STC7887-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7887-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01971-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La gestora exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abhonra\u00bb, \u00abbuen nombre\u00bb y \u00abtrabajo\u00bb para que, en consecuencia, se ordenara \u00abdejar sin efecto las sentencias [proferidas el] 24 de julio de 2020 y 14 de abril de 2021\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujo que el Juzgado Cuarenta y Nueve Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1, declar\u00f3 legal la captura de Liliana Pardo, ex directora del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- (vinculada en la investigaci\u00f3n del \u201ccarrusel de la contrataci\u00f3n\u201d) y le impuso medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva por los delitos de \u201ccohecho y celebraci\u00f3n indebida de contratos\u201d. <\/p>\n
Sostuvo que, apelada esa determinaci\u00f3n, la revoc\u00f3 cuando fung\u00eda como Juez D\u00e9cima Penal del Circuito, al estimar que a la implicada se le \u201c(\u2026) violaron [sus prerrogativas] (\u2026), atinentes a la expectativa razonable de intimidad, debido proceso y defensa (\u2026)\u201d; por consiguiente, \u201canul\u00f3 la imputaci\u00f3n\u201d y dispuso su \u201clibertad inmediata\u201d (5 sep. 2014). <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, por esa raz\u00f3n, la Fiscal\u00eda Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, interpuso en su contra \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb alegando \u201cv\u00eda de hecho\u201d con la expedici\u00f3n de dicha providencia; el Tribunal la concedi\u00f3 \u201cdej\u00e1ndola sin efecto\u201d (19 dic.), veredicto que confirm\u00f3 el superior, orden\u00e1ndole \u201cresolver de fondo el recurso de apelaci\u00f3n\u201d formulado frente a la detenci\u00f3n preventiva (20 feb. 2015). <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, para dar cumplimiento al mandato constitucional, presidi\u00f3 audiencia y \u201cdecret\u00f3 la inexistencia del acto jur\u00eddico de imputaci\u00f3n\u201d y, apoyada en ello, invalid\u00f3 la \u201cmedida de aseguramiento\u201d de Liliana Pardo (25 mar. 2015). <\/p>\n
Arguy\u00f3 que, como resultado de lo anterior, las dependencias citadas: (i) La sancionaron por desacato a arresto de 3 d\u00edas y multa equivalente a 3 S.M.M.L.V.; (ii) Compulsaron copias a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y, (iii) Declararon la vacancia transitoria de su cargo como Juez del circuito (20 feb. y 13 jul. 2015). <\/p>\n
Coment\u00f3 que, \u201c(\u2026) los anteriores hechos, dieron lugar al [juicio penal n\u00b0 2015-00392] seguido en su contra (\u2026)\u201d, en el que, el Tribunal de Bogot\u00e1 la conden\u00f3 por \u201cfraude a resoluci\u00f3n judicial\u201d a la pena principal de 16 meses de prisi\u00f3n y multa de 10 S.M.M.L.V. y a las accesorias de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de \u201cderechos y funciones p\u00fablicas\u201d por el mismo interregno y p\u00e9rdida del empleo como Juez (24 jul. 2020); fallo que ratific\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal, al solucionar el remedio vertical que elev\u00f3 frente a la misma (14 abr. 2021). <\/p>\n
Anot\u00f3 que el a quo cometi\u00f3 un \u201cdefecto procedimental absoluto\u201d, por cuanto, incorpor\u00f3 como material probatorio el prove\u00eddo que ella profiri\u00f3, origen del decurso penal, aportado por el ente acusador, pero \u201comiti\u00f3\u201d correr traslado al Ministerio P\u00fablico para que ejerciera \u201cla respectiva contradicci\u00f3n\u201d, a trav\u00e9s del \u201ccontrainterrogatorio\u201d y, pese a que dicha irregularidad fue esbozada en los alegatos, el Ponente apreci\u00f3 que \u00e9sta \u201cgoza[ba] de presunci\u00f3n de autenticidad\u201d. <\/p>\n
Apunt\u00f3 que ese yerro del juzgador de primer grado \u00able flexibiliz\u00f3 a la Fiscal\u00eda ingresar el veredicto debatido \u2018de forma incompleta\u2019\u00bb, soslayando los ep\u00edgrafes de la \u201cparte considerativa\u201d que no le conven\u00eda exhibir, tales como, las \u201chip\u00f3tesis propias de un ejercicio de raciocinio\u201d; por tanto, se\u00f1al\u00f3, dicho elemento de convicci\u00f3n \u201cdeb\u00ed[a] excluir[se]\u201d del paginario y no valorarse para la definici\u00f3n del asunto, de conformidad con el art\u00edculo 23 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
Expres\u00f3 que un CD adosado por la Fiscal\u00eda, que tambi\u00e9n sirvi\u00f3 de fundamento para adoptar la \u201cdecisi\u00f3n condenatoria\u201d, quebrant\u00f3 los principios de \u201cinmediaci\u00f3n, mismidad, oralidad y legalidad\u201d y, por esa senda, cometi\u00f3 un \u201cdefecto material o sustantivo\u201d, puesto que no aplic\u00f3 las normas que regulan lo relativo a la \u201ccadena de custodia\u201d. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la \u201csentencia condenatoria\u201d fue emitida en un \u201cproceso carente de pruebas objetivas y v\u00e1lidas\u201d, donde se desecharon las \u201creglas de aducci\u00f3n y de tarifa legal\u201d que caus\u00f3 una \u201clesi\u00f3n intensa\u201d, un \u201cperjuicio social\u201d y su \u201cdesprestigio\u201d, pues deber\u00e1 soportar una \u201csanci\u00f3n\u201d por \u201chechos que no cometi\u00f3\u201d. <\/p>\n
Expuso que los cognoscentes concluyeron que ella, \u201cen forma fraudulenta\u201d, se sustrajo de la \u201corden del fallo de tutela\u201d; sin embargo, en su sentir, la \u201csanci\u00f3n por desacato\u201d del art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991, difiere del \u201cfraude\u201d en la \u201cresponsabilidad penal\u201d. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que las anomal\u00edas enrostradas al Tribunal se extendieron en el veredicto de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, quien adicion\u00f3 \u201cnuevos calificativos\u201d a la conducta endilgada, prescindiendo de la independencia y autonom\u00eda de los jueces consagrada en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
2.- El Juzgado Cuarenta y Nueve Civil Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas relat\u00f3 las etapas surtidas en esa instancia, en el \u201cjuicio penal 2014-01203\u201d respecto de la \u201clegalizaci\u00f3n de captura, formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n e imposici\u00f3n de medida de aseguramiento\u201d de Liliana Pardo Gaona. Finalmente, afirm\u00f3 que \u201cno ha vulnerado derecho fundamental\u201d y su \u201cfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u201d. <\/p>\n
El Segundo Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas dijo que celebr\u00f3 las \u201caudiencias preliminares\u201d en la investigaci\u00f3n que se sigui\u00f3 frente a la promotora, por los cargos de \u201cprevaricato por acci\u00f3n en concurso homog\u00e9neo y fraude a resoluci\u00f3n judicial\u201d, no aceptados por aquella. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Si bien la precursora reproch\u00f3 tambi\u00e9n la sentencia expedida por el Tribunal de Bogot\u00e1 (24 jul. 2020), el an\u00e1lisis de esta Corporaci\u00f3n se circunscribir\u00e1 a la emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal (14 abr. 2021), por ser la que cerr\u00f3 el debate suscitado en dicho asunto. <\/p>\n
2.- De entrada, refulge ostensible que el ruego tuitivo no puede salir avante, porque el pronunciamiento cuestionado, no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
Fue as\u00ed, que, para dirimir la alzada, plante\u00f3 el problema jur\u00eddico a solventar, de cara a los \u201creparos (\u2026) similares\u201d transcritos por el Ministerio P\u00fablico y la sedicente contra la \u201csentencia condenatoria\u201d del a quo, sintetizados en: \u201c(i) Falsos juicios de legalidad por apreciar pruebas documentales sin cumplir el debido proceso; e (ii) Incorrecta adecuaci\u00f3n de la conducta al tipo penal de fraude a resoluci\u00f3n judicial\u201d. <\/p>\n
Bajo ese derrotero, frente a la primera censura, encontr\u00f3 que \u201ccarec[\u00eda] de respaldo\u201d, comoquiera que el ad quem, inclusive con antelaci\u00f3n, le \u201ccorri\u00f3 traslado al escrito de acusaci\u00f3n\u201d de conformidad con el art\u00edculo 339 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, con el fin de \u201cgarantizar el pleno conocimiento de los hechos, la adecuaci\u00f3n jur\u00eddica de los mismos y el descubrimiento de las pruebas\u201d, situaci\u00f3n que verific\u00f3 en la vista p\u00fablica (16 jun. 2017). <\/p>\n
De contera, subray\u00f3 la existencia de una \u201csocializaci\u00f3n de un nuevo escrito\u201d, que surgi\u00f3 de la \u201cprecisi\u00f3n de los cargos\u201d imputados a la impulsora, de manera que los argumentos trazados no son \u201cconsecuentes con la realidad\u201d, toda vez que no avizor\u00f3 la \u201cincongruencia\u201d aludida por Teresita; adicionalmente, \u201c(\u2026) los documentos descubiertos desde la presentaci\u00f3n del escrito de acusaci\u00f3n (art\u00edculos 336, 337 y 344 de la Ley 906 de 2004), solicitados por la fiscal\u00eda como prueba (art\u00edculo 357 ibidem) e incorporados al juicio (art\u00edculo 431 Ley 906 de 2004), son los mismos que la defensa solicit\u00f3 en su oportunidad (\u2026)\u201d; por lo que, si la imputada discrepaba del proceder de la Magistratura, debi\u00f3 \u201cimpugnar\u201d en esa oportunidad; empero, soslay\u00f3 las herramientas que ten\u00eda a su alcance, asintiendo las resoluciones prohijadas. <\/p>\n
Despu\u00e9s, descendi\u00f3 a la infracci\u00f3n endilgada a Barrera Madera – \u201cfraude a resoluci\u00f3n judicial\u201d-, memorando que \u00e9sta, ce\u00f1ida al \u201cprincipio de progresiva protecci\u00f3n de bienes jur\u00eddicos\u201d, sanciona, de un lado, \u201cel desacato\u201d -Decreto 2591 de 1991- y, de otro, la \u201cdesobediencia fraudulenta\u201d -art\u00edculo 454 del C\u00f3digo Penal-, \u00faltima que radica en la \u201cdudosa maniobra con que se desconoce la recta y eficaz impartici\u00f3n de justicia\u201d. <\/p>\n
Concret\u00f3 que Teresita \u201cno atendi\u00f3 (\u2026) en los precisos t\u00e9rminos\u201d, el mandato constitucional proferido por esa Corporaci\u00f3n (20 feb. 2015), seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) no deb\u00eda la Juez 10 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1, dejar sin efectos la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n contra Liliana Pardo Gaona, pues no fue apelada y la nulidad no es consecuencia autom\u00e1tica de la ilegalidad de la captura (\u2026)\u201d, para ordenarle: \u201c(\u2026) que conforme a los argumentos de este prove\u00eddo, resuelva el recurso de apelaci\u00f3n invocado por la defensa de Liliana Pardo Gaona el d\u00eda 7 de julio de 2014 contra la decisi\u00f3n que orden\u00f3 su detenci\u00f3n preventiva (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Observ\u00f3 que, en efecto, la funcionaria en la nueva providencia (25 mar. 2015), \u201cinsisti\u00f3 en imponer su pensamiento, sobre la orden judicial superior\u201d, con sustento en que \u201csu lectura era m\u00e1s acabada y justiciera\u201d, estimaci\u00f3n que la gobern\u00f3 al punto de \u201crehus[arse] a (\u2026) pronunciarse de fondo (\u2026) sobre la inferencia razonable y los fines necesarios de la medida\u201d, aun cuando se le \u201cexplic[\u00f3] con suficiente claridad (\u2026) [su desatino y] que la lectura abstracta de los principios no pueden servir de fundamento para desconocer los textos legales que precisamente los realizan\u201d. <\/p>\n
Rese\u00f1\u00f3 que la procesada \u00fanicamente se dedic\u00f3 a exponer, sobre la \u201cviolaci\u00f3n del derecho de defensa\u201d a Liliana Pardo, por lo que esa circunstancia habilitaba la \u201canula[ci\u00f3n]\u201d de la actuaci\u00f3n; no obstante, para esa Sala, la implicada \u201cpuli[\u00f3, con ello,] una teor\u00eda artificiosa (\u2026) en el discurso sinuoso elaborado (\u2026), demostr[ando] el dolo con el que actu\u00f3\u201d, ubic\u00e1ndola en el delito de \u201cfraude a resoluci\u00f3n judicial\u201d contemplado en el art\u00edculo 454 del C\u00f3digo Penal. En s\u00edntesis, para la Corte fustigada: <\/p>\n
\u201c(\u2026) la doctora Barrera Madera incumpli\u00f3 sistem\u00e1ticamente la orden judicial que le fue impuesta. No bast\u00f3 que fuera compelida con la amenaza del arresto que su desacato provoc\u00f3. Decidi\u00f3 que el \u00fanico modo de solucionar el conflicto era a su manera y lo impuso a toda costa. Se ampar\u00f3 con ese fin en una teor\u00eda \u201cgarantista\u201d que le sirviera de justificaci\u00f3n para evadir algo f\u00e1cil de acatar: determinar si deb\u00eda mantener la medida de aseguramiento o no, es decir, determinando si se cumpl\u00eda el est\u00e1ndar probatorio para realizar las inferencias de autor\u00eda y responsabilidad y si era necesaria de acuerdo con las finalidades de este tipo de cautelas. No se trataba de nada distinto ni de un tema complicado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Con ese raciocinio, cavil\u00f3 que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los Estados democr\u00e1ticos hacen del orden justo un valor superior. As\u00ed figura en el Pre\u00e1mbulo Constitucional. En ese ideario, las decisiones judiciales son el medio para realizar ese prop\u00f3sito. Por eso la soluci\u00f3n a los conflictos, y la obligatoriedad de las decisiones judiciales, son elementos fundamentales de la coexistencia pac\u00edfica. <\/p>\n
Al modo de Kelsen, el derecho es un orden normativo coactivo, cualidad que se refleja en el poder vinculante de las determinaciones judiciales. Sin la coacci\u00f3n, la soluci\u00f3n jur\u00eddica de los conflictos se convierte en una simbolog\u00eda sin eficacia. De all\u00ed la importancia de que los ciudadanos acaten los fallos y con mayor raz\u00f3n los jueces, a quienes a su condici\u00f3n de ciudadanos los obliga la de ser garantes de la efectividad de la justicia. <\/p>\n
Eso explica que, a los jueces, no les est\u00e1 dado evadir las decisiones judiciales bajo ninguna circunstancia y pretexto, ni a\u00fan aduciendo una interpretaci\u00f3n muy particular de principios que en este caso terminan, por fuerza de una concepci\u00f3n inadmisible, socavando las bases del orden justo, al cual los jueces concurren, no para desconocerlo, sino para realizarlo. <\/p>\n
Desde luego que no se trata de una obligaci\u00f3n moral o \u00e9tica, simplemente, y por esa raz\u00f3n el derecho penal no sanciona la mera desobediencia ni el desconocimiento al principio de autoridad, sino la manera fraudulenta con la cual el ciudadano, mediante maquinaciones inaceptables, decide eludir las decisiones que no le gustan, o no acepta, o no est\u00e1 en su ideario acatar (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3.- Bajo ese entendimiento, ning\u00fan desatino puede predicarse del reprochado fallo, pues es el producto de un pormenorizado examen de los hechos; y al margen de que la inconforme comparta o no tales reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, ya que obedecen a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de los mandatos, avalada por el contexto particular que revelaba el dossier. <\/p>\n
4.- Ergo, surge inviable el amparo reclamado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela solicitada por Teresita Barrera Madera contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7887-2021 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC7887-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01971-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). ANTECEDENTES 1.- La gestora exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-55046","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55046","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55046"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55046\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55046"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55046"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55046"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}