STC7653-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7653-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01754-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Lidia Yasmint Valbuena Reyes contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y dignidad humana, que dice vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se disponga \u00abdejar sin efecto las actuaciones surtidas\u2026 desde la audiencia de inventarios y aval\u00faos\u00bb; y se le ordene al juzgador acusado que \u00abemita las \u00f3rdenes y decisiones a que hubiere lugar con la finalidad de: (i) retrotraer los efectos de lo actuado en el proceso; y (ii) rehacer la actuaci\u00f3n procesal en atenci\u00f3n de [sus] derechos y garant\u00edas fundamentales\u2026 a partir de la audiencia de inventarios y aval\u00faos\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro del proceso de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho promovido por Rosalba Gonz\u00e1lez contra Lidia Yasmint Valbuena Reyes, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1, se declar\u00f3 dicha uni\u00f3n y la existencia de una sociedad patrimonial. Posteriormente, se inici\u00f3 la liquidaci\u00f3n, en donde se decret\u00f3 la partici\u00f3n. <\/p>\n
2.2. A continuaci\u00f3n, la demandante present\u00f3 un inventario adicional, el que fue objetado por el extremo pasivo, siendo resueltas dichas objeciones en la audiencia de inventarios y aval\u00faos de 30 de septiembre de 2019, decisi\u00f3n que apelada se mantuvo el 25 de febrero de 2020. El 14 de diciembre de 2020 se dict\u00f3 sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n, la que fue aclarada en marzo de 2021. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que pese a que insisti\u00f3 en la salvaguarda de sus derechos, fueron atropellados en ambas instancias; que si bien la escucharon y estuvo representada por abogados, la ignoraron y sus pruebas no se tuvieron en cuenta. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que en la liquidaci\u00f3n present\u00f3 objeciones que no se estudiaron; que pese a que no se present\u00f3 a la audiencia, si se alleg\u00f3 las probanzas en su oportunidad; que asisti\u00f3 a la nueva diligencia que se surti\u00f3; que los folios que entreg\u00f3 no fueron revisados en su integridad; que se inflaron los valores de los activos; que no se tuvo en cuenta la hipoteca con la que recogi\u00f3 otra a favor de la demandante; y que la finca de la que es propietaria de una tercera parte, no tiene explotaci\u00f3n tur\u00edstica, sino por el contrario es una zona de alto riesgo. <\/p>\n
2.5. Adujo que se dejaron de inventariar deudas a cargo de la sociedad, lo que gener\u00f3 que Rosalba Gonz\u00e1lez se enriqueciera a sus expensas; que se encuentra ante un inminente perjuicio irremediable porque la partidora proceder\u00e1 a liquidar con aval\u00faos inflados y sin tener en cuenta las deudas. <\/p>\n
2.6. Refiri\u00f3 que nunca se notific\u00f3 al acreedor hipotecario; que se le debe otorgar valor probatorio a todos los documentos que aport\u00f3; que no se apreci\u00f3 una recompensa que recibi\u00f3, as\u00ed como tampoco se valoraron los impuestos, pagos e inversiones que realiz\u00f3; y que cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, pues la alzada se resolvi\u00f3 el 25 de febrero de 2020, luego se present\u00f3 el aislamiento obligatorio y todav\u00eda no se hab\u00eda posesionado el partidor. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que resolvi\u00f3 las solicitudes de la accionante en oportunidad, quien estuvo representada por apoderado judicial; que no hab\u00eda conculcado derecho fundamental alguno; que el promotor no agot\u00f3 los mecanismos de defensa con los que contaba, por lo que no pod\u00eda revivir t\u00e9rminos fenecidos; que no se cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, pues la sentencia de segunda instancia fue emitida hace m\u00e1s de cuatro a\u00f1os y el fallo aprobatorio de la partici\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial hab\u00eda sido comunicado con estado electr\u00f3nico pr\u00e1cticamente seis meses atr\u00e1s, sin que en la acci\u00f3n instaurada se indicara justificaci\u00f3n que excusara la mora en la activaci\u00f3n del aparato judicial. <\/p>\n
2. Rosalba Gonz\u00e1lez refiri\u00f3 que la accionante hab\u00eda ejercido su derecho de defensa y contradicci\u00f3n; que la autoridad judicial acuasada actu\u00f3 dentro del marco de autonom\u00eda e independencia; que no cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, pues las decisiones que censuraba fueron emitidas en la diligencia de inventarios y aval\u00faos adicionales de 30 de septiembre de 2019 y confirmada el 25 de febrero de 2020; que la gestora tampoco recurri\u00f3 el fallo aprobatorio de la partici\u00f3n; que los aval\u00faos fueron presentados y sustentados por perito id\u00f3neo, partidas que no fueron objetadas; que la gestora present\u00f3 como inventario unos pasivos y recompensas sin demostrar su causaci\u00f3n ni el alegado detrimento patrimonial; que la tutela no era una tercera instancia, pues \u00abel proceso liquidatorio se encuentra terminado desde el pasado 14 de diciembre de 202[0], fecha en la que se profiri\u00f3 la sentencia\u00bb; y que no se hab\u00eda transgredido derecho fundamental alguno. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre las providencias criticadas de 30 de septiembre de 2019 y 25 de febrero de 2020, emitidas por las autoridades acusadas; y la interposici\u00f3n de la tutela el 2 de junio de 2021, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que sean de recibo los argumentos con los que la promotora pretende superarlo, pues el t\u00e9rmino se contabiliza a partir de las decisiones que denuncia como vulneradoras de sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u2026 si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3. En adici\u00f3n a lo anterior, se observa que la accionante no hizo uso de los mecanismos de defensa con los que contaba para exponer sus reclamos. <\/p>\n
En efecto, la gestora no interpuso recurso de apelaci\u00f3n frente a la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n dictada el 14 de diciembre de 2020, por lo que desperdici\u00f3 el escenario id\u00f3neo para exponer sus reclamos, lo cual torna inviable la protecci\u00f3n solicitada, debido a su car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n ha mencionado en varias oportunidades que: <\/p>\n
\u2026no basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (CSJ STC, 25 ag. 2008, rad. 01343-00; reiterada en STC5331-2014; STC14062-2015; STC612-2016; y STC12335-2017, 16 ag. 2017, rad. 2017-00338-01). <\/p>\n
Sabido es que el cuestionamiento constitucional no se abre paso cuando la parte interesada no hizo uso de los medios de regular procedencia que ten\u00eda a su alcance para controvertir las determinaciones que dice le afectan; de suerte que si omiti\u00f3 activarlos, no puede ahora revivir esa posibilidad a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n excepcional, la cual \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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