STC7685-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7685-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2021-00421-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 25 de mayo de 2021 dictado por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Armando Coy contra el Juzgado Veinticuatro de Familia de esta ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el litigio n\u00b0 2019-00349-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor requiri\u00f3 que se ordene al juzgado convocado emitir respuesta a la petici\u00f3n presentada el 24 de marzo del 2021, reiterada el 19 de abril siguiente. <\/p>\n
En s\u00edntesis, indic\u00f3 que es litigante y act\u00faa como apoderado de la demandante en el proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que cursa ante el estrado fustigado, decurso que a la fecha se encuentra suspendido \u00aben espera de respuesta bancaria, a petici\u00f3n del Despacho. Petici\u00f3n (\u2026) que, carece de relevancia jur\u00eddica, no conduce a nada[,] toda vez que ni siquiera se orden\u00f3 embargo alguno\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en la audiencia de inventarios y aval\u00faos (5 feb. 2021), la agencia judicial dispuso requerir al banco GNB Sudameris para que comunicara sobre la existencia de dineros y consignaciones surtidas a esa entidad, am\u00e9n de omitir su eventual embargo, aun cuando \u00aben su momento (\u2026) demostr\u00f3\u00bb los dep\u00f3sitos realizados en esa instituci\u00f3n financiera ya que adjunt\u00f3 las correspondientes certificaciones \u00abdel banco donde consta[n] dos consignaciones, el 13 de febrero del 2017 por $15.000.000. y el 14 de marzo del mismo a\u00f1o por $111.500.000\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que radic\u00f3 el \u00aboficio al banco los primeros d\u00edas de febrero del 2021, solicitando el requerimiento del Juzgado; a petici\u00f3n de parte, haber solicitado al juzgado nuevo requerimiento al banco, [\u00e9]ste a\u00fan no ha contestado (sic)\u00bb, de ah\u00ed que solicit\u00f3 ante ese despacho: i) informara si el banco brind\u00f3 respuesta, adem\u00e1s de precisar si la prueba \u00abes procedente para que se apruebe el inventario y avalu\u00f3 de los bienes\u00bb y, de ser afirmativa, explicara \u00abporque no se orden\u00f3 el embargo preventivo\u00bb, ii) indicara si la \u00abdocumental arrimada al proceso (certificaci\u00f3n bancaria de las consignaciones- certificado de libertad y tradici\u00f3n del inmueble vendido) no da certeza del activo reclamado\u00bb e iii) impulsara el litigio \u00abd\u00e1ndose aprobaci\u00f3n a su inventario y aval\u00fao, para su consecuente sentencia\u00bb. <\/p>\n
A su vez, recalc\u00f3 que pidi\u00f3 al estrado cognoscente abstenerse de practicar ese medio probatorio, \u00abya que est\u00e1 debidamente fundamentada con los documentos aportados, y que no aporta nada al proceso m\u00e1xim[e] cuando no se solicit\u00f3 eventual embargo; al igual haciendo saber el perjuicio ocasionado a mi poderdante, cual es la insolvencia provocada del aqu\u00ed demandado (sic)\u00bb. <\/p>\n
2. La secretaria del Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 el link del expediente materia de escrutinio, tras realizar un informe de la actuaci\u00f3n surtida. El banco GNB Sudameris solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n y recalc\u00f3 que ha brindado la informaci\u00f3n en reiteradas oportunidades al estrado convocado, por ejemplo, en comunicaciones remitidas el 11 de julio de 2019, 2 de febrero y 3 de marzo de 2021, las cuales adjunt\u00f3. <\/p>\n
(\u2026) Descendiendo al caso en estudio observa la Sala que tal como aparece acreditado en el expediente remitido de manera digital a esta instancia, y como lo manifest\u00f3 la demandada en su escrito de contestaci\u00f3n, el doctor Luis Armando Coy, el 19 de abril de 2021, elev\u00f3 derecho de petici\u00f3n con el prop\u00f3sito ya descrito, para lo cual, considera la Sala que no existe mora en las actuaciones de la juzgadora accionada, toda vez que no ha trascurrido un tiempo prudencial para exigir la resoluci\u00f3n de su solicitud, pues para el momento en que se interpuso la acci\u00f3n de tutela, solo hab\u00edan trascurrido aproximadamente diecisiete d\u00edas h\u00e1biles, sumado al hecho de que el juzgado se encontraba ac\u00e9falo desde el 6 al 18 de mayo del a\u00f1o que avanza, por cambio de la titular del mismo\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
frente al desacuerdo al decreto de pruebas al interior del tr\u00e1mite de las objeciones y en especial al que se ha hecho hincapi\u00e9 en los antecedentes de esta providencia, es un asunto que el actor, debi\u00f3 manifestarlo a trav\u00e9s de los mecanismos de ley (reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n), pero como no lo hizo, no puede a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n preferente y sumaria revivir una actuaci\u00f3n que ha fenecido por su inactividad, por lo que tampoco en este punto procede el amparo\u00bb. <\/p>\n
4. El gestor \u00abactuando en nombre propio\u00bb se alz\u00f3 fincado en alegaciones semejantes a las planteadas en el escrito inaugural, tras se\u00f1alar que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 no tuvo en cuenta el auto de 24 de mayo de 2021, ocasi\u00f3n donde neg\u00f3 su \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb. Insisti\u00f3, adem\u00e1s, en la negativa por parte del juzgado cognoscente en brindar respuesta a sus \u00abpeticiones\u00bb, am\u00e9n de indicar que las pruebas de oficio decretadas por el juzgado no tienen recurso alguno, de ah\u00ed que \u00absolicit\u00e9 varias veces el no tenerse en cuenta, dada la no contestaci\u00f3n del banco; por tanto, no ha fenecido ninguna actuaci\u00f3n por inactividad del suscrito\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De la evidencia allegada a este decurso constitucional muy pronto surge evidente la impertinencia del ruego que inst\u00f3 el abogado Luis Armando Coy, ya que resulta innegable que no es el titular de los derechos cuya infracci\u00f3n invoca, ni ados\u00f3 el poder especial que habilitara su mediaci\u00f3n en este particular asunto, como representante judicial de la presunta afectada. <\/p>\n
En tal sentido, cabe resaltar que los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para el ejercicio de este remedio excepcional la existencia de \u00abun inter\u00e9s que legitime [la] intervenci\u00f3n\u00bb del precursor, que en punto de eventuales violaciones de las prerrogativas fundamentales propiciadas por el obrar jurisdiccional debe predicarse, en estricto rigor, de quienes integran alguno de los extremos del litigio o de los \u00abterceros directamente afectados\u00bb, no de los profesionales que los representan, quienes mal podr\u00edan alegar la trasgresi\u00f3n de sus particulares derechos en una lid donde tan solo participan en nombre de otros. <\/p>\n
As\u00ed lo ha sostenido la Corte al precisar que \u00abla persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb. (CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611-2018, entre otras). <\/p>\n
En este orden de ideas, al margen de la pertinencia que pudieran tener los reclamos del togado frente al devenir procesal, lo cierto es que si efectivamente se concretaron esas fallas que le enrostra a la dependencia censurada en el proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal n\u00b0 2019-00349-00, la \u00fanica legitimada para acudir a esta acci\u00f3n superlativa en procura de repelerlas ser\u00eda su poderdante en esa litis, quien no habilit\u00f3 legalmente al profesional del derecho para interceder por ella ante el juez constitucional o por lo menos de tal potestad no obra prueba en el infolio. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha destacado que, <\/p>\n
(\u2026) la legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto. Al respecto [la Corte Constitucional] se\u00f1al\u00f3 en la Sentencia T-001 de 1997, que por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n \u201ctodo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n. <\/p>\n
De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa. (Negritas ajenas al original. CSJ STC926-2018. Cfr. STC16746-2019, STC13126-2019 y STC11502-2020, CSJ STC4702-2021 entre otras). <\/p>\n
Son estos breves argumentos los que conllevan la ratificaci\u00f3n del fallo opugnado <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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