STC7633-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2021-00176-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 20 de mayo de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Tahuma S.A.S. contra los Juzgados Segundo Promiscuo de Familia y Primero Penal Municipal de Facatativ\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la salvaguarda n\u00b0 2020-00067. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de su representante legal, la sociedad solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas, al conceder -en segunda instancia- la acci\u00f3n constitucional antes referida. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que Juli\u00e1n Dar\u00edo Rodr\u00edguez Amaya impetr\u00f3 acci\u00f3n de tutela en su contra, la cual declar\u00f3 improcedente el Juzgado Primero Penal Municipal de Facatativ\u00e1 seg\u00fan sentencia del 23 de noviembre de 2020, pero que en virtud de la impugnaci\u00f3n, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia concedi\u00f3 el amparo el 8 de febrero de 2021, orden\u00e1ndole: \u00ab(i) Reintegrar al accionante (\u2026) al cargo que desempe\u00f1aba y bajo la misma modalidad contractual, sin soluci\u00f3n de continuidad [atendiendo] las recomendaciones y\/o restricciones m\u00e9dicas que le sean prescritas. (ii) Pague los salarios y efect\u00fae los aportes [al] Sistema General de Seguridad Social, desde cuando se produjo la terminaci\u00f3n del contrato hasta que se haga efectivo el reintegro\u00bb. <\/p>\n
Que por desconocer c\u00f3mo se hab\u00eda surtido la impugnaci\u00f3n y por ende considerar que se vulneraron los derechos \u00abal debido proceso, publicidad y defensa\u00bb, el 11 de febrero de 2021 formul\u00f3 nulidad del fallo de segunda instancia \u00abpor la causal 6 del art\u00edculo 133 del CGP [pues] logramos conocer la impugnaci\u00f3n presentada y conocimos que se hab\u00edan aportado nuevas pruebas (\u2026), las cuales no fueron trasladadas\u00bb y por ende sobre ellas no ejerci\u00f3 el derecho de contradicci\u00f3n; no obstante, la solicitud fue rechazada seg\u00fan notificaci\u00f3n electr\u00f3nica surtida el 17 de marzo de la misma anualidad. <\/p>\n
Que contrario a lo aducido por el juzgador de segunda instancia, \u00abmi representada pudo demostrar que con dos ex\u00e1menes m\u00e9dicos que el accionante era apto para laborar [pero se\u00f1al\u00f3 situaci\u00f3n distinta] sin que el ad quem tuviera pruebas en las cuales apoyarse\u00bb, adem\u00e1s, \u00abdesconoci\u00f3 la jurisprudencia pues est\u00e1 confundiendo discapacidad con debilitad manifiesta, conceptos que como lo expusimos (\u2026) son diferentes conforme a los lineamientos de nuestras Cortes (\u2026) y concluy\u00f3 que el contrato laboral termin\u00f3 por el estado de salud del actor y no porque la obra o labor hubiere terminado, al parecer pas\u00f3 por alto las pruebas aportadas en la contestaci\u00f3n de la tutela que demostr\u00f3 la terminaci\u00f3n de la obra o labor para la cual fue contrato el empleado\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se proceda a \u00abREVOCAR por improcedente la sentencia de fecha 08 de febrero de 2021 proferida por el Juzgado Segundo (02) Promiscuo de Familia del Circuito de Facatativ\u00e1, en segunda instancia, [y ordenarle] proferir nueva decisi\u00f3n que corresponda a lo legalmente establecido por el a-quo en todas sus partes\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADO <\/p>\n
1. La Juez Segunda Promiscuo de Familia de Facatativ\u00e1, luego de realizar una detallada presentaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n procesal surtida en ambas instancias, con apoyo en extensa jurisprudencia, resalt\u00f3 la improcedencia del auxilio frente a actuaciones de similar linaje jur\u00eddico, y agreg\u00f3 que ese despacho no ha incurrido en vulneraci\u00f3n a las prerrogativas del quejoso, \u00abpues la decisi\u00f3n tomada por este jugado el 8 de febrero de 2021, no fue motivada con prop\u00f3sitos de fraude e ilegalidad que permitan la intervenci\u00f3n de un juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Primera Penal Municipal de la misma ciudad, realiz\u00f3 un recuento de la actuaci\u00f3n desarrollada en ese estrado y ante su superior jer\u00e1rquico, frente a la cual dispuso estarse a lo all\u00ed resuelto. <\/p>\n
3. Juli\u00e1n Dar\u00edo Rodr\u00edguez, quien fungi\u00f3 como accionante en la primera tutela, manifest\u00f3 que la pretensi\u00f3n de la empresa \u00abno cumple con los requisitos para la procedencia [porque] no se encuentra demostrada objetivamente la causa alegada, hace parte del an\u00e1lisis que se debiere realizar dentro de proceso ordinario laboral en tanto recae sobre la responsabilidad de aquel juez analizar si el simple se\u00f1alamiento o manifestaci\u00f3n de una sociedad demandada de haber cumplido la obra pactada, sin que lo mismo sea demostrable con datos, porcentajes e incluso un an\u00e1lisis concreto (\u2026); no se han agotado los medios ordinarios y extraordinarios en tanto no ha existido el debate ante la justicia ordinaria (\u2026), [y] se trata de una sentencia de tutela que caprichosamente intenta el accionante debatir a pesar de ya haber dado tr\u00e1nsito a cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el amparo al considerar que no es procedente emplearlo para cuestionar una providencia que se defini\u00f3 en sede constitucional. En cuanto a las nulidades, record\u00f3 que \u00e9stas se tramitan y resuelven conforme a las reglas del C\u00f3digo General del Proceso, y con base en ello se\u00f1al\u00f3 que frente al rechazo de la solicitud elevada por la sociedad, proced\u00eda el recurso de reposici\u00f3n del cual esta no se hizo uso, y no acredit\u00f3 motivo alguno para justificar su incuria, y \u00abtampoco se evidencia que se encuentre en circunstancias de debilidad manifiesta o que se trate de un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la sociedad demandante para insistir en lo atinente a que, para llegar al fallo de segunda instancia, se vulneraron sus prerrogativas porque el ad quem debi\u00f3 \u00abcorrer traslado de las pruebas\u00bb aportadas por el tutelante inicial, pues con ellas, pod\u00eda resultar afectado como \u00ablamentablemente fue lo que ocurri\u00f3\u00bb, al punto que \u00aba la fecha conocemos el correo o documento mediante el cual el accionante radic\u00f3 la impugnaci\u00f3n, ni siquiera en el link que nos envi\u00f3 el Juzgado\u00bb, y por ello, de las \u00abnuevas pruebas conocimos solamente hasta el d\u00eda 17 de marzo de 2021, hasta cuando nos fue entregada copia del proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Facatativ\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de la empresa -ac\u00e1 accionante y que en la tutela anterior fung\u00eda como demandada-, al revocar el fallo de primera instancia que desestimaba el amparo, para en su lugar concederlo. <\/p>\n
2. Improcedencia de la tutela contra providencias de la misma naturaleza. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, el precedente constitucional precis\u00f3 que al tenor del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, el veredicto en estos asuntos es susceptible del recurso de impugnaci\u00f3n, y \u00aben todo caso [de] su eventual revisi\u00f3n\u00bb, respecto del cual precis\u00f3 que es: <\/p>\n
\u00abEl mecanismo constitucional dise\u00f1ado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisi\u00f3n del propio Constituyente, es el de la revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional. Esta regulaci\u00f3n, no s\u00f3lo busca unificar la interpretaci\u00f3n constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como m\u00e1ximo tribunal de derechos constitucionales y como \u00f3rgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos. Adem\u00e1s, excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acci\u00f3n de tutela \u2013 bajo la modalidad de presuntas v\u00edas de hecho – porque la Constituci\u00f3n defini\u00f3 directamente las etapas b\u00e1sicas del procedimiento de tutela y previ\u00f3 que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un \u00f3rgano creado por \u00e9l \u2013 la Corte Constitucional \u2013 y por un medio establecido tambi\u00e9n por \u00e9l \u2013 la revisi\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) la importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda impugnarse, a su vez, mediante una nueva tutela, con lo que la resoluci\u00f3n del conflicto se prolongar\u00eda indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jur\u00eddica como del goce efectivo de los derechos fundamentales, radica en la necesidad de brindar una protecci\u00f3n cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados. De all\u00ed la perentoriedad de los plazos para decidir, la informalidad del procedimiento y el mecanismo de cierre encomendado a la propia Corte Constitucional, v.gr. el tr\u00e1mite procesal de la revisi\u00f3n eventual, con miras a garantizar la unificaci\u00f3n de criterios y la supremac\u00eda constitucional. Todo ello por decisi\u00f3n del Constituyente, que opt\u00f3 por regular de manera directa la acci\u00f3n de tutela y no sigui\u00f3 la t\u00e9cnica tradicional de deferir al legislador estos aspectos de orden procedimental. <\/p>\n
(\u2026) La \u00fanica alternativa para manifestar inconformidad con la sentencia de tutela de segunda instancia propiamente dicha que se encuentra en firme, es la intervenci\u00f3n de la parte interesada en el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, ya que de otra forma se propiciar\u00eda una cadena interminable de demandas contra sentencias de tutela, lo que pugna contra la efectividad de este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional (art. 86 C.P.), contra el principio fundamental dirigido a asegurar el goce efectivo de los derechos y deberes constitucionales (art. 2 C.P.) y contra el principio de la seguridad jur\u00eddica\u00bb (SU-1219\/01). <\/p>\n
En ese mismo sentido, esta Sala ha enfatizado que, \u00abresulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00 (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las premisas que anteceden, examinados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con las piezas procesales pertinentes, la Corte avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del resguardo invocado, porque aunado a que no se cumple el requisito gen\u00e9rico consistente en que no puede dirigirse contra una sentencia de tutela, desatiende la causal gen\u00e9rica de la subsidiariedad. <\/p>\n
En efecto, el actual ataque lo dirige la sociedad Tahuma S.A.S., con el fin de quebrantar la sentencia de segunda instancia proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Facatativ\u00e1 el 8 de febrero de 2021, en el marco de una acci\u00f3n de amparo promovida por Juli\u00e1n Dar\u00edo Rodr\u00edguez Amaya, por cuanto, en su criterio, el despacho judicial accionado incurri\u00f3 en sendos yerros de procedibilidad al fallar, particularmente, porque dijo haber valorado pruebas que no fueron aportadas en sede de impugnaci\u00f3n y frente a las cuales no tuvo conocimiento. <\/p>\n
Al respecto, se insiste en que la inconformidad que se suscite frente a un fallo de tutela, no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de una nueva invocaci\u00f3n del mismo instrumento, pues para ese efecto, el ordenamiento jur\u00eddico previ\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al veredicto de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, como instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
Por ello, se ha sostenido que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta especial jurisdicci\u00f3n, no se resuelven con una nueva demanda constitucional, porque de hacerlo \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01). <\/p>\n
Conforme a lo antedicho, no se cumple el requisito de la subsidiariedad, frente a lo cual esta Corporaci\u00f3n ha dicho que tal presupuesto es inherente a la tutela, pues: <\/p>\n
\u00abDe tiempo atr\u00e1s la jurisprudencia de esta Sala, siguiendo al efecto lo definido sobre el particular por la Corte Constitucional en la sentencia SU-1219 del 2001, tiene decantado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente para alegar la configuraci\u00f3n de arbitrariedades cometidas en una sentencia proferida en un proceso de igual naturaleza, habida cuenta de que tal decisi\u00f3n es susceptible de la eventual revisi\u00f3n que corresponde realizar a aqu\u00e9lla, tr\u00e1mite dentro del cual se pone fin al debate constitucional1. <\/p>\n
Si el presunto defecto es de fondo y se materializa en el fallo de la acci\u00f3n de tutela, contra esa providencia no es viable interponer posteriormente otra acci\u00f3n de igual naturaleza, toda vez que los mecanismos jur\u00eddicos id\u00f3neos establecidos para analizar la constitucionalidad de una sentencia de amparo se concretan \u00fanicamente en la impugnaci\u00f3n del fallo de primera instancia y en la revisi\u00f3n a cargo de la Corte Constitucional. <\/p>\n
Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. <\/p>\n
Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u201ccomo el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u201d [sentencia del 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00]\u00bb (CSJ STC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, citada entre otras en STC2483-2016 y STC5151-2020, 5 ago. 2020, rad. 00056-01). <\/p>\n
En ese sentido, n\u00f3tese que respecto de la resoluci\u00f3n proferida en segundo grado por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Facatativ\u00e1 el 8 de febrero de 2021, a\u00fan est\u00e1 pendiente el tr\u00e1mite de la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional seg\u00fan radicado T8178882, y, por tanto, no ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional, por lo que acudir a la tutela para refutar esa decisi\u00f3n \u00abequivaldr\u00eda a suplantar la funci\u00f3n que la propia Constituci\u00f3n ha encomendado a \u00e9sta \u00faltima\u00bb (T-307\/15). <\/p>\n
Entonces, por cuanto a la fecha no se ha surtido el procedimiento para la eventual revisi\u00f3n de la precitada tutela, est\u00e1 abierto ese escenario jur\u00eddico en el cual puede intervenir cualquier interesado, y en caso de no seleccionarse podr\u00e1 hacer uso del derecho o facultad de insistencia, previo cumplimiento de las exigencias previstas en la ley y los reglamentos pertinentes. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se ratifica la sentencia impugnada, precisando que la improcedencia del auxilio se produce porque desatiende una de las exigencias gen\u00e9ricas de procedibilidad de la tutela por perseguir el quebrantamiento de un fallo de similar estirpe que a\u00fan no ha culminado el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC, 17 feb. 2004, exp. 2003-00076-01 y STC, 27 ago. 2004, exp. 2004-00306-01, entre otras. <\/p>\n
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