STC7714-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7714-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-01741-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n contra la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2020 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n constitucional promovida, mediante apoderada judicial, por Javier Sim\u00f3n Madera Reyes contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Civil del Circuito de Sahag\u00fan -C\u00f3rdoba, la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, COMCEL S.A., la Cooperativa de Trabajo Asociado Los Cerros, la Pre-Cooperativa de Trabajo Asociado Medios y Resultado (MEDYRE), las aseguradoras Confianza S.A. y Seguros del Estado S.A., as\u00ed como las dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral de radicado n.\u00b0 23660310300120130004601. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa lo siguiente: <\/p>\n
2.1. El accionante present\u00f3 demanda laboral en contra de \u00abCOMCEL S.A., COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CERROS y PRE-COOPERATIVA DE TRABAJO ASICIADO (sic) MEDIOS Y RESULTADO (MEDYRE), con el fin de que se declarara que entre \u00e9l y COMCEL S.A. existi\u00f3 un contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido el cual dio por terminado el empleador sin justa causa comprobada; que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CERROS y la PRE-COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MEDIOS Y RESULTADO (MEDYRE) fueron unos simples intermediarios en la relaci\u00f3n entre \u00e9l y COMCEL S.A.\u00bb1. As\u00ed mismo, pidi\u00f3 que se condenara a las demandadas a \u00abpagar de manera solidaria: diferencia salarial, cesant\u00edas, intereses a las cesant\u00edas, prima de servicios, calzado y vestido de labor, compensaci\u00f3n en dinero de las vacaciones, subsidio de transporte, sanci\u00f3n moratoria de que trata el art. 99 de la Ley 50 de 1990, sanci\u00f3n moratoria de que trata el art. 65 del C.S.T., indemnizaci\u00f3n por terminaci\u00f3n injusta de contrato, cotizaciones a seguridad social en salud y pensi\u00f3n\u00bb2. <\/p>\n
2.2. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Sahag\u00fan -C\u00f3rdoba, despacho que, por sentencia del 3 de noviembre de 2015, resolvi\u00f3 condenar a la Cooperativa de Trabajo Asociado Los Cerros y a la Pre-Cooperativa de Trabajo Asociado Medios y Resultado (MEDYRE) y absolvi\u00f3 a Comcel S.A. <\/p>\n
2.3. El actor interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra la anterior decisi\u00f3n. La alzada fue resuelta el 17 de marzo de 2017 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, autoridad que modific\u00f3 las cuant\u00edas de las condenas impuestas en el fallo de primer grado y confirm\u00f3 la absoluci\u00f3n de Comcel S.A. <\/p>\n
2.4. La parte demandante interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n3, decidido el 28 de julio de 20204 por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, que resolvi\u00f3 no casar la sentencia atacada. <\/p>\n
2.5. Advirti\u00f3 el gestor que la sala especializada incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, al dar por probados los supuestos de hecho indicados por el material probatorio recaudado en el proceso ordinario laboral. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 el amparo de sus garant\u00edas fundamentales, que se ordene a la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral que profiera una nueva providencia en la que resuelva el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto, declarando como verdadero empleador a Comcel S.A. y, por tanto, conceda todas las pretensiones principales de la demanda ordinaria laboral. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral pidi\u00f3 no acceder al amparo requerido y manifest\u00f3 que tanto la sentencia de casaci\u00f3n como la decisi\u00f3n del Tribunal fueron dictadas conforme a derecho y alejadas de cualquier consideraci\u00f3n que diera lugar a un error f\u00e1ctico por alguna valoraci\u00f3n defectuosa del material probatorio, por el contrario, la auscultaci\u00f3n de los elementos obrantes en la actuaci\u00f3n efectuada por el Tribunal y avalada por la Sala fue seria, objetiva y ponderada. <\/p>\n
Indic\u00f3 que no se incurri\u00f3 en vulneraci\u00f3n de los derechos del accionante, toda vez que el hecho que la determinaci\u00f3n hubiera sido adversa a sus intereses no acarrea, per se, la violaci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la verdadera intenci\u00f3n de la parte actora es revivir un debate procesal ya concluido y surtido conforme a las solemnidades procesales establecidas en la ley, para obtener una nueva valoraci\u00f3n y una decisi\u00f3n favorable a sus intereses, adem\u00e1s, que reexaminar el contenido de las pruebas en la forma sugerida atentar\u00eda contra la seguridad jur\u00eddica y los efectos de cosa juzgada de los cuales gozan las decisiones judiciales. <\/p>\n
2. Comcel S.A. se\u00f1al\u00f3 que las determinaciones emitidas en desarrollo del proceso ordinario laboral no han vulnerado derecho fundamental alguno y que la inconformidad del accionante deviene del resultado adverso a sus pretensiones. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que los hechos que fundamentan la presente acci\u00f3n permiten evidenciar la intenci\u00f3n de utilizar la tutela para crear una instancia adicional y debatir nuevamente los hechos que fueron sometidos a decisi\u00f3n de la autoridad judicial competente, m\u00e1xime porque no se expone ninguna circunstancia que amerite constatar una v\u00eda de hecho o una violaci\u00f3n a derechos fundamentales. <\/p>\n
3. La aseguradora Confianza S.A. solicit\u00f3 no tutelar las garant\u00edas invocadas por la parte accionante, pues en cada una de las etapas procesales se respetaron los derechos al debido proceso y al acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, aunado a que los jueces de instancia realizaron un correcto y debido an\u00e1lisis del asunto y de las pruebas allegadas. <\/p>\n
De otra parte, estim\u00f3 que era inadmisible que el actor empleara este mecanismo residual, como una instancia adicional a las ya tramitadas, para lograr lo pretendido en el juicio ordinario. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al establecer que \u00abla decisi\u00f3n del a quo estuvo precedida de un an\u00e1lisis serio y ponderado de la demanda de casaci\u00f3n, que condujo a la Sala especializada a concluir que los yerros f\u00e1cticos enrostrados por el recurrente no aparec\u00edan acreditados, y que el planteamiento del casacionista y los medios de convicci\u00f3n obrantes en el plenario no ten\u00edan la fuerza suficiente para declarar fundados los reparos presentados ni, por ende, para derruir el fallo de segundo grado\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, afirm\u00f3 que se \u00abdescart\u00f3 que entre el se\u00f1or Javier Sim\u00f3n Madera Reyes y la demandada Comcel S.A, hubiera existido un v\u00ednculo laboral o de subordinaci\u00f3n, y que, por el contrario, la valoraci\u00f3n probatoria efectuada permit\u00eda inferir que el actor estaba subordinado a las cooperativas, bajo la modalidad de un convenio de trabajo asociado, que fue catalogado como de \u00edndole laboral por los jueces de instancia\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, advirti\u00f3 que \u00abla solicitud de amparo deviene improcedente, en virtud del principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n jurisdiccional (art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica), que impide al juez de constitucional inmiscuirse en providencias como la controvertida, s\u00f3lo porque el accionante no las comparte, o tiene una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en dicho pronunciamiento\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el promotor, a trav\u00e9s de su apoderada, quien reiter\u00f3 lo dicho en el escrito inicial de tutela. Asimismo, enfatiz\u00f3 en que se incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, pues \u00abla Sala accionada se equivoc\u00f3 flagrantemente en la valoraci\u00f3n probatoria dentro del proceso ordinario laboral que [\u2026] adelant\u00f3 en contra de COMCEL S.A. y otros, d\u00e1ndole visos de legalidad a la delegaci\u00f3n del poder subordinante por unas Cooperativas de Trabajo Asociado a un tercero contratante, lo que est\u00e1 prohibido por la Ley y los Reglamentos\u00bb. <\/p>\n
1. En el caso sub examine, el gestor pretende que se ordene a la Sala de Descongesti\u00f3n No.1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral que profiera una nueva providencia en la que resuelva el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto, declarando como verdadero empleador a Comcel S.A. y, por tanto, conceda todas las pretensiones principales de la demanda ordinaria laboral. <\/p>\n
2. Pronto advierte esta Sala que la decisi\u00f3n cuestionada habr\u00e1 de ser confirmada, por cuanto la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
3. En efecto, del escrutinio del decurso procesal se evidencia que, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia expres\u00f3 los motivos por los cuales arribaba a la determinaci\u00f3n de no casar la sentencia emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, el 17 de marzo de 2017. Para ello, realiz\u00f3 una revisi\u00f3n del acervo probatorio, esto es el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de Comcel S.A; el convenio de asociaci\u00f3n del actor con la cooperativa Los Cerros; el contrato de prestaci\u00f3n de servicios entre Comcel S.A. y el citado ente cooperativo; el convenio de asociaci\u00f3n del demandante con la cooperativa Medyre; el contrato de prestaci\u00f3n de servicios entre Comcel S.A. y esa \u00faltima entidad y la carta de bienvenida del accionante a la cooperativa Los Cerros. <\/p>\n
En primer lugar, en relaci\u00f3n con el documento denominado \u00abBIENVENIDO A SU PROCOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CERROS\u00bb, destac\u00f3 que analizado este en su integridad no era viable establecer que \u00abComcel S.A. hubiese contratado al actor y menos de su contenido objetivamente se colige subordinaci\u00f3n alguna respecto de esta empresa, pues tal medio de convicci\u00f3n es claro en se\u00f1alar que es la citada cooperativa la que lo vincula y que la raz\u00f3n por la cual el accionante prestar\u00e1 sus servicios en la estaci\u00f3n base denominada \u201cLa Ye\u201d, propiedad de Comcel, hecho que no se discute, obedece a que ese ente cooperativo tiene contratado con aquella \u201cdiferentes procesos en cada una de las Estaciones Base\u201d\u00bb. Al respecto, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] en la mencionada carta de bienvenida [\u2026], se detalla las labores que deb\u00eda cumplir en la citada estaci\u00f3n, entre ellas las de \u00abmantener el sitio aseado, ordenado, libre basuras desperdicios y malezas\u00bb, verificar que los muros, cercas, cerramientos, cerraduras, candados y puertas est\u00e9n bien, que las luces funcionen correctamente, etc. Igualmente, en dicha comunicaci\u00f3n se le hizo saber al actor que se le entregar\u00eda un celular para que se comunique tanto con la contratista (Comcel S.A.), para avisar cualquier novedad que se le presentara y que correspond\u00eda a las actividades que estaban a su cargo y que deb\u00eda cumplir en virtud del contrato de prestaci\u00f3n de servicios que ten\u00eda dicha empresa con Los Cerros, pero tambi\u00e9n para que se comunique con esa cooperativa para cualquier tema relacionado con \u201cel convenio de asociaci\u00f3n, los pagos de su n\u00f3mina y lo referente a la seguridad social [\u2026]\u201d. <\/p>\n
Dicho de otra manera, el tel\u00e9fono celular que efectivamente fue entregado en comodato por Comcel S.A. a Los Cerros S.A, el que a su vez fue asignado por la cooperativa al actor, ten\u00eda dos finalidades espec\u00edficas: la primera, que el demandante tuviese una comunicaci\u00f3n pronta y oportuna con el contratante del servicio, Comcel S.A., para reportarle alguna novedad respecto de sus labores que desempe\u00f1aba en la estaci\u00f3n \u00abLa YE\u00bb (\u2026), nunca dicho celular le fue facilitado para que Comcel S.A. ejerciera alg\u00fan tipo de control o subordinaci\u00f3n laboral respecto del accionante, pues este equipo se insiste, y as\u00ed lo acepta la censura, solo era utilizado para comunicar alguna novedad, lo cual se dej\u00f3 en esos t\u00e9rminos establecido por las partes en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios que un\u00eda a la cooperativa con la citada sociedad [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de Comcel S.A., una vez revisado el objeto social de la citada sociedad, sostuvo que, como bien lo indic\u00f3 el Tribunal, \u00abno se encuentran las labores que \u00e9sta sociedad contrat\u00f3 con la cooperativa Los Cerros y que a la postre desempe\u00f1aba el actor, las que como se vio principalmente ten\u00edan que ver con el aseo de la estaci\u00f3n base y estar pendiente de las rejas, candados, luces, etc., por tanto nada se opone a que dichas actividades se contrataran con la citada cooperativa, m\u00e1xime que en el proceso no se demostr\u00f3 que el accionante hubiese desarrollado alguna actividad inherente a las comunicaciones m\u00f3viles, que es la esencia del objeto social de la convocada a juicio\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, afirm\u00f3 que estudiados los contratos de prestaci\u00f3n de servicios suscritos entre Comcel S.A. y la cooperativa Los Cerros y entre Comcel S.A. y la precooperativa Medyre estos despejaban \u00abcualquier duda respecto de la supuesta subordinaci\u00f3n del demandante para con la empresa demandada, pues en dichos contratos se establecieron las condiciones de la prestaci\u00f3n del servicio por parte de los asociados y la supervisi\u00f3n del usuario en la ejecuci\u00f3n de dichos convenios, [\u2026]\u00bb, enfatizando que el hecho de que Comcel S.A. \u00abhubiese ejercido un control sobre la ejecuci\u00f3n del convenio que suscribi\u00f3 con la cooperativa Los Cerros, por parte del \u00absupervisor del contrato\u00bb, seg\u00fan lo estipulado literal b) de la cl\u00e1usula 33 del contrato de prestaci\u00f3n de servicios, o con Medyre en el mismo sentido, lo cual no ocurri\u00f3 directamente sobre el demandante, no ubica al usuario autom\u00e1ticamente en calidad de empleador del se\u00f1or Madera Reyes, como lo pretende alegar la censura, pues tal circunstancia de supervisi\u00f3n o control obedec\u00eda a que as\u00ed lo pactaron las contratantes y adem\u00e1s ello est\u00e1 en armon\u00eda tambi\u00e9n con lo acordado en las cl\u00e1usulas sexta y d\u00e9cima tercera respectivamente, pues es normal y jur\u00eddico que as\u00ed se pacte, pues ser\u00eda impensable que un contrato de prestaci\u00f3n de servicios de tal magnitud, no tuviese unas obligaciones rec\u00edprocas y menos unas personas que supervisen su cumplimiento u objeto contractual, lo cual por s\u00ed solo, se insiste, no desdibuja la vinculaci\u00f3n efectuada a trav\u00e9s de los mencionados contratos de prestaci\u00f3n de servicios\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el convenio de asociaci\u00f3n suscrito por el se\u00f1or Madera Reyes con la precooperativa Medyre tampoco reflejaba la existencia de un contrato de trabajo entre el actor y Comcel S.A., dado que \u00ablo \u00fanico que da cuenta tal documental es que \u00e9ste se vincul\u00f3 a la citada cooperativa mediante un convenio de trabajo asociado, que a la postre fue catalogado como de \u00edndole laboral por los jueces de instancia\u00bb. <\/p>\n
Por lo expuesto, concluy\u00f3 que \u00absi bien la citada empresa ejerc\u00eda \u201cprocesos de supervisi\u00f3n y control\u201d sobre la ejecuci\u00f3n del contrato de prestaci\u00f3n de servicios, ello obedec\u00eda a la verificaci\u00f3n de que las aludidas cooperativas cumplieran a cabalidad el objeto del mismo, hecho que per se no puede colocarla en el rol de empleador de Comcel S.A., que es lo reclamado por el ataque, m\u00e1xime que ninguna de las pruebas se\u00f1aladas por la censura muestran tal supuesto\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto a las pruebas testimoniales, determin\u00f3 que como \u00ab[\u2026] ninguno de los yerros f\u00e1cticos enrostrados por el recurrente, aparece acreditado con alguno de los medios de convicci\u00f3n calificados, la Sala se abstiene de analizar el testimonio rendido por Fernando Fern\u00e1ndez, de una parte, porque este medio de convicci\u00f3n al amparo del art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 16 de 1969, no tiene la connotaci\u00f3n de ser calificado en casaci\u00f3n, y de otra, porque en estricto rigor, si bien el fallador de segundo grado hizo referencia a esa declaraci\u00f3n, no estim\u00f3 necesario acudir a su dicho para tomar su decisi\u00f3n, pues a los que s\u00ed acudi\u00f3 fue a los rendidos por Pedro Rafael Mart\u00ednez y Cristian Zapa Araujo, sobre los cuales nada reprocha la censura\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, en opini\u00f3n de la Sala, las razones con las que el accionante recrimina la actuaci\u00f3n judicial tienen como sustento un disentimiento subjetivo frente a los argumentos que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia tuvo en cuenta para resolver el recurso extraordinario. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En este sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01, reiterada en STC7495-2020 17 sep, Rad. 2020-00255-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada en STC7348-2020. 14 sep, Rad. 2020-00485-01). <\/p>\n
De otra parte, se resalta que la tutela no es una instancia para reabrir el debate probatorio. Cabe destacar que, en punto de la \u00abvaloraci\u00f3n probatoria\u00bb, la Sala ha establecido, entre m\u00faltiples decisiones, verbigracia, CSJ STC6666-2019, May. 28 de 2019, rad. 2019-00592-01, que: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo\u00bb. <\/p>\n
5. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Subcarpeta 1 Primera 113477. Javier Sim\u00f3n Madera Reyes. Demanda y anexos Folios 1-108, archivo \u201cTutela.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Subcarpeta 1 Primera 113477. Javier Sim\u00f3n Madera Reyes. Demanda y anexos Folios 38-56, archivo \u201cTutela.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Subcarpeta 1 Primera 113477. Javier Sim\u00f3n Madera Reyes. Demanda y anexos Folios 58-93, archivo \u201cTutela.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
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STC7714-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC7714-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-01741-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n contra la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2020 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 2 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-55035","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55035","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55035"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55035\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55035"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55035"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55035"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}