STC7634-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7634-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 19001-22-13-000-2021-00043-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Popay\u00e1n el pasado 25 de mayo, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Aura Dina L\u00f3pez de Meza contra los Juzgados Tercero Civil del Circuito y Primero Civil Municipal de aquella poblaci\u00f3n, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso de deslinde y amojonamiento distinguido con radicaci\u00f3n 2018-00693. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando por conducto de apoderado, acude al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00aba la defensa, al debido proceso [y] acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb <\/p>\n
2. Dice que promovi\u00f3 demanda de deslinde y amojonamiento contra Yolanda Paredes Mosquera, cuyo conocimiento correspondi\u00f3, en primera instancia al Juzgado Primero Civil Municipal de Popay\u00e1n, despacho que, luego de surtido el tr\u00e1mite procesal de rigor con providencia del 27 de agosto de 2019 desestim\u00f3 sus pretensiones. <\/p>\n
Contra tal determinaci\u00f3n, indica, interpuso apelaci\u00f3n solicitando la invalidaci\u00f3n de lo actuado desde la audiencia celebrada en la calenda indicada en precedencia, por cuanto no se surti\u00f3 en debida forma el traslado de un dictamen pericial, nulidad acogida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma poblaci\u00f3n mediante providencia de 14 de enero de 2020. <\/p>\n
Agrega que, una vez rehecha la actuaci\u00f3n, el 15 de diciembre de 2020 el juez de primer grado celebr\u00f3 nuevamente la audiencia de deslinde y amojonamiento, luego de la cual \u00abse profiri\u00f3 auto interlocutorio por medio del cual se orden\u00f3 se\u00f1alar y mantener los linderos\u2026 de conformidad con los existentes en terreno al tiempo de presentaci\u00f3n de la demanda y al momento de esta diligencia\u00bb. <\/p>\n
Manifiesta que el 18 de diciembre del mismo a\u00f1o formul\u00f3 incidente de nulidad \u00abaduciendo principalmente una desobediencia a decisi\u00f3n impuesta por el juez jer\u00e1rquicamente superior\u00bb, que fue resuelto desfavorablemente con auto del pasado 1\u00ba de febrero; decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en alzada, siendo decidida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Popay\u00e1n el 24 de marzo siguiente en el sentido de confirmar lo resuelto. <\/p>\n
3. De las pruebas recaudadas se observa que el 15 de abril de 2021 el despacho a quo dispuso obedecer lo resuelto por su superior y el 19 del mismo mes y a\u00f1o declar\u00f3 \u00abdesierta la oposici\u00f3n de la parte demandante contra el deslinde practicado por el despacho el pasado d\u00eda quince (15) de diciembre de 2.020\u00bb, dej\u00f3 \u00aben firme el deslinde realizado por el juzgado\u00bb, cancel\u00f3 las medidas cautelares decretadas y conden\u00f3 en costas a la demandante; determinaci\u00f3n contra la que la parte vencida formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, en la actualidad pendiente de resolverse. <\/p>\n
4. Para la demandante los estrados convocados incurrieron en \u00abdefecto procedimental absoluto, defecto f\u00e1ctico por valoraci\u00f3n defectuosa de material probatorio y defecto sustantivo por err\u00f3nea aplicaci\u00f3n de la normatividad [sic] procedimental vigente, sin contar, claro est\u00e1 la vulneraci\u00f3n directa a normas constitucionales\u00bb, por cuanto \u00abno se ha permitido ejercer el derecho de contradicci\u00f3n al dictamen pericial de oficio en concordancia a lo dispuesto por el art\u00edculo 231 del C.G.P., posterior a la declaratoria de nulidad de dicha prueba\u00bb y pese a ello fue incorporada a la actuaci\u00f3n y valorada. <\/p>\n
5. Solicita, en consecuencia, declare \u00abla nulidad de lo actuado a partir de la diligencia del 15 de diciembre de 2020\u00bb y se le ordene al Juzgado Primero Civil Municipal de Popay\u00e1n \u00abrealizar nuevamente la diligencia de deslinde y amojonamiento\u2026 citar al perito decretado de oficio\u2026 a que comparezca a una nueva diligencia de deslinde y amojonamiento [sic]\u00bb <\/p>\n
1. El Juez Tercero Civil del Circuito de Popay\u00e1n dijo que la providencia del pasado 24 de marzo contiene las razones jur\u00eddicas en las que se apoy\u00f3 para confirmar el auto por medio del cual se neg\u00f3 la nulidad solicitada por la quejosa, por lo que solicit\u00f3 denegar el resguardo pues \u00abno ha vulnerado ninguno de los derechos que\u2026 se\u00f1ala como conculcados\u2026 toda vez que\u2026 ha contado con todas las garant\u00edas constitucionales y legales para la defensa de sus derechos e intereses\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Primero Civil Municipal, luego de detallar lo acontecido en el tr\u00e1mite escrutado se\u00f1al\u00f3 que, contra el auto de 19 de abril del a\u00f1o en curso, por medio del cual se \u00abdeclar\u00f3 desierta la oposici\u00f3n y en firme el deslinde\u00bb, la actora formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n que se encuentra pendiente de remitir al juzgado ad quem para su resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Al margen de ello, manifest\u00f3 remitirse \u00aba lo consignado en el interlocutorio\u2026 de 1\u00ba de febrero de 2.021\u00bb comoquiera que dicha providencia \u00abcontiene las razones de hecho y de derecho por las que se entendi\u00f3 que deb\u00eda la postulaci\u00f3n [invalidatoria]\u00bb <\/p>\n
3. Por su parte, Yolanda Paredes Mosquera, vinculada al presente asunto dada su condici\u00f3n de demandada en el proceso ordinario, refiri\u00f3 que, con id\u00e9nticas pretensiones a las consignadas en esta acci\u00f3n tuitiva, la gestora impugn\u00f3 la providencia del pasado 19 de abril, de all\u00ed que el presente amparo devenga improcedente por desatender el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Popay\u00e1n neg\u00f3 la protecci\u00f3n implorada por cuanto la accionante \u00abning\u00fan reparo formul\u00f3 ante el funcionario de conocimiento en su oportunidad procesal\u00bb frente a las providencias adoptadas el 20 de noviembre de 2020 (por medio de la que el juzgado de primer grado fij\u00f3 fecha para realizar la audiencia de deslinde) y el 15 de diciembre de 2020 (en la que se delimit\u00f3 el objeto de dicha diligencia) <\/p>\n
Dijo adem\u00e1s que las decisiones en que se resolvi\u00f3 en primera y segunda instancia la petici\u00f3n invalidatoria formulada por la quejosa \u00abno lucen caprichosas ni arbitrarias, sino que por el contrario, se encuentran debida y razonadamente motivadas\u00bb resaltando que las simples discrepancias o reparos que pueda tener aquella frente a las mismas, no son motivo suficiente para predicar la incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La querellante discrep\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n insistiendo en los planteamientos del libelo inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si las autoridades convocadas vulneraron las prerrogativas invocadas por la promotora, dentro del proceso de deslinde y amojonamiento que all\u00ed cursa, por cuanto \u00abno se ha permitido ejercer el derecho de contradicci\u00f3n al dictamen pericial de oficio en concordancia a lo dispuesto por el art\u00edculo 231 del C.G.P., posterior a la declaratoria de nulidad de dicha prueba\u00bb y pese a ello fue incorporada a la actuaci\u00f3n y valorada. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable <\/p>\n
3. De la subsidiariedad <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
Ligado al anterior criterio, se ha destacado que \u00e9ste tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco de un tr\u00e1mite judicial en curso, pues frente a cualquier presunta irregularidad atribuible al operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior de la respectiva causa, a trav\u00e9s de los instrumentos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, aun cuando esa oportunidad se extienda hasta la sentencia, pues le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, toda vez que no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 el fallo de primera instancia, pero porque el resguardo no satisface el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
De acuerdo con los antecedentes y anexos que conciernen a la actuaci\u00f3n debatida y, tal como pudo comprobarse, la causa judicial recriminada se encuentra en curso, como bien inform\u00f3 su titular y la colegiatura a quo, estando pendiente de resolverse el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la actora contra el prove\u00eddo del pasado 19 de abril por medio de la cual el Juzgado Primero Civil Municipal de Popay\u00e1n \u00abdeclar\u00f3 desierta la oposici\u00f3n y en firme el deslinde\u00bb; impugnaci\u00f3n en la que se formularon similares pretensiones a las consignadas en este amparo y que en la actualidad no ha sido decidida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de aquella poblaci\u00f3n. <\/p>\n
Dado ese contexto, resulta improcedente el resguardo porque por medio de este tr\u00e1mite constitucional no se puede proveer soluci\u00f3n a cuestiones que corresponde dirimir al juez ordinario en las instancias oportunas, pues el amparo no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo o alterno de los medios de defensa establecidos por la ley y menos para anticiparse a las decisiones que compete proferir al accionado, de all\u00ed que acudir al auxilio constitucional resulte inviable mientras el juicio controvertido est\u00e9 surti\u00e9ndose. <\/p>\n
En punto de lo dicho, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n
\u00abel amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que, \u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rese, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC900-2016 y STC4645-2016). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, pero por la evidente improcedencia del resguardo, habida cuenta que, como el proceso se encuentra en tr\u00e1mite, las cuestiones relacionadas con \u00e9ste deben ser dirimidas al interior de la actuaci\u00f3n y en las instancias correspondientes, lo que impide la injerencia del Juez de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo confutado, pero por las razones esbozadas en este prove\u00eddo. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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