STC7924-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7924-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00275-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido el 23 de marzo de 2021, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la tutela promovida por Fabi\u00e1n Alberto Castro Mu\u00f1oz frente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga; con ocasi\u00f3n del asunto penal seguido en su contra por el delito de inasistencia alimentaria, con radicado n\u00b0. 2014-0034-00. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor suplica la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, presuntamente quebrantada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De lo narrado por el accionante y de la informaci\u00f3n aqu\u00ed allegada, se coligen los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
En sentencia de 25 de julio de 2016, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Vicente de Chucur\u00ed, Santander, sancion\u00f3 al aqu\u00ed tutelante a 32 meses de prisi\u00f3n y multa de 20 SMMLV, como autor del delito de inasistencia alimentaria, en relaci\u00f3n con sus dos hijas menores de edad; neg\u00e1ndole la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
El 25 de enero de 2017, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga confirm\u00f3 la citada condena, pero concedi\u00f3 la prisi\u00f3n domiciliaria; determinaci\u00f3n que, seg\u00fan afirma el promotor, no le fue notificada. <\/p>\n
Como la decisi\u00f3n de segundo grado no fue objeto de recurso de casaci\u00f3n, el asunto se asign\u00f3 al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de de la misma ciudad, para lo de su competencia. <\/p>\n
El accionante cuestiona la negativa al beneficio de suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena, pues, en su criterio, reun\u00eda los requisitos para su concesi\u00f3n. Adem\u00e1s, reprocha las anotaciones de la pena a \u00e9l impuesta, por impedirle acceder a empleos. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, revocar la providencia de segundo grado \u201c(\u2026) y como consecuencia se ordene a las centrales de informaci\u00f3n de antecedentes penales actualizar y bajar o borrar la orden de captura que refleja en base de datos como lo es polic\u00eda nacional, Procuradur\u00eda y contralor\u00eda [sic] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga se\u00f1al\u00f3 que la providencia de 8 de febrero de 2017 se notific\u00f3 en estrados y cobr\u00f3 ejecutoria el 15 de febrero posterior, porque no se interpuso casaci\u00f3n. <\/p>\n
La Secretar\u00eda de dicho colegiado refiri\u00f3 que obra en el expediente constancia de haberse comunicado al accionante la fecha de la audiencia de lectura de fallo y, tambi\u00e9n, de que su defensora fue notificada de la sentencia y manifest\u00f3 le informar\u00eda al procesado. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de San Vicente de Chucur\u00ed defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, afirmando haber respetado las garant\u00edas fundamentales del tutelante. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que el actor no ha solicitado actualizaci\u00f3n o correcci\u00f3n de antecedentes. Adem\u00e1s, precis\u00f3, el registro de antecedentes o inhabilidades impide el ejercer cargos o funciones p\u00fablicas, pero no acceder a un empleo en el sector privado. <\/p>\n
4. La defensora de Castro Mu\u00f1oz, en la causa referenciada, asegur\u00f3 haber cumplido su rol en forma debida. <\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la salvaguarda por inobservancia de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. El primero, al haber transcurrido m\u00e1s de tres a\u00f1os desde la emisi\u00f3n del fallo censurado sin que el actor haya denunciado la vulneraci\u00f3n alegada y, el segundo, por cuanto \u00e9ste debe acudir directamente al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga a solicitar el beneficio ahora reclamado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La impetr\u00f3 el accionante insistiendo en la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El tutelante cuestiona que en la causa referenciada no fue notificado de la sentencia de 17 de enero de 2017, por la cual el tribunal convocado confirm\u00f3 la condena de primer grado a \u00e9l impuesta al hallarlo responsable del delito de inasistencia alimentaria y, adem\u00e1s, hab\u00e9rsele negado el beneficio de suspensi\u00f3n de ejecuci\u00f3n de la pena, pues, en su criterio, reun\u00eda los requisitos para su concesi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De entrada, ha de precisarse que, revisadas las pruebas obrantes en el plenario, no se observa la vulneraci\u00f3n alegada, por cuanto el accionante s\u00ed fue notificado del fallo reprochado. <\/p>\n
N\u00f3tese, por auto de 25 de enero de 2017, el colegiado confutado fij\u00f3 el 8 de febrero de ese a\u00f1o, como fecha para la lectura de la sentencia cuestionada. Adem\u00e1s, obra constancia en el expediente de haberse efectuado llamada al tel\u00e9fono m\u00f3vil del aqu\u00ed quejoso, convoc\u00e1ndolo a esa vista p\u00fablica. <\/p>\n
Aun as\u00ed, Castro Mu\u00f1oz no compareci\u00f3 ni justific\u00f3 su inasistencia, aun cuando se encontraba en libertad, por lo cual, de conformidad con el art\u00edculo 169 de la Ley 906 de 2004, se entend\u00eda debidamente notificado por estrados1. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se advierte la inviabilidad del amparo, pues, tal como lo anot\u00f3 el a quo constitucional, no se re\u00fane el presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
Lo antelado, por cuanto desde la emisi\u00f3n del fallo criticado -17 de enero de 2017- a la interposici\u00f3n de este ruego -9 de febrero de 2021- transcurrieron casi cuatro (4) a\u00f1os, sin evidenciarse circunstancias que justifiquen la inactividad de la interesada; lapso que supera el plazo de seis (6) meses adoptado por esta Sala como razonable para reclamar el resguardo de sus derechos. <\/p>\n
Sobre este aspecto la Corte, reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, si resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Por tanto, si el petente se demor\u00f3 en incoar el amparo, su descuido, per se, descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a la autoridad accionada y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
4. Por lo antelado, no es dable efectuar un an\u00e1lisis constitucional de dicha decisi\u00f3n, en lo atinente a la negativa del tribunal de conceder a Castro Mu\u00f1oz la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena. <\/p>\n
Sin embargo, si el actor considera que, en la actualidad, re\u00fane los requisitos para acceder a dicho beneficio, deber\u00e1 deprecarlo directamente ante el juzgado encargado de la ejecuci\u00f3n de su condena, acreditando las condiciones requeridas para su concesi\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la salvaguarda desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia contenida en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, por cuanto el interesado anhela un pronunciamiento de esta especial jurisdicci\u00f3n, frente a particularidades que deben ser conocidas y solucionadas por el funcionario competente; las cuales no hallan asidero en esta v\u00eda residual. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Por lo discurrido, se confirmar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, por las razones expresadas en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 169. Formas. Por regla general las providencias se notificar\u00e1n a las partes en estrados. En caso de no comparecer a la audiencia a pesar de haberse hecho la citaci\u00f3n oportunamente, se entender\u00e1 surtida la notificaci\u00f3n salvo que la ausencia se justifique por fuerza mayor o caso fortuito (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00 <\/p>\n
3\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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