STC7925-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7925-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00379-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia dictada el 9 de marzo de 2021, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la salvaguarda promovida por Mar\u00eda Antonia Murcia Chill\u00f3n frente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, con ocasi\u00f3n del juicio ordinario laboral impulsado por la aqu\u00ed actora a la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones-. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La tutelante exige la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, igualdad, seguridad social, m\u00ednimo vital y vida digna presuntamente transgredidas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
En consecuencia, la interesada promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra la Administradora de Pensiones, decurso tramitado, en primera instancia, en el Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien, mediante sentencia de 5 de septiembre de 2017, accedi\u00f3 a las pretensiones de la demandante y conden\u00f3 a la extrema pasiva al pago de la prestaci\u00f3n deprecada, a partir del 1\u00ba de diciembre de 2017. <\/p>\n
Al desatar la apelaci\u00f3n presentada por ambas partes y, conocer del asunto en el grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, el 11 de octubre de 2017, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n emitida en primera instancia y absolvi\u00f3 a Colpensiones de todas las pretensiones incoadas en su contra. <\/p>\n
La censora inco\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, empero, la Sala de Casaci\u00f3n accionada, el 5 de febrero de 2020, en providencia SL1013-2020, dispuso no casar la decisi\u00f3n del ad quem, por cuanto, la interesada antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 hab\u00eda efectuado cotizaciones a Cajanal y, s\u00f3lo se afili\u00f3 al Instituto de Seguros Sociales en 1998. <\/p>\n
Aduce la libelista que la judicatura encausada incurri\u00f3 en \u201cv\u00eda de hecho\u201d, por contradicci\u00f3n entre las normas y los fundamentos aplicados a la determinaci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Asimismo, alega un desconocimiento del precedente constitucional, espec\u00edficamente la sentencia SU 769 de 2014 en la cual se estableci\u00f3 la viabilidad de acumulaci\u00f3n de tiempos cotizados en el sector p\u00fablico y privado. <\/p>\n
De igual forma, refiere las providencias SL2557 y SL1981 de 2020 donde, seg\u00fan afirma, se efectu\u00f3 un cambio de criterio jurisprudencial sobre la posibilidad \u201cde contabilizar las semanas laboradas en el sector p\u00fablico, sufragadas o no a una caja, fondo o entidad de previsi\u00f3n social\u201d para obtener la pensi\u00f3n de vejez. <\/p>\n
Por \u00faltimo, manifiesta que es una persona de la tercera edad, sin prestaci\u00f3n alguna que supla sus necesidades b\u00e1sicas de alimentaci\u00f3n, vestuario y salud, circunstancia que afecta sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, se disponga dejar sin efecto la sentencia emitida por la colegiatura fustigada y, en consecuencia, se ordene proferir una nueva decisi\u00f3n teniendo en cuenta el precedente jurisprudencial. <\/p>\n
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1. Respuesta de la accionada y vinculados <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral remiti\u00f3 copia del fallo SL1013-2020 de 5 de febrero de 2020, donde resolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante dentro del litigio ordinario adelantado contra Colpensiones. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 deprec\u00f3 negar el resguardo al determinar que la providencia emitida en esa instancia fue adoptada con base en los presupuestos probatorios, legales y jurisprudenciales que rigieron el caso. <\/p>\n
3. La Directora de Acciones Constitucionales de Colpensiones solicit\u00f3 declarar la improcedencia del amparo impetrado, por cuanto, a su juicio, no cumple con los requisitos de procedibilidad del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991; adem\u00e1s, porque no evidenci\u00f3 vicio, defecto o vulneraci\u00f3n alguna sobre los derechos fundamentales de la promotora. <\/p>\n
4. La Unidad de Tutelas del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n -P.A.R.I.S.S.- indic\u00f3 que, una vez consultado el sistema, no se encontr\u00f3 registro de ese ente como parte de proceso cuestionado. Igualmente, precis\u00f3, la Administradora Colombiana de Pensiones, es actualmente la entidad encargada de atender el asunto reclamado, ello, en virtud de los Decretos 2011 y 2012 de 2012. <\/p>\n
5. El Jugado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, remiti\u00f3 copia del expediente digital del juicio ordinario laboral objeto de esta salvaguarda, iniciado por la aqu\u00ed tutelante contra Colpensiones, radicado bajo el n\u00ba 2016-00682. <\/p>\n
6. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento, por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
1.2 La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda tras encontrar razonable la providencia censurada. Al respecto expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]os argumentos expuestos por la autoridad judicial dan cuenta que la pretensi\u00f3n de la actora fue descartada al no verificarse los requisitos legales establecidos en el Acuerdo 049 de 1990 para obtener la pensi\u00f3n de vejez en punto a las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales y la imposibilidad de completar dicho c\u00f3mputo con aportes efectuados ante otros fondos de pensi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cDeterminaci\u00f3n que adem\u00e1s se fund\u00f3 en una clara l\u00ednea de interpretaci\u00f3n fijada por el \u00f3rgano de cierre en materia laboral, esto es, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en punto a casos similares, sin que se denotara en ese momento, la necesidad de variar o desconocer tal posici\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Respecto al desconocimiento del precedente alegado por la tutelante, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tampoco, bajo el alegado desconocimiento del antecedente CC SU-769 de 2014, pues como se viene de exponer, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, en ejercicio de sus funciones constitucionales y como tribunal de cierre en materia laboral, ha venido en explicar el fundamento de su posici\u00f3n con argumentos razonables y ajustados al ordenamiento jur\u00eddico, en procura de evidenciar los motivos por los cuales no acoge ese antecedente\u201d. <\/p>\n
\u201cSin que la actora, haya por dem\u00e1s, logrado demostrar que las autoridades accionadas ignoraron de manera caprichosa o arbitraria el precedente o, denotar un manejo inadecuado su propia jurisprudencia a fin de advertir un trato diferente al indicado en casos similares, por el contrario, lo que evidencia la sentencia objetada en sede de casaci\u00f3n, es que se remiti\u00f3 a reiterar una vez m\u00e1s su tesis frente al tema en discusi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Por \u00faltimo, advirti\u00f3 la improcedencia de aplicar las sentencias SL1981-2020 y SL2557-2020 del 1\u00b0 y 8 de julio de 2020, respectivamente, referenciadas por la quejosa, mediante las cuales la Sala de Casaci\u00f3n Laboral vari\u00f3 su criterio respecto al tema, por cuanto, la decisi\u00f3n emitida en el asunto de la gestora es anterior a dichos pronunciamientos y \u201cla soluci\u00f3n de su caso se realiz\u00f3 conforme con los lineamientos existentes en su momento y ahora, es cosa juzgada\u201d. <\/p>\n
1.3 La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 la censora insistiendo en los motivos de disenso esbozados en el escrito genitor. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El resguardo reclamado fue presentado ante el Consejo de Estado el 25 de noviembre de 2020, es decir, alrededor de nueve (9) meses de proferida la decisi\u00f3n cuestionada; dicha autoridad, remiti\u00f3 la salvaguarda a esta Corporaci\u00f3n, por competencia, reparti\u00e9ndose la misma a la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 23 de febrero de 2021. <\/p>\n
La situaci\u00f3n descrita, en principio, tornar\u00eda inviable estudiar de fondo el presente resguardo por carecer de inmediatez; no obstante, al involucrar la cuesti\u00f3n litigiosa derechos de \u00edndole pensional, se tendr\u00e1 por superado tal requisito de procedibilidad, teniendo en cuenta que, de un lado, la garant\u00eda deprecada, en esencia, funge con el talante de irrenunciable e imprescriptible y, de otro, al hallarse evidente el quebranto de las prerrogativas invocadas. <\/p>\n
Al respecto, reliev\u00f3 la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [H]ay casos en los que no es procedente alegar la inmediatez en la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela cuando hay de por medio reclamos sobre pensiones, y cuando el desconocimiento o vulneraci\u00f3n del derecho fundamental subsiste con el paso del tiempo. Esto en virtud de que la inmediatez no puede ser entendida como una caducidad, toda vez que la Constituci\u00f3n no ha previsto la caducidad de la acci\u00f3n en el art\u00edculo 86\u201d. <\/p>\n
\u201cPor lo anterior, y de acuerdo con el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n, que establece que el derecho a la seguridad social es irrenunciable, en el presente caso puede determinarse que la vulneraci\u00f3n a dicho derecho del se\u00f1or Salgado Herrera persiste en el tiempo. Esto por cuanto, la negaci\u00f3n al incremento de su mesada pensional por concepto de compa\u00f1era permanente dependiente le impide al actor contar con un ingreso b\u00e1sico que le permita satisfacer sus necesidades en forma digna (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
El car\u00e1cter vitalicio y de tracto sucesivo de la prestaci\u00f3n que torna el derecho imprescriptible, permite su reclamaci\u00f3n en cualquier tiempo de la vida. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio, la actora cuestiona la providencia SL1013-2020 de 5 de febrero de 2020, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, dispuso no casar la sentencia del ad quem, revocatoria de la de primer grado, donde se hab\u00eda otorgado el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez a la aqu\u00ed quejosa. <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n materia de debate ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial, tanto por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, como por la Corte Constitucional, existiendo entre ambos colegiados, posiciones encontradas. <\/p>\n
Resulta ilustrativa la exposici\u00f3n de estas dos posturas interpretativas, efectuada en la sentencia T-090 de 2009, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Una de las interpretaciones se\u00f1ala que el acuerdo 049 de 1990, norma que el actor pretende le sea aplicada en virtud del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, nada dice acerca de la acumulaci\u00f3n antes explicada, raz\u00f3n por la cual, si el peticionario desea que se le haga esta sumatoria, debe acogerse a los art\u00edculos de la Ley 100 de 1993 que regulan los requisitos de la pensi\u00f3n de vejez, disposici\u00f3n que s\u00ed permite expresamente la acumulaci\u00f3n que solicita (art\u00edculo 33, par\u00e1grafo 1). Tal conclusi\u00f3n es apoyada por el tenor literal del par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 33, que prescribe que las acumulaciones que prev\u00e9 son s\u00f3lo para efectos del c\u00f3mputo de las semanas a que se refiere el art\u00edculo 33, lo que excluir\u00eda estas sumatorias para cualquier otra norma, en este caso, para el Acuerdo 49 de 1990. <\/p>\n
\u201cComo consecuencia de esta interpretaci\u00f3n, el actor \u201cperder\u00eda\u201d los beneficios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n pues debe regirse de forma integral por la Ley 100 de 1993 para adquirir su pensi\u00f3n de vejez. <\/p>\n
\u201cLa otra interpretaci\u00f3n posible se basa en el tenor literal del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 que regula el r\u00e9gimen de transici\u00f3n del cual es beneficiario el actor. Esta disposici\u00f3n se\u00f1ala que las personas que cumplan con las condiciones descritas en la norma podr\u00e1n adquirir la pensi\u00f3n de vejez con los requisitos de (i) edad, (ii) tiempo de servicios o n\u00famero de semanas cotizadas y (iii) monto de la pensi\u00f3n de vejez establecidos en el r\u00e9gimen anterior al cual se encontraban afiliados, y que las dem\u00e1s condiciones y requisitos de pensi\u00f3n ser\u00e1n los consagrados en el sistema general de pensiones, es decir, en la Ley 100 de 1993. En este orden de ideas, por expresa disposici\u00f3n legal, el r\u00e9gimen de transici\u00f3n se circunscribe a tres \u00edtems, dentro de los cuales no se encuentran las reglas para el c\u00f3mputo de las semanas cotizadas, por lo tanto, deben ser aplicadas las del sistema general de pensiones, que se encuentran en el par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 33, norma que permite expresamente la acumulaci\u00f3n solicitada por el actor (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
De entrada, podr\u00eda colegirse que, frente al t\u00f3pico, la primera tesis aludida, esto es, la de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, plantea una posici\u00f3n mucho m\u00e1s restrictiva2, en tanto, la segunda, cual es la postura del alto tribunal Constitucional, apela por una aplicaci\u00f3n amplia del principio de favorabilidad3. <\/p>\n
No obstante, un an\u00e1lisis ponderado del problema jur\u00eddico obliga a profundizar el estudio de ambos postulados interpretativos a la luz de los principios que fundamentan el sistema de seguridad social en pensiones y de las particularidades del caso en concreto. <\/p>\n
4. En primer lugar, ha de considerarse que el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n laboral ha admitido la posibilidad de adicionar a las semanas cotizadas, el tiempo servido en el sector p\u00fablico, en dos escenarios f\u00e1cticos espec\u00edficos: i) para las pensiones que se rijan en su integridad por la Ley 100 de 1993; y, ii) en el caso de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes prevista en la Ley 71 de 1988. <\/p>\n
No es discutible que la Ley 100 de 1993 consagra la posibilidad de acumular tiempos servidos en el sector p\u00fablico y privado4. Lo relevante es precisar que su vigencia no dej\u00f3 sin vigor otras leyes hasta entonces aplicables, pues en virtud del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, deb\u00edan respetarse las expectativas leg\u00edtimas de quienes reun\u00edan los requisitos establecidos en \u00e9stas para acceder al derecho a la pensi\u00f3n, as\u00ed, la Sala especializada expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En este orden, bien podr\u00eda afirmarse que la Ley 100 de 1993 al consagrar la acumulaci\u00f3n de tiempos servidos en el sector p\u00fablico y privado, dej\u00f3 sin vigencia lo dispuesto en la Ley 71 de 1988. Sin embargo, tal aseveraci\u00f3n no es del todo cierta si se tiene en cuenta que el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 consagr\u00f3 un r\u00e9gimen de transici\u00f3n pensional para quienes acreditando los requisitos de edad o tiempo de servicios a su entrada en vigencia, tengan derecho a que su pensi\u00f3n se reconozca conforme a la edad, tiempo de servicios y monto de la pensi\u00f3n del r\u00e9gimen que anteriormente les fuera aplicable, entre otros, el que consagr\u00f3 el Acuerdo 049 de 1990 del ISS, aprobado por el Decreto 758 de 1990, ora el previsto en la Ley 33 de 1985 que regul\u00f3 el r\u00e9gimen pensional en el sector oficial y, concretamente, en lo que ahora interesa, la Ley 71 de 1988 que previ\u00f3 la llamada pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
En el caso de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, en providencia SL4457-2014, revis\u00f3 la l\u00ednea jurisprudencial hasta entonces pac\u00edfica en ese Colegiado, seg\u00fan la cual no era posible sumar tiempos de servicios en el sector p\u00fablico no cotizados con los efectivamente aportados al ISS para tener derecho a la pensi\u00f3n consagrada en el art. 7\u00b0 de la Ley 71 de 19886. Al respecto, precis\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En efecto, desde la sentencia de 7 de mayo de 2008 rad. 32615, se ha reiterado en m\u00faltiples oportunidades que el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 71 de 1988 \u201cno se refiri\u00f3 para nada (\u2026) a la posibilidad de que los aportes pudieran ser reemplazados por tiempos de servicios en los cuales no hubo cotizaci\u00f3n o pago de aportes\u201d, tesis que se apoy\u00f3 tambi\u00e9n en el art\u00edculo 21 del Decreto 1160 de 1989 cuyo contenido y alcance se repiti\u00f3 en el art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 2709 de 1994. <\/p>\n
\u201cNo obstante, dada la nueva integraci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y ante nuevos sucesos normativos, resulta ahora insoslayable revisar las consideraciones vigentes en torno a la interpretaci\u00f3n y alcance que se le ha dado tanto al art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 71 de 1988 as\u00ed como a sus reglamentos para acceder a la pensi\u00f3n por aportes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Pues bien, antes de la entrada en vigencia de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 y del Sistema General de Pensiones adoptado mediante la Ley 100 de 1993, la multiplicidad de reg\u00edmenes pensionales permit\u00eda odiosas diferencias entre los trabajadores vinculados al sector privado y los servidores vinculados al sector p\u00fablico, de modo que cada uno subsist\u00eda de manera independiente con exigencias propias en tiempos de servicio y cotizaci\u00f3n que no pod\u00edan conjugarse para adquirir el beneficio pensional. Fue por ello que el legislador estableci\u00f3 la llamada \u00abpensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por acumulaci\u00f3n de aportes\u00bb, con el objeto de que pudieran sumarse los tiempos de cotizaci\u00f3n y de servicios en el sector p\u00fablico y en el privado. <\/p>\n
\u201cDicho de otro modo, la citada disposici\u00f3n [Ley 71 de 1988] se expidi\u00f3 con el fin de garantizar a los trabajadores que prestaron sus servicios en el sector p\u00fablico y privado, la posibilidad de alcanzar la pensi\u00f3n con la sumatoria de los tiempos de cotizaci\u00f3n y de servicios en uno y otro sector (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En este orden de ideas, conforme a los postulados constitucionales y legales (\u2026), la Corte estima necesario rectificar su actual criterio y, en su lugar, adoctrinar que para efectos de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes que deba aplicarse en virtud del r\u00e9gimen de transici\u00f3n pensional establecido en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, se debe tener en cuenta el tiempo laborado en entidades oficiales, sin importar si fue o no objeto de aportes a entidades de previsi\u00f3n o de seguridad social (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Ahora, la hom\u00f3loga Laboral fue enf\u00e1tica en precisar que, cuando el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 se\u00f1ala la posibilidad de acumular semanas de cotizaci\u00f3n al ISS con tiempos laborados al Estado, hace referencia, espec\u00edficamente, al art\u00edculo 33 de ese cuerpo normativo, esto es, a la pensi\u00f3n de vejez del Sistema General de Seguridad Social Integral; sin aludir, de modo alguno, a la regulada en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Al respecto, el colegiado ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Esta Corporaci\u00f3n en pac\u00edfica y reiterada jurisprudencia, ha se\u00f1alado que para los beneficiarios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n cuyo r\u00e9gimen anterior sea el del Seguro Social contenido en el A. 049\/1990, aprobado por el D. 758 del mismo a\u00f1o, la exigencia del n\u00famero de semanas debe entenderse como aquellas efectivamente cotizadas al I.S.S., puesto que en el aludido acuerdo no existe una disposici\u00f3n que permita adicionar a las semanas cotizadas, el tiempo servido en el sector p\u00fablico, como s\u00ed acontece a partir de la L. 100\/1993 para las pensiones que se rijan en su integridad por ella, o como tambi\u00e9n puede ocurrir respecto a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes prevista en la L. 71\/1988, seg\u00fan el criterio expuesto en sentencia CSJ SL4457-2014. <\/p>\n
\u201cPor otra parte, en punto a la posibilidad prevista en el par\u00e1grafo del art. 36 de la L. 100\/1993 de acumular semanas cotizadas al I.S.S. o a cajas, fondos o entidades de previsi\u00f3n social con tiempos laborados en el sector oficial, esta Sala de Casaci\u00f3n reiteradamente ha precisado que dicha disposici\u00f3n hace referencia a la pensi\u00f3n de vejez de que trata el art\u00edculo 33 de esa misma ley (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
Bajo esta tesitura, seg\u00fan la autoridad citada, aceptar una interpretaci\u00f3n diferente, implicar\u00eda un desconocimiento flagrante al principio de inescindibilidad, seg\u00fan el cual, las disposiciones deben aplicarse de manera \u00edntegra en relaci\u00f3n con la totalidad del cuerpo normativo al que pertenecen, sin que sean admisibles escisiones o fragmentaciones, tomando lo m\u00e1s favorable de los mandatos en conflicto, o utilizando disposiciones jur\u00eddicas contenidas en un r\u00e9gimen normativo distinto al elegido8. <\/p>\n
Al respecto, en sentencia CSJ SL, 4 nov. 2004, rad. 23611, la Sala Laboral de esta Corporaci\u00f3n puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Importa precisar, por otro lado, que el citado par\u00e1grafo del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 no puede ser interpretado de manera aislada del resto de este art\u00edculo. Y de ese modo, resulta que para un beneficiario del sistema de transici\u00f3n all\u00ed consagrado, el n\u00famero de semanas cotizadas ser\u00e1 el establecido en el r\u00e9gimen anterior al cual se encontrare afiliado, de tal suerte que ese requisito deber\u00e1 regularse en su integridad por las normas que gobernaban lo pertinente en el r\u00e9gimen pensional que al beneficiario le resultaba aplicable. R\u00e9gimen que, para un trabajador afiliado al Seguro Social, corresponde al regulado por el Acuerdo 049 de 1990, que, en lo pertinente, en su art\u00edculo 12 exige para tener derecho a la pensi\u00f3n de vejez un m\u00ednimo de 500 semanas de cotizaci\u00f3n pagadas durante los \u00faltimos 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de las edades m\u00ednimas o un n\u00famero de 1000 semanas de cotizaci\u00f3n, sufragadas en cualquier tiempo. <\/p>\n
\u201cPero dichas cotizaciones se entienden que deben ser efectuadas al Seguro Social, por cuanto en el referido Acuerdo no existe una disposici\u00f3n que permita incluir en la suma de las semanas de cotizaci\u00f3n pertinentes las sufragadas a cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector p\u00fablico o privado o el tiempo trabajado como servidores p\u00fablicos, como s\u00ed acontece a partir de la Ley 100 de 1993 para las pensiones que se rijan en su integridad por ella. Y si bien antes de la precitada norma se produjo una regulaci\u00f3n normativa que permite la posibilidad de acumular los aportes sufragados a entidades de previsi\u00f3n social oficiales y los efectuados al Seguro Social, a trav\u00e9s de lo que se ha dado en denominar pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes, que ya se dijo es a la que en realidad aspira el actor, ello corresponde a una situaci\u00f3n jur\u00eddica distinta de la planteada por el recurrente que, en todo caso, se halla regida por normas distintas al aludido Acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n
\u201cPara la Corte, el entendimiento sugerido por el recurrente, que dice apoyar en los principios que orientan la seguridad social en Colombia, resulta contraria al texto expl\u00edcito del citado art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, y supondr\u00eda una excepci\u00f3n no contemplada en esa disposici\u00f3n, que fraccionar\u00eda la aplicaci\u00f3n, en materia de semanas de cotizaci\u00f3n, del r\u00e9gimen anterior al cual se hallaba afiliado al beneficiario, pues supondr\u00eda que para efectos de establecer el n\u00famero de semanas cotizadas se aplicar\u00eda dicho r\u00e9gimen, pero para contabilizarlas se tomar\u00eda en cuenta lo establecido por la se\u00f1alada ley 100, lo cual no resulta congruente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, la tesis de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, antes expuesta, apela por una aplicaci\u00f3n irrestricta del principio de inescindibildad, de manera que, quien pretenda adquirir el derecho a la pensi\u00f3n de vejez bajo la \u00e9gida del Acuerdo 049 de 1990, deber\u00e1 haber cotizado en forma exclusiva al Seguro Social, sin que sea posible acumular las semanas aportadas a otros fondos o cajas de previsi\u00f3n social, p\u00fablicas o privadas. <\/p>\n
Para la Corte Constitucional y, para esta Sala, la anterior postura interpretativa es, a todas luces, restrictiva, por cuanto limita el alcance de varios principios constitucionales que salvaguardan los derechos de los trabajadores, tales como el de favorabilidad, in dubio pro operario y pro homine. <\/p>\n
En punto al principio de inescindibilidad, el tribunal constitucional ha enfatizado que \u00e9ste no es un postulado absoluto, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) el propio legislador puede determinar la forma en la que se debe aplicar una disposici\u00f3n, como, de manera expresa, lo hizo en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993. De no ser as\u00ed, incluso, no tendr\u00eda raz\u00f3n de ser la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen de transici\u00f3n en materia pensional. De otra parte, advierte la Sala que, de todas formas, dicho principio admite diversas limitaciones por parte del juez, las cuales, en todo caso, tienen que ser valoradas atendiendo a los principios de razonabilidad y proporcionalidad (\u2026)\u201d9. <\/p>\n
6. Ahora, auscultada la decisi\u00f3n criticada, se observa que el colegiado fustigado, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]o que emerge claro es que la controversia que propone la impugnante contra la sentencia de segundo grado, seg\u00fan se desprende del desarrollo del cargo, se contrae a la aplicaci\u00f3n a su caso del art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, puesto que, para ella, el ad quem debi\u00f3 acumular los tiempos de servicios p\u00fablicos no cotizados al ISS, con las semanas de aportes en pensi\u00f3n a esa entidad, y tener en cuenta que realiz\u00f3 cotizaciones a Cajanal antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que \u201cya pertenec\u00eda al r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida\u201d (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Enseguida, refiri\u00f3 como supuestos f\u00e1cticos debidamente acreditados en el sublite, entre otros, <\/p>\n
\u201c(\u2026) que la demandante era beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, pero no cuenta con el m\u00ednimo de tiempos exigidos en la Ley 33 de 1985, y 71 de 1988, para el 31 de diciembre de 2014, data de extinci\u00f3n de dicho sistema transicional, y que su afiliaci\u00f3n al ISS se produjo en octubre de 1998, luego de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Posteriormente, precis\u00f3 que, la negativa del fallador de segundo grado respecto a la pensi\u00f3n de vejez contemplada en el Acuerdo 049 de 1990, se debi\u00f3 a la no afiliaci\u00f3n de la recurrente al Instituto de Seguros Sociales antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por tanto, no gozaba de una expectativa pensional frente a ese precepto normativo, por ser exclusivo de esa entidad, y no como lo afirm\u00f3 la censora \u201cque la negativa a la pensi\u00f3n en ese sistema haya sido porque no tuvo en cuenta la sumatoria de tiempo cotizado ante el ISS con el laborado en el sector p\u00fablico cotizado a Cajanal. Al respecto consider\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) As\u00ed, entonces, ante el real fundamento de la decisi\u00f3n del juzgador de segunda instancia, la cr\u00edtica esgrime como argumento que por cotizar a Cajanal con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, ya pertenec\u00eda al r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida, lo que de tajo resulta incorrecto, en tanto ese r\u00e9gimen surgi\u00f3 precisamente con la mencionada ley, y anterior al mismo, exist\u00edan otros distintos sistemas pensionales\u201d. <\/p>\n
\u201cFrente a esa discusi\u00f3n, esta Sala de la Corte ha reiterado en m\u00faltiples oportunidades que para beneficiarse del r\u00e9gimen de transici\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, es necesario haber estado o estar afiliado a un sistema pensional a la entrada en vigencia de dicha norma, puesto que sobre este es que justamente se genera su expectativa pensional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por tanto, coligi\u00f3 la judicatura accionada la necesidad de encontrarse afiliado al sistema de pensiones respecto al cual se pretend\u00eda tener una expectativa pensional, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, aspecto que permitir\u00eda determinar cu\u00e1l era el r\u00e9gimen precedente que lo beneficiaba; en el caso de la demandante, sostuvo \u201ccomo lo determin\u00f3 el ad quem, [es] el de la Ley 33 de 1985 y el de la Ley 71 de 1988, por encontrarse cotizando a Cajanal, y solo afiliarse al ISS en octubre de 1998\u201d. <\/p>\n
Por \u00faltimo, agreg\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En consecuencia, aunque al entrar en vigencia la citada Ley 100\/93 ten\u00eda el tiempo de servicios previsto en su art\u00edculo 36, no es viable aplicarle las reglas de transici\u00f3n en los t\u00e9rminos del Acuerdo 049\/90, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, porque con antelaci\u00f3n a la fecha en que empez\u00f3 a regir el nuevo Sistema General de Pensiones, no estaba, ni estuvo afiliada a ese r\u00e9gimen pensional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
6.1 Una vez analizada la providencia emitida por la Sala confutada, se evidencia que hubo un apartamiento del precedente constitucional, especialmente de lo determinado en la sentencia SU-769 de 2014, en la cual se estableci\u00f3 la viabilidad de computar los tiempos de servicio prestados en el sector p\u00fablico con el cotizado al Instituto de Seguros Sociales, a efectos de acceder a la pensi\u00f3n de vejez estipulada Decreto 758 de 1990 aprobatorio del Acuerdo 049 del mismo a\u00f1o, de conformidad con la totalidad de las semanas reportadas y en el porcentaje all\u00ed establecido. <\/p>\n
As\u00ed lo expuso el Alto Tribunal Constitucional: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a entidad o autoridad responsable deber\u00e1 acumular los tiempos cotizados a entidades p\u00fablicas para contabilizar las semanas requeridas, atendiendo dos razones: (i) la falta de aplicaci\u00f3n de las normas previstas en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 har\u00edan nugatorios los beneficios que se derivan del r\u00e9gimen de transici\u00f3n y, en consecuencia, del r\u00e9gimen anterior al cual se encuentra afiliado el peticionario; y (ii) el art\u00edculo 12 del mencionado acuerdo no exige que las cotizaciones se hayan efectuado de manera exclusiva al Instituto de Seguros Sociales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Posteriormente, dicha Corporaci\u00f3n, concluy\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El c\u00f3mputo de las semanas cotizadas es un aspecto que qued\u00f3 consagrado en la Ley 100 de 1993 precisamente para dar soluci\u00f3n a la desarticulaci\u00f3n entre los diferentes reg\u00edmenes que durante un tiempo hizo imposible acumular tiempos de servicio con diferentes empleadores, reduciendo notablemente la posibilidad de los trabajadores para acceder a la pensi\u00f3n de vejez. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cDe conformidad con los precedentes jurisprudenciales rese\u00f1ados en la parte considerativa de esta sentencia, para efecto del reconocimiento de esta prestaci\u00f3n es posible acumular los tiempos de servicios cotizados a las cajas o fondos de previsi\u00f3n social, con las semanas de cotizaci\u00f3n efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, por cuanto la exclusividad en los aportes a esta entidad se trata de un evento no contemplado en el Acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n
\u201cPor otro lado, seg\u00fan se decant\u00f3 en esta providencia, por ser la postura que mejor se ajusta a la Constituci\u00f3n y a los principios de favorabilidad y pro homine, y que maximiza la garant\u00eda del derecho fundamental a la seguridad social, tal acumulaci\u00f3n es v\u00e1lida no solo para los casos en que fueron acreditadas 1000 semanas en cualquier tiempo, sino tambi\u00e9n para los eventos en los que se demostr\u00f3 haber reunido un total de 500 semanas dentro de los 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad requerida. <\/p>\n
\u201cFinalmente, tambi\u00e9n es posible acumular el tiempo laborado en entidades p\u00fablicas respecto de las cuales el empleador no efectu\u00f3 las cotizaciones a alguna caja o fondo de previsi\u00f3n social, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales. Lo anterior, toda vez que se trata de una circunstancia que puede limitar el goce efectivo del derecho a la seguridad social, y porque el hecho de no haberse realizado las respectivas cotizaciones o descuentos no es una conducta que deba soportar el trabajador, m\u00e1s a\u00fan cuando era la entidad p\u00fablica la que asum\u00eda dicha carga prestacional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
7. N\u00f3tese, esta Sala, en anteriores oportunidades, y concretamente, a partir de la STC2453-2015 de 6 de marzo de 2015, radicado 2014-02551-01, examin\u00f3 la procedencia de la salvaguarda frente a este tipo de reclamos, en torno a la interpretaci\u00f3n normativa m\u00e1s beneficiosa al trabajador del Decreto 758 de 1990, aprobatorio del Acuerdo 049 de ese mismo a\u00f1o, en donde se indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Debe admitirse que la providencia en cita arguy\u00f3 razones serias y respetables sobre la improcedencia de adjudicar el beneficio econ\u00f3mico pretendido por Danith de Jes\u00fas Ortega Ortega, empero, tampoco puede soslayarse que las consideraciones all\u00ed expuestas no acentuaron el estudio de las disposiciones que regulan lo atinente a la posibilidad de acumular tiempo de servicio a diferentes empleadores, p\u00fablicos y privados, tanto antes como despu\u00e9s de la vigencia de la Ley 100 de 1993, y las subreglas erigidas por la Corte Constitucional para el caso espec\u00edfico, proposiciones que al considerarse, conducir\u00edan a establecer con mayor certeza, si el consorte de la actora acreditaba el n\u00famero de semanas necesarias para obtener la pensi\u00f3n de vejez (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Ocasi\u00f3n en la cual se reliev\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Posteriormente, la Corte Constitucional en sentencia SU-769 de 16 de octubre de 2014, junt\u00f3 sus propios precedentes sobre la materia, y dispuso que ante la posibilidad de \u201c(\u2026) acumular tiempos de servicios prestados en entidades p\u00fablicas cuando no hubieren sido efectuados los aportes a alguna Caja o Fondo de Previsi\u00f3n Social o cuando no fueron cotizados al Instituto de Seguros Sociales (\u2026)\u201d proced\u00eda el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez \u201c(\u2026) de acuerdo con los requisitos establecidos en el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 2012 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y se concluy\u00f3, lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De ese modo, todo tiempo de servicio debe producir efectos pensionales, debi\u00e9ndose reflejar en los requisitos para la pensi\u00f3n, por ejemplo, en los bonos y t\u00edtulos pensionales, c\u00e1lculos actuariales, tiempos de servicio, cotizaciones etc. Claro, trat\u00e1ndose de servidores particulares es requisito sine qua non la afiliaci\u00f3n del trabajador al sistema de seguridad social (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Esta postura se halla reproducida en CSJ STC16427-2015 nov. 27 de 2015 rad. 2015-01937-01 y CSJ STC1987-2017 feb 16 de 2017 rad. 2016-02209-01. Igualmente, en decisiones recientes como la STC4842-2020 de 22 de julio de 2020 y STC2750-2021 de 18 de marzo de 2021, entre otras, se ha concedido el resguardo en asuntos de similar tesitura al caso expuesto por la aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
8. Se relieva, el reciente cambio de postura que tuvo la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, a partir del 1\u00ba de julio de 2020 mediante las sentencias CSJ SL1981, SL1947-2020 y SL2557 de 2020, respecto al asunto objeto de debate, resulta significativo, pues, aunque esos pronunciamientos no existieran para la fecha en la cual se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n aqu\u00ed reprochada, lo cierto es, all\u00ed se reafirma el criterio atr\u00e1s analizado. Mem\u00f3rese lo concluido por esa Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201c(\u2026) (i) El sistema de seguridad social, inspirado en el principio de universalidad y el trabajo como referente de construcci\u00f3n de la pensi\u00f3n, reconoce validez a todos los tiempos laborados, sin distinciones fundadas en la clase de empleador (p\u00fablico o privado) a la que se prestaron los servicios, la entidad de previsi\u00f3n a la que se realizaron los aportes o si los tiempos efectivamente laborados no fueron cotizados. <\/p>\n
\u201c(ii) En tal direcci\u00f3n, el literal f) del art\u00edculo 13 refiere que para el reconocimiento de las pensiones del sistema se tendr\u00e1 en cuenta la suma de las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) o a cualquier caja, fondo o entidad del sector p\u00fablico o privado, o el tiempo de servicio como servidores p\u00fablicos, cualquiera sea el n\u00famero de semanas cotizadas o el lapso laborado\u201d. <\/p>\n
\u201c(iii) Los beneficiarios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, son afiliados del sistema general de seguridad social y, por consiguiente, salvo en lo que respecta a la edad, tiempo y monto de la pensi\u00f3n, las directrices, principios y reglas de la Ley 100 de 1993 les aplica en su integridad, lo que incluye la posibilidad de sumar todas las semanas laboradas en el sector p\u00fablico, sin importar si fueron o no cotizadas al ISS, hoy Colpensiones\u201d. <\/p>\n
\u201c(iv) Esta regla de cardinal importancia la resalt\u00f3 el legislador en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, al habilitar para los beneficiarios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, los tiempos p\u00fablicos y privados, cotizados o no a entidades de previsi\u00f3n social o al ISS\u201d. <\/p>\n
\u201c(v) Para darle viabilidad a esta posibilidad legal de integrar las semanas laboradas en el sector p\u00fablico sin cotizaci\u00f3n al ISS, la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios regulan extensamente todo un r\u00e9gimen financiaci\u00f3n de las prestaciones a trav\u00e9s de cuotas partes y t\u00edtulos pensionales\u201d. <\/p>\n
\u201cDe acuerdo con los anteriores argumentos, la Corte Suprema de Justicia abandona su criterio mayoritario conforme al cual el Acuerdo 049 de 1990, aplicable en virtud del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, solo permite sumar cotizaciones realizadas exclusivamente al ISS y, en su reemplazo, postula que s\u00ed es posible para efectos de obtener la pensi\u00f3n por vejez prevista en ese reglamento, contabilizar las semanas laboradas en el sector p\u00fablico, sufragadas o no a una caja, fondo o entidad de previsi\u00f3n social. En consecuencia, todos los tiempos laborados, sin distinci\u00f3n al tipo de empleador o si fueron objeto de aportes a pensi\u00f3n o no, son v\u00e1lidos para efectos pensionales (\u2026)\u201d. (subrayas de esta Sala)10 <\/p>\n
9. Expuestas as\u00ed las cosas, esta Sala conceder\u00e1 el resguardo ante el evidente desconocimiento del precedente constitucional en la decisi\u00f3n proferida en sede de casaci\u00f3n, por la Corporaci\u00f3n fustigada. <\/p>\n
Corolario de lo anterior, se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada para, en su lugar, acceder a la protecci\u00f3n rogada; en consecuencia, se le ordenar\u00e1 a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral dejar sin efecto la sentencia proferida en el litigio materia de este amparo y emitir una nueva, a trav\u00e9s de la cual resuelva el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, con observancia de lo previsto en esta determinaci\u00f3n y en los precedentes ampliamente rese\u00f1ados (entre ellos, la SU-769 de 2014 y, m\u00e1s recientemente, las SL 1981-2020 y SL1947-2020), por su identidad tem\u00e1tica con el presente asunto. <\/p>\n
En el evento de reconocerse el derecho reclamado, se deber\u00e1 observar la prescripci\u00f3n trienal que rige para esta clase de prestaciones econ\u00f3micas, afectando las mesadas causadas; ello, teniendo en cuenta la ejecutoria de esta providencia, por cuanto es desde la misma que la prestaci\u00f3n exigida puede adquirir alcances constitutivos. <\/p>\n
10. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada por virtud del control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar las prerrogativas invocadas. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
10.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio13. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
10.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-14, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales15; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas16. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
11. Con base en lo discurrido, se infirmar\u00e1 la decisi\u00f3n del a quo, y en su lugar, se conceder\u00e1 la salvaguarda. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotadas, para en su lugar CONCEDER la salvaguarda incoada por Mar\u00eda Antonia Murcia Chill\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, se ordena a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, dejar sin efectos la sentencia por ella emitida en el asunto reprochado y, en igual t\u00e9rmino, emitir una nueva a trav\u00e9s de la cual resuelva el recurso extraordinario, con observancia de lo previsto en esta determinaci\u00f3n y en los precedentes ampliamente rese\u00f1ados (entre ellos, la SU-769 de 2014 y, m\u00e1s recientemente, las SL1981-2020 y SL1947-2020), por su identidad tem\u00e1tica con el presente asunto. <\/p>\n
En el evento de reconocerse el derecho respectivo, se deber\u00e1 observar la prescripci\u00f3n trienal que rige para esta clase de prestaciones econ\u00f3micas, afectando las mesadas causadas y teniendo en cuenta la ejecutoria de este pronunciamiento, pues es desde esta decisi\u00f3n que la prestaci\u00f3n puede adquirir alcances constitutivos. <\/p>\n
TERCERO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002Sentencia T- 217 de 2013. <\/p>\n
2\u0002 Sobre el particular, pueden consultarse las sentencias SL16082-2015, SL16104-2014, entre otras. <\/p>\n
3\u0002 Al respecto, pueden verse las providencias T-521-15, T-090-09, T-398-09, T-583-10, T-695-10, T-760-10, T-093-11, T-334-11, T-559-11, T-714-11, T-100-12, T-360-12, T-832 A de 2013, T-906-13, T-143-14, entre otras. <\/p>\n
4\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 33. Par\u00e1grafo 1\u00ba. Para efectos del c\u00f3mputo de las semanas a que se refiere el presente art\u00edculo, se tendr\u00e1 en cuenta: a) El n\u00famero de semanas cotizadas en cualquiera de los dos reg\u00edmenes del sistema general de pensiones (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5\u0002 CSJ, SL4457-2014. <\/p>\n
6\u0002\u201c(\u2026) Art\u00edculo 7\u00ba: A partir de la vigencia de la presente Ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) a\u00f1os de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsi\u00f3n social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendr\u00e1n derecho a una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n siempre que cumplan sesenta (60) a\u00f1os de edad o m\u00e1s si es var\u00f3n y cincuenta y cinco (55) a\u00f1os o m\u00e1s si es mujer (\u2026)\u201d. <\/p>\n
7\u0002 CSJ, SL 16104 de 2014. <\/p>\n
8\u0002 Corte Constitucional, sentencia T-832A de 2013. <\/p>\n
9\u0002 Corte Constitucional, Sentencia SU- 023 de 2018. <\/p>\n
10\u0002 SL1981-2020. Radicaci\u00f3n n\u00ba 84243 de 1\u00ba de julio de 2020. <\/p>\n
11\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
12\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
13\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
14\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
15\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
16\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7925-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC7925-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00379-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021) Decide la corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-55066","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55066","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55066"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55066\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55066"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55066"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55066"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}