STC7937-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7937-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2021-00179-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 25 de marzo de 2021, por la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela promovida por Robert Eduardo Mesa Ardila contra el Juzgado Sexto Penal para Adolescentes con Funci\u00f3n de Conocimiento de la citada ciudad, con ocasi\u00f3n de un auxilio similar a \u00e9ste, adelantado por el aqu\u00ed quejoso al Ej\u00e9rcito Nacional. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, salud e igualdad, entre otros, presuntamente conculcados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo, sostiene que ante el Juzgado Sexto Penal para Adolescentes con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1 impuls\u00f3 un amparo contra el Ej\u00e9rcito Nacional, asunto en el cual se emiti\u00f3 sentencia el 24 de agosto de 2020, concedi\u00e9ndose la protecci\u00f3n invocada y orden\u00e1ndosele al all\u00ed tutelado, <\/p>\n
\u201c(\u2026) realizar los ex\u00e1menes de retiro de manera rigurosa, a fin de evaluar y diagnosticar la actual situaci\u00f3n m\u00e9dica del [actor], atendiendo los par\u00e1metros legales y jurisprudenciales analizados en la parte considerativa de esta sentencia y todos los dict\u00e1menes y ex\u00e1menes aportados por el accionante para dicha valoraci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, por el desobedecimiento de la referida determinaci\u00f3n, inici\u00f3 un incidente de desacato, zanjado en prove\u00eddo de 20 de octubre de 2020, en el cual se impuso al director de sanidad de la referida entidad castrense, una sanci\u00f3n de \u201ctres (3) d\u00edas de arresto y multa de tres (3) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u201d, decisi\u00f3n confirmada por el ad quem en sede de consulta. <\/p>\n
Asevera que, \u201cante el reiterado incumplimiento\u201d del memorado fallo constitucional, el 15 de enero de 2021, present\u00f3 un nuevo incidente de desacato; no obstante, el juzgador criticado, en providencia de 18 de enero de 2021, se abstuvo de tramitarlo, teniendo en cuenta para ello \u201cunos conceptos\u201d m\u00e9dicos emitidos con anterioridad \u201c(\u2026) a la interposici\u00f3n de la tutela que ampar\u00f3 [sus] sus derechos fundamentales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Afirma que frente a esa determinaci\u00f3n interpuso apelaci\u00f3n, remedio desestimado por improcedente en auto de 27 de ese mismo mes y a\u00f1o. <\/p>\n
Aduce que con la gesti\u00f3n descrita se \u201cmodific\u00f3 completamente\u201d el sentido de la orden emitida en la otrora salvaguarda, haci\u00e9ndose m\u00e1s gravosa su situaci\u00f3n, pues nunca se practicaron los \u201cex\u00e1menes m\u00e9dicos rigurosos de retiro\u201d para establecer las condiciones reales de su verdadero estado de salud. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, tutelar sus prerrogativas supralegales. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Deneg\u00f3 el auxilio, tras advertir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l auto de 18 de enero de 2021, objeto de la censura constitucional, cuenta con una argumentaci\u00f3n que no se observa caprichosa, ilegal o arbitraria, dado que, cuenta con una fundamentaci\u00f3n ajustada a la realidad, primero, porque la orden de tutela solo dispuso \u201crealizar los ex\u00e1menes de retiro de manera rigurosa, a fin de evaluar y diagnosticar la actual situaci\u00f3n m\u00e9dica del se\u00f1or ROBERT EDUARDO MESA ARDILA\u201d, m\u00e1s no orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de determinados ex\u00e1menes espec\u00edficos como lo solicita el ciudadano accionante, cuesti\u00f3n que, en principio, ata\u00f1e a los facultativos que tiene el manejo de la situaci\u00f3n concreta del paciente. En segundo lugar, porque conforme lo indic\u00f3 el juez accionado en el prove\u00eddo cuestionado, precisamente es a trav\u00e9s de una Junta M\u00e9dica Especializada que se determina, si es necesaria la pr\u00e1ctica de conceptos o valoraciones m\u00e9dicas adicionales, pues son los profesionales que cuentan con el conocimiento cient\u00edfico espec\u00edfico para determinar los ex\u00e1menes que se requieren para evaluar el estado de salud del accionante\u201d. <\/p>\n
\u201cY, al margen de lo anterior, la acci\u00f3n de tutela se encuentra llamada al fracaso, por cuanto, con la decisi\u00f3n de no tramitar el incidente de desacato el juez no se desentendi\u00f3 de su deber de asegurar el cumplimiento del fallo, conforme lo anunci\u00f3 el auto de 27 de enero de 2021, a trav\u00e9s del que rechaz\u00f3 de plano el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto de 18 de enero de 2021, pues sobre el particular precis\u00f3 esa circunstancia y adem\u00e1s adopt\u00f3 unas medidas para lograr que la orden de tutela se cumpla (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 el censor insistiendo en sus argumentos de disenso expuestos en el libelo genitor. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Esta Corte ha destacado la estrecha vinculaci\u00f3n existente entre la fase particular del incidente y la prevista para establecer si se accede o no a la protecci\u00f3n demandada, ya que este mecanismo extraordinario y la actuaci\u00f3n incidental est\u00e1n s\u00f3lidamente unidos y son etapas de un procedimiento dirigido a la misma finalidad. <\/p>\n
En reiteradas ocasiones la Sala, al estudiar el tema, en punto a las diligencias surtidas a prop\u00f3sito de dicho incidente, ha considerado improcedente, por regla general, una nueva revisi\u00f3n de igual naturaleza. Lo anterior, por cuanto, en torno al desacato, s\u00f3lo se previ\u00f3 la consulta respecto del auto mediante el cual se imponen las sanciones del caso. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, es pertinente recordar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l incidente de desacato, per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento, no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar. De ah\u00ed la \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la tutela y su desacato, al punto que el funcionario competente para determinar si hubo o no inejecuci\u00f3n de la orden dada, sea el mismo que conoci\u00f3 del amparo. <\/p>\n
\u201cPor consiguiente, superadas esas etapas consustanciales a la acci\u00f3n de tutela, bien porque no se promovieron en tiempo los medios aludidos, ya por cuanto se interpusieron y fueron desatados por los funcionarios competentes, queda definitivamente cerrado el tema en torno a los puntos que all\u00ed comportaron debate (thema decissum), de suerte que no podr\u00edan volver aquellos sobre esa precisa controversia, menos, se itera, otros Jueces a trav\u00e9s de una nueva queja constitucional, puesto que el instrumento empleado se traducir\u00eda en un inconveniente espiral, en clara contrav\u00eda de claros postulados que edifican y salvaguardan la seguridad jur\u00eddica, pot\u00edsimo y acerado principio digno de frontal respeto y acatamiento. Obs\u00e9rvase que si hoy es pac\u00edfico que contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato) (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
2. Excepcionalmente, se abrir\u00eda paso este resguardo frente a determinaciones adoptadas en el tr\u00e1mite incidental, siempre que, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, adem\u00e1s de cumplirse con los requisitos propios de procedibilidad de este instrumento extraordinario, se demuestre la existencia de una v\u00eda de hecho, lesiva del debido proceso y originada en los llamados defectos \u201c(\u2026) sustantivo, org\u00e1nico, procedimental absoluto [y] f\u00e1ctico (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
El alto Tribunal Constitucional tambi\u00e9n ha precisado la viabilidad de este mecanismo de forma particular y respecto de actuaciones como la presente, \u201c(\u2026) cuando el juez de desacato se extralimita en sus funciones o cuando se vulnera el derecho a la defensa de las partes o se impone una sanci\u00f3n arbitraria (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
3. En este caso, revisadas las pruebas allegadas, se concluye la viabilidad de la salvaguarda solicitada frente al juzgado atacado porque con la determinaci\u00f3n de 18 de enero de 2021, proferida por su titular, se incurri\u00f3 en irregularidad que amerita la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, se observa que en esa providencia el funcionario se abstuvo de adelantar el incidente de desacato suscitado por el petente, desconociendo con ello el tr\u00e1mite legalmente establecido en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, concordante con el canon 129 del C\u00f3digo General del Proceso, pues no le era dable emitir una decisi\u00f3n de plano sobre el acatamiento del mandato tutelar, sin antes surtir el decurso previsto en las reglas se\u00f1aladas. <\/p>\n
Esta Corte, en un asunto de contornos an\u00e1logos, sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En el caso bajo examen, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn incurri\u00f3 en la irregularidad anotada, ya que en el prove\u00eddo atacado (septiembre 26 de 2014) se abstuvo de iniciar el \u00abincidente de desacato\u00bb promovido por el accionante, bajo el supuesto de que la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n acat\u00f3 el mandato impuesto, cuando esa conclusi\u00f3n deb\u00eda ser precedida del tr\u00e1mite legal que atribuye el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, en armon\u00eda con el 137 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn un caso similar la Corte expuso <\/p>\n
\u00abAs\u00ed las cosas, es evidente que el funcionario judicial accionado incurri\u00f3 en defecto procedimental y por ende en la vulneraci\u00f3n del debido proceso que se le imputa, porque ninguna norma lo autoriza para decidir de plano como lo hizo, como que el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, es di\u00e1fano al se\u00f1alar que el presunto incumplimiento de una orden proferida con base en dicho Decreto debe ser esclarecido mediante tr\u00e1mite incidental, sin que de ninguna manera pueda ser de recibo el argumento presentado como justificativo de su conducta, conforme al cual \u00abse juzg\u00f3 este procedimiento a fin de evitar tr\u00e1mites que congestionar\u00edan innecesariamente la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, porque las normas de procedimiento son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley\u00ab (CSJ, SCT 7 oct. 2013, rad. 02248-00, citada en STC14143-2014, 16 oct. Rad. 00175-01) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cPor consiguiente, en el presente caso se justifica la injerencia excepcional del juez constitucional, dadas las espec\u00edficas particularidades que ofrece, sin que ello implique, por supuesto, usurpar las funciones asignadas por la Carta Pol\u00edtica y por la ley al competente para resolver el asunto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Por lo tanto, se revocar\u00e1 lo decidido por el a quo y se otorgar\u00e1 el amparo, para lo cual se ordenar\u00e1 a la Corporaci\u00f3n accionada dejar sin efecto el auto por el que se abstuvo de iniciar el incidente y, en su lugar, lo tramite, independientemente de su resultado (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
Incluso, es tan evidente el error del juzgador fustigado que en el prove\u00eddo mediante el cual se neg\u00f3 la \u201capelaci\u00f3n\u201d incoada frente al auto de 18 de enero de 2021, evidenci\u00f3 la existencia de \u201ctres \u00f3rdenes de servicios que a\u00fan no se han materializado\u201d; por tanto, el convocado no pod\u00eda omitir el tr\u00e1mite del incidente de desacato, m\u00e1xime cuando advirti\u00f3 un cumplimiento parcial de la protecci\u00f3n inicialmente otorgada al promotor. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al juzgador denunciado le corresponde, seguir el tr\u00e1mite pertinente para dilucidar lo concerniente a la desobediencia denunciada por el solicitante, conforme lo reglamentan los art\u00edculos 127 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n impulsada por virtud del examen legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 19695 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar la prerrogativa conculcada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. Por tanto, se infirmar\u00e1 el fallo impugnado para, en su lugar, otorgar la salvaguarda pretendida. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha, naturaleza y origen anotados. En su lugar, SE CONCEDE la tutela solicitada por Robert Eduardo Mesa Ardila. <\/p>\n
En consecuencia, se le ordena al Juzgado Sexto Penal para Adolescentes con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1 que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, deje sin efecto el auto de 18 de enero de 2021, y las decisiones que de ella se desprendan, y proceda a reanudar el tr\u00e1mite procesal correspondiente, a fin de tramitar el incidente de desacato propuesto por el convocante, conforme a lo discurrido en este pronunciamiento. Por secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia del mismo. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 21 de febrero de 2003, exp. 00382. <\/p>\n
2\u0002 Corte Constitucional. Sentencia T-652 de 30 de agosto de 2010. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. STC de 26 de marzo de 2015, exp. 11001-02-04-000-2015-00221-01 <\/p>\n
5\u0002 Aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
6\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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