STC7722-2021<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7722-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01718-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de junio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Rosa In\u00e9s Benavides Rivera instaur\u00f3 en contra de la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a los intervinientes en el declarativo de responsabilidad civil con radicado n\u00b0 11001310302420160046801. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La gestora pidi\u00f3 dejar sin efectos las sentencias de primera (05 dic. 2020) y segunda instancia (19 mar. 2021) que profirieron los accionados en el pleito referido, para, en su lugar, emitir un nuevo fallo en el que se realice una correcta apreciaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que fue demandada con la finalidad de ser declarada civilmente responsable por los perjuicios que ocasion\u00f3 al inmueble colindante de su predio, con la construcci\u00f3n de una edificaci\u00f3n que all\u00ed plant\u00f3. Teniendo en cuenta que en dicho juicio se practicaron distintas pericias que abogaban tanto por la demolici\u00f3n del predio afectado como por su reparaci\u00f3n estructural, el juez opt\u00f3 por promediar los valores propuestos en los dict\u00e1menes practicados y, como resultado de ese ejercicio, conden\u00f3 al pago de $260\u2019695.337. <\/p>\n
Tal resoluci\u00f3n fue impugnada \u00fanicamente por la demandada y confirmada por el Tribunal tras considerar que de las periciales rendidas, otorgaba credibilidad la del Ingeniero Luis Miguel Contreras qui\u00e9n dictamin\u00f3 que los perjuicios ascend\u00edan a $332\u2019128.902; sin embargo, dada la imposibilidad de agravar la condena so pena de hacer m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n de la apelante \u00fanica, dej\u00f3 inc\u00f3lume el monto fijado por su antecesor. <\/p>\n
Con todo, la censora finc\u00f3 su aspiraci\u00f3n constitucional en la \u00abindebida valoraci\u00f3n\u00bb que a su juicio efectuaron los accionados sobre los dict\u00e1menes periciales que fueron practicados en el declarativo que motiv\u00f3 el resguardo. En concreto, porque la experticia rendida por el ingeniero Luis Miguel Contreras no resultaba apta para establecer la naturaleza del da\u00f1o ni el monto de los perjuicios por los que fue demandada y que, por ende, no se satisfizo la carga de probar que concern\u00eda a los demandantes. <\/p>\n
Como soporte de la alegada falta de idoneidad del perito, indic\u00f3 que no se encontraba inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores y que su especialidad en \u00abdise\u00f1o de v\u00edas urbanas, tr\u00e1nsito y transporte\u00bb restaba validez al informe que rindi\u00f3 sobre las afectaciones generadas por la construcci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Finalmente, critic\u00f3 la discordancia entre las apreciaciones de los convocados sobre la probanza mencionada, pues a su juicio, el a quo le rest\u00f3 valor mientras el ad quem le asign\u00f3 m\u00e9rito. <\/p>\n
2. Las autoridades involucradas se defendieron. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Es claro que el C\u00f3digo General del Proceso se rige por el postulado del libre raciocinio judicial para la asignaci\u00f3n del m\u00e9rito de las probanzas que se llevan a los juicios, lo que se concluye del tenor literal de su canon 176, cuya redacci\u00f3n dispuso que \u00ab[l]as pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica\u00bb. Dicho pilar significa, por una parte, que el juzgador cuenta con plena autonom\u00eda para valorar las evidencias adosadas dejando de lado la estimaci\u00f3n anticipada que en otros tiempos impuso el legislador (tarifa legal) y, por otra, que debe sopesar toda la informaci\u00f3n que las partes aduzcan al proceso, en virtud del principio de libertad de la prueba materializado en el art\u00edculo 165 ibidem, del cual se extrae la facultad de uso de los 9 medios probatorios regulados y \u00abcualesquiera otros (\u2026) que sean \u00fatiles para la formaci\u00f3n del convencimiento del juez\u00bb. <\/p>\n
Porque, como se sostuvo en CSJ STC2066-2021, <\/p>\n
(\u2026) el juez, por no ser ya \u00abboca de la ley\u00bb, al decir de la ideolog\u00eda decimon\u00f3nica que encarn\u00f3 la tarifa legal, sino pleno valorador racional de las pruebas, en virtud de la concepci\u00f3n moderna de juzgador-pensador-razonador, debe evaluar cada medio y exponer motivadamente la credibilidad que le da, porque aquello era propio del r\u00e9gimen vetusto y medieval de prueba tasada, en el que se limitaban los canales de informaci\u00f3n a los expresamente consagrados en la ley y en el que cada prueba val\u00eda seg\u00fan el alcance que anticipadamente se\u00f1alaba el legislador para que el juez no estimara sino contara los medios obrantes; todo lo cual contrasta con el esquema actual de apreciaci\u00f3n racional en que cada parte puede aportar sus pruebas, los medios son todos los que traigan convicci\u00f3n al sentenciador, el valor que tienen no es el indicado en la norma fr\u00eda sino el que racionalmente advierte el fallador y este est\u00e1 obligado a pensar al contemplar los elementos recaudados, con las \u00fanicas limitaciones que imponen las reglas de la sana cr\u00edtica (art. 176 C.G.P.) y el respeto por las garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n
2. En lo que concierne al dictamen pericial, pac\u00edfico resulta sostener que no todos los hechos que se someten al conocimiento del juez pertenecen al \u00e1mbito exclusivo de su dominio, pues es evidente que existen enunciados f\u00e1cticos cuyas particularidades obedecen a las reglas y par\u00e1metros establecidos por la ciencia, el arte o algunas t\u00e9cnicas espec\u00edficas. De all\u00ed que durante largos a\u00f1os y en distintas latitudes se haya predicado que ese medio probatorio es el id\u00f3neo para la acreditaci\u00f3n de hechos cuyo conocimiento resulta extra\u00f1o al juzgador y sobre los cuales deber\u00e1 ejercer su labor de subsunci\u00f3n normativa. <\/p>\n
Dada la importancia que ostenta dicha probanza para la consecuci\u00f3n de un fallo ajustado a la realidad, es dable afirmar que uno de los objetivos principales del dictamen pericial radica en llevar al juzgador informaci\u00f3n sobre los hechos que se le exponen y que son extra\u00f1os a su campo, por ello mismo, cobra capital importancia la credibilidad que a dicho medio suasorio se asigne dentro del juicio. En tal sentido, es dable afirmar que la fiabilidad de ese trabajo comporta un aspecto que no se suscita por el simple r\u00f3tulo del experto, sino m\u00e1s bien, por la satisfacci\u00f3n de un conjunto de par\u00e1metros que permiten construir, de manera objetiva, la confianza sobre las opiniones especializadas. <\/p>\n
Consciente de ello, el nuevo estatuto de procedimiento civil fund\u00f3 la verosimilitud del mencionado medio de prueba en tres elementos, que dotan de objetividad la estimaci\u00f3n de esa prueba, cuales son: \u00ablos fundamentos, la imparcialidad y la idoneidad\u00bb (CSJ STC2066-2021). Ello se extrae del contenido del art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual contempla: <\/p>\n
(\u2026) El perito deber\u00e1 manifestar bajo juramento que se entiende prestado por la firma del dictamen que su opini\u00f3n es independiente y corresponde a su real convicci\u00f3n profesional. El dictamen deber\u00e1 acompa\u00f1arse de los documentos que le sirven de fundamento y de aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El dictamen suscrito por el perito deber\u00e1 contener, como m\u00ednimo, las siguientes declaraciones e informaciones: <\/p>\n
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1. La identidad de quien rinde el dictamen y de quien particip\u00f3 en su elaboraci\u00f3n. <\/p>\n
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2. La direcci\u00f3n, el n\u00famero de tel\u00e9fono, n\u00famero de identificaci\u00f3n y los dem\u00e1s datos que faciliten la localizaci\u00f3n del perito. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La profesi\u00f3n, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el dictamen y de quien particip\u00f3 en su elaboraci\u00f3n. Deber\u00e1n anexarse los documentos id\u00f3neos que lo habilitan para su ejercicio, los t\u00edtulos acad\u00e9micos y los documentos que certifiquen la respectiva experiencia profesional, t\u00e9cnica o art\u00edstica. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La lista de publicaciones, relacionadas con la materia del peritaje, que el perito haya realizado en los \u00faltimos diez (10) a\u00f1os, si las tuviere. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La lista de casos en los que haya sido designado como perito o en los que haya participado en la elaboraci\u00f3n de un dictamen pericial en los \u00faltimos cuatro (4) a\u00f1os. Dicha lista deber\u00e1 incluir el juzgado o despacho en donde se present\u00f3, el nombre de las partes, de los apoderados de las partes y la materia sobre la cual vers\u00f3 el dictamen. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Si ha sido designado en procesos anteriores o en curso por la misma parte o por el mismo apoderado de la parte, indicando el objeto del dictamen. <\/p>\n
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7. Si se encuentra incurso en las causales contenidas en el art\u00edculo 50, en lo pertinente. <\/p>\n
<\/p>\n
8. Declarar si los ex\u00e1menes, m\u00e9todos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de los que ha utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos que versen sobre las mismas materias. En caso de que sea diferente, deber\u00e1 explicar la justificaci\u00f3n de la variaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
9. Declarar si los ex\u00e1menes, m\u00e9todos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de su profesi\u00f3n u oficio. En caso de que sea diferente, deber\u00e1 explicar la justificaci\u00f3n de la variaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
10. Relacionar y adjuntar los documentos e informaci\u00f3n utilizados para la elaboraci\u00f3n del dictamen (Negrillas propias). <\/p>\n
Se observa, entonces, que a fin de que el dictamen sea dotado de credibilidad, el art\u00edculo 226 ib\u00eddem ha contemplado, en torno a la id\u00f3neidad, los requisitos consagrados en los numerales 3, 4, 5 y 7 del mencionado canon; en punto a la fundamentaci\u00f3n los 8, 9 y 10; y respecto de la imparcialidad el 6. Por su parte, las exigencias restantes, obedecen a la identidad del perito en pro de facilitar la eventual etapa de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Con apoyo en lo anterior, el citado precepto m\u00e1s all\u00e1 de disponer una mera lista de chequeo (inmanente de un sistema r\u00edgido de tarifa legal), concibi\u00f3 un listado metodol\u00f3gico que aspira a que en cada caso concreto se estudie el cumplimiento de tales presupuestos a fin de determinar el grado de fiabilidad que se debe asignar al dictamen, pues, a modo de ejemplo, puede acontecer en un proceso la existencia de dos pruebas periciales cuyas conclusiones sean diametralmente opuestas a pesar de satisfacer a cabalidad los requisitos enlistados en el c\u00f3digo procesal, caso en el cual, la credibilidad no depender\u00e1 de la llana revisi\u00f3n de los requisitos, sino de la \u00absolidez, claridad, exhaustividad, precisi\u00f3n[, (\u2026)]calidad de (\u2026) fundamentos, la idoneidad del perito (\u2026) su comportamiento en la audiencia, y las dem\u00e1s pruebas que obren en el proceso\u00bb (art. 232 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Lo expuesto se acompasa con lo dicho por esta Corporaci\u00f3n sobre el momento en que se debe apreciar el acatamiento de los requisitos pluricitados, pues: <\/p>\n
(\u2026) escuchados los alegatos finales de las partes, cuando a ello haya lugar, el fallador apreciar\u00e1 el dictamen en su sentencia; labor que emprender\u00e1 de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica y en la que evaluar\u00e1 la solidez, claridad, exhaustividad, precisi\u00f3n y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, as\u00ed como las dem\u00e1s pruebas que obren en el proceso (art. 232). <\/p>\n
Es este el momento, entonces, en el que se deber\u00e1 examinar con rigor el trabajo pericial en todas sus dimensiones a efectos de asignarle fuerza demostrativa. Dicho de otra manera, es aqu\u00ed que se escudri\u00f1a la imparcialidad e idoneidad del experto, as\u00ed como la fundamentaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n y sus conclusiones. No antes. <\/p>\n
De modo que el an\u00e1lisis acerca del cumplimiento o no de los requisitos enlistados en el citado precepto 226 corresponde a una actividad propia del momento en que se dirime la controversia (\u2026). (STC2066-2021, Rad. n\u00ba 05001-22-03-000-2020-00402-01, Mar. 3 2021). (Resaltado propio) <\/p>\n
En definitiva, conforme a lo establecido por la legislaci\u00f3n adjetiva, la cual no contempla causales de inadmisi\u00f3n o rechazo temprano de la prueba pericial, es la sentencia el escenario propicio para que el juez valore, de acuerdo a cada caso concreto, el apego del trabajo elaborado por un experto a los requisitos mencionados, pues de su cumplimiento, en mayor o menor medida, se edificar\u00e1 la fiabilidad y el m\u00e9rito que ser\u00e1 otorgado al medio suasorio y su incidencia para la soluci\u00f3n de cada causa en particular. <\/p>\n
2. En el presente asunto, las cr\u00edticas de la promotora se ci\u00f1en a la valoraci\u00f3n que se otorg\u00f3 a las periciales practicadas en el juicio, en concreto, reproch\u00f3: i). la falta de aptitud del perito Luis Miguel Contreras, por lo que no debi\u00f3 asignarse m\u00e9rito a tal probanza, ii). la inviabilidad de tasar el monto de los perjuicios declarados con base en el promedio de los valores resultantes de varias pericias practicadas y, iii). la discordancia de apreciaciones de los jueces confutados sobre el informe rendido por el aludido experto. <\/p>\n
2.1. En punto a la alegada falta de idoneidad del ingeniero y perito Luis Miguel Contreras, se otea que el fallador decidi\u00f3 de la manera que se le reprocha anclado en los siguientes argumentos: <\/p>\n
(\u2026) [M]erece la aceptaci\u00f3n el dictamen rendido por el ingeniero Luis Miguel Contreras Herrera, quien alleg\u00f3 certificaci\u00f3n expedida por la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1 que acredita su inscripci\u00f3n como auxiliar de la justicia -ingeniero civil-, y para la presentaci\u00f3n de su trabajo atendi\u00f3 las exigencias del art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En dicha pericia el auxiliar precis\u00f3 la metodolog\u00eda utilizada, documentaci\u00f3n de soporte, aporta informaci\u00f3n espec\u00edfica acerca de cada sector del predio, dejando claro que \u201clas obras a realizar no tienen el car\u00e1cter de \u201creparaciones locativas\u201d, los estudios a elaborar y el valor de estas para que los reclamantes recuperen el predio en las condiciones que ten\u00edan antes de que iniciaran las obras efectuadas por la pasiva -m\u00e1xime que no se levantaron las actas de vecindad que dieran cuenta de un detrimento previo-, lo que, aunado a las condiciones profesionales del perito, arrojan firmeza a sus conclusiones, (\u2026) pues justamente es la experiencia relacionada con su profesi\u00f3n (ingeniero civil) la que le da las herramientas para determinar esos c\u00e1lculos. (Resaltado propio) <\/p>\n
De all\u00ed, que resulte patente que lo que en realidad existe es una disparidad de criterios entre la promotora y el fallador sobre la idoneidad del experto, pues mientras este considera que se acreditaron los requisitos dispuestos por el art\u00edculo 226 de la legislaci\u00f3n adjetiva civil, aquella discute que el hecho de que el especialista no se halle inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores y que su especialidad sea \u201cdise\u00f1o de v\u00edas urbanas, tr\u00e1nsito y transporte\u201d, aminora su credibilidad. No obstante, se observa que la decisi\u00f3n del juzgador no se torna arbitraria o infundada, pues sobre esa particular cr\u00edtica cavil\u00f3: <\/p>\n
Y no se diga que el dictamen rendido por el Ingeniero Contreras debe ser descalificado por no acreditar su inscripci\u00f3n en el Registro Abierto de Avaluadores que prev\u00e9 la ley 1673 de 2013, por cuanto la mentada normativa aplica a \u201cquienes act\u00faen como avaluadores, valuadores, tasadores y dem\u00e1s t\u00e9rminos que se asimilen a estos utilizados en Colombia\u201d (art. 2), entendida la valuaci\u00f3n como \u201cla actividad, por medio de la cual se determina el valor de un bien, de conformidad con los m\u00e9todos, t\u00e9cnicas, actuaciones, criterios y herramientas que se consideren necesarios y pertinentes para el dictamen. El dictamen de la valuaci\u00f3n se denomina aval\u00fao\u201d (art. 3). <\/p>\n
Es m\u00e1s, el decreto 556 de 2014, reglamentario de la ley 1673, ilustra la esencia de la actividad regulada en dicha ley en su art\u00edculo 4\u00b0 cuyo tenor dispone: (\u2026) <\/p>\n
En esa medida, no siendo un ejercicio de valuaci\u00f3n de activos inmobiliarios el que aqu\u00ed se desarroll\u00f3, sino un examen t\u00e9cnico de la situaci\u00f3n del predio y la cuantificaci\u00f3n de los costos que tendr\u00eda su reparaci\u00f3n, mal podr\u00eda descalificarse por no acreditar como lo hizo \u201clos t\u00edtulos acad\u00e9micos y los documentos que certifiquen la respectiva experiencia profesional\u201d (art. 226C.G.P.), y al estar respaldada en apreciaciones t\u00e9cnicas derivadas de visitas de campo, an\u00e1lisis documental, incluido el estudio de suelo practicado para la construcci\u00f3n reprochada y el acompa\u00f1amiento del \u201cGrupo de Apoyo -Ing. Fernando Castillo (Estudio de Suelos 2014 y personal para fotos y mediciones\u201d, dando claridad y fundamentaci\u00f3n a sus conclusiones, es dable soportar en \u00e9l la resoluci\u00f3n del caso puesto a consideraci\u00f3n de la Sala. (Resaltado propio) <\/p>\n
N\u00f3tese, entonces, que el reproche de la libelista no devela un desatino may\u00fasculo o constitutivo de la lesi\u00f3n que invoca, sino su mera inconformidad con la apreciaci\u00f3n que imparti\u00f3 el convocado al material suasorio allegado y la idoneidad endilgada al experto, por lo que debe reiterarse que esta senda supralegal no est\u00e1 concebida como un mecanismo en el que pueda confrontarse las apreciaciones del togado y la parte vencida, a fin de determinar cu\u00e1l de ellas tiene mayor asidero, pues como se tiene decantado \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC1981-2018). <\/p>\n
Adem\u00e1s, trat\u00e1ndose de valoraci\u00f3n probatoria goza el juez natural de amplia discrecionalidad para la libre estimaci\u00f3n de las probanzas recopiladas, situaci\u00f3n que limita la intromisi\u00f3n del fallador constitucional a aquellos casos en que se acredite una lesi\u00f3n ius fundamental, situaci\u00f3n no acaecida en el sub lite, pues el sentenciador expuso suficientemente la satisfacci\u00f3n de los requisitos del art\u00edculo 226 de el C\u00f3digo General del Proceso por parte del dictamen acusado, del cual deriv\u00f3 la claridad, exhaustividad y detalle que lo llevaron a asignarle m\u00e9rito para la sentencia. Es m\u00e1s, f\u00edjese que como bien lo adujo el accionado y acorde a la valoraci\u00f3n de \u00ablas dem\u00e1s pruebas que obren en el proceso\u00bb (art. 232 ib\u00eddem), ese dictamen no s\u00f3lo satisfizo los presupuestos legales, sino que \u00ab se acompasa con la [pericial] presentada por\u00bb otro experto que particip\u00f3 en el pleito y que detall\u00f3 los montos cuestionados, pero cuyo valor demostrativo fue reducido, precisamente, por no satisfacer los requerimientos estudiados. <\/p>\n
Por ello, el mero inconformismo hermen\u00e9utico no ostenta la virtud de comportar la v\u00eda de hecho invocada. En ese sentido ha sido pac\u00edfica la doctrina constitucional al sustentar que: <\/p>\n
[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n. (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC14267-2018, STC5418-2021, STC6009-2021 entre otras). <\/p>\n
2.2. Ahora, el reparo frente a la forma en que se determin\u00f3 el monto de los perjuicios en el proceso objeto de revisi\u00f3n, tambi\u00e9n est\u00e1 llamado al fracaso, pues el accionado no solamente otorg\u00f3 raz\u00f3n a la impugnante (aqu\u00ed impulsora) al predicar la improcedencia de promediar los valores arrojados por distintas experticias, sino que expuso razonadamente la manera en que los mismos debieron ser fijados conforme a los peritajes rendidos, los cuales determinaron rubros incluso superiores a los indicados en la sentencia opugnada; situaci\u00f3n distinta, es que no se haya reformado la condena en detrimento de la gestora por haber ostentado la calidad de apelante \u00fanica. En todo caso, m\u00e1s all\u00e1 de compartir o no el raciocinio de la sala accionada, no se colige del plenario una valoraci\u00f3n sesgada o antojadiza de las motivaciones criticadas, las cuales expusieron sobre el particular que: <\/p>\n
Frente al desacierto en la realizaci\u00f3n del procedimiento adoptado por el juzgador para imponer la condena le asiste raz\u00f3n al impugnante, habida cuenta que las cosas no pueden ser y no ser al tiempo, de modo que si estim\u00f3 que los dict\u00e1menes allegados no eran id\u00f3neos para demostrar la dimensi\u00f3n de los da\u00f1os, y el costo que eventualmente tendr\u00eda subsanar los que actualmente se presentan, no pod\u00eda valorarlos para extraer de ellos el resultado obtenido. (\u2026) <\/p>\n
(\u2026) [No obstante s]e puede extraer de las experticias examinadas el costo que conllevar\u00eda volver el predio al estado en que se encontraba antes de la ejecuci\u00f3n de la construcci\u00f3n plantada por la demandada -sin tener que hacer un ejercicio de promediar valores- y que estar\u00edan en el orden de lo reclamado por los actores para ese fin. <\/p>\n
Sin embargo, aun cuando merezca aceptaci\u00f3n la pericia ya referenciada para efecto de fijar la cuantificaci\u00f3n del valor del perjuicio por construcci\u00f3n, en atenci\u00f3n al principio de la non reformatio in pejus, en virtud del cual al apelante \u00fanico no puede hac\u00e9rsele m\u00e1s desfavorable su decisi\u00f3n, en la medida en que la contraparte, al no recurrir, consinti\u00f3 en lo que se decidi\u00f3 en su contra, habr\u00e1 de confirmarse la decisi\u00f3n apelada. (Subrayas propias). <\/p>\n
F\u00edjese que, bajo el razonamiento del juez plural que defini\u00f3 el litigio, el dictamen pericial del Ingeniero Luis Miguel Contreras otorg\u00f3 los elementos suficientes para fijar el monto de la condena sin tener que acudir al ejercicio de \u00abpromediar\u00bb todos los trabajos periciales allegados (cr\u00edtica de la libelista), pero, al ser ese rubro superior al decretado por el juzgado del circuito y al no haber sido apelada la decisi\u00f3n por los demandantes, surgi\u00f3 la inviabilidad de modificar el fallo, so pena de socavar las prerrogativas de la recurrente. <\/p>\n
En ese orden, sobre esta censura tambi\u00e9n resultan entendibles las motivaciones del juez plural pues del razonamiento expuesto por el encartado se echa de menos la arbitrariedad requerida para la prosperidad del resguardo; adem\u00e1s, la determinaci\u00f3n sobre el monto de los perjuicios obedece al justificado ejercicio valorativo de las probanzas y la inaplicabilidad de la condena en perjuicio encuentra sustento en el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.3. Finalmente, de cara a la \u00faltima queja de la gestora por la alegada discordancia de las apreciaciones de los sentenciadores accionados sobre la pericia, porque el a quo le rest\u00f3 valor mientras el ad quem se lo agreg\u00f3, basta indicar que es precisamente la labor del juez natural de alzada abordar el estudio de los raciocinios que el de primera instancia realiz\u00f3, a fin de determinar su apego al ordenamiento jur\u00eddico, por lo que la disparidad de criterios entre los funcionarios de ambas instancias no constituye, por si, lesi\u00f3n autom\u00e1tica a los derechos fundamentales que ac\u00e1 se invocaron sino una consecuencia propia del ejercicio del superior funcional, como aqu\u00ed ocurri\u00f3. Adem\u00e1s, la correcci\u00f3n hermen\u00e9utica del sentenciador de segundo grado sobre la credibilidad del experto no luce antojadiza como se dej\u00f3 dicho en las citas precedentes. <\/p>\n
3. En suma, todas las protestas de la libelista se enfilan a imponer su opini\u00f3n sobre las del juez natural que defini\u00f3 el asunto, pero este mecanismo no fue dise\u00f1ado para extender la discusi\u00f3n zanjada, independientemente de que se compartan o no las cavilaciones fustigadas. No en vano se ha sostenido que: <\/p>\n
[A]l margen de que esta Corporaci\u00f3n comparta o no, el an\u00e1lisis probatorio efectuado por los juzgadores accionados, el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo. (STC3061-2019). <\/p>\n
As\u00ed, la frustraci\u00f3n del amparo no se hace esperar pues resulta evidente que las decisiones cuestionadas no se hallan caprichosas, antojadizas o abiertamente contrarias al ordenamiento jur\u00eddico, sino todo lo contrario, ajustadas a la realidad procesal descrita. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve: NEGAR la tutela instada por Rosa In\u00e9s Benavides Rivera. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7722-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC7722-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01718-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de junio dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la tutela que Rosa In\u00e9s Benavides Rivera instaur\u00f3 en contra de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-55037","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55037","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55037"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55037\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55037"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55037"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55037"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}