STC7884-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7884-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01939-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Dirime la Corte la tutela que Hern\u00e1n Trillos Contreras le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, extensiva al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 54001 31 53 003 2019 00344 00\/01 (Rad. Tribunal 2019-00174). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb para que, en consecuencia, se ordenara a la Colegiatura confutada que emitiera una nueva decisi\u00f3n que tuviera en cuenta lo discurrido en la demanda y en el litigio cuestionado. <\/p>\n
En respaldo narr\u00f3 que la primera instancia declar\u00f3 no probadas las excepciones que plante\u00f3 y orden\u00f3 seguir adelante el cobro en los t\u00e9rminos del mandamiento de pago librado en su contra y a favor de Bawerd Eucario Zapata L\u00f3pez (23 nov. 2020); determinaci\u00f3n que el superior confirm\u00f3 en su integridad (27 abr. 2021). <\/p>\n
Afirm\u00f3 que con tales veredictos se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb, en la medida que se fundamentaron \u00fanicamente en los t\u00edtulos valores, sin tener en cuenta que: <\/p>\n
a) El negocio jur\u00eddico subyacente (mutuo) que dio origen a las letras de cambio, no existi\u00f3; el dinero objeto de cobro no le fue entregado y el ejecutante carec\u00eda de \u00abcapacidad econ\u00f3mica\u00bb para efectuar dicha transacci\u00f3n (negaciones indefinidas). Ello, debido a que aqu\u00e9l no lo acredit\u00f3, pese a que ten\u00eda la carga de la prueba y, por tanto, sus pretensiones no pod\u00edan prosperar. <\/p>\n
b) El demandante hab\u00eda confesado que las mencionadas cartulares se \u00absuscribieron en blanco\u00bb y sin contarse con \u00abcarta de instrucciones\u00bb para su diligenciamiento, de modo que \u00abperdieron eficacia como t\u00edtulos valores\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Tercero Civil del Circuito de C\u00facuta defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, resaltando que no transgredi\u00f3 las garant\u00edas supralegales del precursor. <\/p>\n
1.- Constituye una regla invariable la improcedencia de este instrumento residual y sumario para disentir o revisar las providencias judiciales, sendero especial que tan s\u00f3lo se abre paso cuando quien est\u00e1 llamado a dispensar justicia socava o pone en riesgo las prerrogativas superiores de los litigantes, es decir, frente a un obrar a todas luces arbitrario, grosero o ajeno a la ley, dado que no cualquier animadversi\u00f3n tiene la virtualidad de quebrantar la autonom\u00eda que el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les reconoce. <\/p>\n
As\u00ed lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s esta Sala: \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y, menos a\u00fan, \u00abacometer, bajo ese pretexto, (\u2026) una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (ST 7 mar. 2008. rad. 2007-00514-01), ya que debe tenerse en cuenta que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28 mar. 2012, rad. 2012-00022-01, reiterada en STC128-2021). <\/p>\n
2.- Si bien, la queja constitucional se dirige igualmente contra la sentencia del Juzgado Tercero Civil del Circuito de C\u00facuta, esta Corte analizar\u00e1 \u00fanicamente la emitida por el ad quem, comoquiera que fue la que resolvi\u00f3 de manera definitiva el asunto controvertido. <\/p>\n
3.- En el sub examine, muy pronto se avizora que el pronunciamiento de la Sala Civil Familia del Tribunal de C\u00facuta (27 abr. 2021), no luce antojadizo, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario, en atenci\u00f3n a que valor\u00f3 \u00abrazonablemente\u00bb las letras de cambio que sustentaron el proceso ejecutivo, confront\u00e1ndolas con los preceptos que las rigen. <\/p>\n
En efecto, ratific\u00f3 el prove\u00eddo de primer grado que declar\u00f3 no probadas las excepciones perentorias, orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n y conden\u00f3 en costas al demandado. <\/p>\n
Para ello, explic\u00f3 que las \u00abnegaciones indefinidas\u00bb en que sustent\u00f3 la defensa el ejecutado, relacionadas con la \u00abinexistencia del mutuo\u00bb y \u00abla falta de capacidad econ\u00f3mica del prestamista\u00bb para desembolsar $757.000.000, \u00abno requ[er\u00edan] ser probadas por quien las expres[\u00f3]\u00bb e \u00abimplica[ba]n un traslado de la carga demostrativa\u00bb, de acuerdo con en el art\u00edculo 167 del C.G. del P. Deber cuya liberaci\u00f3n, resalt\u00f3 \u00abdepend[\u00eda] de la imposibilidad pr\u00e1ctica de acreditar ciertas circunstancias en el tiempo, siempre y cuando estas \u201c(\u2026) no se contrapongan a [aseveraciones] previas que se pretenden desvirtuar\u201d\u00bb (CSJ SC9072 de 11 de julio de 2014). <\/p>\n
Conforme a ello, precis\u00f3 que \u00aba trav\u00e9s de una negaci\u00f3n o afirmaci\u00f3n indefinida no [se pod\u00eda] (\u2026) intentar contrarrestar la veracidad de un hecho que ya se enc[ontraba] probado por alguno de los medios admisibles\u00bb. De ah\u00ed que hubiese esbozado <\/p>\n
(\u2026) el ejecutado acudi\u00f3 a la estrategia de cuestionar la certidumbre de la relaci\u00f3n subyacente a las letras, negando indefinidamente tener compromiso alguno con el ejecutante. Pero no advirti\u00f3 un detalle medular: de la existencia de la obligaci\u00f3n hay prueba en el expediente, recogida nada mas y nada menos que en unos t\u00edtulos valores. Y resulta ser por entero contrario a la dogm\u00e1tica probatoria que la informaci\u00f3n vertida en unas letras de cambio quiera desvirtuarse o hacerse pasar por falaz a trav\u00e9s de una negaci\u00f3n indefinida. Recu\u00e9rdese que la naturaleza jur\u00eddica de esta \u00faltima es la de suced\u00e1neo de prueba y como tal jam\u00e1s podr\u00e1 ser considerada con mayor valor de verdad, persuasi\u00f3n y formaci\u00f3n del conocimiento que una evidencia propiamente dicha (\u2026). <\/p>\n
Ahora bien, no se crea tampoco que las revelaciones de un t\u00edtulo ejecutivo tienen car\u00e1cter de verdad absoluta, irrebatible e incuestionable (\u2026). Desde luego que tal especie de documentos tambi\u00e9n son por entero susceptibles de controversias (\u2026) . Lo que genuinamente se quiere dar a entender es que ese labor\u00edo tendiente a desvirtuar el texto de un t\u00edtulo valor no puede hacerse al amparo de afirmaciones o negaciones indefinidas. Al contrario, exige un denodado esfuerzo por parte del ejecutado, quien deber\u00e1 esmerarse en traer al litigio medios de prueba \u2013que no suced\u00e1neos de prueba- con los que convenza al juez de la sinraz\u00f3n del documento (\u2026). <\/p>\n
En consecuencia, coligi\u00f3 que el referido cargo no prosperar\u00eda, porque el deudor no pod\u00eda \u00abaspirar a que sus negaciones indefinidas tuvieran mayor m\u00e9rito persuasivo que los detalles consignados en las letras que le fueron enrostradas\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, y en punto a la \u00abafirmaci\u00f3n\u00bb del apelante en torno a que hab\u00eda \u00abfirmado en blanco las letras de cambio\u00bb y las mismas \u00abcarec\u00edan de instrucciones para su diligenciamiento\u00bb, lo que, en su entender, develaban la p\u00e9rdida de \u00abvalidez\u00bb de los t\u00edtulos, manifest\u00f3 que al tenor de los art\u00edculos 620 y 622 del C\u00f3digo de Comercio y lo establecido por la Corte Constitucional y esta Corporaci\u00f3n, se ten\u00eda que <\/p>\n
(\u2026) (i) La carta de instrucciones escrita no es imprescindible, ya que puede haber instrucciones verbales o posteriores al acto de creaci\u00f3n del t\u00edtulo e incluso impl\u00edcitas. La Sala de Casaci\u00f3n Civil tiene la siguiente postura: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el hecho de que se hubiera demostrado que en un comienzo no hubo instrucciones para llenar los espacios en blanco de las referidas letras, era cuesti\u00f3n que por s\u00ed sola no les restaba m\u00e9rito ejecutivo a los referidos t\u00edtulos, pues tal circunstancia no imped\u00eda que se hubiesen acordado instrucciones ulteriores para hacer posible el diligenciamiento del t\u00edtulo y su consiguiente exigibilidad\u201d (sentencia de 2013) (subrayado fuera de texto). <\/p>\n
(ii) Y la ausencia de instrucciones o la discrepancia entre estas y la manera como se llen\u00f3 el t\u00edtulo valor, no necesariamente le quitan m\u00e9rito ejecutivo al mismo, sino conlleva a adecuarlo a lo que efectivamente las partes acordaron. En ese contexto la misma Sala se pronunci\u00f3 as\u00ed en providencia del 8 de septiembre de 2005: <\/p>\n
\u201cla inobservancia de las instrucciones impartidas para llenar los espacios en blanco dejados en un t\u00edtulo valor no acarrea inexorablemente la nulidad o ineficacia del instrumento, toda vez que de llegar a establecerse que tales autorizaciones no fueron estrictamente acatadas, la soluci\u00f3n que se impone es ajustar el documento a los t\u00e9rminos verdadera y originalmente convenidos entre el suscriptor y el tenedor, como, verbigracia, reduciendo el importe de la obligaci\u00f3n cartular al valor acordado o acomodando su exigibilidad a la fecha realmente estipulada\u201d (CSJ, 28 sep. de 2011, exp. T-50001 22 13 000 2011 00196 01, MP. Pedro Octavio Munar Cadena; 30 jun. 2009, exp. T-05001 22 03 000 2009 00273 01, MP. Edgardo Villamil Portilla; y Corte Constitucional T-673 de 2010, T-968 de 2011 y T-747 de 2013). <\/p>\n
Acto seguido, acot\u00f3 que lo anhelado por el excepcionante era otorgar \u00aba la ausencia de instrucciones un alcance que la ley no contempla[ba]\u00bb, pues buscaba la declaratoria de \u00abinvalidez o inexistencia de los documentos, sin reparar en que no ha[b\u00eda] norma que lo respald[ara]\u00bb, en la medida que la sanci\u00f3n que el citado art\u00edculo 622 impon\u00eda \u00abal acreedor que llena el t\u00edtulo con desapego de las instrucciones o las particularidades de la relaci\u00f3n causal, es la ineficacia\u00bb, que conlleva a que \u00abel t\u00edtulo no \u201cpueda hacerse valer contra cualquiera de los que en \u00e9l han intervenido antes de completarse\u201d\u00bb, pero en ning\u00fan evento implica, que el negocio jur\u00eddico desmerezca por las \u00abmentiras (\u2026) en que se incurra en el llenado del t\u00edtulo\u00bb. <\/p>\n
En dicho sentido, advirti\u00f3 \u00abque si el deudor alega[ba] que el acreedor traicion\u00f3 su confianza y llen\u00f3 los t\u00edtulos de modo antojadizo, la prueba de la falacia recae en quien la postula, esto es, el deudor\u00bb. En relaci\u00f3n con ello, apunt\u00f3 <\/p>\n
(\u2026) [L]as instrucciones no est\u00e1n sujetas a solemnidad alguna, raz\u00f3n que permite otorgarlas verbalmente e incluso despu\u00e9s de haber celebrado el negocio o de contra\u00edda la obligaci\u00f3n. Y en caso en que surjan desavenencias por el texto final ser\u00e1 en el litigio donde se acuda a los medios persuasivos id\u00f3neos y conducentes para demostrar la alegada mentira (\u2026). <\/p>\n
Ahora bien, (\u2026) la carencia de instrucciones no redunda inexorablemente en la ineficacia del t\u00edtulo. (\u2026) lo que censura y sanciona el legislador no es ni siquiera que no hayan instrucciones sino que el documento contenga falsedades. De all\u00ed que si no hay instrucciones pero el t\u00edtulo refleja la absoluta verdad del negocio subyacente, ning\u00fan reproche cumple hacer a la eficacia de aqu\u00e9l y el deudor no tiene chance diverso a la de honrar el compromiso adquirido. <\/p>\n
\u201c(\u2026) para que la defensa del demandado resulte pr\u00f3spera no le basta simplemente poner de relieve la existencia de espacios en blanco en el t\u00edtulo valor al momento de su suscripci\u00f3n, sino que debe darse a la tarea (\u2026) de demostrar que ello (haber suscrito el t\u00edtulo valor \u201ccon espacios en blanco\u201d) ocurri\u00f3 as\u00ed, y cu\u00e1les fueron las instrucciones que se impartieron para su diligenciamiento; pero, adem\u00e1s, deber\u00e1 probar que las mismas fueron desatendidas abusivamente por el tenedor que promovi\u00f3 el proceso ejecutivo\u2026 (Sentencia de tutela 673-10). <\/p>\n
Adem\u00e1s, por ning\u00fan modo se puede dejar de lado la presunci\u00f3n de veracidad que pesa sobre este tipo de documentos, seg\u00fan as\u00ed se encuentra previsto en el art\u00edculo 261 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026). <\/p>\n
En ese orden, determin\u00f3 que dicho reparo tampoco pod\u00eda salir prosperar, ante: \u00ab(i) (\u2026) lo viable que resultan los t\u00edtulos valores en blanco o con espacios sin llenar, (ii) (\u2026) la presunci\u00f3n de veracidad de su contenido, (iii) (\u2026) lo innecesario de las instrucciones para su diligenciamiento y (iv) (\u2026) la ausencia de pruebas demostrativas de modo fehaciente del abuso, mentira o inexactitud atribuida al demandante\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en lo concerniente con las cr\u00edticas de Trillos Contreras frente a la ausencia de valoraci\u00f3n de la \u00abincapacidad econ\u00f3mica de Bawerd Zapata para facilitarle (\u2026) los $757.000.000 que por esta v\u00eda le est\u00e1 cobrando y que los t\u00edtulos se entregaron sin intenci\u00f3n de hacerlos negociables\u00bb, expuso que, analizadas las declaraciones rendidas por los extremos procesales, \u00fanico material demostrativo que fue proporcionado, concluy\u00f3 que no estaban demostradas, si se tiene en cuenta que <\/p>\n
(\u2026) el ejecutante resulta ser un comerciante de viejo ejercicio, que adem\u00e1s se mueve en distintas franjas de la actividad econ\u00f3mica y que incluso tiene negocios en un pa\u00eds extranjero. Tiene a su nombre un apreciable capital representado en los varios inmuebles de los que asegur\u00f3 ser propietario en este departamento. Sumado a que el demandado tambi\u00e9n es un comerciante de actividades altamente lucrativas y est\u00e1n unidos por v\u00ednculos muy cercanos de afinidad (\u2026). <\/p>\n
Contrariamente, lo relatado por el ejecutado si bien es una versi\u00f3n testifical responsiva, se muestra imprecisa, carece de detalles o razones para degradar la credibilidad de la causa de la extensi\u00f3n de los t\u00edtulos valores planteada por el actor. Sin consistencia ni soportes f\u00e1cticos de que no recibi\u00f3 el dinero, am\u00e9n de incompletas, abstractas y gen\u00e9ricas, como aquella en la que dijo que hab\u00eda firmado las letras estando ebrio. A fuer que inveros\u00edmiles y contrarias a las reglas de la experiencia, porque no resulta ser cre\u00edble aquello de que firm\u00f3 de su pu\u00f1o y letra y entreg\u00f3 unos t\u00edtulos valores sin intenci\u00f3n de hacerlos negociables, mucho menos a una persona con la que en el pasado hab\u00eda tenido tratativas y obligaciones (\u2026). <\/p>\n
Y s\u00famese a todo ello que la entrega del t\u00edtulo con intenci\u00f3n negociable es una presunci\u00f3n legal contenida en el [inciso 2\u00ba del] art\u00edculo 625 del estatuto de los mercaderes. (\u2026). Sin poder dejar de lado (\u2026) que esta \u00faltima excepci\u00f3n resulta inviable cuando el t\u00edtulo no ha circulado y el pleito surge entre los suscriptores iniciales en los roles de solvens y accipiens, tal como aqu\u00ed ha ocurrido (\u2026). <\/p>\n
4.- En ese orden, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere el sedicente, quien busca imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la pugna, sin que dicha pretensi\u00f3n se acompase con la finalidad de esta salvaguarda, cuyo objetivo tuitivo no fue servir de tercera instancia con el fin de discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
5.- Como corolario de lo expuesto, se desestimar\u00e1 el ruego invocado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Hern\u00e1n Trillos Contreras. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7884-2021 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC7884-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01939-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). Dirime la Corte la tutela que Hern\u00e1n Trillos Contreras le instaur\u00f3 a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-55043","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55043","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55043"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55043\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55043"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55043"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55043"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}