00622-02. <\/p>\n
21\u0002 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, arts. 58, 79 y 80. <\/p>\n
22\u0002 CSJ STC4360-2018. <\/p>\n
23\u0002 CSJ. SC3271-2020 de 12 de febrero de 2020. exp. 50689-31-89-001-2004-00044-01 <\/p>\n
24\u0002 CSJ.STC de 27 de noviembre de 2013, exp. 1800122140002013-00109-01 <\/p>\n
25\u0002 CSJ. STC de19 jun. 2013, rad. 2013-00182-01. <\/p>\n
26\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
27\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
28\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
29\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
30\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
31\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC7617-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC7617-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2021-00062-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 4 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-55011","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55011","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55011"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55011\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55011"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55011"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55011"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}