STC7891-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7891-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2021-00252-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 28 de mayo de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la tutela que Carlos Andr\u00e9s Porras P\u00e9rez le instaur\u00f3 a los Juzgados Tercero, Sexto y S\u00e9ptimo Civiles del Circuito y la C\u00e1mara de Comercio, todos de esa misma ciudad, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Superintendencia de Sociedades, el Consejo Seccional de la Judicatura y la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial Seccional de Santander. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El gestor exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb e \u00abigualdad\u00bb para que, en consecuencia, se ordenara, al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga: (i) \u00abdejar sin efecto los prove\u00eddos proferidos el 27 de septiembre de 2019 y 14 de mayo de 2021\u00bb; (ii) \u00abEnviar el juicio de reorganizaci\u00f3n con radicado 2017-306 (\u2026) a la Superintendencia de Sociedades\u00bb; (iii) \u00abNombrar como promotor a Jairo Solano\u00bb y, (iv) \u00abRelevar al secuestre [designado]\u00bb; A la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, realizar la vigilancia judicial y administrativa en los [litigios] de reorganizaci\u00f3n con radicados n\u00ba 2017-306 y n\u00b0 68896\u00bb; y al Consejo Seccional de Santander \u00abcompulsar copias a las autoridades respectivas de las irregularidades que encontr\u00f3 de Eliseo Ram\u00edrez\u00bb. <\/p>\n
En sustento adujo que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga, despu\u00e9s de haber admitido (30 oct. 2017) el proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial que como \u201cpersona natural\u201d inici\u00f3 (Rad. 2017-0306), \u201c(\u2026) de forma extra\u00f1a, desconociendo el amplio caudal probatorio (\u2026) y las acreencias acumuladas (\u2026)\u201d, decret\u00f3 la nulidad de lo actuado y lo rechazo (27 sep. 2019), al estimar, previo control oficioso de legalidad, que este no era procedente debido a que se inscribi\u00f3 en el Registro Mercantil de la C\u00e1mara de Comercio s\u00f3lo hasta el 18 de octubre de 2017, mientras que las deudas reconocidas y la respectiva mora nacieron antes de esa data, de manera que, no se cumpl\u00eda el requisito de la \u201cpresunci\u00f3n\u201d consagrada en el art\u00edculo 13 del C\u00f3digo Mercantil. <\/p>\n
Sostuvo que interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio apelaci\u00f3n, pero el despacho mantuvo inc\u00f3lume la decisi\u00f3n (4 ag. 2020) y, aunque elev\u00f3 \u201cm\u00faltiples\u201d peticiones y \u201cacciones de tutela\u201d para que concediera la alzada, \u201c[se la] ha negado por todos los medios (\u2026)\u201d, inobservando el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso y el \u00abfallo de tutela\u00bb emitido por el Tribunal de Bucaramanga el 15 de diciembre de 2020. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, tampoco accedi\u00f3 a las solicitudes que radic\u00f3 para lograr la \u201ccoordinaci\u00f3n y consolidaci\u00f3n patrimonial\u201d, la nulidad del litigio por falta de competencia y el cambio del \u201cauxiliar de la justicia\u201d (13 may. 2021). <\/p>\n
En su opini\u00f3n, la Superintendencia de Sociedades debe continuar con esa lid, comoquiera que \u00e9l funge como \u201crepresentante legal\u201d de Asesor\u00edas y Servicios de Ingenier\u00eda Ltda. y, en tal calidad, ha suscrito \u201cvarios contratos\u201d con diversas empresas; por tanto, se encuentra \u201cbajo la administraci\u00f3n de las mismas personas jur\u00eddicas o naturales, al obrar directamente\u201d en cada uno de los negocios en los que participa. Esa dependencia, igualmente est\u00e1 adelantando, a favor de Asesor\u00edas y Servicios de Ingenier\u00eda Ltda., \u201cproceso de reorganizaci\u00f3n empresarial\u201d (Rad. 68896). <\/p>\n
2.- La Superintendencia de Sociedades aleg\u00f3 no tener \u201clegitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u201d; inform\u00f3 que conoce de la \u201creorganizaci\u00f3n empresarial n\u00b0 68896\u00bb y, respecto de la \u201cacumulaci\u00f3n de procesos ejecutivos\u201d dijo que se siguen frente a Carlos Andr\u00e9s como \u201cpersona natural\u201d, que la misma no es posible, porque la \u201cinsolvencia de la persona jur\u00eddica\u201d no se dirime \u201cen conjunto\u201d con acciones empezadas contra un \u201cdeudor persona natural comerciante\u201d. Finalmente, asever\u00f3 que, en el curso de ambas instancias, \u201cse ha visto avocada a contestar continuas y reiteradas acciones de tutela (\u2026) sumando m\u00e1s de 26 tutelas\u201d incoadas por Porras P\u00e9rez, lo que evidencia su temeridad, mala fe, uso excesivo y desproporcionado de este mecanismo excepcional. <\/p>\n
El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el \u201cproceso de reorganizaci\u00f3n Rad. 2017-00358\u00bb adelantado por Oscar Javier Porras P\u00e9rez. <\/p>\n
El Sexto Civil del Circuito resalt\u00f3 la improcedencia del amparo, habida cuenta que a su cargo tiene una contienda en la que el impulsor es el apoderado general de Liliana Yolanda P\u00e9rez de Porras, \u201c(\u2026) diligencias respecto de las cuales el tutelante no hace censura alguna (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander suplic\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por \u201cfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u201d y adjunt\u00f3 auto mediante el cual \u201carchiv\u00f3 la vigilancia administrativa\u201d que entabl\u00f3 el quejoso contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito (8 jun. 2020). <\/p>\n
La Direcci\u00f3n Seccional de Impuestos y Aduanas comunic\u00f3 que de acuerdo con el art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006, envi\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades el tr\u00e1mite \u201cadministrativo de cobro coactivo\u201d que interpuso la Gesti\u00f3n de Cobranzas contra Asesor\u00edas y Servicios de Ingenier\u00eda Ltda. y expres\u00f3 la existencia de \u201ctemeridad\u201d en la conducta de Carlos Andr\u00e9s, quien \u201cen los \u00faltimos dos meses ha presentado acciones de tutela que tienen similitud de hechos y pretensiones\u201d. <\/p>\n
La C\u00e1mara de Comercio de Bucaramanga se\u00f1al\u00f3 que el sedicente requiri\u00f3 el \u201cregistro del documento privado de la situaci\u00f3n de control o grupo empresarial\u201d en las matr\u00edculas n\u00ba 401440 y n\u00ba 388023, \u201crechazadas\u201d por no cumplir los presupuestos del art\u00edculo 261 del C\u00f3digo de Comercio, providencia que fue objeto de los recursos de ley, pendientes de solventar. <\/p>\n
La Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial de Santander indic\u00f3 que a esa judicatura ingres\u00f3 acusaci\u00f3n contra Eliseo Ram\u00edrez como auxiliar de la justicia; empero, por \u201cfalta de competencia\u201d la remiti\u00f3 a la \u201coficina de reparto\u201d (17 mar. 2021) porque dicha investigaci\u00f3n debe rituarse conforme al procedimiento de la Ley 734 de 2002; asimismo que enter\u00f3 de esa decisi\u00f3n a Carlos Andr\u00e9s en audiencia que presidi\u00f3 el 19 de abril de 2021. <\/p>\n
La Procuradora Provincial se opuso a la salvaguarda porque a la fecha, est\u00e1 impulsando cada una de las ocho (8) denuncias del promotor y, adver\u00f3 que no es \u201ccompetente\u201d para \u201ciniciar vigilancia a las actuaciones desplegadas por la administraci\u00f3n estatal\u201d. <\/p>\n
La Alcald\u00eda de esa urbe, la Central de Inversiones S.A., Colpensiones, Protecci\u00f3n S.A., PRABYC Ingenieros S.A.S. y la Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. rogaron su \u201cdesvinculaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo desestim\u00f3 el auxilio, por \u201c(\u2026) ausencia del requisito de subsidiariedad de algunos de los pedimentos del accionante y la falta de evidencia de la trasgresi\u00f3n de sus prerrogativas superiores (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2.- Recurri\u00f3 el libelista insistiendo en los argumentos del escrito primigenio, agregando que no se tuvieron en cuenta las \u201crazones\u201d del juzgado para \u201cnegar[le]\u201d la apelaci\u00f3n contra el auto de 27 de septiembre de 2019\u201d, aun cuando con antelaci\u00f3n, en la \u201cacci\u00f3n de tutela Rad. 2020-00497\u201d se le hab\u00eda \u201cordenado\u201d hacerlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Circunscrita la Corte al motivo de impugnaci\u00f3n, anticipa el respaldo del veredicto opugnado porque, en efecto, no se satisface la exigencia de la \u201csubsidiariedad\u201d. <\/p>\n
2.- Respecto de las pretensiones dirigidas a: (i) \u201cDejar sin efectos\u201d el prove\u00eddo dictado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga el 14 de mayo de 2021 y, seguidamente, (ii) \u201cRemitir\u201d el dossier rebatido a la Superintendencia de Sociedades; (iii) Elegir a Jairo Solano como promotor y, (iv) \u201cRelevar\u201d al secuestre nombrado; se recalca que, para la fecha en que Porras P\u00e9rez acudi\u00f3 a este especial\u00edsimo sendero (14 may. 2021), a\u00fan se hallaba en tr\u00e1mite \u201cel recurso de reposici\u00f3n\u201d que propuso frente a dicha determinaci\u00f3n; de ah\u00ed, que mientras no se desentra\u00f1ara el mencionado instrumento procesal, no era posible incursionar en este \u00e1mbito supralegal, por cuanto, esa circunstancia, indudablemente implicar\u00eda una indebida intromisi\u00f3n en los fueros propios de los juzgadores ordinarios (Cfr. CJS STC1985-2018). <\/p>\n
\u201c(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC8897-2017, STC10432-2017 y STC6904-2020, entre otras). <\/p>\n
2.1.- Ahora, en cuanto a los embates contra el interlocutorio de 27 de septiembre de 2019, se subraya la inviabilidad de la ayuda, comoquiera que el actor inobserv\u00f3 sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, el \u00abpresupuesto\u00bb de la inmediatez que impera en esta sui generis justicia, porque entre la fecha de su emisi\u00f3n y la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (14 may. 2021), transcurri\u00f3 un (1) a\u00f1o y ocho (8) meses, esto es, se super\u00f3 con creces el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
3.- En torno a la \u201cvigilancia administrativa\u201d que anhela se adelante por la Procuradur\u00eda Provincial, frente a los \u201cprocesos de reorganizaci\u00f3n con radicados n\u00ba 2017-306 y n\u00ba 68896\u201d, surge ostensible su inviabilidad, teniendo en cuenta que esa entidad ya deneg\u00f3 dicho pedimento por no \u201cser de su resorte\u201d, en misivas de 15, 20, 28 de abril y 3 y 11 de mayo de 2021 y el gestor desaprovech\u00f3 las herramientas con las all\u00ed contaba para ventilar su descontento. <\/p>\n
Por la misma senda se ubica, el requerimiento encaminado a que el Consejo Seccional empiece la \u201cvigilancia administrativa\u201d referida, porque el petente desperdici\u00f3 los instrumentos que ten\u00eda a su alcance, para combatir el auto mediante el cual se \u201carchiv\u00f3\u201d (8 jun. 2020), lo que hace evidente su absoluta incuria. <\/p>\n
4.- Por \u00faltimo, se pone de presente a Carlos Andr\u00e9s que si, una vez en firme el \u201cremedio horizontal\u201d pendiente de zanjar, insiste en la vulneraci\u00f3n de sus derechos por la funcionaria y el desobedecimiento de esta al \u201cmandato\u201d que aqu\u00ed aludi\u00f3, proferido por el Tribunal, debe interponer en dicho resguardo (Rad. 2020-00497) el respectivo incidente de desacato -si as\u00ed lo estima-; ello, para que sea el juez constitucional, quien verifique el acatamiento de lo dispuesto en ese auxilio, seg\u00fan lo estatuido en el art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Basten las precedentes razones para ratificar lo confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados, y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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