STC7654-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7654-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01765-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Wilson Vicente Moreu Coronado contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la salvaguarda constitucional de los derechos fundamentales de petici\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se le ordene al accionado que \u00abproceda o\u2026 resuel[va] [su] recurso de impugnaci\u00f3n tutelar o en su defecto, [le] conceda una respuesta de fondo a lo peticionado\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Wilson Vicente Moreu Coronado interpuso una tutela contra la Superintendencia de Notariado y Registro y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Barranquilla, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Quince Civil del Circuito esa ciudad, la que el 9 de diciembre de 2020 fue denegada. Esta decisi\u00f3n fue impugnada y remitida a Sala Civil -Familia del Tribunal Superior del mismo lugar. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que el 6 de mayo de 2021 elev\u00f3 petici\u00f3n ante el magistrado Jorge Maya Cardona de la Sala Civil – Familia del Tribunal acusado poniendo de presente que se encontraba pendiente el tr\u00e1mite de una impugnaci\u00f3n que formul\u00f3. <\/p>\n
2.4. Adujo que hab\u00edan transcurrido 24 d\u00edas para que le remitieran una respuesta oportuna y congruente, pero solo ha obtenido \u00abun silencio profundo al respecto\u00bb; que independiente de como haya titulado su solicitud, debe resolverse; y que se vencieron los t\u00e9rminos sin pronunciamiento. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quince Civil del Circuito de Barranquilla realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que tras declarse una nulidad, el 9 de diciembre de 2020 dict\u00f3 fallo denegando las pretensiones del accionante, quien lo impugn\u00f3, por lo que se remiti\u00f3 el expediente al ad-quem, en donde fue repartido al despacho del magistrado Jorge Maya Cardona (qepd), sin que se tenga conocimiento si se design\u00f3 reemplazo o si fue reasignado el asunto a otro funcionario; y que las inconformidades que sustentan la tutela eran ajenas a ese despacho judicial, por lo que se aten\u00eda a lo que se resolviera en esta acci\u00f3n excepcional. Remiti\u00f3 el expediente objeto de reclamo. <\/p>\n
2. La Superintendencia de Notariado y Registro se\u00f1al\u00f3 que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues lo deprecado por el accionante no hac\u00eda parte de las funciones de esa entidad, por lo que solicitaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
3. La Notaria Quinta del C\u00edrculo de Barranquilla adujo que se configuraba una falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, ya que los hechos y pretensiones no le eran atribuibles; que ha atendido los requerimientos, peticiones solicitudes de informaci\u00f3n elevados por el promotor. Solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de esta tutela. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas y examinados los fundamentos de la presente queja supralegal, esto es, que a la fecha no se ha emitido decisi\u00f3n alguna, con relaci\u00f3n a la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 el quejoso frente al fallo de 9 de diciembre de 2020, pertinente es recordar que con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se critican situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00). <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, el amparo deprecado habr\u00e1 de concederse, ya que la Magistratura censurada ha incumplido el t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 321 del Decreto 2591 de 1991 (por el cual se reglamenta la acci\u00f3n de tutela), para pronunciarse respecto de la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 el tutelante contra el fallo que dirimi\u00f3, en primera instancia, el asunto objeto de reproche constitucional. <\/p>\n
Ello en la medida en que, de acuerdo a lo informado por el censor y a los elementos de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, la impugnaci\u00f3n fue repartida el 11 de diciembre de 2020 en el Tribunal acusado, sin que a la fecha de proferimiento de esta decisi\u00f3n se hubiese resuelto dicho recurso, sumado a que ninguna raz\u00f3n expuso dicha Corporaci\u00f3n para justificar tal tardanza. <\/p>\n
Por ese rumbo, en lo tocante a las situaciones excepcionales que permiten excusar esa demora, en pret\u00e9ritas ocasiones esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
No da cuenta la accionada de circunstancias especiales que ameriten una valoraci\u00f3n particular frente a la dilaci\u00f3n presentada, pues como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, \u2018la justificaci\u00f3n del retraso judicial s\u00f3lo resulta posible frente a situaciones de hecho sobrevivientes e insuperables, que tiene[n] lugar a\u00fan a pesar de la gesti\u00f3n diligente del juez\u2019. Situaciones como la congesti\u00f3n de los despachos judiciales en raz\u00f3n del creciente n\u00famero de litigios sometidos al conocimiento de la jurisdicci\u00f3n -algunos de ellos con apreciable grado de complejidad-; el incremento de los negocios civiles que se asignan a los tribunales superiores a efectos de resolver recursos atribuidos a su competencia, o las enfermedades que padecieron la funcionaria judicial y su familia, no constituyen razones suficientes que puedan explicar una demora como la que ella misma admite en la decisi\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n, que a la fecha es de tres a\u00f1os y nueve meses (subrayas fuera de texto – CSJ STC, 28 sep. 2012, rad. 2012-02083-00; reiterada en STC12696-2014, 18 sep., rad. 2014-2009-00). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no cabe duda de que la autoridad acusada ha trasgredido las garant\u00edas del accionante, habida cuenta de que ha superado, sin justificaci\u00f3n, los t\u00e9rminos previstos para pronunciarse sobre la impugnaci\u00f3n que interpuso el peticionario. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se conceder\u00e1 el amparo rogado, ordenando a la Corporaci\u00f3n encausada que se pronuncie respecto a la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 el quejoso el pasado 10 de diciembre. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede el resguardo al derecho al debido proceso de Wilson Vicente Moreu Coronado y, en consecuencia, ordena a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, se pronuncie respecto a la impugnaci\u00f3n que interpuso el accionante el pasado 10 de diciembre en la acci\u00f3n de tutela incoada por \u00e9l contra la Superintendencia de Notariado y Registro y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Barranquilla, (08001-31-53-015-2020-00085). <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. Rem\u00edtasele copia de esta providencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed decidido a todos los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, y oportunamente rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse esta sentencia. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u00abPresentada debidamente la impugnaci\u00f3n el juez remitir\u00e1 el expediente dentro de los dos d\u00edas siguientes al superior jer\u00e1rquico correspondiente\u00bb. <\/p>\n
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