STC7631-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7631-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00245-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 21 de mayo de 2021, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la tutela instaurada por Luis Benito Medina Afanador y Carmenza Lizcano Tolosa contra el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de la citada ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio \u201creivindicatorio\u201d adelantado por Joel Josu\u00e9 Vallenilla Tolosa a los aqu\u00ed quejosos. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los censores suplican la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente quebrantadas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
En el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga curs\u00f3 el litigio materia de resguardo, el cual culmin\u00f3 con sentencia de 4 de marzo de 2016, donde se orden\u00f3 a los aqu\u00ed tutelantes \u201creivindicar\u201d a Joel Josu\u00e9 Vallenilla Tolosa, los predios denominados \u201cLas Alciras\u201d y \u201cLas Alciras I\u201d, ubicados en el municipio de Floridablanca, fallo confirmado por el ad quem el 5 de octubre siguiente. <\/p>\n
Acotan los convocantes que, en la diligencia de entrega de los referidos fundos, sus hijos, Ingrid Tatiana, Paola Ximena, Luis Joel y Mauren Viviana Medina Lizcano, presentaron oposici\u00f3n, la cual fue rechazada el 10 de septiembre de 2020. <\/p>\n
Afirman que todas esas decisiones, adversas a sus intereses, tienen su g\u00e9nesis en la \u201cequivocada, pobre y mediocre defensa t\u00e9cnica ejercitada por [su] apoderado judicial\u201d, quien, \u201cno propuso la excepci\u00f3n previa consagrada en el numeral 11\u00ba del art\u00edculo 97 del C. de P.C.\u201d, ante la falta de vinculaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico ni aleg\u00f3 la prescripci\u00f3n adquisitiva del inmueble, dejando de pedir el reconocimiento y pago de mejoras y \u201cla aplicaci\u00f3n de los principios ultra y extra petita (\u2026) en favor de los campesinos\u201d. <\/p>\n
Aducen que, el 5 de noviembre pasado, el Procurador Veinticuatro Judicial II Ambiental y Agrario de Bucaramanga, intervino en el litigio subex\u00e1mine, requiriendo la \u201cnulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio\u201d; empero, a la fecha de presentaci\u00f3n de este ruego el juzgado criticado no le ha impartido el tr\u00e1mite a esa solicitud, aun cuando la misma, \u201ctiene apariencia de buen \u00e9xito\u201d. <\/p>\n
Se\u00f1alan que el despacho convocado comision\u00f3 para continuar con la diligencia de entrega de los bienes inmiscuidos, sin resolver de fondo la referida invalidez procesal ni reconocer personer\u00eda al nuevo apoderado designado por ellos. <\/p>\n
3. Suplican, en concreto, ordenar al estrado fustigado \u201cdefinir oportunamente el [comentado] incidente de nulidad\u201d y pronunciarse frente al \u201cpoder\u201d otorgado en el pleito subex\u00e1mine. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Realiz\u00f3 un recuento de todas las actuaciones desplegadas dentro del caso bajo estudio e indic\u00f3 que el requerimiento efectuado por el Ministerio P\u00fablico fue rechazado de plano el 12 de mayo de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda invocada tras inferir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o no existe una mora judicial por parte del (\u2026) Juzgado para resolver las solicitudes elevadas en el interior del proceso radicado con el 2012-00374-00, toda vez que ya imparti\u00f3 el debido tr\u00e1mite al memorial allegado por el Procurador 24 Judicial II Ambiental Agrario\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora, es cierto que para este momento est\u00e1 pendiente por resolver el recurso de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n propuesto por los se\u00f1ores Luis Benito Medina Afanador y Carmenza Lizcano Toloza en contra del auto fechado del 12 de mayo de 2021; sin embargo, frente a dicha actuaci\u00f3n no existe mora judicial alguna, pues apenas se corri\u00f3 traslado de la mentada inconformidad el d\u00eda de ayer, 20 de mayo de 2021, es decir, el asunto se encuentra en tr\u00e1mite\u201d. <\/p>\n
Los promotores impugnaron insistiendo en la inconformidad expuesta en el libelo genitor, aduciendo que si bien por intermedio de su mandatario judicial, recurrieron en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n el auto mediante el cual se rechaz\u00f3 la nulidad deprecada por el Procurador Agrario, lo cierto es, el juzgado a\u00fan no ha reconocido personer\u00eda al nuevo apoderado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Los gestores del ruego critican la demora del Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga en resolver la invalidez procesal deprecada por el Ministerio P\u00fablico dentro del caso bajo estudio, pues, en su sentir, la misma goza de \u201capariencia de buen \u00e9xito\u201d y, por ende, no se podr\u00eda continuar con la diligencia de entrega de los predios objeto de reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Revisadas las pruebas aportadas a este ruego, se advierte que el auxilio implorado no goza de prosperidad porque la nulidad aducida por los quejosos se resolvi\u00f3 mediante prove\u00eddo de 12 de mayo de 2021, por tanto, la actuaci\u00f3n extra\u00f1ada por aqu\u00e9llos fue atendida estando en curso esta salvaguarda, configur\u00e1ndose un hecho superado frente a ese tema. <\/p>\n
Sobre la citada figura jur\u00eddica, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
3. Por otro lado, no existe mora judicial por la falta de reconocimiento de personer\u00eda del apoderado de los tutelantes, porque, como ellos mismos manifestaron en el escrito de impugnaci\u00f3n, presentaron reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, por intermedio de su mandatario, contra el prove\u00eddo que rechaz\u00f3 la nulidad deprecada por el Procurador Veinticuatro Judicial II Ambiental y Agrario de Bucaramanga y, seg\u00fan el sistema de consulta de la Rama Judicial, dichos remedios se encuentran en traslado, por tanto, adoptada la decisi\u00f3n correspondiente frente a tales recursos, el juzgado necesariamente deber\u00e1 pronunciarse respecto de la representaci\u00f3n judicial de los aqu\u00ed actores. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en eventos donde se discute la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales por mora judicial, la jurisprudencia de la Corte se\u00f1ala que solo puede dispensarse la protecci\u00f3n constitucional cuando aqu\u00e9lla es producto de una actuaci\u00f3n arbitraria, subjetiva o caprichosa del funcionario; contrario sensu, si la tardanza en la resoluci\u00f3n de los asuntos sometidos a su conocimiento encuentra justificaci\u00f3n razonable, no act\u00faa este excepcional mecanismo de defensa de las prerrogativas fundamentales2. <\/p>\n
Como corolario, esta salvaguarda no puede salir avante, dado que, conforme al criterio decantado de esta Sala, las situaciones de dilaci\u00f3n que abren paso a este excepcional mecanismo deben carecer de defensa, es decir, ser el resultado de un comportamiento ap\u00e1tico de la autoridad convocada, lo cual, como se indic\u00f3, no se vislumbra en este caso. <\/p>\n
4. Ahora, los petentes afirman que carecieron de defensa en el asunto discurrido, por cuanto su apoderado no aleg\u00f3 la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio de los predios en litigio ni solicit\u00f3 el pago de mejoras, entre otras actuaciones que, en su sentir, eran pertinentes para la protecci\u00f3n de sus intereses; empero, no hay lugar a acoger el auxilio por la supuesta negligencia del vocero judicial de los aqu\u00ed convocantes, porque esta Corte ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En cuanto toca con la supuesta negligencia que el actor le endilga a su defensor, tal circunstancia no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito el amparo constitucional, pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte (\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales (\u2026)\u201d3 <\/p>\n
5. Con todo, no se configura un perjuicio irremediable que autorice acceder de manera transitoria al auxilio invocado, al no estar probados los presupuestos de inminencia, impostergabilidad, gravedad y urgencia, propios del mismo, pues, de materializarse la entrega controvertida, \u00e9sta tendr\u00eda fuente en la Ley y en el procedimiento surtido por el juez competente. <\/p>\n
Desde luego, la actuaci\u00f3n debe desarrollarse con respeto a la dignidad humana y con plenas garant\u00edas para las personas que merezcan un trato diferencial positivo. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Se precisa, la entrega dispuesta en un proceso judicial, no entra\u00f1a en s\u00ed misma, un perjuicio irremediable, pues (\u2026) ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019 (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
\u201cNo obstante, en el caso concreto, como ese acto a\u00fan no se ha cumplido, pueden los peticionarios exponer las circunstancias aqu\u00ed comentadas, sobre todo las relacionadas con los sujetos de especial protecci\u00f3n que habitan la heredad a fin de evitar la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas al ser retirados del predio, manifestaciones frente a las cuales el juzgador de conocimiento deber\u00e1 disponer lo necesario (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d,8 impone su observancia irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo con lo discurrido, se ratificar\u00e1 la determinaci\u00f3n examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. Sala de Casaci\u00f3n Civil. Fallo de 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00 reiterado el 25 de febrero de 2013, exp. 00003-01 y el 21 de octubre de 2013, exp. 11001-02-03-000-2013-02374-00, entre otros. <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC, 18 may. 2009, rad. 2009-00508-01, reiterada, entre otros pronunciamientos 28 jun. 2012. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 29 de noviembre de 2006; citada el 6 de febrero de 2013, exp. 2012-01950-01 y el 11 de julio de 2013, exp. 7600022030002013-00180-01, entre otras. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. STC 6442-2019. <\/p>\n
6\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
7\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
8\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3o de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares c. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
8 <\/p>\n
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