STC7787-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7787-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76111-22-13-000-2021-00089-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte1 la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 de mayo de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en la acci\u00f3n de tutela promovida por (AAA) contra la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, la sociedad Transportes Calima S.A. y el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite fueron vinculados la EPS COOMEVA, las Fiscal\u00edas 6\u00aa, 8\u00aa y 52 Especializadas y la 26 Local de Buga, la Notar\u00eda \u00danica de Restrepo, las se\u00f1oras (BBB) y (CCC). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, debido proceso, seguridad social, igualdad, defensa, contradicci\u00f3n, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, buena fe y confianza leg\u00edtima, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa lo siguiente: <\/p>\n
2.1. El 24 de agosto de 1988, la accionante contrajo matrimonio con el se\u00f1or (DDD) (q.e.p.d.)2, fruto de esta uni\u00f3n fue concebida (CCC) el 9 de enero de 19923. <\/p>\n
2.2. El 24 de abril de 2009, en escritura p\u00fablica No. 153 de la Notar\u00eda \u00danica del C\u00edrculo de Restrepo, Valle del Cauca, el se\u00f1or (DDD) y (BBB) protocolizaron una declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho, en la cual manifestaron que llevaban conviviendo m\u00e1s de nueve a\u00f1os bajo el mismo techo y que hab\u00edan procreado tres hijas4. <\/p>\n
2.3. En hechos ocurridos el 21 de septiembre de 2010 se alert\u00f3 la posible desaparici\u00f3n forzada de (DDD)5. <\/p>\n
2.4. El 10 de octubre de 2011, el Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo (Valle del Cauca) libr\u00f3 mandamiento ejecutivo en el proceso de radicado 2011-00101, adelantado por (GGG) contra el se\u00f1or (DDD), por la supuesta falta de pago de un t\u00edtulo valor suscrito el 22 de abril de 20116. <\/p>\n
2.5. El 29 de abril de 2014, el Juzgado Primero de Familia de Buga admiti\u00f3 la demanda de declaraci\u00f3n de muerte presunta de (DDD) (Rad. 2014-00083), iniciada por la aqu\u00ed accionante7, siendo dictada sentencia el 14 de julio de 2015, en la cual se declar\u00f3 la muerte presuntiva, fij\u00e1ndose como fecha del deceso el 22 de abril de 20138. <\/p>\n
2.6. El 5 de agosto de 2014, el Juzgado Segundo de Familia de Buga admiti\u00f3 la demanda de declaraci\u00f3n de ausencia del se\u00f1or (DDD) (Rad. 2014-00196), incoada por la se\u00f1ora (AAA)9, dando como resultado que, en prove\u00eddo del 2 de febrero de 2016, la mencionada autoridad judicial declar\u00f3 ausente al referido sujeto desde el 21 de septiembre de 201010. <\/p>\n
2.7. El 11 de agosto de 2017, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga deneg\u00f3, por no cumplir con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, una acci\u00f3n de tutela presentada por (AAA) contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de la misma ciudad, en la que buscaba que se corrigiera la fecha prevista en la providencia del 14 de julio de 201511, que declar\u00f3 la muerte presuntiva de (DDD). <\/p>\n
2.8. El 9 de octubre de 2017, dentro del compulsivo de radicado 2011-00101, el Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo, Valle del Cauca, declar\u00f3 la nulidad alegada por (AAA) y (CCC), desde el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago12. <\/p>\n
2.9. Indic\u00f3 la promotora que el 30 de noviembre de 2018, present\u00f3, por segunda vez, solicitud de reconocimiento de prensi\u00f3n de sobrevivientes ante Colpensiones S.A., la cual fue negada en Resoluci\u00f3n SUB 34401 del 8 de febrero de 2019. <\/p>\n
2.10. La tutelante rese\u00f1\u00f3 que, en la actualidad, cursa ante la Fiscal\u00eda 26 Local de Buga, investigaci\u00f3n por fraude procesal (Rad. 2017-00881) por la supuesta reaparici\u00f3n del causante. Adicionalmente, esgrimi\u00f3 que se adelantan otras investigaciones por \u00abfalsedad personal y documental contra el promotor de la demanda ejecutiva, se\u00f1or (GGG) y el falso abogado (HHH) (probado por FGN), por los punibles de fraude procesal y uso de documento falso, al encontrarse pruebas que antes no se conoc\u00edan en la \u00e9poca del inicio de la demanda ejecutiva (octubre del a\u00f1o 2011); como tampoco se conoc\u00edan estas pruebas al momento de dictar la Sentencia No 110 del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buga en julio 14 de 2015; correspondiente a la demanda de Declaratoria de muerte presuntiva de mi esposo (DDD). Pruebas estas; con las cuales se descarta la aparici\u00f3n posterior del causante despu\u00e9s de los hechos denunciados (hechos ocurridos el d\u00eda 21 de septiembre del a\u00f1o 2010)\u00bb. <\/p>\n
2.11. Censura la accionante que, en la sentencia del 14 de julio de 2015, en la que se declar\u00f3 la muerte presuntiva antes referida, se present\u00f3 un error invencible en lo relacionado con la fecha de muerte legal, como quiera que la verdadera calenda de los hechos fue el 21 de septiembre de 2010 y no el 22 de abril de 2013, toda vez que la fecha en la cual supuestamente apareci\u00f3 el se\u00f1or (DDD) y firm\u00f3 un cheque en favor de (GGG) fue un invento de un tercero, para cobrarse una supuesta obligaci\u00f3n dineraria ya vencida, versi\u00f3n que fue tomada en cuenta por el Juzgador para dictar sentencia. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, adujo que el error en que incurri\u00f3 el fallador no puede ser corregido a estas alturas v\u00eda recurso extraordinario de revisi\u00f3n, pues ya est\u00e1n vencidos los t\u00e9rminos legales. Este problema es determinante como quiera que Colpensiones le ha negado el derecho a acceder a la pensi\u00f3n de sobreviviente por no poder demostrar que convivi\u00f3 con el occiso cinco a\u00f1os antes de su muerte. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 que se le amparen sus derechos fundamentales y, en este sentido, \u00abSEGUNDO: Se ordene a LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES \u2013 COLPENSIONES S.A. por ser procedentes, razonables y necesarias de manera inmediata, se declare el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes a mi favor. TERCERO: Se ordene a la Accionada COLPENSIONES S.A. pagar a mi favor desde la fecha de la muerte legal del causante la pretendida pensi\u00f3n de sobreviviente debidamente indexada o ajustada con base al IPC y sus correspondientes intereses moratorios, el pago del retroactivo, a que sea incluida en la n\u00f3mina de pensionados y en el r\u00e9gimen contributivo de salud. CUARTO: Se ordene tambi\u00e9n a la Accionada; el empleador EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSCALIMA S.A. a pagar al fondo de pensiones COLPENSIONES S.A. y a COOMEVA los aportes pendientes al sistema general de pensiones, y salud a favor del causante (DDD); hasta la fecha de ejecutoria de la Sentencia de declaratoria de la muerte presuntiva del causante (Sentencia No 110 del Juzgado Primero de Familia de Buga (V.) y las prestaciones sociales pendientes por pagar de su contrato laboral, debidamente indexado al momento del pago. QUINTO: Se ordene al accionado Juzgado Primero de Familia de Buga \u2013 Valle, corregir en la Sentencia No 110 de julio 14 de 2015, en el cap\u00edtulo del RESUELVE, numeral 2, \u201c la fecha presuntiva en que ocurri\u00f3 la muerte del se\u00f1or (DDD), el d\u00eda 22 de abril del 2013\u201d por la real de los hechos ocurridos el d\u00eda 21 de septiembre del 2010; es decir fecha de la muerte legal: 21 de septiembre del 2012, dado que a esta instancia los t\u00e9rminos legales para invocar una revisi\u00f3n a la Sentencia ya est\u00e1n vencidos. SEXTO: Se ordene a los Accionados, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la Sentencia produzca las respuestas\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Fiscal\u00eda Veintis\u00e9is Local de Buga manifest\u00f3 que existieron dos noticias criminales en las cuales actuaba la accionante, radicadas bajo los Nos. 761116000247201600881 y 761116000247201700074, las cuales fueron asignadas a las Fiscal\u00edas 27 Seccional de Juicio y 4\u00aa Seccional de Indagaci\u00f3n, respectivamente. Por ello, se\u00f1al\u00f3 que aquellos eran los entes que pod\u00edan dar respuesta al presente amparo. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda Sexta Especializada de Buga indic\u00f3 que \u00abuna vez estudiado el libelo de tutela y documentos anexos, la Fiscal\u00eda Sexta Especializada de Buga no ha tenido ning\u00fan tipo de intervenci\u00f3n o conocimiento en los hechos que en su oportunidad habr\u00edan sido objeto de investigaci\u00f3n penal y\/o certificaci\u00f3n por parte del ente acusador\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda Cuarta Seccional de Buga resalt\u00f3 que \u00abefectivamente este despacho adelanta investigaci\u00f3n por el delito de Falsedad en Documento Privado, con radicaci\u00f3n n\u00famero 761116000247201700074, en contra de (HHH), siendo denunciante (AAA), encontr\u00e1ndose en etapa de Indagaci\u00f3n. La Fiscal\u00eda ha realizado programa metodol\u00f3gico orden a polic\u00eda judicial con fechas 14\/02\/2017, 7\/03\/2017, 03\/08\/2017, 20\/02\/2018, 21\/02\/2018 y 10\/07\/2019, la cual se recibe informe investigador de campo con fecha 16 de septiembre de 2020, sin poder identificar e individualizar plenamente al se\u00f1or (HHH), de acuerdo al informe el se\u00f1or (HHH) est\u00e1 fuera del pa\u00eds, es por ello que esta agencia judicial solicitar\u00e1 B\u00fasqueda Selectiva en Base de Datos ante el Juez\u00bb. <\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda Once Especializada de Buga sostuvo que ante dicho Despacho se \u00abadelanta la presente investigaci\u00f3n por hechos denunciados el d\u00eda 22\/09\/2010 por la se\u00f1ora (BBB), por la desaparici\u00f3n el d\u00eda 21\/09\/2010 en la vereda Rio Bravo Jurisdicci\u00f3n de Municipio de Restrepo Valle del se\u00f1or (DDD) (\u2026). 3.- Que el estado actual de la presente investigaci\u00f3n se encuentra ACTIVA y en etapa procesal de INDAGACION, igualmente me permito informar que dentro del proceso investigativo adelantado por polic\u00eda judicial en cumplimento de las diversas \u00f3rdenes y actividades programadas expedidas por la Fiscal\u00eda, los elementos materiales probatorios y evidencias f\u00edsicas recopiladas hasta este momento, no se ha obtenido resultados positivos en su b\u00fasqueda y se desconoce su paradero y destino actual, como igualmente no se han determinado las causas o motivos y los posibles autores o responsables del citado hecho punible\u00bb. <\/p>\n
5. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia solicit\u00f3 que fuera declarada improcedente la tutela, como quiera que no se vulneraron los derechos fundamentales, toda vez que \u00abse han acatado y despachado cada una de las oportunidades aplicables a esta clase de asuntos, estando los argumentos de lo resuelto en cada una de ellas, fundamentados en aspectos sustanciales y procesales oportunamente controvertidos y que se enmarcan dentro de una valoraci\u00f3n legal efectuada de una forma razonable\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que \u00ablo pretendido por la actora en suma es que, se corrija la sentencia No. 110 del 14 de julio de 2015; pedimento que considero inviable pues no solo se encuentra en firme dicha providencia, sino que adem\u00e1s la petici\u00f3n en comento fue debatida y decidida en ocasi\u00f3n anterior por el Tribunal Superior de Buga mediante fallo de tutela del 11 de agosto de 2017 (\u2026), despach\u00e1ndose desfavorablemente la cual fue inclusive confirmada por la Corte Constitucional, es de resaltar que con la presente solicitud se configura una actitud temeraria por parte de la actora pues aun cuando lo aqu\u00ed pretendido (correcci\u00f3n de la sentencia), ya hab\u00eda sido resuelto, la gestora de la acci\u00f3n insiste en que se ordene al despacho la modificaci\u00f3n de la providencia\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que \u00abtres aspectos captan la atenci\u00f3n de la suscrita a saber: el primero. Hace referencia a los presupuestos del mecanismo de protecci\u00f3n superlativa al que la actora acudi\u00f3 toda vez que la inmediatez no se configura -en el evento que nos ocupa- si en cuenta se tiene que la providencia a la que ella hace alusi\u00f3n como vulnerante de sus derechos ius fundamentales registra como fecha 14 de julio de 2015; es decir, fue proferida hace ya casi 6 a\u00f1os. El segundo: La inconformidad presentada por la convocante ya fue estudiada por el Honorable Tribunal Superior en el a\u00f1o 2017, conforme lo mencione l\u00edneas atr\u00e1s; y el tercero Hace relaci\u00f3n igualmente a la inmediatez la resoluci\u00f3n de la que se duele, esto es la que le niega el derecho a la pensi\u00f3n de sobreviviente es del a\u00f1o 2019, lo que tambi\u00e9n rompe de tajo con el presupuesto de procedibilidad\u00bb. <\/p>\n
6. Diana Marcela Gonz\u00e1lez Vargas, quien dijo actuar como analista jur\u00eddico de COOMEVA EPS, pidi\u00f3 que fuera desvinculada de la presente acci\u00f3n, en raz\u00f3n a que la entidad carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que no se vislumbra vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por parte de la instituci\u00f3n que adujo representar. Finalmente, afirm\u00f3 que el amparo adolece del principio de subsidiariedad. <\/p>\n
7. (BBB), obrando como representante legal de sus hijas menores de edad, beneficiarias de la pensi\u00f3n de sobrevivientes del se\u00f1or (DDD), argument\u00f3 que \u00abla se\u00f1ora (AAA), hace referencia a nuestro hogar, cuando era solo el lugar de habitaci\u00f3n de la se\u00f1ora (AAA), ya que el se\u00f1or (DDD) estaba separado desde hace muchos a\u00f1os de la se\u00f1ora (AAA) y el se\u00f1or (DDD) conform\u00f3 el hogar (DDD-BBB) desde el a\u00f1o 2000 y por tanto viv\u00eda en otro lugar con su compa\u00f1era permanente se\u00f1ora (BBB), madre de sus tres hijas (\u2026), reconocidas mediante registro civil; situaci\u00f3n est\u00e1 (Sic) que es de conocimiento p\u00fablico desde tal a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, mencion\u00f3 que \u00abdicho hogar lo conformaban ella y su nieto (\u2026), porque su hija (CCC) viv\u00eda en otra casa de habitaci\u00f3n con su compa\u00f1ero sentimental (EEE) (q.e.p.d.), padre de su segundo hijo y con la se\u00f1ora (FFF) (su suegra), y en cuanto a la custodia del menor fue otorgada a la se\u00f1ora (AAA) en acuerdo con la comisar\u00eda de familia, cabe decir que este menor tiene madre y padre que est\u00e1n en toda la obligaci\u00f3n de hacerse cargo de su hijo, si es que su abuela no tiene los medios\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en cuanto a lo expresado por la tutelante, en el sentido que \u00abconvivimos juntos por m\u00e1s de 22 a\u00f1os, casados en 1988\u00bb, trajo a colaci\u00f3n que en la sentencia (Rad. 2012-00090) (AAA) hab\u00eda manifestado que \u00absu esposo en el a\u00f1o 1990 dijo que se iba y no sabe nada de \u00e9l desde entonces\u00bb, por tanto, concluy\u00f3 que las alegaciones de la accionante se contradicen, \u00ablo que constituye a todas luces un fraude procesal\u00bb. <\/p>\n
8. Jennifer Castrill\u00f3n Echeverry, quien dijo actuar como asistente administrativo en la empresa de Transportes Calima S.A., relat\u00f3 que <\/p>\n
\u00abEl se\u00f1or (DDD) (Q.E.P.D.), labor\u00f3 con nosotros mediante contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido el cual fue terminado a consecuencia de la declaratoria de muerte presunta y no por decisi\u00f3n unilateral de la Empresa (\u2026) <\/p>\n
Vale la pena anotar, que la se\u00f1ora (AAA), el d\u00eda 08 de enero de 2017 efectu\u00f3 solicitud escrita a la Empresa requiriendo la constancia del pago de las prestaciones sociales y de la liquidaci\u00f3n del causante y en todo caso en el escrito se indica que se consigne a \u00f3rdenes del Juzgado 1 de Familia de Buga donde se adelanta la sucesi\u00f3n del mencionado se\u00f1or, de lo que se deduce claramente que no solo se conoc\u00eda el hecho del fallecimiento sino que adem\u00e1s se procedi\u00f3 a liquidar los bienes del causante mediante el proceso de sucesi\u00f3n que en este caso corresponde. <\/p>\n
La empresa desconoc\u00eda las razones de la desaparici\u00f3n del se\u00f1or (DDD) (Q.E.P.D), a quien se le termina el contrato de trabajo a consecuencia de la declaraci\u00f3n de muerte presunta. Antes de la declaratoria del desaparecimiento y de la terminaci\u00f3n del contrato no se nos notific\u00f3 de una situaci\u00f3n de secuestro. De tal forma que el contrato fue terminado por una justa causa como lo es la del fallecimiento del trabajador, sin que exista una violaci\u00f3n cometida por la Empresa (…)\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, destac\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela era improcedente, dado que \u00abdebe acudirse a la acci\u00f3n de nulidad y a la justicia ordinaria laboral para debatir el tema de la consagraci\u00f3n del derecho a la pensi\u00f3n de sobreviviente, puesto que al Juez de tutela le est\u00e1 vedado por este medio consagrar derechos que corresponden a otras jurisdicciones a menos que se evidencia un perjuicio irremediable que en este caso, tampoco aparece demostrado\u00bb. <\/p>\n
9. La directora de acciones constitucionales de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- afirm\u00f3 que, \u00abvalidados los aplicativos de consulta (\u2026), se evidencia que el se\u00f1or (DDD) (\u2026) falleci\u00f3 el 22 de abril de 2013, de conformidad con declaraci\u00f3n de muerte presuntiva, y la determinaci\u00f3n de la fecha de fallecimiento establecida en el Registro Civil de Defunci\u00f3n se dio mediante sentencia judicial No. 110 del 14 de julio de 2015 proferida por el Juzgado Primero de Familia de Buga\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, indic\u00f3 que en Resoluci\u00f3n GNR 291362 del 30 de septiembre de 2016 orden\u00f3 el reconocimiento y pago de una pensi\u00f3n de sobrevivientes a favor de las hijas menores del causante y de la joven (CCC), la cual qued\u00f3 suspendida hasta que acreditara que estaba estudiando. Asimismo, neg\u00f3 la solicitud de reconocimiento de pensi\u00f3n de sobrevivientes presentada por las se\u00f1oras (BBB), compa\u00f1era permanente del causante, y (AAA), en calidad de c\u00f3nyuge, teniendo en cuenta que no acreditaron el requisito de convivencia dentro de los cinco a\u00f1os anteriores al fallecimiento del se\u00f1or (DDD), acto administrativo que fue notificado el 7 de octubre de 2016. <\/p>\n
Contra la anterior decisi\u00f3n, (BBB) interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n que \u00abfueron atendidos mediante Resoluci\u00f3n GNR 349708 del 23 de noviembre de 2016 y Resoluci\u00f3n VPB 1382 del 11 de enero de 2017 respectivamente, confirmando en todas y cada una de sus partes la resoluci\u00f3n recurrida\u00bb. Por su parte, (AAA), \u00abel 24 de enero de 2017 bajo radicado 2017_765380, present\u00f3 solicitud de revocatoria directa contra la resoluci\u00f3n GNR 349708 del 23 de noviembre de 2016 (\u2026) Mediante Resoluci\u00f3n GNR No. 37715 del 01 de febrero de 2017, esta entidad declar\u00f3 improcedente la solicitud de revocatoria directa (\u2026) y neg\u00f3 el reconocimiento y pago de una pensi\u00f3n de sobrevivientes solicitada por la se\u00f1ora (AAA)\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, \u00abMediante Resoluci\u00f3n SUB 268721 del 25 de noviembre de 2017 se neg\u00f3 el reconocimiento y pago de una Pensi\u00f3n de Sobrevivientes a la se\u00f1ora (AAA) en calidad de c\u00f3nyuge. El d\u00eda 30 de noviembre de 2018 bajo el radicado Nro. 2018_15234535, (AAA) (\u2026) nuevamente solicit\u00f3 el reconocimiento de una Pensi\u00f3n de Sobrevivientes. A trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n SUB 34401 del 08 de febrero de 2019, esta Administradora de Pensiones neg\u00f3 el reconocimiento\u00bb pretendido, decisi\u00f3n que se notific\u00f3 el 12 de febrero de 2019; \u00abla se\u00f1ora (AAA) (\u2026) interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio el de Apelaci\u00f3n (\u2026)\u00bb resueltos mediante las Resoluciones SUB 762553 del 28 de marzo de 2019 y DPE 2988 del 15 de mayo siguiente, que confirmaron lo inicialmente decidido, \u00abPosterior no se evidencia petici\u00f3n de reconocimiento pensional radicada que a la fecha se encuentre pendiente de respuesta\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, concluy\u00f3 que se busca \u00abdesnaturalizar la acci\u00f3n de tutela pretendiendo que, por medio de un proceso caracterizado por la inmediatez y subsidiaridad, sean reconocidos derechos que deben ser de conocimiento del juez ordinario (\u2026) por lo que se debe declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela ante el car\u00e1cter subsidiario de esta\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que la \u00abaccionante no acredit\u00f3 un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo por improcedente, debido a que no se cumple con los requisitos generales de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
Precis\u00f3 que \u00abla providencia atacada es la sentencia No.010 del 14 de julio de 2015 proferida por el Juzgado Primero de Familia de Buga (hoy Promiscuo de Familia), donde se fij\u00f3 como fecha presunta de la muerte del se\u00f1or (DDD), el 22 de abril de 2013, de acuerdo a las manifestaciones de la se\u00f1ora (AAA) y dem\u00e1s documentaci\u00f3n allegada al expediente\u00bb, de manera que, \u00abteniendo en cuenta la fecha de prestaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, 03 de mayo de 2021 y la fecha de la providencia atacada, 14 de julio de 2015, han trascurrido cerca de seis (06) a\u00f1os, sobrepasando ampliamente el t\u00e9rmino dispuesto por la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, arguy\u00f3 que \u00abel conocimiento de la accionante sobre el supuesto enga\u00f1o efectuado por el se\u00f1or (GGG), demandante en el proceso ejecutivo adelantado en el Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo (V), y que la llev\u00f3 a cometer un \u201cerror de buena fe\u201d en la demanda de declaraci\u00f3n de muerte presunta, data del a\u00f1o 2017 de acuerdo a la informaci\u00f3n dada por la Fiscal\u00eda, sobre las investigaciones que adelanta en raz\u00f3n a las denuncias formuladas por la se\u00f1ora (AAA), reiterando la mora en la interposici\u00f3n de esta acci\u00f3n constitucional, pues contando desde ese momento, han transcurrido m\u00e1s de tres (03) a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, record\u00f3 que \u00aben la sentencia proferida por el M.P. Borda Caicedo, de la Sala Civil Familia de esta Corporaci\u00f3n en el mes de agosto de 2017, se concluy\u00f3 tambi\u00e9n el incumplimiento de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la solicitud del pago de prestaciones laborales por parte de la empresa Transcalima S.A., teniendo en cuenta lo referido por la sociedad, seg\u00fan la cual \u00abel contrato a t\u00e9rmino indefinido finiquit\u00f3 ante la informaci\u00f3n de la muerte presunta por desaparecimiento del empleado, y nunca recibi\u00f3 reporte de haber sido secuestrado, que le hubiere obligado a aplicar normas especiales dentro del contrato laboral (\u2026) tales circunstancias llevan a deducir que hay una controversia de tipo laboral, respecto del pago de acreencias laborales a que ten\u00eda derecho el se\u00f1or (DDD), como empleado de la citada empresa de transporte, siendo el estadio propicio la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral, ya que all\u00ed se pueden exhibir las pruebas de una y otra parte, y controvertirlas, dentro de un espacio de tiempo propicio, que le permite al juez natural, razonar las situaciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas, para tomar la decisi\u00f3n. Desvirtu\u00e1ndose la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio, ya que el requisito de inminencia para el perjuicio irremediable, no se encuentra cumplido, pues relata la empresa que la misma accionante solicit\u00f3 en enero de 2017 la consignaci\u00f3n de las prestaciones sociales al Juzgado de Familia. Lo expuesto lleva tambi\u00e9n a declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela frente a esta empresa\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, trat\u00e1ndose de lo referente al petitorio de la pensi\u00f3n de sobreviviente que ha sido negado en dos ocasiones por parte de Colpensiones, esgrimi\u00f3 que \u00abexiste una controversia dentro del marco de la seguridad social, por el reconocimiento o no de una pensi\u00f3n de sobrevivencia, que debe ser conocida por la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral conforme lo determina el numeral 4 del art\u00edculo 2 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo, lo que lleva a declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela, por existir otros medios de defensa a los cuales puede acudir la accionante\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la accionante, quien frente al requisito de inmediatez se\u00f1al\u00f3 que \u00abdesafortunadamente se presentan factores externos que no puedo controlar en el tiempo, como (es) la falta de resultados (pruebas) provenientes de otras instancias las cuales a (estas) instancias no se han terminado; cito en especial las denuncias penales; base para atacar la sentencia de la declaraci\u00f3n de muerte presuntiva del causante, fecha que presenta un error; por haberse basado en un falso testimonio\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, indic\u00f3 que \u00abla AFP COLPENSIONES en su respuesta seg\u00fan resoluci\u00f3n No DPE2988 de mayo15 de 2019, confirma el estado de civil de separados del c\u00f3nyuge para el a\u00f1o 1998; situaci\u00f3n que jur\u00eddicamente nunca se ha presentado, teniendo a la fecha mi matrimonio cat\u00f3lico actualmente vigente\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, coment\u00f3 que \u00abel A quo incurre nuevamente en ERROR al no apreciar mis razones expuestas en cuanto a la vulneraci\u00f3n del m\u00ednimo vital para mi familia, solicitando pruebas sumarias; ante lo cual les informo que mi residencia es en un municipio de las zonas rurales del valle del cauca, en donde no se tiene muchas facilidades para acceder a los servicios de las entidades p\u00fablicas, estando en crisis sanitaria, bajo los estados actuales de protesta social, en el cual mi municipio es v\u00edctima de esta situaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual bajo la gravedad de juramento confirmo que todo lo dicho en este escrito es cierto, estando todos los bienes de la sucesi\u00f3n embargados por mandato judicial, recibiendo una renta mensual de 350 mil pesos de renta de un apartamento \u00fanicamente, y del auxilio voluntarioso que me dan vecinos y familia\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, la actora pretende que se tutelen sus derechos fundamentales y, en este sentido, se ordene a Colpensiones que reconozca la pensi\u00f3n de sobreviviente a su favor y le pagu\u00e9 las mesadas causadas desde la fecha de muerte del causante; tambi\u00e9n, que se conmine a la empresa Transportes Calima S.A. a que cancelen los valores presuntamente adeudados al Sistema General de Seguridad Social a favor de su difunto esposo y por concepto de prestaciones sociales, por \u00faltimo, que se corrija la sentencia del 14 de julio de 2015 en cuanto a la fecha de la muerte presunta del se\u00f1or (DDD). <\/p>\n
2. Pronto advierte esta Sala que la decisi\u00f3n cuestionada habr\u00e1 de ser confirmada, toda vez que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, tal como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
3. En efecto, del escrutinio del decurso procesal se evidencia que, frente a la pretensi\u00f3n dirigida a que se ordene al Juzgado Primero de Familia de Buga que corrija la sentencia del 14 de julio de 2015, no se cumple con el presupuesto general de la inmediatez exigido para la salvaguarda impetrada. Ello, a causa del lapso transcurrido desde que la referida providencia fue emitida y la fecha de interposici\u00f3n del presente amparo -3 de mayo de 2021-, esto es casi seis (6) a\u00f1os. <\/p>\n
En ese aspecto, se resalta que, en anterior oportunidad, esta Sala de Casaci\u00f3n se pronunci\u00f3 en STC16631 del 12 de octubre de 2017 acerca del mismo petitorio de correcci\u00f3n de la providencia del 14 de julio de 2015, habiendo sido denegada la salvaguarda entonces invocada, por \u00abostensible incumplimiento del presupuesto de la inmediatez, toda vez que comparada la fecha en que la autoridad reprochada pronunci\u00f3 la providencia que declar\u00f3 la muerte presuntiva por desaparecimiento (\u2026), con la presentaci\u00f3n de la tutela (25 de julio de 2017), supera el t\u00e9rmino de seis meses que la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha establecido como razonable para la protecci\u00f3n inmediata y eficaz de las garant\u00edas constitucionales\u00bb. Aunado a lo anterior, tambi\u00e9n advirti\u00f3 este \u00f3rgano colegiado que \u00abel amparo invocado no atiende el referido presupuesto de subsidiariedad (\u2026) teniendo en cuenta que la convocante no hizo uso del mecanismo que el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 para que le sea revisado su descontento, esto es, no acudi\u00f3 al recurso de apelaci\u00f3n previsto en los art\u00edculos 350 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, aplicable en aquella \u00e9poca, con el que la censora, pudo ventilar ante la autoridad competente la anomal\u00eda aqu\u00ed planteada contra la sentencia de 14 de julio de 2015\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, a pesar de que la promotora destac\u00f3 que en octubre de 2017 se nulit\u00f3 el proces\u00f3 ejecutivo que hab\u00eda iniciado (GGG) en contra del se\u00f1or (DDD), en el cual se hab\u00eda presentado un t\u00edtulo valor supuestamente firmado en abril de 2011 y que por esta raz\u00f3n fue tenida en cuenta aquella como la \u00faltima fecha en la cual se tuvo noticia del occiso, presunta falsedad que puso en conocimiento de las autoridades penales en los a\u00f1os 2016 y 2017, es menester resaltar que tampoco se cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que desde el momento en que fue declarada la nulidad en el compulsorio -9 de octubre de 2017- y la fecha de interposici\u00f3n del amparo han pasado m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os, situaci\u00f3n que no incide para desvirtuar la inmediatez referida. <\/p>\n
Al respecto, esta Colegiatura ha sostenido que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros (\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00, STC2015, 29 en. rad. 00014- 00, STC2015, 19 feb. rad. 00278-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015, 26 mar, rad. 0590-00, STC10258-2015, 6 ago. Rad. 2015-01691-00. Reiterada en STC7721-2020, 24 dic. Rad. 2020-00030-01). <\/p>\n
4. Ahora bien, en lo referido a las pretensiones encaminadas a que Colpensiones reconozca la pensi\u00f3n de sobreviviente en su favor y le pagu\u00e9 las mesadas causadas desde la fecha de muerte del causante y la relacionada con que la empresa Transportes Calima S.A. cancele los valores presuntamente adeudados al Sistema General de Seguridad Social a favor de su difunto esposo y las dem\u00e1s prestaciones sociales, es imperioso se\u00f1alar que no se cumple con el presupuesto de subsidiariedad exigido para el amparo impetrado. <\/p>\n
Lo anterior como quiera que no se observa que haya acudido ante la jurisdicci\u00f3n laboral para adelantar los procesos ordinarios procedentes en este caso. Por tanto, ser\u00e1 el operador judicial rese\u00f1ado, en la oportunidad procesal correspondiente, quien deber\u00e1 resolver sobre los reparos expuestos mediante este mecanismo excepcional, pues admitir la intervenci\u00f3n del juez constitucional implicar\u00eda reemplazar los instrumentos ordinarios a trav\u00e9s de los cuales se puede buscar la protecci\u00f3n de tales prerrogativas en la causa. <\/p>\n
Sobre el particular, ha manifestado la Corte que <\/p>\n
\u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020-00195-01). <\/p>\n
De no ser as\u00ed, la tutela se convertir\u00eda en un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo con el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y de permitir la concentraci\u00f3n en la jurisdicci\u00f3n constitucional de todas ellas, capaz de rebozar el cumplimiento de las funciones de esta. <\/p>\n
Por \u00faltimo, frente al presunto perjuicio irremediable enrostrado por la gestora, debe resaltase lo concluido por el a quo constitucional, en el sentido que en los medios de prueba aportados por la accionante no se encuentra probada dicha circunstancia, de manera que la sola manifestaci\u00f3n no exime a quien la alega de demostrar los hechos sobre los cuales basa tal afirmaci\u00f3n, para poder estudiar la procedencia de un estudio de fondo en el asunto. <\/p>\n
5. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1, archivo \u201d01Anexos\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Ibidem., 5. <\/p>\n
4\u0002 Folios 39 y 40, archivo \u201c03AnexosDemanda\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Folio 7, archivo \u201c01Anexos\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Folio 19, archivo \u201c01Demanda\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Folio 36, archivo \u201cCdo1\u201d del expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Ibidem., 113-123. <\/p>\n
9\u0002 Folios 14 y 15, archivo \u201c04Admisi\u00f3n\u201d del expediente digital. <\/p>\n
10\u0002 Folios 1-13, archivo \u201c08Sentencia\u201d del expediente digital. <\/p>\n
11\u0002 Folios 90-99, archivo \u201c04Tutela\u201d del expediente digital. <\/p>\n
12\u0002 Folios 77-85, archivo \u201c03Nulidad\u201d del expediente digital. <\/p>\n
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STC7787-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC7787-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 76111-22-13-000-2021-00089-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte1 la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-55039","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55039","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55039"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55039\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55039"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55039"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55039"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}