STC7933-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7933-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-00731-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La reclamante implora la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, presuntamente violentada por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
La promotora aduce que en virtud de la convocatoria n\u00b027 del concurso de m\u00e9ritos establecido para acceder al cargo de magistrada de Tribunal Superior, Sala Laboral, en carrera administrativa1, fue citada para el 2 de diciembre de 2018, a las pruebas de conocimientos, habilidades y psicot\u00e9cnicas. <\/p>\n
Teniendo en cuenta que por motivos de salud no pudo asistir, se le permiti\u00f3 presentar un examen \u201csupletorio\u201d el 14 de abril de 2019. <\/p>\n
En la resoluci\u00f3n CJR19-0680 de 7 de junio de 20192, expedida por la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, se publicaron los resultados de la evaluaci\u00f3n \u201csupletoria\u201d, en donde se indic\u00f3 que la actora \u201cno aprob\u00f3\u201d al obtener un puntaje de 648.36 de los 800 necesarios para continuar en el concurso. <\/p>\n
Frente a quienes concurrieron a la evaluaci\u00f3n el 2 de diciembre de 2018, se (i) surti\u00f3 la exhibici\u00f3n del cuadernillo de preguntas con la hoja de respuestas; (ii) otorg\u00f3 un nuevo plazo para impetrar reposici\u00f3n a los resultados; (iii) recalificaron los puntajes; y (iv) dispuso, nuevamente, la presentaci\u00f3n de las pruebas de conocimientos, habilidades y psicot\u00e9cnicas dadas las irregularidades advertidas en los cuestionarios3. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, la censora alega haber sido citada para el 25 de marzo de 2021, con el fin de realizar la evaluaci\u00f3n en comento. <\/p>\n
Asevera la tutelante, el examen se reprogram\u00f3 para el 4 de julio postrero y, en el listado publicado, esta vez, no apareci\u00f3 citada. <\/p>\n
Por tal motivo, la quejosa solicit\u00f3 su inclusi\u00f3n a la Universidad Nacional de Colombia, entidad que el 9 de junio pasado, desestim\u00f3 su pedimento, pues no le eran extensivos los efectos de las correcciones de los yerros advertidos en las pruebas presentadas el 2 de diciembre de 2018, porque ella fue evaluada, supletoriamente, el 14 de abril de 2019. <\/p>\n
Para la accionante, se lesionaron sus garant\u00edas, por cuanto se le dio un trato diferencial, respecto a quienes fueron citados, nuevamente, a los ex\u00e1menes, adem\u00e1s, la renovaci\u00f3n de los tr\u00e1mites del concurso debi\u00f3 aplic\u00e1rsele, pues as\u00ed lo se\u00f1al\u00f3 la Resoluci\u00f3n n\u00b0CJR20-0202 de 27 de octubre de 2020. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, permitirle presentar las pruebas de conocimientos, habilidades y psicot\u00e9cnicas, fijadas para el 4 de julio de 2021 o, para la data correspondiente, seg\u00fan los aplazamientos del caso. <\/p>\n
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1. Respuesta del accionado y de los vinculados <\/p>\n
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1. La Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia manifestaron, por separado, no haber conculcado derecho alguno a la precursora al interior de la tramitaci\u00f3n confutada <\/p>\n
<\/p>\n
2. Diego Alejandro Baracaldo Amaya coadyuv\u00f3 las pretensiones de la demanda, refiriendo encontrarse en una situaci\u00f3n equiparable a la enarbolada por la querellante. <\/p>\n
3. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. La salvaguarda no prospera al desatenderse los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
2. El primero, porque, entre la presentaci\u00f3n del ruego tuitivo, acaecida el 17 de junio de 2021, y la resoluci\u00f3n CJR19-0680 de 7 de junio de 2019, mediante la cual la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura public\u00f3 los resultados de la evaluaci\u00f3n \u201csupletoria\u201d presentada por la tutelante, en donde se indic\u00f3 que \u00e9sta \u201cno aprob\u00f3\u201d al obtener un puntaje de 648.36 de los 800 necesarios para continuar en el concurso, han trascurrido m\u00e1s de veintitr\u00e9s (23) meses, tiempo que supera, holgadamente, el plazo de seis (6) meses establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
Por tanto, si la petente se demor\u00f3 en incoar el resguardo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a las entidades confutadas y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
2. En cuanto a la segunda exigencia se\u00f1alada, se observa que, en relaci\u00f3n con la resoluci\u00f3n CJR19-0680 de 7 de junio de 20195, la censora no demostr\u00f3 el agotamiento del recurso de reposici\u00f3n a su alcance para controvertir los resultados all\u00ed plasmados, como tampoco haber agotado el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar su contenido y sus efectos. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)7\u201d. <\/p>\n
3. Refuerza la improcedencia del auxilio rogado, la ausencia de vulneraci\u00f3n frente a la aducida omisi\u00f3n de la citaci\u00f3n de la gestora, respecto de la nueva presentaci\u00f3n de las pruebas de conocimientos, habilidades y psicot\u00e9cnicas dadas las irregularidades advertidas en los cuestionarios frente a quienes concurrieron el 2 de diciembre de 20188. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto la situaci\u00f3n de la petente es diferente en relaci\u00f3n con aqu\u00e9llos, pues la promotora absolvi\u00f3 el examen respectivo, de manera supletoria, en una data distinta, esto es, el 14 de abril de 2019, dada su imposibilidad de concurrir a la primera calenda rese\u00f1ada, por padecer de una enfermedad. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, el yerro que se dispuso corregir, no era extensible para la evaluaci\u00f3n \u201csupletoria\u201d de la actora, pues en \u00e9sta no se observaron defectos como para renovar la actuaci\u00f3n del concurso. <\/p>\n
Se destaca, en la parte motiva de la Resoluci\u00f3n n\u00b0CJR20-0202 de 27 de octubre de 20209, se estableci\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n cumplimiento del cronograma fijado para la convocatoria, el 2 de diciembre de 2018, se aplicaron las pruebas de conocimientos generales y espec\u00edficos, aptitudes y psicot\u00e9cnicas. Con fundamento en la informaci\u00f3n suministrada por la Universidad Nacional de Colombia, esta Direcci\u00f3n expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n CJR18-559 de 2018, en la cual se publicaron los resultados de las pruebas de aptitudes y conocimientos espec\u00edficos y generales, dentro del concurso en referencia. Contra \u00e9sta se interpusieron recursos, unos con solicitud de exhibici\u00f3n y otros no. Aquellos que no ten\u00edan solicitud de exhibici\u00f3n, fueron desatados con la Resoluci\u00f3n CJR19- 632 de 29 de marzo de 2019\u201d. <\/p>\n
\u201cSin embargo, con ocasi\u00f3n de la exhibici\u00f3n de las pruebas, se evidenciaron diversos yerros, como por ejemplo, que la Universidad Nacional de Colombia en el proceso de ensamblaje y diagramaci\u00f3n final de los cuadernillos, modific\u00f3 el orden de las preguntas de la prueba de aptitudes, sin que hubieren actualizado las claves en el procedimiento de calificaci\u00f3n, lo cual produjo imprecisi\u00f3n en la evaluaci\u00f3n de los examinados\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201cLas inconsistencias en la prueba de aptitudes y conocimientos, reportadas por la Universidad Nacional de Colombia, generan como respuesta la repetici\u00f3n de las pruebas a cargo de dicha instituci\u00f3n educativa (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En el ac\u00e1pite decisorio del acto administrativo se se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) ART\u00cdCULO 1.\u00b0 CORREGIR la actuaci\u00f3n administrativa contenida en las resoluciones CJR19-0679 y CJR19-0877 de 2019; CJR20-0185, CJR20-0187, CJR20-0188, CJR20- 0189 y CJR20-0200 de 2020, junto con los dem\u00e1s actos administrativos expedidos durante el procedimiento que se corrige, desde la citaci\u00f3n a las pruebas de conocimientos generales y y espec\u00edficos, de aptitudes y psicot\u00e9cnicas, para ajustar todo el tr\u00e1mite a derecho, de conformidad con lo se\u00f1alado en la parte considerativa de esta resoluci\u00f3n, y en consecuencia, CONTINUAR el tr\u00e1mite de la convocatoria, para lo cual, oportunamente se publicar\u00e1n las citaciones y se aplicar\u00e1n las pruebas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
N\u00f3tese, el fundamento de la Resoluci\u00f3n n\u00b0CJR20-0202 de 27 de octubre de 202010, vers\u00f3 sobre las pruebas aplicadas el 2 de diciembre de 2018 y no, respecto a las \u201csupletorias\u201d surtidas el 14 de abril de 2019, a las cuales concurri\u00f3 la accionante. <\/p>\n
Adicionalmente, en ese acto administrativo, tampoco se hizo alusi\u00f3n a los resultados de los ex\u00e1menes supletorios y, menos a\u00fan, a irregularidades en ellos; por tanto, la prueba \u201csupletoria\u201d presentada por la tutelante qued\u00f3 en firme con la Resoluci\u00f3n CJR19-0680 de 7 de junio de 201911, al no adolecer de defectos t\u00e9cnicos en las preguntas con incidencia en los resultados, como s\u00ed ocurri\u00f3 con quienes la realizaron el 2 de diciembre de 2018. <\/p>\n
Ahora, la suplicante no prob\u00f3 encontrase en una situaci\u00f3n similar frente a los participantes que, esa data, presentaron las pruebas sujetas a repetici\u00f3n, lo cual, de contera, excluye la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas superlativas por parte de las entidades recriminadas. <\/p>\n
En adici\u00f3n, no se acredit\u00f3 que la censora fuese llamada, nuevamente, a absolver el examen correspondiente, de un lado, porque en el listado que aport\u00f3 con la demanda, no se menciona a cu\u00e1l citaci\u00f3n corresponde y, de otro, en los hiperv\u00ednculos del libelo no hay referencia alguna a la petente para las citaciones que se han venido reprogramando en el 2021, coligi\u00e9ndose as\u00ed, la inexistencia del supuesto f\u00e1ctico blandido como lesivo. <\/p>\n
Sobre lo esbozado, la Corte Constitucional ha establecido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u201ccuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares [de conformidad con lo establecido en el Cap\u00edtulo III del Decreto 2591 de 1991]\u201d. As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cEn el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u201cpartiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026), ya que sin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado\u201d. <\/p>\n
\u201cY lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed pues, cuando el juez constitucional no encuentre ninguna conducta atribuible al accionado respecto de la cual se pueda determinar la presunta amenaza o violaci\u00f3n de un derecho fundamental, debe declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela (\u2026)12\u201d. <\/p>\n
4. Finalmente, no ser\u00e1n atendidas las manifestaciones del coadyuvante, pues \u00e9stas, en sede constitucional, se encuentran sujetas al destino de lo decidido respecto de la demandante, sin abrirse un nuevo escenario para exponer argumentos adicionales a la pretensi\u00f3n principal. <\/p>\n
Sobre lo discurrido, la Sala ha enfatizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [F]rente a los reproches de la coadyuvante (\u2026) los mismos no pueden ser estudiados por la Corte, puesto que, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, su intervenci\u00f3n en esta especie de tr\u00e1mite excepcional bajo la figura procesal de la coadyuvancia, implica el respaldo de las razones que sustentan el reclamo, m\u00e1s no una oportunidad para promover sus propias pretensiones. As\u00ed lo precis\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia T-269 de 2012, al se\u00f1alar lo siguiente: (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Precisamente en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, reglamentado en el Decreto 2591 de 1991, se prev\u00e9 que los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo pueden intervenir en el proceso de tutela actuando como coadyuvantes. Tal como se se\u00f1al\u00f3 anteriormente, el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 dispone que \u201cquien tuviere un inter\u00e9s leg\u00edtimo en el resultado del proceso podr\u00e1 intervenir en \u00e9l como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiere hecho la solicitud (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Esto implica, en principio, que con independencia de la categor\u00eda particular dentro de la que pudieran ubicarse en raz\u00f3n de su inter\u00e9s en el proceso y del nombre que se les asigne dentro de los procesos ordinarios, en la acci\u00f3n de tutela los terceros se involucran en el proceso porque sus resultados pueden afectarlos, pero lo hacen apoyando las razones presentadas, bien por el actor o por la persona o autoridad demandadas, y no promoviendo sus propias pretensiones (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En el tr\u00e1mite de las acciones de tutela esta delimitaci\u00f3n del papel de los terceros debe armonizarse con el principio de informalidad y de prevalencia de lo sustancial que rigen el proceso. Es por esto que una persona que no solicit\u00f3 el amparo y que luego es vinculada a su tr\u00e1mite, bien por solicitud de las partes o por decisi\u00f3n oficiosa del juez, puede advertir que su inter\u00e9s no se reduce al resultado del proceso, sino que tambi\u00e9n es titular de los derechos que se ven vulnerados o amenazados en el caso concreto. Esto ocurre en virtud de los mismos hechos m\u00e1s o menos delimitados desde la instauraci\u00f3n de la tutela, y porque es la misma persona o autoridad p\u00fablica accionada quien con su conducta ha generado esta situaci\u00f3n presentada al juez de tutela (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En estos casos, el juez de tutela est\u00e1 facultado para involucrar a esta persona, pero para que pueda actuar a favor de sus propias pretensiones, la convierte en una verdadera parte dentro del proceso, dejando as\u00ed de ser un tercero coadyuvante. Es por ello que en la sentencia puede pronunciarse sobre los derechos afectados de quien promovi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y de otros vinculados al mismo proceso en calidad de partes del mismo. A\u00fan m\u00e1s, como excepci\u00f3n al efecto inter partes de la tutela, en sede de revisi\u00f3n puede la Corte Constitucional establecer que el fallo tiene efectos inter comunis pues no solo se ven afectados quienes instauraron la acci\u00f3n, sino todos aquellos que se encuentren en condiciones objetivas similares de vulneraci\u00f3n de los derechos. Esto ocurre en las situaciones en las que adoptar un fallo solo respecto del accionante termina atentando contra el derecho a la igualdad de otras personas, y contra el goce efectivo de los derechos de la comunidad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Sin embargo, en la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales los par\u00e1metros para estudiar la intervenci\u00f3n de los terceros son mucho m\u00e1s estrictos. En primer lugar, siguiendo el concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un inter\u00e9s leg\u00edtimo en los resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiera hecho la solicitud, pero no est\u00e1n facultados para solicitar la protecci\u00f3n de sus propios derechos, mucho menos en detrimento de los derechos de quien solicit\u00f3 el amparo, pues es la solicitud de este \u00faltimo la que le da la unidad al proceso de tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que una providencia judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que promueva una acci\u00f3n de tutela diferente y no que presente en el tr\u00e1mite de amparo de los derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad\u00bb (Resalto de la Sala) (ver en el mismo sentido, entre otras, C.C. T-1062\/10 y T-349\/12) (CSJ, STC15602-2018, 28 nov., rad. 2018-00545) (\u2026)\u201d13. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos14 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196915, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d16, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio17. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-18, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales19; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas20. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio rogado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR por improcedente la tutela solicitada por Ana Mar\u00eda Narv\u00e1ez Arcos al Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial- y la Universidad Nacional de Colombia, con ocasi\u00f3n de la \u201cconvocatoria n\u00b027 al concurso de m\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de cargos de funcionarios de la Rama Judicial\u201d. <\/p>\n
SEGUNDO: Notificar lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u201cAcuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de agosto de 201, mediante el cual se adelanta el proceso de selecci\u00f3n y se convoca al concurso de m\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura\u201d. <\/p>\n
2\u0002 \u201cPor medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos supletoria correspondiente al concurso de m\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial\u201d (se destaca). <\/p>\n
3\u0002 Resoluci\u00f3n n\u00b0CJR20-0202 de 27 de octubre de 2020, \u201cpor medio de la cual se corrige una actuaci\u00f3n administrativa en el marco de la convocatoria 27, proferida por la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura\u201d. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
5\u0002 \u201cPor medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos supletoria correspondiente al concurso de m\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial\u201d (se destaca). <\/p>\n
6\u0002 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
7\u0002 CSJ STC11177-2018 de 3 de septiembre de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
8\u0002 Resoluci\u00f3n n\u00b0CJR20-0202 de 27 de octubre de 2020, por medio de la cual se corrige una actuaci\u00f3n administrativa en el marco de la convocatoria 27, proferida por la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura\u201d. <\/p>\n
9\u0002 Resoluci\u00f3n n\u00b0CJR20-0202 de 27 de octubre de 2020, por medio de la cual se corrige una actuaci\u00f3n administrativa en el marco de la convocatoria 27, proferida por la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura\u201d. <\/p>\n
10\u0002 Resoluci\u00f3n n\u00b0CJR20-0202 de 27 de octubre de 2020, por medio de la cual se corrige una actuaci\u00f3n administrativa en el marco de la convocatoria 27, proferida por la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura\u201d. <\/p>\n
11\u0002 \u201cPor medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos supletoria correspondiente al concurso de m\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial\u201d (se destaca). <\/p>\n
12\u0002 Corte Constitucional, sentencia T-130-14 de 11 de marzo de 2014, exp. T-4.108.100 <\/p>\n
13\u0002 CSJ. STC11096-2019, de 21 de agosto de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-02516-00. <\/p>\n
14\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
15\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
16\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
17\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
18\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
19\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
20\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7933-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC7933-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-00731-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021) 1. ANTECEDENTES 1. La reclamante implora la protecci\u00f3n de su […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-55070","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55070","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55070"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55070\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55070"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55070"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55070"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}