STC7683-2021<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7683-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 86001-22-08-001-2021-00031-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de junio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, se resuelven las impugnaciones que formularon el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Sibundoy, la Comisar\u00eda de Familia Intermunicipal del Alto Putumayo y Edwin Rodr\u00edguez frente a la sentencia de 23 de abril de 2021, proferida por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa, en la acci\u00f3n de tutela que Sandra Moreno promovi\u00f3 contra los aqu\u00ed opugnantes. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La promotora pretende que se deje sin efecto la Resoluci\u00f3n proferida por la Comisar\u00eda de Familia enjuiciada (8 enero 2021) y la decisi\u00f3n No. 23 del Juzgado referido (10 febrero 2021) proferida dentro del proceso de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar promovido por ella y que, en su lugar, se ordene a la Comisar\u00eda de Familia que \u00abdecida sobre la necesidad de otorgar una medida de protecci\u00f3n definitiva, atendiendo el deber de administrar justicia con perspectiva de g\u00e9nero, teniendo en cuenta el principio del inter\u00e9s superior de la ni\u00f1a VABM y su derecho a una vida libre de violencia\u00bb. <\/p>\n
Como fundamento f\u00e1ctico de sus pedimentos adujo que present\u00f3 ante la Comisar\u00eda mencionada una solicitud de protecci\u00f3n inmediata de Angela Rodr\u00edguez Moreno (2 diciembre 2020). Lo anterior en raz\u00f3n a que el padre, en cumplimiento del r\u00e9gimen de visitas, se llev\u00f3 a la menor del hogar materno el 15 de diciembre de 2020, super\u00f3 el t\u00e9rmino que ten\u00eda para permanecer con ella y no le comunic\u00f3 a la madre el lugar donde se encontraban. La referida autoridad concedi\u00f3 la medida provisional, orden\u00f3 al se\u00f1or Banda que retornara a la ni\u00f1a a la casa de habitaci\u00f3n de la madre y fij\u00f3 fecha para realizar la audiencia el 8 de enero de 2021 (23 diciembre 2020). <\/p>\n
Indic\u00f3 que aunque en la se\u00f1alada audiencia se prob\u00f3 que: i) \u00c1ngela Rodr\u00edguez sufre de p\u00e1nico cuando el padre acude a recogerla, ii) el progenitor recogi\u00f3 a la ni\u00f1a desde el 15 de diciembre de 2020 y la retorn\u00f3 hasta el 25 de diciembre de la misma anualidad, solo con ocasi\u00f3n de la medida provisional decretada, iii) el aislamiento que tuvo le ocasion\u00f3 da\u00f1o psicol\u00f3gico, lo cual fue corroborado con dictamen de medicina legal y iv) el se\u00f1or Edwin Rodr\u00edguez ha maltratado a su hija y a la gestora del amparo; el asunto se decidi\u00f3 de fondo en el sentido de negar la medida de protecci\u00f3n definitiva solicitada y revoc\u00f3 la disposici\u00f3n provisional decretada porque el grupo interdisciplinario concluy\u00f3 que si bien los progenitores no tienen una buena relaci\u00f3n entre ellos, la ni\u00f1a no presenta s\u00edntomas de maltrato f\u00edsico o emocional y, adem\u00e1s, para la fecha de la decisi\u00f3n ya se encontraba en la casa de la madre (8 enero 2021). <\/p>\n
A juicio de la actora, no hubo una adecuada valoraci\u00f3n probatoria. Apel\u00f3 la decisi\u00f3n, pero el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Sibundoy confirm\u00f3 la orden de primer grado sin tener en cuenta el testimonio de la madre, la Resoluci\u00f3n de la Comisar\u00eda de Familia de 23 de diciembre de 2020, el dictamen pericial de medicina legal y desconoci\u00f3 su deber de erradicar todas las formas de violencia (Sentencia T-462 2018); se\u00f1al\u00f3 tambi\u00e9n que la disposici\u00f3n judicial dio lugar a que el padre siga atentando contra la salud de su hija y desconoci\u00f3 que la psic\u00f3loga de la EPS recomend\u00f3 que las visitas que \u00e9l realiza, se den en un ambiente familiar en compa\u00f1\u00eda de miembros del grupo primario. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Sibundoy hizo un recuento del tr\u00e1mite surtido en el proceso de protecci\u00f3n de la menor y adujo que la gestora pretende usar la acci\u00f3n de tutela como una tercera instancia, lo cual desconoce la finalidad del medio constitucional. <\/p>\n
La Comisar\u00eda de Familia Intermunicipal del Alto Putumayo se\u00f1al\u00f3 que para el 15 de diciembre de 2020 el se\u00f1or Edwin Rodr\u00edguez estaba en ejercicio de su derecho de compartir con su hija. Precis\u00f3 que no existe evidencia del maltrato aducido por la accionante pues no se inform\u00f3 a ninguna autoridad de hechos al respecto. Destac\u00f3 que la valoraci\u00f3n hecha por la psic\u00f3loga de la familia concluy\u00f3 que la menor y su progenitor tienen una buena relaci\u00f3n y manifest\u00f3 que en vista de las dificultades presentadas entre los padres, los remiti\u00f3 a terapia psicol\u00f3gica en la EPS. Adujo que actualmente se encuentra vigente una medida de protecci\u00f3n en contra del se\u00f1or Edwin Rodr\u00edguez por las mismas circunstancias, (8 de febrero de 2021). <\/p>\n
Indic\u00f3 que el objetivo principal de la medida provisional era que la ni\u00f1a regresara a su casa y que cumplido dicho objetivo antes de que se decidiera de fondo el asunto, raz\u00f3n por la cual no se evidenci\u00f3 la necesidad de decretar medida de protecci\u00f3n alguna. <\/p>\n
La Defensora de Familia del Centro Zonal ICBF de Subondoy se\u00f1al\u00f3 que no existe evidencia de la violencia aducida por la madre y lo que s\u00ed advierte son dificultades entre los padres y su familia recompuesta, sobre todo la del compa\u00f1ero de la gestora del amparo que pretende ser reconocido como figura paterna. <\/p>\n
3. El a quo concedi\u00f3 el amparo, dej\u00f3 sin efecto la Resoluci\u00f3n del 8 de octubre de 2021 de la Comisaria enjuiciada y la decisi\u00f3n del 10 de febrero de la misma anualidad proferida por el Juzgado fustigada. En su lugar mantuvo la orden de protecci\u00f3n concedida provisionalmente y le orden\u00f3 a la Comisar\u00eda de Familia Intermunicipal del Alto Putumayo que profiera una nueva decisi\u00f3n en la que decida sobre la necesidad de otorgar una medida de protecci\u00f3n definitiva. <\/p>\n
Como soporte de su decisi\u00f3n consider\u00f3 que si bien no se prob\u00f3 violencia intrafamiliar que afectara a la menor, lo cierto es que el comportamiento del padre, al no informar a la gestora sobre el paradero de la infante, s\u00ed gener\u00f3 en la madre zozobra por lo que en el caso particular deb\u00eda atenderse el deber de administrar justicia con perspectiva de g\u00e9nero y evaluar si los actos del padre configuraban violencia frente a la aqu\u00ed actora. Precis\u00f3 que \u00absi bien la medida ya no ser\u00eda ordenar el retorno al amparo de la madre, s\u00ed podr\u00eda ser a manera de ejemplo abstenerse de incurrir en un comportamiento similar o el de someterse estrictamente al r\u00e9gimen de visitas establecido\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Sibundoy impugn\u00f3 y para tal fin se remiti\u00f3 a los argumentos expuestos en la contestaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La Comisar\u00eda de Familia Intermunicipal del Alto Putumayo tambi\u00e9n impugn\u00f3. Adujo que el Tribunal de primer grado no tuvo en cuenta que la pretensi\u00f3n del tr\u00e1mite de protecci\u00f3n del menor se limit\u00f3 al reintegro de la menor a la casa materna, por lo que verificado el regreso de la ni\u00f1a a la casa de la actora, en perfectas condiciones, se configur\u00f3 la existencia del hecho superado. Destac\u00f3 que tampoco valor\u00f3 que ya exist\u00eda una medida de protecci\u00f3n definitiva a trav\u00e9s de la cual se proh\u00edbe al se\u00f1or Banda \u00c1lvarez ejercer actos de violencia contra la accionante. <\/p>\n
Edwin Rodr\u00edguez, padre de la menor, se adhiri\u00f3 a la impugnaci\u00f3n de la Comisar\u00eda de Familia y se\u00f1al\u00f3 que en el proceso de protecci\u00f3n s\u00ed hubo adecuada valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Las impugnaciones presentadas no est\u00e1n llamadas a prosperar y, en consecuencia, habr\u00e1 de confirmarse la decisi\u00f3n de primera instancia, toda vez que las autoridades judiciales accionadas s\u00ed incurrieron en defecto f\u00e1ctico y desatendieron su deber de administrar justicia con enfoque de g\u00e9nero. <\/p>\n
De las pretensiones tutelares formuladas por la gestora se advierte que lo que ella persigue es que por esta v\u00eda se ordene a las autoridades de familia cuestionadas que decreten una medida de protecci\u00f3n definitiva que garantice a su menor hija vivir una existencia libre de violencia. De otro lado, las enjuiciadas, en sus respectivos escritos de impugnaci\u00f3n, coinciden en se\u00f1alar que la medida de protecci\u00f3n promovida por la aqu\u00ed actora, se decidi\u00f3 con base en un an\u00e1lisis razonable de las probanzas aportadas y decretadas, las cuales permitieron colegir que la \u00c1ngela Rodr\u00edguez regres\u00f3 a su casa materna libre de signos de violencia, por lo que no era procedente acoger las pretensiones de la solicitante. <\/p>\n
Rese\u00f1ado el fundamento de la decisi\u00f3n de primera instancia, as\u00ed como lo se\u00f1alado por la gestora referente a que se desconoci\u00f3 la ley 1257 de 2008 y comoquiera que las impugnantes defendieron la labor judicial que realizaron, corresponde a la Sala analizar, a grandes rasgos, en qu\u00e9 consiste la administraci\u00f3n de justicia con enfoque de g\u00e9nero a fin de destarar la alzada. <\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Nacional de G\u00e9nero de la Rama Judicial de Colombia y las Corporaciones que la integran han establecido algunos \u00abCRITERIOS DE EQUIDAD PARA UNA ADMINISTRACI\u00d3N DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE G\u00c9NERO\u00bb, documento en el cual se recuerda que el acceso a la justicia est\u00e1 directamente relacionado con la b\u00fasqueda de una tutela judicial efectiva que d\u00e9 lugar a una decisi\u00f3n que ponga fin a un conflicto surgido con ocasi\u00f3n a las relaciones propias de la vida en comunidad, disposici\u00f3n judicial que debe ser el resultado de un proceso \u00abtendiente a garantizar la administraci\u00f3n de justicia y el acceso a ella en condiciones de igualdad y oportunidad sin distingos de naturaleza alguna por virtud de raza, edad, sexo, estado, creencias o convicciones e ideolog\u00edas, entre otras\u00bb1. As\u00ed, la administraci\u00f3n de justicia con enfoque de g\u00e9nero consiste en la resoluci\u00f3n de conflictos, a trav\u00e9s de los medios procesales previstos para tal fin, con la intenci\u00f3n de corregir, superar o evitar la discriminaci\u00f3n de g\u00e9nero que \u00abhace referencia a que no se otorga igual valor, iguales derechos, responsabilidades y oportunidades a hombres y mujeres y que a las mujeres por el hecho de serlo se les menosprecia y se les pone en desventaja en relaci\u00f3n con los varones\u00bb. <\/p>\n
En lo que tiene que ver con los criterios orientadores para identificar casos en los que debe aplicarse el enfoque de g\u00e9nero, la Comisi\u00f3n mencionada ha establecido los siguientes: i) si en el litigio se encuentra de por medio una mujer, ii) si en el asunto objeto de estudio ya existen antecedentes en los que se aplique el enfoque de g\u00e9nero, por ejemplo, temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos (apoyo a la maternidad, menopausia, interrupci\u00f3n del embarazo, fertilidad, etc.), mujeres v\u00edctimas de desplazamiento forzado, hechos de violencia contra la mujer (violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia patrimonial), iii) debe evaluarse el contexto de la situaci\u00f3n que da origen al conflicto, pregunt\u00e1ndose por la calidad de los sujetos procesales, su poder adquisitivo y de decisi\u00f3n, las reglas, normas y costumbres e inclusive la historia a la que obedecen, as\u00ed como los derechos y obligaciones que tienen. <\/p>\n
Una vez se logre establecer que el asunto versar\u00e1 sobre temas relacionados con la equidad de g\u00e9nero, puede acudirse a alguno de los criterios que permitir\u00e1n abordar la Litis. Algunos de ellos son: i) incluir argumentos y hermen\u00e9uticas que evidencien el enfoque de g\u00e9nero, ii) \u00abUna vez analizada la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, el\/la juez\/a en b\u00fasqueda de la verdad real, y en el an\u00e1lisis del conjunto probatorio debe privilegiar la prueba indiciaria, dado que en muchos caso la prueba directa no se logra\u00bb, iii) darle voz a las mujeres y a las organizaciones que las representan, iv) debe considerarse, ponderarse y valorar el papel, el rol y las relaciones que en cada contexto social est\u00e1 llamada a desempe\u00f1ar la mujer, v) el fallador debe ser consciente del poder transformador de las decisiones judiciales en la sociedad, lo que permite insinuar, procurar, hacer rutas de superaci\u00f3n de las dificultades y establecer pautas de conducta que materialicen la igualdad, reconozcan la categor\u00eda de g\u00e9nero que le corresponde a la mujer en relaci\u00f3n con sus derechos; adem\u00e1s, debe \u00abpromover los correctivos para que en lo posible apunte al deber ser, de manera tal, que el reconocimiento pueda ser traducido en una verdadera dignificaci\u00f3n del papel de la mujer en la sociedad; dando as\u00ed un verdadero salto cualitativo del aspecto puramente biol\u00f3gico que indica el sexo, al tema del entendimiento del g\u00e9nero, dentro del caso concreto que se est\u00e1 examinando\u00bb2. <\/p>\n
Ahora, en lo que tiene que ver con el marco legal que soporta el enfoque de g\u00e9nero, se encuentran: la Convenci\u00f3n contra todas las formas de discriminaci\u00f3n contra la mujer, m\u00e1s conocida como CEDAW, ratificada mediante la Ley 51 de 1981; la Convenci\u00f3n Interamericana para sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer o de Bel\u00e9n do Par\u00e1, incorporada al ordenamiento jur\u00eddico colombiano a trav\u00e9s de la Ley 248 de 1995; el art\u00edculo 7 de la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos; el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Nacional y la ley 1257 de 2008 por medio de la cual \u00abse dictan normas de sensibilizaci\u00f3n, prevenci\u00f3n y sanci\u00f3n de formas de violencia y discriminaci\u00f3n contra las mujeres, se reforman los C\u00f3digos Penal, de Procedimiento Penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones\u00bb. <\/p>\n
3. Bajo el marco descrito, procede la Sala a establecer si en el caso concreto hab\u00eda lugar o no aplicar el enfoque de g\u00e9nero reclamado por la accionante. En primer lugar debe se\u00f1alarse que en el tr\u00e1mite de la medida de protecci\u00f3n promovida por la aqu\u00ed actora, se encuentran involucradas dos mujeres, Sandra Moreno y su menor hija; adem\u00e1s el asunto corresponde a uno de aquellos en los que tradicionalmente se ha visto materializado el enfoque de g\u00e9nero, toda vez que se trata de un asunto de familia en el que se promovi\u00f3 una medida de protecci\u00f3n prevista en la ley 575 de 2000 que modific\u00f3 la ley 294 de 1996, que en su art\u00edculo 1\u00ba estableci\u00f3 como objeto de dicho tr\u00e1mite el siguiente: \u00abToda persona que dentro de su contexto familiar sea v\u00edctima de da\u00f1o f\u00edsico o s\u00edquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresi\u00f3n por parte de otro miembro del grupo familiar, podr\u00e1 pedir, sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al Comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de \u00e9ste al Juez Civil Municipal o promiscuo municipal, una medida de protecci\u00f3n inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresi\u00f3n o evite que \u00e9sta se realice cuando fuere inminente\u00bb. En lo que respecta al contexto del asunto, debe destacarse que el caso versa sobre las discrepancias que tiene una madre y un padre de familia sobre el ejercicio del derecho de visitas de aqu\u00e9l frente a su menor hija, espec\u00edficamente en lo ocurrido entre 15 y el 25 de diciembre de 2020, lapso en el cual el se\u00f1or Edwin Rodr\u00edguez comparti\u00f3 con su hija, sin informar a la madre sobre su paradero y sin facilitar su comunicaci\u00f3n con la ni\u00f1a. Lo anterior permite colegir que en el sub judice se cumplen todos los criterios orientadores que permiten concluir que al caso s\u00ed debe aplicarse la administraci\u00f3n de justicia con enfoque de g\u00e9nero. <\/p>\n
Establecido el deber mencionado y una vez revisadas las decisiones que resolvieron sobre la medida de protecci\u00f3n, advierte la Sala que si bien como lo se\u00f1alaron la Comisar\u00eda y el Juzgado fustigados, la medida de protecci\u00f3n reclamada por la accionante tuvo como finalidad que la hija de la actora regresara a su hogar luego de que el padre la recogiera para ejercer su derecho de compartir con ella y no informara a la madre sobre su paradero, lo cierto es que la solicitante tambi\u00e9n aludi\u00f3 a la ocurrencia de actos violentos f\u00edsicos y psicol\u00f3gicos; sin embargo, las autoridades limitaron su decisi\u00f3n a establecer que la menor ya hab\u00eda regresado a casa de su progenitora, que no ten\u00eda signos de violencia f\u00edsica y que se evidenciaba una relaci\u00f3n fuerte con su padre. Sobre el particular, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Sibundoy, al desatar la apelaci\u00f3n precis\u00f3: <\/p>\n
Verificando la actuaci\u00f3n primigenia de imposici\u00f3n de medida de protecci\u00f3n, es posible colegir que los argumentos principales sobre los cuales la misma fue sustentada, se contraen a los hechos consistentes en que el padre de la menor procedi\u00f3 a recoger a la ni\u00f1a VABM, el d\u00eda 15 de diciembre de 2020, para posteriormente abstenerse de entablar comunicaci\u00f3n con la madre de la menor, ante lo cual la Comisaria de Familia profiri\u00f3 decisi\u00f3n de Medida de Protecci\u00f3n Provisional, consistente en el \u201cREINTEGRO DE MANERA INMEDIATA a la NNA ANGELA RODR\u00cdGUEZ MORENOa la casa de habitaci\u00f3n de su madre la se\u00f1ora SANDRA MORENO\u201d y de que se abstenga de penetrar a la casa de habitaci\u00f3n de la se\u00f1ora SANDRA MORENO, realizar esc\u00e1ndalos e insultos so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas por la ley\u201d, medida que en su momento, se observa adecuada para efecto de neutralizar la conducta asumida por el padre de la menor. <\/p>\n
Se conoce y por las mismas afirmaciones al respecto obrantes al plenario que el padre de la menor: <\/p>\n
\u201crecoge a su hija el d\u00eda 15 de diciembre en el hogar materno para llevarla por 4 horas, lapso autorizado para compartir la visita con la menor, y no la regres\u00f3 hasta el d\u00eda 25 de diciembre cuando ya hab\u00eda sido impuestas medidas de protecci\u00f3n; durante ese periodo mantuvo incomunicada a la menor de su madre y aunque el se\u00f1or JVBA argument\u00f3 en la audiencia de 8 de enero, que mantuvo comunicaci\u00f3n con la Polic\u00eda, con el ICBF y con la Comisar\u00eda tal conducta no justifica el maltrato moral ocasionado a la menor, al haberla privado de la comunicaci\u00f3n con su madre\u201d\u2026 <\/p>\n
No obstante y para lo que en la presente oportunidad nos ocupa, es posible concluir que estando en vigencia la cautelar mencionada, el se\u00f1or Edwin Rodr\u00edguez, REINTEGR\u00d3 a la menor a su madre SANDRA MORENO el d\u00eda 25 de diciembre de 2020. <\/p>\n
El anterior aspecto cobra mayor relevancia cuando se observa que el reintegro de la menor, coincide con la acci\u00f3n principal de Medida de Protecci\u00f3n Provisional, impuesta al padre de la menor, que era precisamente la de \u201creintegrar\u201d a la menor a la casa de habitaci\u00f3n de su madre, cumplimiento con ello, el objetivo de la misma, de lo cual es posible colegir la sustracci\u00f3n de materia de la MEDIDA DE PROTECCION PROVISIONAL, en cuanto a la pretensi\u00f3n de prolongaci\u00f3n elevada por el apelante, se insiste, por cuanto la menor fue reintegrada a la casa de la madre. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por otra parte, y con relaci\u00f3n a la afectaci\u00f3n psicol\u00f3gica, que no f\u00edsica, que el apoderado recurrente manifiesta haberse causado a la menor, como cuando expone: \u201callegamos de manera oportuna a este proceso que han demostrado irrefutablemente la presencia de un s\u00edntoma psicol\u00f3gico que afecta la paz la tranquilidad de la menor\u201d, habr\u00e1 de que se\u00f1alarse tambi\u00e9n que dichas afectaciones para efectos de la decisi\u00f3n adoptada en el presente tr\u00e1mite, y las mismas deben encontrarse debidamente probadas dentro del marco temporal objeto del presente an\u00e1lisis. Al respecto es de tener en cuenta, que si bien al expediente obran diversos documentos, con relaci\u00f3n a la comisi\u00f3n de probables hechos generadores de violencia, entre ellos registros f\u00edlmicos, de audio y documentales, las fechas de creaci\u00f3n de los mismos, tal y como han sido aportados al expediente, no corresponden al marco temporal se\u00f1alado, excepto el registro de video con fecha de modificaci\u00f3n del 23\/12\/2020, denominado \u201cel d\u00eda en que se llev\u00f3 a la ni\u00f1a por 14 d\u00edas y no le dijo a la madre nada de eso\u201d, empero del cual nada se puede concluir al respecto de la afectaci\u00f3n psicol\u00f3gica reclamada por el apelante; por lo dem\u00e1s es de se\u00f1alar que no se observa acervo probatorio recaudado de conformidad con la regulaci\u00f3n legal, que d\u00e9 cuenta de las afectaciones psicol\u00f3gicas se\u00f1aladas; se insiste, dentro del lapso comprendido entre el 15 y 25 de diciembre de 2020. En este preciso aspecto, es de tener en cuenta que la doctrina y la jurisprudencia, han decantado con respecto al recaudo de pruebas que involucren a un menor, como por ejemplo: \u201cEl testimonio por parte de la v\u00edctima, adem\u00e1s de ser fundamental para el desarrollo de la investigaci\u00f3n, tiene que ser recolectado de forma ideal para que sea utilizado de la mejor manera y as\u00ed este cumpla su rol, y que no sufra alteraci\u00f3n externa, con el fin de mantener siempre su origen fidedigno, sin afectar la dignidad y re victimizar al menor\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, sobre la solicitud de la apelante de aplicar el enfoque de g\u00e9nero, el Juzgado se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Con relaci\u00f3n al argumento del apelante, con relaci\u00f3n a la omisi\u00f3n de la aplicaci\u00f3n de la perspectiva de g\u00e9nero en la decisi\u00f3n recurrida, encuentra este despacho pertinente resaltar, que conforme la jurisprudencia de la misma Corte Constitucional, al respecto es contundente en se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u201cLa perspectiva de g\u00e9nero igualmente supone que las autoridades p\u00fablicas en el marco de sus competencias y al interior de los procesos que adelanten desplieguen una actividad oficiosa amplia cuando quiera que las pruebas existentes no sean suficientes para determinar o conocer los hechos discriminatorios o de violencia alegados y por raz\u00f3n de ello la ponderaci\u00f3n judicial se incline, en principio, en favor del agresor. Ello supone decretar las pruebas que resulten necesarias para determinar con base en la sana cr\u00edtica si deben protegerse por encima de los derechos del agresor los de la mujer. En todo caso, para arribar a esta conclusi\u00f3n deben siempre analizarse con fundamento en los hechos y de acuerdo con los imperativos del orden jur\u00eddico, las actuaciones de quien presuntamente comente la violencia como manifestaci\u00f3n del respecto al debido proceso y evitar que el ejercicio hermen\u00e9utico se agote desde formas estereotipadas de ver a la familia y a la mujer, que contribuyen a la perdida de imparcialidad de los operadores jur\u00eddicos. <\/p>\n
El juez no puede caprichosamente tener cierta inclinaci\u00f3n hacia alguna de las partes procesales por razones relacionadas con su g\u00e9nero o cualquier otra circunstancia que pueda influir en su \u00e1nimo al momento de adoptar una decisi\u00f3n de fondo en el caso puesto a su consideraci\u00f3n, sin embargo, es necesario que en el marco del contexto por analizar, ahonde con rigidez en la construcci\u00f3n de marcos interpretativos que ofrezcan visiones m\u00e1s amplias y estructurales del problema por resolver que le permitan ofrecer soluciones integrales y objetivas, aportando, desde su funci\u00f3n, a la reconfiguraci\u00f3n de los tradicionales patrones culturales discriminadores. Es necesario resaltar que \u201cla cultura pol\u00edtica de los operadores de justicia sigue permeada por patrones de discriminaci\u00f3n contra la mujer, en tanto no investigan los casos adecuadamente, y cuando abren las investigaciones exigen niveles de prueba que no se corresponden con las dificultades propias de los casos de violencia [\u2026] y que m\u00e1s bien tienen una valoraci\u00f3n soterrada de la menor gravedad del delito\u201d. <\/p>\n
Por lo anterior, la perspectiva de g\u00e9nero, debe orientar siempre las actuaciones de los operadores de justicia armonizando los principios constitucionales y la especial protecci\u00f3n otorgada a la mujer, cuando es v\u00edctima de cualquier tipo de violencia o discriminaci\u00f3n sin que ello conduzca a la p\u00e9rdida de imparcialidad del juez, al desconocimiento del mandato de valorar el conjunto de pruebas recaudadas conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica y a omitir la presunci\u00f3n de inocencia predicable respecto del presunto agresor\u201d. (Corte Constitucional Sentencia T-145 de 2017). <\/p>\n
Precisamente en observancia de la argumentaci\u00f3n desplegada a lo largo del presente pronunciamiento, es que este despacho concluye, que siendo que la medida de protecci\u00f3n provisional est\u00e1 vinculada con los hechos acaecidos durante los d\u00edas 15 a 25 de diciembre de 2020, y que el sentido de la misma, de ordenar el reintegro de la menor a la casa de su madre, finalmente ha sido observado conforme las anotaciones visibles al plenario; y, por cuanto no existe dentro del interregno prueba contundente y en legal forma producida y aportada, de la afectaci\u00f3n psicol\u00f3gica de la menor; \u00bb <\/p>\n
No queda duda para la Sala que fue debidamente acreditado que la menor regres\u00f3 a la casa de su madre en buenas condiciones, sin signos de violencia f\u00edsica. No se desconoce que la solicitante aludi\u00f3 a hechos de violencia f\u00edsica que ocurrieron en un tiempo diferente al acaecido entre el 15 y el 25 de diciembre de 2020. Tampoco puede pasarse por alto lo evidenciado por el grupo interdisciplinario que concluy\u00f3 que son las dificultades en la relaci\u00f3n de los padres lo que puede generar afectaciones en la ni\u00f1a. Sin embargo, las autoridades de familia nada se\u00f1alaron sobre el comportamiento del se\u00f1or Edwin Rodr\u00edguez, quien no mantuvo la comunicaci\u00f3n entre la infante y su progenitora en el lapso de tiempo referido, amen que no le inform\u00f3 del viaje que realizar\u00edan, comportamiento que, por las reglas de la experiencia, genera angustia, estr\u00e9s y preocupaci\u00f3n en una madre, hecho que de propiciarse con intenci\u00f3n y sin justificaci\u00f3n configura un acto de violencia psicol\u00f3gica contra la aqu\u00ed actora y por contera contra \u00c1ngela Rodr\u00edguez Moreno, m\u00e1s a\u00fan si se tiene en cuenta que ella para ese momento, solo ten\u00eda dos a\u00f1os y seis meses. T\u00e9ngase en cuenta que aunque Edwin Rodr\u00edguez adujo que s\u00ed report\u00f3 a la polic\u00eda sobre su paradero, la informaci\u00f3n que le ocult\u00f3 a la madre la oblig\u00f3 a acudir ante las autoridades para averiguar sobre la ubicaci\u00f3n y la integridad de su hija, circunstancia esta que rompe el equilibrio que debe existir entre los derechos que tienen los padres de familia frente a sus hijos y el deber de respeto que cada progenitor debe tener respecto de la relaci\u00f3n que el otro padre o madre tienen con la ni\u00f1a. <\/p>\n
Luego, de lo expuesto se colige que las accionadas desconocieron su deber de administrar justicia con enfoque de g\u00e9nero; incurrieron en defecto f\u00e1ctico al no advertir que la incomunicaci\u00f3n en que se mantuvo a la madre de la ni\u00f1a puede configurar un acto de violencia psicol\u00f3gica, que por lo menos ameritaba el requerimiento al se\u00f1or Edwin Rodr\u00edguez para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en ese tipo de comportamientos. No se pierda de vista que, aunque la Comisar\u00eda de Familia se\u00f1al\u00f3: \u00ab[e]ste despacho considera que una vez la ni\u00f1a ANGELA RODR\u00cdGUEZ MORENO termine el tratamiento psicol\u00f3gico con las terapias necesarias que la profesional en psicolog\u00eda considere pertinentes y despu\u00e9s de ello se tenga el concepto del profesional de la salud emocional o psicol\u00f3gica, se proceda a realizar la modificaci\u00f3n del r\u00e9gimen de visitas con un horario determinado suspendiendo los d\u00edas en los cuales la ni\u00f1a pernoctaba con su padre, hasta tanto la ni\u00f1a adquiera una edad prudente en la cual decida con su propia voluntad si desea o no compartir m\u00e1s tiempo con su padre\u00bb, lo cierto es que no argument\u00f3 las razones de esa consideraci\u00f3n y tampoco profiri\u00f3 orden alguna en tal sentido. <\/p>\n
Adem\u00e1s, las enjuiciadas pasaron por alto que la ley 51 de 1981, por medio de la cual se aprueba la \u00abConvenci\u00f3n sobre la eliminaci\u00f3n de todas las formas de discriminaci\u00f3n contra la mujer\u00bb, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas, en su art\u00edculo 16 establece que \u00ab[l]os Estados Partes adoptar\u00e1n todas las medidas adecuadas para minar la discriminaci\u00f3n contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y en particular asegurar\u00e1n en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: (\u2026) d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materia relacionadas con sus hijos, en todos los casos, los intereses de los hijos ser\u00e1n la consideraci\u00f3n primordial\u00bb; desconocieron el art\u00edculo 8 de ley 1257 de 2008 \u00abpor la cual se dictan normas de sensibilizaci\u00f3n, prevenci\u00f3n y sanci\u00f3n de formas de violencia y discriminaci\u00f3n contra las mujeres, se reforman los C\u00f3digos Penal, de Procedimiento Penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones\u00bb, en el que se estipul\u00f3 que \u00ab[t]oda v\u00edctima de alguna de las formas de violencia previstas en la presente ley, adem\u00e1s de los contemplados en el art\u00edculo 11 de la Ley 906 de 2004 y el art\u00edculo 15 de la Ley 360 de 1997, tiene derecho a (\u2026) h) Acceder a los mecanismos de protecci\u00f3n y atenci\u00f3n para ellas, sus hijos e hijas; i) La verdad, la justicia, la reparaci\u00f3n y garant\u00edas de no repetici\u00f3n frente a los hechos constitutivos de violencia\u00bb y no dieron importancia a la actividad argumentativa de la decisi\u00f3n judicial, que tiene efectos en el compartimiento de los ciudadanos, lo cual implicaba el reconocimiento de la relevancia que tiene describir los actos macro y micro violentos que afectan a las mujeres y se\u00f1alar las formas en que los mismos deben superarse. <\/p>\n
Debe destacar la Sala que la administraci\u00f3n de justicia con enfoque de g\u00e9nero no implica el desconocimiento del debido proceso de las partes y tampoco debe afectar la imparcialidad del Juez, por eso la Corte ha establecido que \u00ab[e]s necesario aplicar justicia no con rostro de mujer ni con rostro de hombre, sino con rostro humano\u00bb de forma tal que se materialice la igualdad prevista en la Declaraci\u00f3n de Derechos Humanos y reconocida en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Nacional. Por eso, se itera que \u00abJuzgar con \u00abperspectiva de g\u00e9nero\u00bb es recibir la causa y analizar si en ella se vislumbran situaciones de discriminaci\u00f3n entre los sujetos del proceso o asimetr\u00edas que obliguen a dilucidar la prueba y valorarla de forma diferente a efectos de romper esa desigualdad, aprendiendo a manejar las categor\u00edas sospechosas al momento de repartir el concepto de carga probatoria, como ser\u00eda cuando se est\u00e1 frente a mujeres, ancianos, ni\u00f1o, grupos LGBTI, grupos \u00e9tnicos, afrocolombianos, discapacitados, inmigrantes, o cualquier otro; es tener conciencia de que ante situaci\u00f3n diferencial por la especial posici\u00f3n de debilidad manifiesta, el est\u00e1ndar probatorio no debe ser igual (\u2026)\u00bb (STC2287-2018). <\/p>\n
En suma, es necesario tener en cuenta que la desigualdad de g\u00e9nero es un hecho que no puede trivializarse, ni ocultarse, por lo que es obligaci\u00f3n constitucional del poder judicial visibilizarlo, tal como sucede en el caso objeto de estudio con el comportamiento de incomunicaci\u00f3n en que el se\u00f1or Edwin Rodr\u00edguez dej\u00f3 a su hija con la se\u00f1ora Sandra Moreno, madre de la menor. Con todo, la perspectiva que aqu\u00ed se demanda no implica dejar de lado los deberes que tambi\u00e9n tiene la madre en punto a permitir que su menor hija y el progenitor de ella construyan una relaci\u00f3n parental libre de presiones y obst\u00e1culos. <\/p>\n
Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 el veredicto impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 COMISI\u00d3N NACIONAL DE G\u00c9NERO DE LA RAMA JUDICIAL \u2013CNGRJ-. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. \u201cCRITERIOS DE EQUIDAD PARA UNA ADMINISTRACI\u00d3N DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE G\u00c9NERO\u201d. Bogot\u00e1, octubre 2016. <\/p>\n
2\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
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STC7683-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC7683-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 86001-22-08-001-2021-00031-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de junio dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021). ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-55029","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55029","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55029"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55029\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55029"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55029"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55029"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}