STC7632-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7632-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2021-00128-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 4 de mayo de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la salvaguarda promovida por Leyla Esperanza Mora y Mar\u00eda Fernanda Franco Mora a los Juzgados Veintisiete Civil Municipal y Segundo Civil del Circuito, ambos de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del libelo declarativo de responsabilidad contractual con radicado n\u00b02020-00651-00, incoado por las gestoras contra la Ciudadela Comercial Unicentro Cali P.H. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las reclamantes imploran la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y de la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Las impulsoras demandaron a Ciudadela Comercial Unicentro Cali P.H. ante el estrado municipal confutado, para exigirle el pago de perjuicios derivados del alegado incumplimiento de un contrato. <\/p>\n
El 3 de diciembre de 2020, el pliego introductor fue inadmitido y, el 15 de diciembre postrero, se rechaz\u00f3 al no haber sido subsanado tempestivamente. <\/p>\n
Inconforme con lo resuelto, las promotoras impetraron reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, por cuanto, en su sentir, al prove\u00eddo de inadmisi\u00f3n no se le dio publicidad en tanto no se suministraron medios electr\u00f3nicos asequibles para el enteramiento del auto en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
El 5 de febrero de 2021, se desestim\u00f3 la primera defensa y se concedi\u00f3 la segunda, porque la decisi\u00f3n controvertida fue notificada en el portal de la Rama Judicial establecida para el prop\u00f3sito echado de menos por las quejosas. <\/p>\n
La definici\u00f3n de la alzada correspondi\u00f3 al ad quem fustigado, quien, el 5 de marzo pasado, ratific\u00f3 el pronunciamiento protestado. <\/p>\n
Para las tutelantes, se lesionaron sus garant\u00edas porque el despacho a quo, pese a contar con sus correos electr\u00f3nicos, no les remiti\u00f3 la providencia inadmisoria materia de controversia; adem\u00e1s, se pretermitieron las dificultades de los canales dise\u00f1ados para acceder a los procesos, obvi\u00e1ndose el criterio sentado por esta Sala en la sentencia STC6687-2020 de 2 de septiembre de 2020. <\/p>\n
3. Solicitan, por tanto, ordenar surtir la notificaci\u00f3n del auto 3 de diciembre de 2020, objeto de disenso. <\/p>\n
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1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio, al estimar razonado lo prove\u00eddo por el despacho del circuito censurado. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formularon las querellantes, reiterando los argumentos esbozados en la demanda de amparo. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. La controversia estriba en determinar si el rechazo de la demanda declarativa, formulada por las accionantes, fue causado por la indebida notificaci\u00f3n del auto inadmisorio del libelo, dadas las dificultades que, alegan, tuvieron para acceder oportunamente, v\u00eda electr\u00f3nica, a su contenido. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el auto de 5 de marzo de 2021, el estrado del circuito acusado ratific\u00f3 la negativa del a quo a enterar, nuevamente, la determinaci\u00f3n que inadmiti\u00f3 el escrito introductor entablado por las suplicantes, pues, de un lado, la providencia en cuesti\u00f3n se insert\u00f3 en el correspondiente estado electr\u00f3nico y, de otro, no exist\u00eda obligaci\u00f3n de remitir tal determinaci\u00f3n a las interesadas, v\u00eda e-mail. <\/p>\n
Sobre lo rese\u00f1ado, as\u00ed discurri\u00f3 el ad quem criticado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Revisadas entonces las actuaciones surtidas, observa el despacho que la demanda se inadmiti\u00f3 a trav\u00e9s del Auto No. 1277 de fecha 3 de diciembre de 2020, y que el mismo fue notificado mediante el Estado Electr\u00f3nico No. 122 del 4 de diciembre de 2020, seg\u00fan se puede evidenciar en la p\u00e1gina web y en el portal de la Rama Judicial, \u00faltimo que es alimentado a trav\u00e9s del sistema Justicia Siglo XXI\u201d. <\/p>\n
\u201cAl respecto, es pertinente indicar que, no le asiste raz\u00f3n al demandante en afirmar que existi\u00f3 una indebida notificaci\u00f3n de la providencia que inadmiti\u00f3 la demanda, por cuanto, no era obligaci\u00f3n del Juez de Primera Instancia enviar la providencia mencionada como mensaje de datos a su direcci\u00f3n electr\u00f3nica como lo pretende el recurrente, pues no nos encontramos ante la notificaci\u00f3n personal que cita el art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 2020, sino ante la notificaci\u00f3n por estado de una providencia al demandante, para la cual debe tenerse presente es la disposici\u00f3n que traza el art\u00edculo 9 del citado Decreto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Al ingresar al portal web de la Rama Judicial, siguiendo la secuencia as\u00ed: (i) Juzgado Municipales que despliega la ventana Juzgados Civiles Municipales; (ii) Valle del Cauca -Cali-; (iii) Juzgado 027 Civil Municipal de Cali; (iv) Estados Electr\u00f3nicos; (v) 2020; (vi) Diciembre; y (vii) Listado Estado 04\/012\/2020, se puede acceder al contenido del auto de 3 de diciembre de 20201, relativo a la inadmisi\u00f3n el pliego introductor controvertido. <\/p>\n
En esa medida, no resultaba aplicable el precedente por esta Sala en la sentencia STC6687-2020 de 2 de septiembre de 2020, pues all\u00ed se demostr\u00f3 que una ciudadana no pudo conocer del auto que le corri\u00f3 traslado para sustentar la alzada, como tampoco de aquel mediante el cual se declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, dadas las dificultades all\u00ed evidenciadas. <\/p>\n
Esa situaci\u00f3n dista de la aqu\u00ed presentada porque, las ac\u00e1 petentes, s\u00ed tuvieron la posibilidad de enterarse del prove\u00eddo de 3 de diciembre de 2020, para cuestionarlo o, acatar los mandatos all\u00ed rese\u00f1ados y, como guardaron silencio en el t\u00e9rmino otorgado para subsanar las falencias de la demanda, deven\u00eda forzoso su rechazo; adem\u00e1s, no se alegaron o acreditaron circunstancias de indefensi\u00f3n frente a sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional, en relaci\u00f3n a la publicidad de esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Tocante a la aducida omisi\u00f3n del envi\u00f3 de la aludida decisi\u00f3n, la salvaguarda tampoco progresa, por cuanto la notificaci\u00f3n se surti\u00f3 a trav\u00e9s de los canales establecidos en el art\u00edculo 9\u00b0 del Decreto Legislativo 806 de 2020, esto es, en el estado electr\u00f3nico correspondiente. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha precisado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Del citado canon es irrebatible que para formalizar la \u00abnotificaci\u00f3n por estado\u00bb de las disposiciones judiciales no se requiere, de ninguna manera, el env\u00edo de \u00abcorreos electr\u00f3nicos\u00bb, amen que se exige solamente, como ya se dijo, hacer su publicaci\u00f3n web y en ella hipervincular la decisi\u00f3n emitida por el funcionario jurisdiccional\u201d. <\/p>\n
\u201cAcorde con esto no resulta reprochable la actuaci\u00f3n llevada a cabo por el colegiado demandado, ya que conforme a las comprobaciones referenciadas previamente, se encuentran en estricta alineaci\u00f3n con lo regulado por la normativa aludida, toda vez que el \u00abestado electr\u00f3nico\u00bb de esa fecha bien refleja la respectiva \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb, y adem\u00e1s, con ella fue adjuntado el auto que corri\u00f3 traslado para la sustentaci\u00f3n de la alzada (art. 9 del Decreto 806 del 2020, en consonancia con el 14 de la misma), acatando en estricto orden los par\u00e1metros de motivaci\u00f3n y necesidad constitucional de la mentada disposici\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cAgr\u00e9guese a ello que librar la providencia emitida como mensaje de datos a la \u00abdirecci\u00f3n electr\u00f3nica\u00bb, o f\u00edsica mutar\u00eda en otra tipolog\u00eda de \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb, como es la personal, pues son los par\u00e1metros anunciados por el art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso y 8\u00b0 del Decreto en menci\u00f3n (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Bajo ese panorama, la Corte encuentra que la determinaci\u00f3n del ad quem encausado no constituye quebranto a prerrogativa alguna, pues se adopt\u00f3 en observancia de particularidades de la contienda y la normatividad aplicable en la materia. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
<\/p>\n
Sobre la idoneidad del anotado remedio, la Sala ha sido enf\u00e1tica al sostener: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
Este instrumento constitucional impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)6\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Finalmente, se destaca, no es dable reabrir discusiones a trav\u00e9s del ruego tuitivo, pues el mismo est\u00e1 instituido para la defensa de los derechos fundamentales, m\u00e1s no para buscar una mejor opini\u00f3n como si de otra instancia se tratase. <\/p>\n
Sobre lo mencionado, la Sala ha establecido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (\u2026)\u201d7 (\u00e9nfasis adrede). <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos8 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19699, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d10, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio11. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia12, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales13; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas14. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n