STC7927-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7927-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00432-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia de 16 de marzo de 2021, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la salvaguarda promovida por Luis Fernando Mu\u00f1oz Ram\u00edrez frente a la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, con ocasi\u00f3n del juicio ordinario laboral iniciado por el aqu\u00ed actor contra el extinto Instituto de Seguros Sociales \u2013ISS-. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, el accionante suplica la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al m\u00ednimo vital, seguridad social, \u201ctutela judicial efectiva\u201d, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, seguridad jur\u00eddica, debido proceso, dignidad y trabajo, presuntamente transgredidas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Luis Fernando Mu\u00f1oz Ram\u00edrez promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra el Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n -hoy Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales -P.A.R.I.S.S.-, con el objeto de lograr, entre otras, el reajuste de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n en un 100% del IBL, de conformidad con el art\u00edculo 98 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial, \u201cde manera retroactiva y hacia el futuro, la indexaci\u00f3n y costas\u201d. <\/p>\n
El aludido asunto correspondi\u00f3, en primera instancia, al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medell\u00edn, quien, mediante providencia de 20 de agosto de 2015, absolvi\u00f3 a la demandada de las pretensiones incoadas en su contra; determinaci\u00f3n confirmada, en sede de apelaci\u00f3n, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, el 19 de septiembre 2017. <\/p>\n
El promotor inco\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n; empero, la Sala mayoritaria de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 especializada de esta Corte, en sentencia SL3092-2020 del 19 de agosto de 2020, dispuso no casar la decisi\u00f3n del ad quem. <\/p>\n
En sentir del querellante, la colegiatura confutada incurri\u00f3 en un desconocimiento del precedente constitucional, espec\u00edficamente de la sentencia SU-555 de 2014, la cual refiere \u201cla validez de los acuerdos convencionales que establezcan vigencias posteriores a julio 31 de 2010 para acceder a pensiones\u201d y la SU-241 de 2015 sobre la favorabilidad en la interpretaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas convencionales al ser fuente normativa del derecho laboral. <\/p>\n
Agrega que, en sentencia SL3635-2020 de 16 de septiembre de 2020, reiterada en la SL5116 del 2 de diciembre siguiente, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente hizo un recorrido por el criterio respecto a la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de los c\u00e1nones 98 y 101 del mencionado acuerdo convencional y \u201call\u00ed se\u00f1al\u00f3 que desde mucho tiempo atr\u00e1s ya la Corte hab\u00eda admitido la existencia de una vigencia diferente en esas cl\u00e1usulas que deb\u00eda ser respetada\u201d. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pide, en concreto, ordenar a la judicatura querellada dejar sin efectos la providencia SL3092-2020 de 19 de agosto de 2020 y, en su lugar, proferir una nueva donde case la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Medell\u00edn y, en instancia, se reconozca la pensi\u00f3n de vejez reclamada\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de la accionada y vinculados <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la sentencia de casaci\u00f3n cuestionada, afirm\u00f3 que la decisi\u00f3n adoptada por la sala mayoritaria estuvo acorde con las reglas sobre el entendimiento de la vigencia de los beneficios convencionales, al tenor del Acto Legislativo 001 de 2005. <\/p>\n
Aunado, resalt\u00f3 que el reconocimiento pensional del art\u00edculo 98 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo estudiada, solo era aplicable a quienes causaran su derecho -edad y tiempo de servicios-, antes del 31 de julio de 2010, requisitos no cumplidos por el actor \u201ctal y como lo confirm\u00f3 su apoderado en el escrito tuitivo con la expresi\u00f3n: \u201cel se\u00f1or Mu\u00f1oz Ram\u00edrez cumpli\u00f3 el tiempo de servicios exigido en la norma convencional despu\u00e9s de esa fecha\u201d. Adem\u00e1s, agreg\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Recu\u00e9rdese que, el hoy tutelante percibe una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional que le fue reconocida por su entonces empleadora, al cumplir 20 a\u00f1os de servicio oficial, sumando tiempos de servicio con otras entidades estatales y con el ISS, (cl\u00e1usula 101 del acuerdo extralegal) con antelaci\u00f3n a la entrada en vigor del acto legislativo 1 de 2005, por ende, se echa de menos la supuesta afectaci\u00f3n de derechos fundamentales que alega\u201d. <\/p>\n
\u201cAdem\u00e1s, que de la lectura de las normas convencionales no se deriva el derecho a la reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n convencional que solicit\u00f3 en el juicio ordinario y que le fue negada en las instancias, por ende, tampoco encontr\u00f3 prosperidad su recurso extraordinario (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn manifest\u00f3 que el pronunciamiento confutado se bas\u00f3 en la jurisprudencia y normatividad aplicables a la litis; asimismo, adujo, el ruego pretendido no cumple los requisitos generales de procedencia de la tutela, pues, no se acredita un perjuicio irremediable, \u201cen tanto el accionante percibe su prestaci\u00f3n econ\u00f3mica normalmente, pretendiendo apenas su reliquidaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, porque, no se present\u00f3 una irregularidad procesal que tuviera efectos decisivos en la sentencia recurrida. <\/p>\n
3. La Unidad de Tutelas del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n -P.A.R.I.S.S.- indic\u00f3 que, en el asunto cuestionado, existe una decisi\u00f3n en firme, la cual estuvo precedida del debido proceso, por tanto, sostuvo, \u201ces notoria la ocurrencia del fen\u00f3meno de cosa juzgada\u201d. <\/p>\n
A su juicio, el pronunciamiento reprochado no evidencia defecto org\u00e1nico, procedimental o f\u00e1ctico ni un desconocimiento del precedente. <\/p>\n
4. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento, por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
1.2 La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 el auxilio, tras hallar razonable la providencia atacada. Al respecto expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026)[A]dvierte la Corte que el apoderado judicial de LUIS FERNANDO MU\u00d1OZ RAM\u00cdREZ no demostr\u00f3 que se configure un defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, que estructure la denominada v\u00eda de hecho, es decir, no acredit\u00f3 que la providencia reprobada, esto es, la emitida en sede extraordinaria de casaci\u00f3n, est\u00e9 fundada en conceptos irrazonables o arbitrarios de tal trascendencia, que corresponda al juez constitucional conjurarlos mediante este excepcional instrumento de amparo para los derechos fundamentales invocados (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por otra parte, sobre el desconocimiento del precedente alegado por el accionante, refiri\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [R]esalta esta Corporaci\u00f3n que el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en la especialidad laboral en modo alguno emiti\u00f3 una sentencia que vaya en contrav\u00eda de lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional en sentencia SU-555 de 2014\u201d. <\/p>\n
\u201cPara el caso conviene recordar que dicho precedente se ocup\u00f3 de estudiar la finalidad de la expedici\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2005, cuyo objetivo principal se orient\u00f3 a \u201chomogeneizar los requisitos y beneficios pensionales en aras de lograr una mayor equidad y sostenibilidad en el sistema\u201d, siendo relevante destacar, tambi\u00e9n, que introdujo serias modificaciones al r\u00e9gimen de la seguridad social y en especial a derechos pensionales derivados de convenciones colectivas. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o ofrece duda que LUIS FERNANDO MU\u00d1OZ RAM\u00cdREZ satisfizo el requisito de 20 a\u00f1os de servicio con posterioridad al 31 de julio de 2010, cuando la norma convencional no pod\u00eda surtir efectos. Por consiguiente, la postura de la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, que result\u00f3 adversa a los intereses del actor, se encuentra acorde a las recomendaciones de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo, se\u00f1aladas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-555 de 2014, oportunidad en la que esa Corporaci\u00f3n, se reitera, indic\u00f3 que \u201csi una convenci\u00f3n colectiva venci\u00f3 con anterioridad al Acto Legislativo 01 de 2005 y fue renovada autom\u00e1ticamente cada seis meses, la \u00faltima pr\u00f3rroga expir\u00f3 el 31 de julio de 2010\u201d (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3 La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 el gestor insistiendo en los motivos de disenso esbozados en el escrito genitor. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el marco de las atribuciones asignadas a las Salas de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el par\u00e1grafo del art\u00edculo segundo de la Ley 1781 de 2016, precisa que, aunque \u00e9stas actuar\u00e1n en forma independiente, en el evento en que la mayor\u00eda de sus integrantes considere procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, deber\u00e1n devolver el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para que \u00e9sta decida. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dado que aut\u00f3nomamente ninguna sala de descongesti\u00f3n puede variar la doctrina de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, si se presentara una circunstancia de tal naturaleza que implicara la modificaci\u00f3n del precedente o la necesidad de crear una nueva postura jur\u00eddica frente a una casu\u00edstica en particular, se impone la obligaci\u00f3n para aquellas, de remitir el asunto a \u00e9sta, para lo pertinente. <\/p>\n
2. El accionante pretende que, a trav\u00e9s de este instrumento de protecci\u00f3n excepcional, se deje sin efectos la sentencia SL3092-2020 de 19 de agosto de 2020, mediante la cual la Sala de Descongesti\u00f3n confutada de esta Corte, no cas\u00f3 la sentencia de segunda instancia proferida en el litigio subex\u00e1mine, donde se ratific\u00f3 la absoluci\u00f3n de la demandada de todas las pretensiones formuladas por el tutelante, entre ellas, la reliquidaci\u00f3n de la mesada pensional reconocida, teniendo en cuenta el 100% seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 98 de la convenci\u00f3n colectiva objeto de estudio. <\/p>\n
3. Auscultada la decisi\u00f3n criticada, se observa que, con argumentos similares a los aqu\u00ed expuestos, el demandante atac\u00f3 la decisi\u00f3n emitida por el tribunal, insistiendo en la vigencia del aludido acuerdo convencional, la cual, seg\u00fan afirm\u00f3, va m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010. <\/p>\n
De entrada, la colegiatura fustigada precis\u00f3 que, al no haber sido objeto de discusi\u00f3n, se tendr\u00eda por cierto \u201cque a 31 de julio de 2010, [el recurrente] no cumpli\u00f3 el tiempo de servicios exigido por cuanto, a tal fecha, hab\u00eda laborado para el ISS solo 19 a\u00f1os, 9 meses y 14 d\u00edas\u201d. <\/p>\n
Para mayor ilustraci\u00f3n, se memora lo estipulado en el art\u00edculo 98 de la convenci\u00f3n colectiva 2001-2004, suscrita entre Sintraseguridadsocial y el ISS: <\/p>\n
\u201c(\u2026) ART\u00cdCULO 98. PENSI\u00d3N DE JUBILACI\u00d3N El Trabajador Oficial que cumpla veinte (20) a\u00f1os de servicio continuo o discontinuo al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) a\u00f1os si es hombre y cincuenta (50) a\u00f1os si es mujer, tendr\u00e1 derecho a pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n en cuant\u00eda equivalente al 100 % del promedio de lo percibido en el per\u00edodo que se indica a continuaci\u00f3n para cada grupo de trabajadores oficiales: <\/p>\n
\u201c(i) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2002 y treinta y uno de diciembre de 2006, 100 % del promedio mensual de lo percibido en los dos \u00faltimos a\u00f1os de servicio\u201d. <\/p>\n
\u201c(ii) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2007 y treinta y uno de diciembre de 2016, 100 % del promedio mensual de lo percibido en los tres \u00faltimos a\u00f1os de servicio\u201d. <\/p>\n
\u201c(iii) Para quienes se jubilen a partir del primero de enero de 2017, 100 % del promedio mensual de lo percibido en los cuatro \u00faltimos a\u00f1os de servicio\u201d. <\/p>\n
\u201cPara estos efectos se tendr\u00e1n en cuenta los siguientes factores de remuneraci\u00f3n: <\/p>\n
a. Asignaci\u00f3n b\u00e1sica mensual <\/p>\n
b. Prima de servicios y vacaciones <\/p>\n
c. Auxilio de alimentaci\u00f3n y transporte <\/p>\n
d. Valor trabajo nocturno, suplementario y en horas extras <\/p>\n
e. Valor del trabajo en d\u00edas dominicales y feriados. <\/p>\n
\u201cNo obstante lo anterior, cuando hubiere lugar a la acumulaci\u00f3n de las pensiones de jubilaci\u00f3n y de vejez, por ning\u00fan motivo podr\u00e1 recibirse en conjunto, por uno y otro concepto, m\u00e1s del ciento por ciento (100 %) del promedio a que se refiere el presente art\u00edculo. Por consiguiente, en dicho caso el monto de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n ser\u00e1 equivalente a la diferencia entre el referido porcentaje y el valor de la pensi\u00f3n de vejez (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Teniendo en cuenta que, para la convenci\u00f3n colectiva bajo an\u00e1lisis, al entrar en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, ven\u00edan operando las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas, aplica el postulado seg\u00fan el cual, las reglas pensionales subsist\u00edan hasta el 31 de julio de 2010, por lo cual, de manera concreta, al referirse al art\u00edculo 98 del compendio extralegal que origina el presente debate, esta Corporaci\u00f3n, en sentencia CSJ SL678-2020, dijo que \u00abla convenci\u00f3n colectiva de trabajo del I.S.S. 2001-2004, en lo que ata\u00f1e al asunto bajo examen, perdi\u00f3 vigencia el 31 de julio de 2010 y, en ese sentido, la actora para dicha data no verific\u00f3 los supuestos estatuidos en el acuerdo colectivo\u00bb (\u2026)\u201d. (subraya de esta Sala). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, reliev\u00f3 que esa Corporaci\u00f3n, en providencia CSJ SL2543 de 2020, efectu\u00f3 algunas precisiones, respecto a las reglas de aplicaci\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2005, entre las cuales destac\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) (i) Para aquellos que a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, son beneficiarios de una convenci\u00f3n colectiva de Trabajo, cuya vigencia se encuentra en curso del t\u00e9rmino inicialmente pactado, en este caso, si las partes no presentaron la denuncia (…) el t\u00e9rmino de vigencia de los derechos pensionales, va a estar determinado por la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica del art\u00edculo 478 ibidem, prosecuci\u00f3n que en materia pensional no puede extenderse m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010\u201d. <\/p>\n
\u201c(ii) para aquellos que a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, son beneficiarios de una convenci\u00f3n colectiva de trabajo en virtud de la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica, a quienes se les resguardar\u00e1n, para su aplicaci\u00f3n, los acuerdos pensionales convencionales ya por ministerio de la ley y no por acuerdo de las partes, prosecuci\u00f3n que en materia pensional no podr\u00e1 extenderse m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, sin que las partes en tr\u00e1nsito de la vigencia prorrogada, puedan establecer condiciones m\u00e1s favorables a las ya previstas en el acuerdo colectivo vigente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Bajo las premisas transcritas, la autoridad querellada coligi\u00f3 que el ad quem no incurri\u00f3 en la equivocaci\u00f3n jur\u00eddica endilgada por el promotor, por cuanto \u201cs\u00ed observ\u00f3 lo estipulado en el pluricitado art\u00edculo 98, pero entendi\u00f3 que lo acordado encontraba l\u00edmite temporal en lo ordenado en el acto legislativo, es decir, deb\u00eda cumplir los requisitos de causaci\u00f3n, a m\u00e1s tardar el 31 de julio de 2010, lo que no logr\u00f3\u201d. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se excluye la posibilidad de predicar las anomal\u00edas alegadas en la providencia rese\u00f1ada porque, al margen del criterio que la Corte pudiera tener2, no se advierte un proceder arbitrario, por parte del estrado arriba indicado, luego no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de evidente desafuero judicial. <\/p>\n
En efecto, la corporaci\u00f3n denunciada explic\u00f3 y motiv\u00f3, con base en la jurisprudencia y el criterio reiterado de la Sala ordinaria vigente a la fecha de emisi\u00f3n de la sentencia reprochada, las razones para determinar que los beneficios de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 2001-2004, no le eran aplicables al promotor, pues, para el 31 de julio de 2010, aqu\u00e9l no hab\u00eda cumplido los 20 a\u00f1os de servicio al ISS, exigidos para acceder a la prestaci\u00f3n en los t\u00e9rminos all\u00ed contenidos. <\/p>\n
Si bien pudiera no aceptarse \u00edntegramente el discernimiento de la accionada, esa circunstancia no permite ostentar los presupuestos invocados, pues \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
La sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
5. Ahora bien, sobre el desconocimiento del precedente constitucional alegado por el actor, espec\u00edficamente la sentencia SU-555 de 2014, reproche que tambi\u00e9n fue formulado en sede de casaci\u00f3n, no se advierte la omisi\u00f3n endilgada, pues, en dicho pronunciamiento se expusieron las recomendaciones emitidas por el Comit\u00e9 de Libertad Sindical, con relaci\u00f3n al deber del Gobierno Nacional de adoptar las medidas necesarias para que los acuerdos que conten\u00edan cl\u00e1usulas sobre pensiones cuya vigencia iba m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, mantuvieran sus efectos hasta su vencimiento. <\/p>\n
Sin embargo, en la providencia atacada se determin\u00f3, de conformidad a la jurisprudencia emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, vigente a la fecha de emisi\u00f3n de la determinaci\u00f3n acusada, que la convenci\u00f3n colectiva 2001-2004 suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial, solo ten\u00eda efectos hasta el 31 de julio de 2010. <\/p>\n
6. Por otra parte, en lo ata\u00f1edero a la sentencia CSJ SL3635 de 16 de septiembre de 2020, referenciada por el censor como fundamento de su reclamo, se relieva, si bien, en la misma la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, rectific\u00f3 parcialmente el criterio sentado en sentencias como CSJ SL2543-2020, CSJ SL2798-2020 y CSJ SL2986-2020 y precis\u00f3 las pautas que servir\u00e1n de juicio para definir en cu\u00e1les escenarios espec\u00edficos, es posible extender los efectos de las cl\u00e1usulas convenciones de car\u00e1cter pensional m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, lo cierto es, la misma fue proferida con posterioridad al fallo atacado. <\/p>\n
Por tanto, no es viable predicar un desconocimiento del precedente, por parte de la corporaci\u00f3n fustigada, pues, tal como ya se indic\u00f3, esa autoridad fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en la postura jurisprudencial que se encontraba vigente a la fecha de emisi\u00f3n del fallo aqu\u00ed reprochado. <\/p>\n
7. Con todo, no se advierte una afectaci\u00f3n al m\u00ednimo vital del actor, pues lo pretendido por aqu\u00e9l, es la \u201creliquidaci\u00f3n\u201d de la pensi\u00f3n ya concedida. Adem\u00e1s, no se configura un perjuicio irremediable que permita conceder de manera transitoria el auxilio invocado, al no alegarse ni probarse los presupuestos de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad, propios del mismo. <\/p>\n
Sobre lo discurrido, la Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (\u2026)\u201d4 (negrillas originales). <\/p>\n
8. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19696, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
8.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
8.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos <\/p>\n
9. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Folio 24; Cuaderno \u201cSubcarpeta 1. Primera 111750\u201d. <\/p>\n
2\u0002CSJ. STC. 17 abr. 2013, Rad. 00743-00; v\u00e9ase igualmente, entre otras, las sentencias de 15 de febrero de 2012, Rad. 00219-00 y 10 de mayo de 2005, Rad. 00142-00. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC13730-2019 de 10 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03021-00 <\/p>\n
5\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
6\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7927-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC7927-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00432-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-55067","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55067","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55067"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55067\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55067"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55067"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55067"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}