STC7636-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7636-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2021-00303-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C, veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 28 de mayo de 2021 que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por la Corporaci\u00f3n Polit\u00e9cnico de la Costa Atl\u00e1ntica contra el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio n\u00ba 2018-00901. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Obrando por conducto de apoderado judicial, la parte actora reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, supuestamente conculcadas por la autoridad acusada, en desarrollo del tr\u00e1mite de la segunda instancia del referido proceso ejecutivo seguido en su contra. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del presente auxilio: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Dialnet de Colombia S.A. E.S.P., adelant\u00f3 en contra de la Corporaci\u00f3n Polit\u00e9cnico de la Costa Atl\u00e1ntica el referido recaudo, asunto que se tramit\u00f3 en primera instancia ante el Juzgado Veintiuno de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Barranquilla quien mediante sentencia del 5 de octubre de 2020 resolvi\u00f3 declarar no probadas las excepciones de m\u00e9rito formuladas por la parte demandada, y orden\u00f3 continuar la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Frente a la anterior decisi\u00f3n el extremo pasivo formul\u00f3 apelaci\u00f3n, expresando en la misma audiencia las razones de su inconformidad. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El 21 de octubre de 2020, el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de la precitada ciudad admiti\u00f3 y corri\u00f3 traslado del recurso conforme a lo preceptuado en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, prove\u00eddo que fue notificado en estado de 23 octubre de 2020. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El 27 de octubre anterior, la Corporaci\u00f3n Polit\u00e9cnico de la Costa Atl\u00e1ntica solicit\u00f3 el decreto de pruebas en segunda instancia.<\/p>\n
5. El 16 de diciembre de 2020, el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Barranquilla desat\u00f3 la apelaci\u00f3n, pese a que el recurrente no alleg\u00f3 escrito de sustentaci\u00f3n, conforme a lo indicado en el auto de 21 de octubre de esa anualidad, sin embargo, el estrado precis\u00f3 que dar\u00eda tramite a la apelaci\u00f3n teniendo en cuenta la \u00absustentaci\u00f3n\u00bb efectuada ante el a quo, y finalmente, confirm\u00f3 el fallo de primera instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Ante la prenombrada autoridad judicial, la ejecutada en el referido litigio formul\u00f3 incidente de nulidad arguyendo que \u00ab(\u2026) no hubo auto que estableciera fecha de audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo (\u2026) el Despacho no [les] concedi\u00f3 la oportunidad de reponer la negaci\u00f3n de la solicitud de pruebas (\u2026) [les] neg\u00f3 la posibilidad de sustentar el recurso, de acuerdo con el CGP y al D.L. 806 de 2020\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
7. El 30 de abril de 2021 se resolvi\u00f3 desfavorablemente el incidente de nulidad propuesto, determinaci\u00f3n frente a la cual no se interpuso recurso alguno. <\/p>\n
<\/p>\n
8. Con id\u00e9nticos argumentos a los expresados en la nulidad deprecada, la Corporaci\u00f3n Polit\u00e9cnico de la Costa Atl\u00e1ntica el 12 de mayo hoga\u00f1o promueve la presente solicitud de amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Pretende que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se invalide la sentencia proferida por el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Barranquilla el 16 de diciembre de 2020, en virtud del ejecutivo n\u00ba 2018-00901, y en su lugar \u00abse ordene retrotraer la actuaci\u00f3n a la etapa de admisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por parte del ad quen (sic) as\u00ed como tambi\u00e9n el traslado a otro Despacho judicial donde se [les] garanticen la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales vulnerados\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
El 9 de junio anterior, destac\u00f3 que frente al prove\u00eddo de 30 de abril que resolvi\u00f3 desfavorablemente la nulidad alegada por la aqu\u00ed convocante no se interpuso recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo, indicando que \u00abel actuar del fallador cuestionado no luce arbitrario, antojadizo o negligente que permita la inmersi\u00f3n del juez constitucional, contrariamente, responde a un an\u00e1lisis razonable de la normatividad procesal vigente y aplicable en el presente asunto\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos esbozados en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Barranquilla transgredi\u00f3 las prerrogativas reclamadas por la querellante al interior del ejecutivo n\u00ba 2018-00901 seguido en su contra, por cuanto, supuestamente, no fij\u00f3 fecha para audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, \u00abno [les] concedi\u00f3 la oportunidad de reponer la negaci\u00f3n de la solicitud de pruebas (\u2026) [le] neg\u00f3 la posibilidad de sustentar el recurso, de acuerdo con el CGP y al D.L. 806 de 2020\u00bb. <\/p>\n
2. Naturaleza de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
El procedimiento breve y sumario estatuido en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, tiene cabida para proteger de manera inmediata los derechos fundamentales de vulneraci\u00f3n o amenaza, que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuando el interesado carece de otro instrumento id\u00f3neo de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha reiterado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias exclusivas de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance instrumentos ordinarios de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
Analizados los fundamentos que soportan el presente auxilio, los cuales, se reitera, son id\u00e9nticos a los arg\u00fcidos en la nulidad deprecada ante el juez acusado, y con observancia de las pruebas allegadas al plenario, ha de precisarse que esta Corporaci\u00f3n respaldar\u00e1 el fallo proferido por el tribunal a quo, pero por las razones que pasan a explicarse: <\/p>\n
Inobservancia del presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su quebrantamiento ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configura la primera modalidad, dado que la querellante omiti\u00f3 formular recurso de reposici\u00f3n frente al prove\u00eddo de 30 de abril hoga\u00f1o, por medio del cual el despacho accionado resolvi\u00f3 desfavorablemente la nulidad que formul\u00f3, desperdiciando con ello, la herramienta legalmente prevista en el estatuto procesal vigente para controvertir tal determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El auxilio ser\u00e1 desestimado porque incumple el presupuesto de la subsidiariedad puesto que la apat\u00eda en la utilizaci\u00f3n de los medios de control judicial pertinentes torna inviable la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
7 <\/p>\n
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