STC7918-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7918-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01912-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Olga Alicia, Clara Jaqueline y Gloria Emilce Farf\u00e1n Guti\u00e9rrez, frente a la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio \u201cdivisorio\u201d adelantado por Harold Yovanny Pe\u00f1a a las aqu\u00ed actoras. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las gestoras exigen la protecci\u00f3n de las prerrogativas a la igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, entre otras, presuntamente vulneradas por los accionados. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
Ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja se tramita el pleito objeto de esta salvaguarda, asunto en el cual se decret\u00f3 \u201c(\u2026) la divisi\u00f3n por venta del inmueble (\u2026)\u201d inmiscuido; sin embargo, el all\u00ed accionante junto con algunos de los comuneros, solicitaron el \u201cdesistimiento de la demanda\u201d, petici\u00f3n concedida por el referido estrado en auto de 30 de marzo de 2017. <\/p>\n
La anterior decisi\u00f3n fue revocada por el tribunal criticado el 28 de agosto siguiente, pues la terminaci\u00f3n requerida no ten\u00eda \u201c(\u2026) la firma y anuencia de los dem\u00e1s demandados que conforman la comunidad del bien (\u2026)\u201d materia de litigio. <\/p>\n
El extremo pasivo insisti\u00f3, nuevamente, en el archivo del comentado decurso, esta vez con el consentimiento \u201c(\u2026) de los comuneros que no se opusieron a las pretensiones de la demanda (\u2026)\u201d, dentro de los cuales se encontraban las aqu\u00ed tutelantes; empero, esa petici\u00f3n fue denegada por el juzgado de conocimiento en auto de 14 de noviembre de 2019. <\/p>\n
Afirman las convocantes que las autoridades fustigadas \u201cimpusieron su criterio sobre la voluntad del legislador\u201d y han mantenido vigente un juicio en el cual las partes acordaron terminar, gener\u00e1ndose con ello una vulneraci\u00f3n de los derechos de los comuneros, pues se tiene bajo medida cautelar un inmueble \u201ccon un canon de arrendamiento irrisorio fijado por el secuestre\u201d. <\/p>\n
Aseveran que existe una \u201cmorosidad o dilaci\u00f3n injustificada\u201d en aceptar el desistimiento del proceso, aun cuando, se ha actuado atendiendo lo se\u00f1alado por el tribunal convocado en el prove\u00eddo de 28 de agosto de 2017. <\/p>\n
3. Piden, en concreto, ordenar la terminaci\u00f3n del comentado decurso. <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
Guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Las promotoras del ruego reprochan, puntualmente: i) la providencia de 28 de agosto de 2017, mediante la cual la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja revoc\u00f3 el desistimiento de la demanda aceptado en el caso bajo estudio, y ii) el prove\u00eddo de 14 de noviembre de 2019, mediante el cual, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la citada ciudad, deneg\u00f3 la nueva solicitud de terminaci\u00f3n de ese litigio, incoada por las censoras. <\/p>\n
2. Se advierte que, entre la presentaci\u00f3n del ruego tuitivo, esto es, el 11 de junio de 2021, y las decisiones censuradas, han transcurrido m\u00e1s de tres (3) y un (1) a\u00f1o, respectivamente, tiempo que supera el t\u00e9rmino establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Por tanto, si las petentes se demoraron en incoar el amparo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a las autoridades convocadas y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
3. Ahora revisado el expediente contentivo del asunto bajo estudio, se evidencia que el juzgado criticado en auto de 3 de junio de 2021, ratific\u00f3 su decisi\u00f3n de continuar con el tr\u00e1mite del proceso, pues, Mario Armando Farf\u00e1n Guti\u00e9rrez, cesionario de los derechos del comunero Harold Giovanni Pe\u00f1a Fonseca, se opuso a la terminaci\u00f3n del mismo \u201cpor no provenir esa solicitud de la voluntad de todas las partes\u201d, por tanto, la \u201cdilaci\u00f3n injustificada\u201d atribuida al referido despacho en decretar el archivo de las diligencias es inexistente, dado que recientemente se pronunci\u00f3 frente a ese espec\u00edfico tema explicando los motivos por los cuales la culminaci\u00f3n del pleito no era procedente. <\/p>\n
As\u00ed, ante eventos como el narrado, el amparo pierde su virtud y raz\u00f3n de ser, en cuanto hace a la protecci\u00f3n efectiva de derechos de rango iusfundamental, porque lo cierto es que estos no fueron infringidos por el accionado. <\/p>\n
Sobre ese tema, ha dicho esta Colegiatura. <\/p>\n
\u201c(\u2026) la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe (\u2026), en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado (\u2026) ha sido totalmente [satisfecha o en realidad nunca se ha visto violado], pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d (negrillas propias)2. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
5. Por los argumentos anteriores, el amparo deprecado ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Olga Alicia, Clara Jaqueline y Gloria Emilce Farf\u00e1n Guti\u00e9rrez, frente a la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio \u201cdivisorio\u201d adelantado por Harold Yovanny Pe\u00f1a a las aqu\u00ed actoras. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica o mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada el 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
3\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
5 <\/p>\n
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