STC7618-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7618-2021 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 19 de mayo de 2021, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por TDM Transportes S.A.S. contra el Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de esa ciudad, conformado por los \u00e1rbitros Anne Marie M\u00fcrrle Rojas, Henry Sanabria Santos y Alfredo Tamayo Jaramillo, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201ccumplimiento de contrato\u201d adelantado por Planet Cargo S.A.S. a Seguros Comerciales Bol\u00edvar S.A. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora implora la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente lesionado por el accionado. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden los hechos que a continuaci\u00f3n se describen: <\/p>\n
Ante la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn, la sociedad Planet Cargo S.A.S. convoc\u00f3 un Tribunal de Arbitramento frente a Seguros Comerciales Bol\u00edvar S.A., con el fin de hacer efectivo el contrato de seguro de transporte contenido en la p\u00f3liza n\u00famero 4000890-01, con ocasi\u00f3n de la p\u00e9rdida de la mercanc\u00eda all\u00ed amparada. <\/p>\n
Dentro de ese decurso, TDM Transportes S.A.S. \u2013 aqu\u00ed tutelante – fue \u201cllamada en garant\u00eda\u201d junto con Transportes Lodiscarga S.A.S., a quienes, en auto de 28 de julio de 2020, se le admiti\u00f3 la contestaci\u00f3n efectuada frente a ese llamamiento. <\/p>\n
El ente societario all\u00ed demandado, present\u00f3 \u201creforma\u201d a los \u201cllamamientos en garant\u00eda\u201d, para incluir dentro de ellos a \u201cHapag-Lloyd Aktiengesellschaft, representada por Hapag Lloyd Colombia Ltda.\u201d. <\/p>\n
El 18 de febrero de 2021, el tribunal convocado resolvi\u00f3 tener por no contestada la comentada \u201creforma\u201d por parte de todas las sociedades \u201cllamadas en garant\u00eda\u201d, por tanto, en \u201cla primera audiencia de tr\u00e1mite\u201d, celebrada el 21 de abril pasado, neg\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas requerida inicialmente por TDM Transportes S.A.S., decisi\u00f3n frente a la cual la tutelante interpuso recurso de reposici\u00f3n, remedio desestimado en ese mismo acto procesal. <\/p>\n
Afirma la quejosa que el colegiado criticado vulner\u00f3 sus prerrogativas fundamentales, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) de forma sorprendente, equivocada, ama\u00f1ada y sin fundamento legal, decidi\u00f3 dejar sin efecto procesal los actos de parte realizados por [ella] el 16 de julio de 2020, y adem\u00e1s dej[\u00f3] sin efecto el auto n\u00famero 4 del 28 de julio de 2020, mediante el cual ya hab\u00eda dado por contestada la demanda principal y el llamamiento en garant\u00eda\u201d. <\/p>\n
3. Pide, se ordene el decreto de las probanzas por ella solicitadas dentro del asunto bajo estudio. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Se opuso al resguardo resaltando la legalidad de su proceder. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Concedi\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, al considerar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a \u201creforma\u201d al llamamiento realizada por SEGUROS COMERCIALES BOL\u00cdVAR S.A. no lo es tal sino, en verdad, la formulaci\u00f3n de otro llamamiento en garant\u00eda, pues se limit\u00f3 a solicitar la vinculaci\u00f3n de una nueva sociedad en tal car\u00e1cter, con base en una relaci\u00f3n sustancial distinta a las que sirvieron de fundamento a los llamamientos anteriores, sin presentarse en relaci\u00f3n con esta modificaci\u00f3n de pretensiones, hechos o solicitudes probatorias\u201d. <\/p>\n
\u201cEn este punto, para la Sala es claro que, al exigir un pronunciamiento expreso en esta nueva oportunidad a trav\u00e9s del cual \u201chabr\u00edan podido remitirse a la contestaci\u00f3n inicialmente presentada, si as\u00ed lo consideraran pertinente\u201d, el Tribunal, aparte de incurrir en un defecto procedimental absoluto, incurri\u00f3 en defecto material o sustantivo, espec\u00edficamente, en lo que la jurisprudencia constitucional ha tenido a bien denominar exceso ritual manifiesto pues, en detrimento del derecho de defensa de la aqu\u00ed accionante, le impuso una carga adicional, no consagrada por la normatividad adjetiva, como consecuencia de una interpretaci\u00f3n errada del art\u00edculo 93.5 CGP\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Y no se diga que, en incumplimiento del principio de subsidiariedad, la aqu\u00ed accionante omiti\u00f3 manifestarse frente al auto n\u00famero 10 del 18 de febrero de 2021 pues, de lo all\u00ed resuelto, no era posible prever la interpretaci\u00f3n arbitraria que, posteriormente, realizar\u00eda la autoridad accionada del art\u00edculo 93.5 CGP. Si bien a trav\u00e9s de tal decisi\u00f3n se tuvo por no contestada la \u201creforma\u201d al llamamiento en garant\u00eda por parte de TDM TRANSPORTES S.A.S. y TRANSPORTES LODISCARGA S.A.S., no era previsible que el Tribunal de Arbitramento desestimare posteriormente el pronunciamiento realizado por la aqu\u00ed accionante frente al llamamiento en garant\u00eda inicial \u2013que por dem\u00e1s es el \u00fanico dirigido en su contra-, m\u00e1xime cuando en la misma audiencia del 21 de febrero de 2021, a trav\u00e9s del auto dictado a continuaci\u00f3n (n\u00famero 11) se fij\u00f3 el monto de honorarios del Tribunal y gastos del proceso teniendo en cuenta la formulaci\u00f3n de dichos llamamientos (\u2026) y, m\u00e1s a\u00fan, que mediante auto n\u00famero 4 del 28 de julio de 2020 se hab\u00eda indicado con claridad que tales respuestas fueron allegadas en t\u00e9rmino oportuno. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 al tutelado, <\/p>\n
\u201c(\u2026) deje sin efectos los autos n\u00fameros 20 y 21 dictados el 21 de abril del calendario que transcurre\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
Los \u00e1rbitros designados dentro del caso bajo estudio impugnaron se\u00f1alando que la orden emitida, dentro de esta salvaguarda, vulnera las prerrogativas fundamentales de las partes involucradas en ese litigio; adem\u00e1s, indicaron que el ruego no debe prosperar ante la ausencia del requisito de subsidiariedad, pues la promotora no present\u00f3 recurso alguno frente a la decisi\u00f3n que declar\u00f3 no contestada la reforma del llamamiento de garant\u00eda presentada por el extremo pasivo. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La reclamante censura al Tribunal de Arbitramento convocado, por la decisi\u00f3n emitida en audiencia de 21 de abril de 2021, mediante la cual se neg\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas por ella requerida dentro del litigio subex\u00e1mine. <\/p>\n
2. La protecci\u00f3n reclamada resulta improcedente porque el asunto que impulsa a la gestora a hacer uso de este amparo se encuentra todav\u00eda a la espera de ser solucionado, situaci\u00f3n inobservada por el juez constitucional a quo, y que imped\u00eda la concesi\u00f3n del ruego de la forma como lo hizo. <\/p>\n
N\u00f3tese, con relaci\u00f3n a los elementos de juicio requeridos por la quejosa, el tribunal, al resolver el recurso de reposici\u00f3n incoado frente a la providencia aqu\u00ed criticada, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [I]ndependientemente de que se hubiera presentado coincidencia en algunos apartes de la reforma a los llamamientos en garant\u00eda con los llamamientos inicialmente formulados, tal circunstancia no releva a las sociedades recurrentes de dar respuesta a la reforma dentro del traslado de la misma, t\u00e9rmino durante el cual habr\u00edan podido remitirse a la contestaci\u00f3n inicialmente presentada, si as\u00ed lo consideraran pertinente\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora bien, la falta de contestaci\u00f3n a la reforma a los llamamientos en garant\u00eda qued\u00f3 consignada en auto n\u00famero 10 de fecha 18 de febrero de 2021, sin que contra dicha providencia se hubiera formulado recurso alguno\u201d. <\/p>\n
\u201cFinalmente, el Tribunal estima pertinente reiterar lo manifestado en la providencia recurrida, en el sentido de que, en ejercicio de la facultad de decretar pruebas de oficio, podr\u00e1 ordenar la pr\u00e1ctica de las que considere necesarias o pertinentes para decidir la controversia sometida a su consideraci\u00f3n.\u201d. <\/p>\n
As\u00ed, el tutelado dej\u00f3 abierta la posibilidad de decretar pruebas de oficio con relaci\u00f3n a los supuestos de hecho alegados por la petente antes de pronunciarse de fondo frente a la controversia puesta a su conocimiento, por tanto, atendiendo el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de resguardo, no es factible acudir a la misma cuando se encuentra pendiente de resolver por el funcionario competente el cuestionamiento elevado en esta acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte manifest\u00f3 frente al t\u00f3pico: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Vale recordar que, cuando los litigios ofrecen deficiencia probatoria, es obligaci\u00f3n del juzgador emplear los poderes oficiosos para decretar todos los elementos de convicci\u00f3n que, a su juicio, considere convenientes para verificar los hechos alegados por las partes2, ante todo, cuando se afectan los derechos fundamentales o el orden p\u00fablico. <\/p>\n
A esa filosof\u00eda responde el canon 170 del C.G.P. cuando reza: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El juez deber\u00e1 decretar pruebas de oficio, en las oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, la obligaci\u00f3n de decretar pruebas oficiosamente no es dictatorial o arbitraria, obedece a hip\u00f3tesis precisas. En las dem\u00e1s, la ley concede al juzgador la potestad o facultad de hacerlo seg\u00fan su razonable y prudente arbitrio, y la instrucci\u00f3n compela. <\/p>\n
Es excepcional, proceder de esa forma: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s obligatorio ordenarlas y practicarlas, como por ejemplo la gen\u00e9tica en los procesos de filiaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n; la inspecci\u00f3n judicial en los de declaraci\u00f3n de pertenencia; el dictamen pericial en los divisorios; las indispensables para condenar en concreto por frutos, intereses, mejoras o perjuicios, etc. (\u2026) so pena que una omisi\u00f3n de tal envergadura afecte la sentencia (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
3. Ahora, si la censura va dirigida contra el prove\u00eddo de 18 de febrero de 2021, mediante el cual se tuvo por no contestada la reforma del llamamiento de garant\u00eda presentado dentro del litigio sublite, el auxilio tampoco sale avante, pues esa decisi\u00f3n era susceptible de atacarse mediante recurso de reposici\u00f3n; sin embargo, la gestora no hizo uso de esa herramienta. <\/p>\n
As\u00ed, el descuido de la quejosa le cierra el paso a esta excepcional jurisdicci\u00f3n dada su naturaleza subsidiaria <\/p>\n
Sobre ese aspecto, esta Corte ha sido enf\u00e1tica al se\u00f1alar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
No es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias o descuidos en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa al interior del proceso. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Colegiatura ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a accionante (\u2026), no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la funcionaria judicial acusada, (\u2026) a trav\u00e9s del recurso (\u2026) consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
4. En consecuencia, habr\u00e1 de revocarse la decisi\u00f3n del a quo constitucional ante la evidente improcedencia del auxilio impetrado, pues, se insiste, el mismo desconoce el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Por los anteriores argumentos, se impone revocar el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada para en su lugar, NEGAR el amparo deprecado. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica o por mensaje de datos, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. SC. Sentencia de 7 de septiembre de 1978. En sentido similar: CSJ. SC. Sentencia de 29 de noviembre de 2004. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. SC. Sentencias 26 de julio de 2004; de 15 de julio de 2008; de 28 de mayo de 2005; de 21 de octubre de 2010; de 17 de mayo de 2011; de 21 de febrero de 2012; de 20 de septiembre de 2013; y de 14 de noviembre de 2014. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC, de 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. STC. 11 abr. 2011, rad. 00043-01; reiterada el 25 de junio, 12 de septiembre y 1 de noviembre de 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y 0176-01, respectivamente. <\/p>\n
6\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
7\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
8\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 308. <\/p>\n
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STC7618-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC7618-2021 Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 19 de mayo de 2021, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-55012","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55012","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55012"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55012\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55012"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55012"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55012"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}