STC7907-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7907-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01956-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Darley Vera Higuita contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma urbe, as\u00ed como las partes e intervinientes del juicio liquidatorio a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la Colegiatura accionada, con la providencia que resolvi\u00f3 el recurso de alzada por \u00e9l propuesto frente al auto que resolvi\u00f3 las objeciones a los inventarios y aval\u00faos, en el marco del juicio de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal que en su contra promovi\u00f3 Consuelo Cervera Cervera, identificado con el consecutivo No. 2018-00205-02. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se deje sin valor ni efecto la determinaci\u00f3n del 21 de abril hoga\u00f1o, para que, en consecuencia, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn incluya \u00abel bien inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria Nro. 001 \u2013 21779 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn al inventario del haber social del proceso [analizado] (\u2026), bien que se adquiri\u00f3 mediante Escritura Nro. 3273 del 06 de septiembre de 2008 de la Notar\u00eda 6 del C\u00edrculo de Medell\u00edn por la se\u00f1ora Consuelo Cervera Cervera\u00bb, y ordene al Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma localidad, \u00abreabrir el inventario de bienes que hacen parte del haber social, (\u2026) para que se incluya en dicho inventario (\u2026) [dicho] bien inmueble\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que en desarrollo de la liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal en su contra instaurado por la se\u00f1ora Consuelo Cervera Cervera, mediante auto del 2 de febrero de la presente anualidad la Juez Octava de Familia de Medell\u00edn desestim\u00f3 las objeciones por \u00e9l propuestas frente a los inventarios y aval\u00faos presentados, relacionadas con la falta de inclusi\u00f3n del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria Nro. 001 \u2013 21779 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn; y, la inclusi\u00f3n de la recompensa representada en los cr\u00e9ditos adquiridos por su contendiente con Coomeva. <\/p>\n
Comenta que descontento con tal determinaci\u00f3n la apel\u00f3, por lo que en auto del 21 de abril postrero, si bien se revoc\u00f3 lo atinente a la antedicha recompensa, se mantuvo inc\u00f3lume la exclusi\u00f3n del predio referenciado, motivo por el cual acude a la presente v\u00eda excepcional, pues el ad quem no tuvo en cuenta que aunque \u00aben el recurso de alzada, se enfatiz\u00f3 que dicho bien inmueble hab\u00eda sido adquirido por la se\u00f1ora CONSUELO CERVERA CERVERA dentro de la vigencia del matrimonio, lo cierto es que [aqu\u00e9lla] (\u2026), al momento de contraer matrimonio ten\u00eda un bien inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria Nro. 001 \u2013 281122 y el 001-281121 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn, bien que fue adquirido mediante la Escritura P\u00fablica Nro. 1.656 del 24 de mayo de 1994 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn, el mismo que fue hipotecado a favor del entonces hoy extinguido \u201cCONAVI\u201d hoy Banco Bancolombia y as\u00ed consta en el expediente, donde se tiene de que dicha obligaci\u00f3n hipotecaria fue cancelada en su totalidad el 14 de abril de 2004 y este bien fue vendido mediante la Escritura P\u00fablica Nro. 901 del 27 de febrero de 2008 de la Notaria Segunda de Medell\u00edn y all\u00ed no se expres\u00f3 EL \u00c1NIMO DE SUBROGAR (Art. 1789 C. Civil), es decir, aqu\u00ed hay unos dineros que hacen parte del haber social\u00bb; que no obstante lo anterior, las autoridades convocadas \u00absimplemente se ci\u00f1eron a indicar de que el bien inmueble hab\u00eda sido adquirido antes de la celebraci\u00f3n del matrimonio, pero no hacen alusi\u00f3n de que el mismo se deb\u00eda en un 80% al momento de la celebraci\u00f3n del matrimonio y que es lo que se est\u00e1 desconociendo en estos momentos por los operadores judiciales\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 21 de junio de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Magistrado Sustanciador de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn adujo, en lo esencial, que \u00abla decisi\u00f3n de la que se duele el demandante, adoptada en Sala Unitaria por el suscrito, el pasado 21 de abril de 2021, se apoy\u00f3 en par\u00e1metros que conforme a derecho, garantizaron el proceso debido (art\u00edculo 29 superior), en sus n\u00facleos b\u00e1sicos de contradicci\u00f3n y defensa, que le asisten a las partes dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal, instaurado por la se\u00f1ora Consuelo Cervera Cervera frente al se\u00f1or Vera Higuita, conocido por el juzgado Octavo de Familia, en Oralidad de Medell\u00edn, bajo el radicado 2018-00205 y contrario a lo adverado por el accionante constitucional, la decisi\u00f3n tomada en la memorada providencia, fue debidamente motiva, refiriendo a los aspectos objeto de la controversia suscitada y los argumentos de hecho y derecho pertinentes, satisfaciendo as\u00ed el deber de motivaci\u00f3n de los autos, contenido en el C\u00f3digo General del Proceso, art\u00edculos 42-7, 279 y 328\u00bb, circunstancias por las que solicit\u00f3 la desestimaci\u00f3n del resguardo instado. <\/p>\n
b. El Juzgado Octavo de Familia de esa misma ciudad, remiti\u00f3 el expediente digital contentivo del juicio liquidatorio base de las quejas. <\/p>\n
c. Al momento del registro del fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos jurisdiccionales son, por regla general, ajenos al examen propio de esta especie de acci\u00f3n, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarios, esto es, producto del mero capricho, a tal punto que configuren una \u00abcausal espec\u00edfica de procedencia del amparo\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el presente caso, el se\u00f1or Vera Higuita cuestiona la providencia de segundo grado pronunciada el 21 de abril de la anualidad que avanza por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn, que revoc\u00f3 parcialmente el auto dictado en la audiencia que tuvo lugar el 2 de febrero anterior por el Juzgado Octavo de Familia de la misma urbe, mediante el cual se resolvieron las objeciones propuestas frente a los inventarios y aval\u00faos dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que en su contra adelant\u00f3 su expareja Consuelo Cervera Cervera, pues en su criterio, el ad quem no analiz\u00f3 todos los puntos materia del recurso vertical. <\/p>\n
3. Sin embargo, de la revisi\u00f3n de las documentales digitales allegadas y lo consultado en el sistema de informaci\u00f3n judicial, la Sala advierte la improcedencia de lo reclamado, teniendo en cuenta el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela, en raz\u00f3n a que el gestor del amparo, en un acto constitutivo de incuria, no hizo uso de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Y ello es as\u00ed, pues porque el actor desaprovech\u00f3 la oportunidad con que contaba, de acuerdo al precepto 322 del C\u00f3digo General del Proceso, para replicar en debida forma el referido prove\u00eddo, pues advierte la Sala, una vez escuchada la audiencia en la que se resolvieron las objeciones, que al momento de indicarse los reparos concretos en los que se fund\u00f3 la alzada, el apoderado judicial del demandado no hizo referencia alguna a que la hipoteca que pesaba sobre el bien inmueble excluido del haber social, por considerarse como propio de la c\u00f3nyuge demandante al ser pagada en vigencia de la sociedad conyugal, alegato \u00e9ste en el que se funda la presente demanda de amparo; luego entonces, no puede acudir al amparo \u00aben pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC3803-2021). <\/p>\n
4. Ahora, no puede olvidar el inconforme, que seg\u00fan lo dispuesto en el canon 328 del C\u00f3digo General del Proceso, la competencia del Superior se circunscribe \u00absolamente a los argumentos expuestos por el apelante\u00bb, a lo que en efecto procedi\u00f3, momento en el que estableci\u00f3 frente a la subrogaci\u00f3n de la pluricitada, que: <\/p>\n
\u00absi bien, el recurrente expresa que los supuestos, enlistados por el transcrito art\u00edculo 1789, no se congregan en este caso, porque no aparecen consignados, en la escritura p\u00fablica 901, de 27 de febrero de 2008, de la Notar\u00eda Segunda de Medell\u00edn, es decir, que no se estableci\u00f3 all\u00ed el \u00e1nimo de subrogar el bien propio de la suplicante, con M I 001-281122, al adquirido, en vigencia de la sociedad conyugal, identificado con la M I 001-2779, lo cierto es que, el propio demandado, se\u00f1or Darley Vera Higuita, al concurrir a la celebraci\u00f3n del acto escritural 3273, de 26 de septiembre de 2008, signado en la Notar\u00eda Sexta de Medell\u00edn, en calidad de consorte de la compradora, por medio del cual esta adquiri\u00f3 el indicado \u00faltimamente, expresamente asinti\u00f3 en \u201cque el inmueble que por este instrumento adquiere es cancelado con el producto del dinero obtenido de la venta del Auto 10393 Radicado 05001-31-10-008-2018-00205-02 16 inmueble distinguido con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 001-281122, inmueble del cual era de su propiedad antes del matrimonio, en raz\u00f3n a lo anterior el inmueble que adquiere a trav\u00e9s de esta escritura ser\u00e1 propio y no entrar\u00e1 a formar parte de la sociedad conyugal formada con el se\u00f1or DARLEY VERA HIGUITA, quien coadyuva el car\u00e1cter de la subrogaci\u00f3n, su veracidad y la realidad de lo manifestado y plasmado por la se\u00f1ora CONSUELO CERVERA CERVERA\u201d, o sea, que dio cuenta de la subrogaci\u00f3n del precio, de la titularidad exclusiva de la demandante, surgido de la venta del bien, con M I 001-281122, con el cual se adquiri\u00f3 el denotado, con la M I 001-2779, el cual ser\u00eda, seg\u00fan esa invocaci\u00f3n, quedar\u00eda como de la titularidad exclusiva de su esposa, resaltando, en esa ocasi\u00f3n, no solo el car\u00e1cter de la subrogaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n, \u201csu veracidad y la realidad de lo manifestado y plasmado por la se\u00f1ora CONSUELO CERVERA CERVERA\u201d. <\/p>\n
Si el contrato es ley para las partes, en su interpretaci\u00f3n prevalece la intenci\u00f3n de los contratantes y es preferible atribuirle a sus disposiciones, \u201cEl sentido en que una cl\u00e1usula puede producir alg\u00fan efecto,\u2026 a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno\u201d (art\u00edculo 1620), la inteligencia que aqu\u00ed se le asigna, a las transcritas expresiones del accionado, en la referida escritura p\u00fablica, resulta ser la m\u00e1s ajustada al objeto del mentado contrato, adem\u00e1s que, si las cosas se deshacen como se hacen, seg\u00fan el aforismo et factum est, ea quae sunt, estando vigente, no solo esa convenci\u00f3n, sino tambi\u00e9n, particularmente, las mencionadas cl\u00e1usulas, aquella ni estas pueden ser desconocidas unilateralmente por uno de los contratantes, porque ello generar\u00eda que un acto bilateral y conmutativo se desechara por uno de los concurrentes, desconociendo, al paso, esa convenci\u00f3n y sus efectos jur\u00eddicos. <\/p>\n
Pero, emerge coruscante afirmar aqu\u00ed que, las estipulaciones del demandado, contenidas en la escritura p\u00fablica 3273, de 26 de septiembre de 2008, de un lado, se avienen, con la realidad material, en cuanto a la procedencia y destinaci\u00f3n que se dio finalmente, al precio que obtuvo la accionante, por la venta del inmueble, con M I 001- 281122, el cual era de su exclusiva titularidad, al utilizarlo en la compra del M I 001-2779, primando, de ese modo, el derecho sustancial, sobre el meramente formal, en un Estado social de derecho y constitucional, como el nuestro (Carta Pol\u00edtica, art\u00edculos 1, 2 y 228), y, del otro, porque \u00e9ticamente no es admisible proceder a reclamarlo, en presencia de la anotada cl\u00e1usula, diciendo ser social ese inmueble, pues no puede olvidarse que, \u201cLas actuaciones de los particulares y de las autoridades deber\u00e1n ce\u00f1irse a los postulados de la buena fe, la cual se presumir\u00e1 en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas\u201d (art\u00edculo 83 \u00eddem), buena fe erigida en principio fundamental del Derecho, sea que se mire, de una parte, como el deber de proceder lealmente, en nuestras relaciones jur\u00eddicas, o, de la otra, como la prerrogativa a esperar que los dem\u00e1s procedan de esa misma manera, lo que tambi\u00e9n incide, para esbozar que, entre otros, \u201cSon deberes de la persona y del ciudadano: (\u2026) 1\u00ba) Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios\u201d (art\u00edculo 95 ib\u00eddem). <\/p>\n
Salta, por tanto, a los ojos del Tribunal, ser verdad que el demandado sab\u00eda de la procedencia y destinaci\u00f3n del dinero, usado por la promotora de este proceso, para adquirir el de M I 001-2779, y, con ello, de la subrogaci\u00f3n que admiti\u00f3, en los t\u00e9rminos del 1789 memorado, verdad que es un deber que orienta la actividad del juez, a cuyo esclarecimiento le corresponde propender, para efectivizar el derecho material de las partes, puesto que, \u201c4.6\u2026es viable se\u00f1alar que el ordenamiento colombiano no es indiferente a la verdad desde un punto de vista ideol\u00f3gico, como lo demuestra el valor dado a la prueba como elemento del debido proceso constitucional, el mandato de dar prevalencia al derecho sustancial en las actuaciones judiciales, y la obligaci\u00f3n de los funcionarios de evitar fallos inhibitorios que erosionan el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia (T-134 de 2004), removiendo los obst\u00e1culos que le impidan llegar a una decisi\u00f3n de m\u00e9rito\u00bb (Resaltado fuera del texto original). <\/p>\n
5. De modo que, contrario a lo sostenido por el promotor del resguardo, fue a partir de un an\u00e1lisis atendible de los medios de convicci\u00f3n al tamiz de la normatividad sustancial que rige el asunto sometido a consideraci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n, que el Tribunal accionado pudo arribar a la prenotada conclusi\u00f3n, por lo que, al margen de que la Sala comparta o no \u00edntegramente la misma, como est\u00e1 soportada adecuadamente, ello impide cualquier tipo de intervenci\u00f3n del Juez de tutela para modificarla o revocarla, por no haber sido el resultado de un caprichoso proceder por parte del juzgador convocado, sin que la divergencia conceptual expuesta por la actora, permita abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, <\/p>\n
\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC304-2021). <\/p>\n
6. Finalmente, y acerca de la vedada interpretaci\u00f3n que efectu\u00f3 la varias veces mencionada Sala de Familia, de los medios de convicci\u00f3n arrimados a las diligencias objeto de revisi\u00f3n constitucional, debe tenerse en cuenta que la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n suficiente para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, en tanto que en este escenario no es posible debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el sentenciador de la causa y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, ya que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC3070-2021). <\/p>\n
En ese sentido, se reitera que se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, \u00abello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (ejusdem)\u00bb; de este modo queda claro, que como lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada, y atacar por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que parcialmente lo desfavoreci\u00f3, esa finalidad resulta ajena a la tutela, la cual no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
7. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7907-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC7907-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01956-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Darley Vera […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-55056","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55056","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55056"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55056\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55056"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55056"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55056"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}