STC7630-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7630-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00186-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia dictada el 26 de mayo de 2021, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la tutela instaurada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular impulsada por el aqu\u00ed actor al Banco BBVA, radicada bajo el n\u00famero 2016-00610-00. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como sustento de su inconformidad se\u00f1ala, en s\u00edntesis, que dentro del litigio materia de resguardo \u201cno se cumplen [los] t\u00e9rminos perentorios (\u2026) que ordena la Ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998, y menos se cumple el art 34 [ib\u00eddem], a fin de fallar con celeridad\u201d. <\/p>\n
Afirma que el estrado fustigado inaplic\u00f3 el canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso, cuando se le pidi\u00f3 \u201cla nulidad por falta de competencia\u201d; empero, s\u00ed tuvo en cuenta esa norma \u201cpara prorrogar el tiempo para fallar\u201d. <\/p>\n
Aduce que el convocado no le permite \u201cdesistir\u201d de la acci\u00f3n popular sublite. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar al tutelado: i) proferir sentencia en el caso bajo estudio, ii) \u201cadmitir [su] desistimiento a voluntad\u201d del comentado litigio, iii) \u201caportar copia de todas las tutelas que haya presentado en esta acci\u00f3n, copia de las quejas que existan a su contra, (\u2026) [y] consign[ar] todos los radicados de las acciones populares que termin\u00f3 arbitrariamente por desistimiento t\u00e1cito\u201d; y requerir a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Defensor\u00eda del Pueblo \u201cprobar c\u00f3mo han garantizado el debido proceso\u201d en el comentado asunto y \u201cnombrar[le] un apoderado\u201d con el fin de presentar demandas de \u201creparaci\u00f3n directa contra la administraci\u00f3n judicial\u201d. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Remiti\u00f3 el \u201cexpediente electr\u00f3nico\u201d del asunto bajo estudio y manifest\u00f3 que las peticiones reiteradas, efectuadas por el tutelante dentro de las acciones populares por \u00e9l impulsadas, impiden el normal desarrollo de las mimas. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda, tras advertir: <\/p>\n
\u201cDe acuerdo con el recuento procesal el 18-01-2021 y 21-01-2021 se presentaron memoriales en dichos t\u00e9rminos y la a quo, con auto del 10-05-2021, los desestim\u00f3, notificado con fijaci\u00f3n en estado del 11-05-2021, sin recursos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cSin mayor exegesis se colige el incumplimiento del requisito de procedencia, habida cuenta de que el actor promovi\u00f3 la tutela (12-05-2021) mientras corr\u00eda la ejecutoria de dicha decisi\u00f3n, en lugar de ejercitar el mecanismo ordinario conducente e id\u00f3neo de que dispon\u00eda para ventilar el problema jur\u00eddico en el tr\u00e1mite ordinario\u201d. <\/p>\n
\u201cEn lo que ata\u00f1e a que la funcionaria (a) Arrime copia de las tutelas presentadas en su contra; e, (b) Informe el radicado de las acciones populares terminadas por desistimiento t\u00e1cito; y, el Ministerio P\u00fablico: (a) Pruebe c\u00f3mo han garantizado el debido proceso en la acci\u00f3n popular; y, (b) Designe apoderado que lo represente en eventual acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa, el interesado no acredit\u00f3 haber presentado peticiones en dichos t\u00e9rminos ni en el expediente obra escrito af\u00edn (\u2026), por lo tanto, es claro que les endilga un supuesto agravio con base en acciones u omisiones inexistentes. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La inco\u00f3 el promotor insistiendo en la aplicaci\u00f3n de las normas expuestas en el libelo genitor. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Revisadas las pruebas aportadas por el juzgado tutelado, se observa que ese despacho, en auto de 10 de mayo de 2021, deneg\u00f3 las solicitudes deprecadas por el actor, referentes a la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 5 y 84 de la Ley 472 de 1998 y el canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como el requerimiento relacionado con el \u201cdesistimiento\u201d de la acci\u00f3n popular subex\u00e1mine. <\/p>\n
Aclarado lo anterior, el auxilio no sale avante por carecer del requisito de subsidiariedad, pues el tutelante acudi\u00f3 a esta senda el 12 de ese mes y a\u00f1o, cuando la referida providencia, no hab\u00eda cobrado fuerza de ejecutoria, es decir, a la fecha de interposici\u00f3n del amparo los temas censurados en esta salvaguarda se encontraban a la espera de una resoluci\u00f3n de fondo. <\/p>\n
Por tanto, atendiendo el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de resguardo, no es factible acudir a la misma cuando a\u00fan est\u00e1 pendiente de resolver por el funcionario competente el cuestionamiento elevado por el interesado. <\/p>\n
En un asunto con similares contornos a los aqu\u00ed expuestos esta Corte indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La Sala advierte ab initio, que, asiste raz\u00f3n al Tribunal de Pereira para no conceder la \u00abtutela\u00bb suplicada al estimarla presurosa y por incuria de Herrera Hoyos, en tanto, para cuando ejerci\u00f3 este excepcional remedio (seg\u00fan acta reparto \u2013secuencia 381- la acci\u00f3n fue presentada el 13 de abril hoga\u00f1o), la providencia objetada llevaba un d\u00eda de expedida (12 abr. 2021) y, por ende, todav\u00eda no hab\u00eda corrido el lapso otorgado para \u00absubsanar la demanda\u00bb, ni para interponer reposici\u00f3n (art. 36 Ley 472\/98) y, en lugar de atender los lineamientos all\u00ed se\u00f1alados o refutar la resoluci\u00f3n, opt\u00f3 por acudir directamente a este sendero extraordinario\u201d. <\/p>\n
\u201cDe esa manera, al hallarse latente la definici\u00f3n del libelo originario al tiempo de la proposici\u00f3n del resguardo, este se torna \u00abprematuro\u00bb, teniendo en cuenta que es el juez ordinario quien debe dirimir la problem\u00e1tica sometida a su escrutinio (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
2. Con todo, revisado el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, se evidencia que contra la providencia mediante la cual se negaron los pedimentos del actor, relacionados en esta salvaguarda, no se ejerci\u00f3 ning\u00fan recurso, por tanto, es evidente el descuido del petente en el empleo de los medios de defensa ordinarios para rebatir las censuras aqu\u00ed aducidas. <\/p>\n
3. Ahora, las dem\u00e1s peticiones dirigidas al Juzgado criticado, al Procurador General de la Naci\u00f3n y a la Defensor\u00eda del Pueblo, resultan abiertamente improcedentes, porque, en primer lugar, el querellante puede pedir la informaci\u00f3n y los servicios aqu\u00ed requeridos sin intermediaci\u00f3n alguna; y, en segundo, tales pretensiones desbordan los l\u00edmites de este mecanismo extraordinario, el cual est\u00e1 previsto, concretamente, para establecer la vulneraci\u00f3n o amenaza de garant\u00edas fundamentales y adoptar las determinaciones del caso, conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19693, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo con lo discurrido, se ratificar\u00e1 la determinaci\u00f3n examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente o por mensaje de datos lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC de 21 de mayo de 2021, exp. 66001-22-13-000-2021-00101-01 <\/p>\n
2\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
3\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
4\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
5\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 308. <\/p>\n
7 <\/p>\n
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