STC7715-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7715-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-01496-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa lo siguiente: <\/p>\n
2.1. El accionante labor\u00f3 para Ingenier\u00eda y Construc Ltda., Reyes y Riveros Ltda., Caprema Ltda., Famuebles Ltda., Rafael Reyes Nieto & C\u00eda. Ltda., Rengifo D\u00edaz Jorge, Manufacturas Terminadas S.A. \u2013 Mantesa, y Pizano S.A., realizando cotizaciones simult\u00e1neas entre algunos de esos empleadores. <\/p>\n
2.2. El 19 de junio de 2014, la Administradora Colombiana de Pensiones certific\u00f3 que ten\u00eda un total de 1.007.27 semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones. En virtud de lo anterior, requiri\u00f3 el reconocimiento de la respectiva prestaci\u00f3n, siendo resuelta desfavorablemente su petici\u00f3n por parte de la citada entidad, mediante la Resoluci\u00f3n No. GNR 440058 del 23 de diciembre de 2014, por no acreditar la densidad de semanas exigidas, proponiendo sin \u00e9xito los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, decididos en las Resoluciones GNR 133609 del 7 mayo y VPB 56817 del 14 agosto de 2015, respectivamente. <\/p>\n
2.3. El tutelante present\u00f3 demanda laboral en contra de Colpensiones, con el fin de obtener el reconocimiento de la pensi\u00f3n, bajo los par\u00e1metros del r\u00e9gimen de transici\u00f3n de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Acuerdo 049 de 1990, as\u00ed como los intereses moratorios y la indexaci\u00f3n de las sumas adeudadas. <\/p>\n
2.4. El 18 de abril de 2018, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 concedi\u00f3 las pretensiones del demandante, determinaci\u00f3n que fue objeto de recurso de apelaci\u00f3n decidido el 24 de mayo de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la citada ciudad, que revoc\u00f3 el fallo de primer grado y, en su lugar, absolvi\u00f3 a la parte pasiva, declarando probadas las excepciones de inexistencia de la obligaci\u00f3n, cobro de lo no debido, imposibilidad jur\u00eddica para reconocer y pagar derechos por fuera del ordenamiento legal, buena fe, imposibilidad de condena en costas y no pago de intereses moratorios. <\/p>\n
2.5. El actor interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que fue resuelto el 9 de junio de 2020 por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En esta providencia la Corte dispuso no casar la sentencia emitida por el ad quem, al estimar que la valoraci\u00f3n probatoria permiti\u00f3 demostrar que el actor no reuni\u00f3 la densidad de semanas solicitadas y, en esa medida, no pod\u00edan tenerse en cuenta para el reconocimiento pensional los tiempos cotizados simult\u00e1neamente. <\/p>\n
2.6. Advirti\u00f3 el promotor que Colpensiones defraud\u00f3 el principio de confianza leg\u00edtima y buena fe de los que se encontraba revestido el certificado laboral expedido, que informaba que contaba con un total de 1.007.27 semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones, n\u00famero v\u00e1lido de tiempo que, en su sentir, debi\u00f3 tenerse en cuenta para la liquidaci\u00f3n de su pensi\u00f3n. Adujo que \u00abel error de Colpensiones me ha generado la p\u00e9rdida de mi derecho a la pensi\u00f3n\u00bb, porque suspendi\u00f3 sus aportes \u00absin imaginarme que esa misma entidad tiempo despu\u00e9s indicara que \u00fanicamente contaba con 981.71 semanas, que no me alcanzan para adquirir mi derecho\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 dejar sin efecto la decisi\u00f3n emitida en sede extraordinaria de casaci\u00f3n, para que, en su lugar, se profiera un fallo en el que \u00abse sirva reconocer y pagar mi pensi\u00f3n de vejez\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que, en efecto, conoci\u00f3 en segunda instancia del proceso ordinario laboral promovido por el aqu\u00ed actor, en el que dict\u00f3 sentencia el 24 de mayo de 2017, revocando la emitida por el a quo y, en su lugar, absolvi\u00f3 a Colpensiones de las pretensiones elevadas por el demandante. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, luego de hacer un breve recuento de los hechos, se\u00f1al\u00f3 que el accionante ten\u00eda conocimiento desde el inicio del proceso laboral que contaba en su vida laboral con tiempos cotizados simult\u00e1neamente, por lo tanto, no le est\u00e1 permitido exigir, v\u00eda tutela, la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, m\u00e1xime cuando el litigio ya fue zanjando a trav\u00e9s de las instancias judiciales, las cuales gozan del principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n jurisdiccional. <\/p>\n
3. El apoderado judicial del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n [P.A.R.I.S.S.] solicit\u00f3 ser desvinculado del tr\u00e1mite, ya que carece de facultad jur\u00eddica para pronunciarse sobre los aspectos relacionados con el r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida, siendo COLPENSIONES la entidad que actualmente se encarga de administrar dicho r\u00e9gimen. <\/p>\n
4. La Directora de Acciones Constitucionales de la Administradora Colombiana de Pensiones pidi\u00f3 negar el amparo, al estimar que no concurr\u00edan las causales de procedibilidad de la tutela e, indic\u00f3 que, de acceder a las pretensiones del querellante, se invadir\u00eda la \u00f3rbita del juez ordinario, quien cont\u00f3 con las pruebas y el tiempo necesario para estudiar el caso y definir si le asist\u00eda o no el derecho que ahora busca obtener el demandante. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, debido a que consider\u00f3 que \u00abel reparo del actor, simplemente se orienta a dejar sin efecto la decisi\u00f3n emitida dentro del proceso laboral que confluy\u00f3 en negarle el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez, determinaci\u00f3n que fue el resultado del an\u00e1lisis de su propuesta, bajo los par\u00e1metros legales y jurisprudenciales vigentes emitidos por el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n laboral para el momento en que fue definida la litis\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que \u00ablos argumentos expuestos por las autoridades judiciales dan cuenta que la pretensi\u00f3n del actor fue descartada al no verificarse los requisitos legales establecidos en la Ley 100 de 1993 -norma aplicable por v\u00eda del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, pues el actor complet\u00f3 754,86 semanas al entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones- para obtener la pensi\u00f3n de vejez en punto al n\u00famero de semanas cotizadas\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, respecto al principio de confianza leg\u00edtima y buena fe invocados por la parte actora, advirti\u00f3 que \u00abla Sala Especializada de cierre en materia Laboral en sentencia SL5171 (sic)-2019 al referirse a la presunci\u00f3n de autenticidad que tienen los res\u00famenes de semanas de cotizaciones o historias laborales expedidos por la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones, destac\u00f3 que estos no involucran en manera alguna un inamovible que impida a la entidad la correcci\u00f3n de los errores cometidos en dichos documentos, a partir de actos administrativos debidamente motivados, como ocurri\u00f3 en presente asunto, y tampoco condicionan la valoraci\u00f3n probatoria integral que debe hacer el juez de instancia de todos los elementos de convicci\u00f3n allegados al plenario con el fin de establecer si una persona re\u00fane o no la densidad de semanas exigida por la ley para ser beneficiaria de un reconocimiento pensional, por tales motivos, resulta desacertada la petici\u00f3n del actor\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el accionante, quien reiter\u00f3 los argumentos del escrito inicial de la tutela. De otro lado, manifest\u00f3 que no se ha efectuado \u00ab[\u2026] un an\u00e1lisis de fondo frente a la petici\u00f3n incoada, teniendo en cuenta que desconoci\u00f3 las pruebas aportadas en la acci\u00f3n que hoy est\u00e1 siendo impugnada y la existencia de una l\u00ednea jurisprudencial consolidada por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral frente a la protecci\u00f3n de los derechos que se desprenden de la historia laboral expedida por la correspondiente administradora del fondo pensional [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, el gestor pretende que se deje sin efecto la decisi\u00f3n emitida en sede extraordinaria de casaci\u00f3n, para que, en su lugar, se profiera un fallo en el que \u00abse sirva reconocer y pagar mi pensi\u00f3n de vejez\u00bb. <\/p>\n
2. Pronto advierte esta Sala que la decisi\u00f3n cuestionada habr\u00e1 de ser confirmada, por cuanto la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
3. En efecto, del escrutinio del decurso procesal se evidencia que, al resolver el recurso extraordinario de Casaci\u00f3n, la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia expres\u00f3 los motivos por los cuales arribaba a la determinaci\u00f3n de no casar la sentencia emitida el 24 de mayo de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. Para ello, realiz\u00f3 una revisi\u00f3n del acervo probatorio, entre los que se destacan las Resoluciones GNR 440058 del 23 de diciembre de 2014, GNR 133609 del 7 mayo, VPB 56817 del 14 agosto y GNR 279612 del 12 septiembre de 2015, mediante las cuales se aclar\u00f3 la historia laboral del afiliado, las que analiz\u00f3 en sinton\u00eda con la jurisprudencia y las normas aplicables al caso, para establecer que no todas las semanas cotizadas eran susceptibles de c\u00f3mputo para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez, dado que se constat\u00f3 la existencia de tiempos aportados en forma simult\u00e1nea. <\/p>\n
Al respecto, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] la lectura de la resoluci\u00f3n n.\u00ba GNR 440084 de 23 dic. 2014 explica que la historia laboral del afiliado report\u00f3 1007 semanas cotizadas, lo que dio lugar a elevar una solicitud ante la Gerencia de Historia Laboral de la administradora pensional, producto de la cual se verific\u00f3 que exist\u00edan tiempos cotizados en forma simult\u00e1nea, que no se pod\u00edan contar como tiempos dobles, pero que ten\u00edan la virtud de aumentar el promedio de los ingresos base de cotizaci\u00f3n para mejorar la base liquidatoria, pues son pagos realizados por id\u00e9nticos per\u00edodos, sin que tuvieran efectos para ser sumados doblemente al total de tiempos acumulados. Esa explicaci\u00f3n, que fue confirmada en las resoluciones GNR 133609 del 7 may. 2015, VPB 56817 del 14 ag. 2015 y GNR 279612 del 12 sep. 2015, coincide con la que desarroll\u00f3 el tribunal, pero \u00e9ste no lleg\u00f3 a ella por simple repetici\u00f3n de esos desarrollos administrativos, sino que efectu\u00f3 unos c\u00e1lculos, bas\u00e1ndose en diferentes versiones de la historia laboral que encontr\u00f3 a lo largo del expediente, de las cuales pudo corroborar los razonamientos vertidos en sede gubernativa. En otras palabras, si las conclusiones del juez de apelaciones coincidieron con lo dicho en las resoluciones aludidas, no fue por una lectura ciega de \u00e9stas, sino porque el juzgador se dio a la tarea de corroborar los datos contenidos en otros medios probatorios. Incluso existe una confesi\u00f3n \u2013se\u00f1alada por el tribunal y no refutada en el cargo\u2013 sobre la existencia de unas cotizaciones simult\u00e1neas, que se encuentra plasmada en los hechos 18 y 19 de la demanda inicial. En esa narraci\u00f3n se expuso que \u201c[\u2026] al descontar las cotizaciones simult\u00e1neas, no se podr\u00e1 tener en cuenta para el conteo final del tiempo laboral con los empleadores [\u2026] ning\u00fan d\u00eda\u201d y que \u201c[\u2026] al descontar las cotizaciones simult\u00e1neas, solo se podr\u00e1 tener en cuenta para el conteo final del tiempo laborado con el empleador \u201cCAPREMA LTDA\u201d un total de 3.252 d\u00edas, tal y como se desprende del Reporte Oficial de Semanas Cotizadas expedido por Colpensiones\u201d. Como esas manifestaciones, que s\u00ed fueron tenidas en consideraci\u00f3n por el tribunal, no fueron objeto de cr\u00edtica en el cargo, dejan en pie uno de los pilares de la decisi\u00f3n que, por ende, no podr\u00eda ser anulada\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en cuanto a las pruebas que el demandante estim\u00f3 que no hab\u00edan sido valoradas, sostuvo: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] el reporte de semanas cotizadas y la historia laboral, expedidos el 19 de junio de 2014 no fueron mencionados expresamente por el tribunal, sin embargo, este s\u00ed tuvo en cuenta una historia laboral y las resoluciones posteriores a la misiva echada de menos en el cargo, en las que a\u00fan se reportan 1007 semanas cotizadas. En tal sentido, puede verse el reporte actualizado a 30 de abril de 2015, en el que a\u00fan aparece un total de 1007.28 ciclos aportados, empero, el hecho de que la administradora hubiese librado esos informes, no significa que deb\u00edan ser los \u00fanicos que merecieran credibilidad a la hora del an\u00e1lisis probatorio, pues con posterioridad a \u00e9stos, se emitieron la resoluciones arriba mencionadas, en las cuales se da una explicaci\u00f3n cabal de por qu\u00e9 en realidad no eran esas las semanas cotizadas, sino 981 de ellas. <\/p>\n
En efecto, el tribunal desarroll\u00f3 un an\u00e1lisis elaborado en un cuadro que resume los d\u00edas v\u00e1lidos de cotizaci\u00f3n y cu\u00e1ntos de ellos fueron sufragados al sistema de forma simult\u00e1nea [\u2026]. El c\u00e1lculo contenido en ese resumen surgi\u00f3 de la prueba documental, especialmente la historia laboral de folio 120, actualizada a 19 de mayo de 2017, en comparaci\u00f3n con la que se report\u00f3 en medio digital, del 30 de abril de 2015, y da lugar a entender que el recurrente no alcanz\u00f3 a hacer cotizaciones suficientes para acceder a la pensi\u00f3n de vejez bajo el r\u00e9gimen de transici\u00f3n, a pesar de que \u00e9ste pudo conservarlo, punto f\u00e1ctico aceptado por el juzgador plural. <\/p>\n
N\u00f3tese que en ambas historias laborales aparecen cotizaciones por un total de 646 semanas, entre el 15 de abril de 1977 y el 31 de agosto de 1989, todas con el empleador \u00abCAPREMA LTDA\u00bb, lo que permite deducir que \u00e9stas fueron ininterrumpidas. Si durante todo ese lapso el trabajador estuvo haciendo aportes continuos, los que haya realizado con otros empleadores, dentro de esos mismos topes temporales, no pueden ser tenidos en cuenta como semanas diferentes a aquellas 646. Es precisamente esto lo que ocurre con las cotizaciones reportadas as\u00ed: Famuebles Ltda.: del 2 en. 1979 al 7 sep. 1980; Rafael Reyes Nieto & C\u00eda. Ltda.: del 22 nov. 1980 al 24 may. 1981; Rengifo D\u00edaz Jorge: 8 jun. 1981 al 31 ag. 1989; Manufacturas Terminadas SA: 26 nov. 1984 al 31 ag. 1985; con este \u00faltimo empleador, otro periodo: 1 sep. 1985 al 30 sep. 1986; Pizano SA: 1 oct. 1986 al 23 oct. 1986; finalmente, Mantesa: 13 nov. 1986 al 30 abr. 1990. De este \u00faltimo, como es l\u00f3gico, s\u00ed se contabilizaron las cotizaciones que corrieron entre el 1 sep. 1989 y el 30 abr. 1990, es decir, 34.57 semanas, pues ya quedan por fuera del interregno en debate. <\/p>\n
El tribunal, entonces, no pudo haber cometido error alguno en su apreciaci\u00f3n probatoria, pues todas las cotizaciones realizadas a nombre de empleadores distintos a Caprema Ltda., durante el tiempo en que esta empresa report\u00f3 pagos al sistema, han de ser considerados tiempos simult\u00e1neos, es decir, de aquellos que tienen efectos econ\u00f3micos, pues mejoran la estructuraci\u00f3n del monto de la pensi\u00f3n, pero no cuentan para el requisito de semanas que la ley disponga, pues son tiempos que ya tienen cobertura con el empleador inicial. En ese sentido v\u00e9anse las sentencias CSJ SL4802-2019 y CSJ SL4237-2019, solo para mencionar algunas recientes sobre este tema\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en lo relacionado al documento de conteo de semanas cotizadas obrante en formato Excel, se\u00f1al\u00f3 que como este \u00ab[\u2026] coincide con el n\u00famero de semanas consignado en el reporte actualizado al d\u00eda 30 de abril de 2015, no cabe ning\u00fan an\u00e1lisis diferente\u00bb; asimismo, en lo relacionado con \u00abel cuadro que consigna 1008 ciclos aportados, [\u2026]\u00bb, adujo que por ser \u00abun documento de elaboraci\u00f3n de la misma parte demandante, [\u2026] no puede constituir prueba del n\u00famero de semanas v\u00e1lidas para estructurar su pensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, se concluye que la determinaci\u00f3n a la que se lleg\u00f3 en sede del recurso extraordinario de casaci\u00f3n estuvo debidamente razonada, pues cont\u00f3 con sustento jur\u00eddico y respaldo probatorio, que le permitieron, con fundamento en la sana cr\u00edtica, mantener la decisi\u00f3n del juez ad quem ordinario. <\/p>\n
4. En relaci\u00f3n con la l\u00ednea jurisprudencial de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral \u00abfrente a la protecci\u00f3n de los derechos que se desprenden de la historia laboral expedida por la correspondiente administradora del fondo pensional [\u2026]\u00bb, es pertinente resaltar que, en el desarrollo de la misma, se contempla que la entidad puede hacer la correcci\u00f3n de los errores cometidos en esos documentos, siempre y cuando lo explique razonadamente, y as\u00ed se contempl\u00f3 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en la sentencia CSJ SL5170-2019, al estudiar lo concerniente a la autenticidad que tienen los res\u00famenes de semanas de cotizaciones o historias laborales emitidas por Colpensiones, en la cual expuso: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] No podr\u00eda ser de otra forma en cuanto, las administradoras de pensiones, tienen el deber de ce\u00f1ir sus actuaciones a los postulados de la buena fe. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T-208-2012 advirti\u00f3 sobre el car\u00e1cter vinculante que adquieren los reportes relativos al cumplimiento del requisito de densidad de cotizaciones frente a las decisiones que las administradoras adopten, posteriormente, respecto de los derechos pensionales de sus afiliados: <\/p>\n
Cuando dicha entidad emite un pronunciamiento de resumen de semanas cotizadas por el empleador, correspondiente a la historia laboral, ha de entender que en principio dicha informaci\u00f3n la ata, salvo que proceda jur\u00eddicamente para controvertirla, pues a partir de \u00e9sta el receptor se crea una expectativa en torno al reconocimiento de su pensi\u00f3n, siendo \u00e9ste (sic) un acto que expone la posici\u00f3n de la entidad frente a la relaci\u00f3n jur\u00eddica en cuesti\u00f3n. As\u00ed las cosas, en un momento posterior no puede afirmar sin justificaci\u00f3n alguna que la persona cotiz\u00f3 menos semanas de las certificadas, puesto que, si bien tiene el derecho de revisar sus archivos, lo cierto es que termina siendo una conducta contradictoria que atenta contra la honestidad y lealtad con la que han de cumplir sus funciones, pues ha generado en otro la expectativa del reconocimiento de su pensi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Por lo tanto, se ha de entender que las certificaciones que haga la entidad acerca de las semanas cotizadas en pensiones la vinculan, en principio, por haber creado una expectativa en el receptor de la informaci\u00f3n. Por tanto, al resolver las solicitudes de pensi\u00f3n en un momento posterior ha de tener en cuenta la informaci\u00f3n que all\u00ed qued\u00f3 consignada, teniendo el deber de no retractarse de las semanas cotizadas que ya hab\u00eda reconocido, es decir, no pudiendo afirmar que son menos de las inicialmente reconocidas, salvo que encuentre una justificaci\u00f3n bien razonada para proceder de manera contraria. <\/p>\n
En tal contexto, cuando Colpensiones expide un resumen de semanas de cotizaciones, la informaci\u00f3n as\u00ed plasmada se presume cierta y veraz, a la vez que es vinculante. Por ello, no es posible para la entidad emisora proferir posteriormente y sin dar explicaciones razonables, otra historia laboral con informaci\u00f3n distinta a la inicialmente certificada. De hacerlo, transgrede la confianza depositada por los miles de afiliados en su gesti\u00f3n, sobre todo en temas tan sensibles para el tejido social como lo son las pensiones, compromiso que exige un tratamiento bastante riguroso de los archivos y bases de datos\u00bb. <\/p>\n
En el presente caso, observa la Sala que lo que llev\u00f3 a que Colpensiones procediera a negar la pensi\u00f3n reclamada, mediante las Resoluciones GNR 440084 de 23 de diciembre de 2014 y GNR 133609 del 7 de mayo de 2015, fue la verdadera densidad de semanas que el actor hab\u00eda cotizado durante su vida laboral, por la contabilizaci\u00f3n simultanea de las mismas y, en esa medida, el Tribunal, para resolver el asunto sometido a su escrutinio, se vio en la imperiosa necesidad de efectuar un reconteo de las semanas de cotizaci\u00f3n del se\u00f1or Chaparro Salgado, como lo indic\u00f3 la hom\u00f3loga laboral en su sentencia, teniendo en cuenta la integralidad de los elementos probatorios allegados al plenario, es decir las historias laborales de diferentes fechas, las resoluciones emitidas por Colpensiones e incluso la propia demanda original del aqu\u00ed accionante, en la que se acept\u00f3 tiempos de cotizaci\u00f3n simult\u00e1neos, valoraci\u00f3n de la cual concluy\u00f3 que el demandante solo contaba con 981 semanas de cotizaci\u00f3n. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, puesto que, como se vio, fue proferida a la luz de la normatividad aplicable y la jurisprudencia que gobiernan el asunto y cont\u00f3 tambi\u00e9n con un an\u00e1lisis jurisprudencial en torno al tema debatido y con un estudio del acervo probatorio bajo las reglas de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
En opini\u00f3n de la Sala, las razones con las que el accionante recrimina en esta sede constitucional la actuaci\u00f3n judicial tienen como sustento un disentimiento particular frente a los argumentos que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia tuvo en cuenta para resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En este aspecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01, reiterada en STC7495-2020 17 sep, Rad. 2020-00255-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada en STC7348-2020. 14 sep, Rad. 2020-00485-01). <\/p>\n
De otra parte, se resalta que la tutela no es una instancia para reabrir el debate probatorio. Cabe destacar que, en punto de la \u00abvaloraci\u00f3n probatoria\u00bb, la Sala ha acotado, entre m\u00faltiples decisiones, verbigracia, CSJ STC6666-2019, May. 28 de 2019, rad. 2019-00592-01, que: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo\u00bb. <\/p>\n
6. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7715-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC7715-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2020-01496-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiuno (2021). I. ANTECEDENTES 1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-55036","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55036","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55036"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55036\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55036"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55036"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55036"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}