STC7913-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7913-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01763-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la tutela impetrada por Marina Cer\u00f3n contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, espec\u00edficamente respecto al magistrado Jaime Londo\u00f1o Salazar, con ocasi\u00f3n del juicio de sucesi\u00f3n de Gustavo Roya, con radicado 2016-434-01. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. A trav\u00e9s de su apoderada judicial, la accionante reclama la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, presuntamente violentada por el colegiado convocado. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, manifiesta, en s\u00edntesis, que, en el aludido decurso, el 31 de enero de 2018 ante el Juzgado de Familia del Circuito de Fusagasug\u00e1 se llev\u00f3 a cabo la diligencia de inventarios aval\u00faos en la cual no se permiti\u00f3 la intervenci\u00f3n de la aqu\u00ed petente en calidad de curadora provisoria de Rovira del Carmen Cer\u00f3n \u2013ya fallecida- c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite del causante. <\/p>\n
Lo antelado, por cuanto, seg\u00fan afirma, el tribunal accionado declar\u00f3 la nulidad del proceso de interdicci\u00f3n de Rovira del Carmen Cer\u00f3n, quedando sin efecto su designaci\u00f3n en la calidad descrita; situaci\u00f3n que, en su criterio gener\u00f3 una nulidad por indebida representaci\u00f3n. <\/p>\n
Refiere, en la citada audiencia, el juzgado incluy\u00f3 una recompensa por valor de $90.900.000, cuando, a su parecer, debi\u00f3 aprobarse por $45.450.000, pues dicha partida correspond\u00eda a un predio que Rovira Cer\u00f3n vendi\u00f3 en el a\u00f1o 2014, por lo cual al causante solo le correspond\u00eda la mitad del monto total; no obstante, aqu\u00e9lla no pudo objetar dicha determinaci\u00f3n, reitera, al no estar debidamente representada. <\/p>\n
Por lo antelado, deprec\u00f3 la nulidad de lo actuado desde la admisi\u00f3n de la demanda -23 de noviembre de 2016- y\/o la audiencia de inventarios y aval\u00faos adicionales -31 de enero del a\u00f1o 2018-, hasta la aprobaci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n; solicitud denegada en decisi\u00f3n de 15 de febrero de 2021 y confirmada por el colegiado convocado, el 23 de marzo siguiente. <\/p>\n
Aunque la actora pidi\u00f3 adici\u00f3n y aclaraci\u00f3n de esta \u00faltima determinaci\u00f3n, esa s\u00faplica fue desestimada en prove\u00eddo de 26 de abril posterior. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, \u201c(\u2026) REVOCAR la decisi\u00f3n adoptada en audiencia del d\u00eda 15 de febrero del a\u00f1o 2021, en relaci\u00f3n con la NULIDAD propuesta (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
1. El Juzgado de Familia de Fusagasug\u00e1 se limit\u00f3 a allegar copia de la actuaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La accionante cuestiona el prove\u00eddo de 23 de marzo siguiente, a trav\u00e9s del cual el colegiado accionado confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del juez de primer grado que rechaz\u00f3 de plano su solicitud de nulidad de lo actuado por indebida representaci\u00f3n de la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, desde la admisi\u00f3n de la demanda -23 de noviembre de 2016- y\/o la audiencia de inventarios y aval\u00faos adicionales -31 de enero del a\u00f1o 2018-, hasta la aprobaci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n. <\/p>\n
2. Revisada la decisi\u00f3n censurada, de entrada, se descarta la irregularidad alegada, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
Lo primero que precis\u00f3 el colegiado accionado es que la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite del causante falleci\u00f3 en el curso del juicio sucesorio. Posteriormente, se\u00f1al\u00f3 que, en todo caso, en desarrollo del proceso, aqu\u00e9lla estuvo debidamente representada, inicialmente, por la aqu\u00ed tutelante y, luego, por su apoderado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]uego de consultar el expediente, hay que decir que la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite fue debidamente vinculada y representada, a trav\u00e9s de quien por ley le correspond\u00eda agenciarla en este debate; son as\u00ed las cosas porque la apelante, en condici\u00f3n de curadora provisoria de aqu\u00e9lla, emprendi\u00f3 su representaci\u00f3n en la pugna, tal cual lo hizo, entre otras etapas, en diligencia de inventarios y aval\u00faos seguida el 31 de julio de 2017 \u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201cHay que decir que la ausencia de abogado rese\u00f1ada en la apelaci\u00f3n no deviene ver\u00eddica, en la medida en que a la recurrente se la ha permitido act\u00faar en la pol\u00e9mica mediante un profesional del derecho (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Enseguida, se\u00f1al\u00f3 que, aun existiendo el vicio alegado, el mismo se convalid\u00f3 posteriormente, pues: <\/p>\n
\u201c(\u2026) en todo caso, cualquier irregularidad que germine de ese particular como de la indebida representaci\u00f3n qued\u00f3 convalidada de acuerdo con el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que do\u00f1a Marina ha venido actuando en el juicio sin advertir como primera actuaci\u00f3n la concurrencia de los aparentes vicios (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Finalmente, el tribunal reliev\u00f3 que, en \u00faltimas, lo realmente pretendido por la peticionaria, al deprecar la aludida nulidad, era atacar la diligencia de inventarios y aval\u00faos y el trabajo de partici\u00f3n; sobre ello, expres\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De otra parte, lo que evidencia el tribunal es que la nulidad propuesta tiene como exclusivo fin el de atacar la diligencia de inventarios y el trabajo de partici\u00f3n, esto, con fundamento en que al parecer no hubo una correcta y justa distribuci\u00f3n del patrimonio del causante; sin embargo, ha sido prolija la jurisprudencia en comentar que v\u00eda nulidad no es plausible lograr esa aspiraci\u00f3n dado que, seg\u00fan la sentencia de 5 de marzo de 1986 de la Sala Civil de Casaci\u00f3n Civil, \u201csi lo perseguido\u2026 es que se excluyan bienes\u2026 ello no puede tener \u00e9xito, por cuanto la oportunidad para reclamar contra los inventarios y aval\u00faos\u201d se encuentra precluida (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no se advierte v\u00eda de hecho. El tribunal accionado efectu\u00f3 un an\u00e1lisis juicioso del sublite, de donde constat\u00f3 que la decisi\u00f3n de rechazar de plano la nulidad invocada, deven\u00eda razonable. <\/p>\n
De esta manera, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio4. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-5, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales6; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas7. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. Por los anteriores argumentos, se negar\u00e1 la salvaguarda deprecada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela impetrada por por Marina Cer\u00f3n contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, espec\u00edficamente respecto al magistrado Jaime Londo\u00f1o Salazar, con ocasi\u00f3n del juicio de sucesi\u00f3n de Gustavo Roya, con radicado 2016-434-01. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICOPUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
2\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
3\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
4\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
5\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 – 308. <\/p>\n
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