STC7941-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7941-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22 -13-000-2021-00213-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 26 de mayo de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la tutela que la Sociedad Hern\u00e1ndez y Pereira Abogados S.A. le instaur\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades – Intendencia Regional Cartagena, extensiva a los dem\u00e1s involucrados en la liquidaci\u00f3n de la Compa\u00f1\u00eda Promotora R & D S.A.S. en liquidaci\u00f3n (exp. 89547). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb para que se ordenara a la autoridad acusada, dejar sin efectos el \u2018traslado en lista\u2019 del proyecto de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto fijado el 9 de octubre de 2020, en el juicio de la referencia y, en consecuencia, procediera a \u00abfijarlo\u00bb nuevamente; se asegurara de cumplir el art\u00edculo 9 del Decreto 806 de 4 de junio de 2020 y garantizara el f\u00e1cil acceso de las partes a los documentos del litigio. <\/p>\n
En sustento, se\u00f1al\u00f3 que, en dicha lid, en la que funge como acreedora, el Liquidador Javier S\u00e1nchez Contreras present\u00f3 \u00abproyecto de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto\u00bb (2 oct. 2020), el cual, \u00abse fij\u00f3 en lista\u00bb sin llevar inserto el documento que lo contiene, corriendo el t\u00e9rmino entre el 9 y 19 de octubre de 2020. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que, en tal virtud, solicit\u00f3 la nulidad \u00aba partir de la fijaci\u00f3n en lista del 09 de octubre de 2020\u00bb (26 de oct. 2020), resuelta de manera desfavorable, en prove\u00eddo (27 en. 2021) que se mantuvo inc\u00f3lume luego del recurso que contra \u00e9l interpuso (11 mar. 2021). <\/p>\n
Afirm\u00f3 que en el tr\u00e1mite de esa Litis se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb, derivado del desconocimiento del art\u00edculo 9\u00ba Decreto 806\/2020 \u00abpor no haber insertado, en el traslado en lista del d\u00eda 9 de octubre de 2020 el documento que contiene el Proyecto de Graduaci\u00f3n y Calificaci\u00f3n de Cr\u00e9ditos y Derechos de Voto\u00bb y \u00abdel numeral 9\u00ba del auto de 22 de mayo de 2020, que dio apertura al presente proceso de liquidaci\u00f3n judicial, en tanto, el liquidador de la insolvente ten\u00eda la obligaci\u00f3n de aportar los documentos que le sirvieron de soporte para elaborar el proyecto antes enunciado\u00bb. <\/p>\n
2.- La Intendencia Regional de Cartagena defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, porque \u00abesa entidad ha establecido de manera muy espec\u00edfica la forma en que se deben consultar los documentos a los cuales se les corre traslado, cumpliendo cabalmente la norma establecida en el numeral 9 del Decreto 806 de 2020, simplemente se hace necesario y se le impone la carga al interesado de seguir el simple procedimiento indicado en el mismo traslado, situaci\u00f3n muy distinta a la que quiere hacer ver el accionante, ya que por negligencia o falta de consulta a tiempo de los mismos, pretende revivir los t\u00e9rminos para objetar la documentaci\u00f3n aportada dentro del presente proceso concursal conforme lo establece la Ley 1116 de 2006\u00bb. <\/p>\n
El liquidador de la empresa Promotora R & D S.A.S. dijo que el procedimiento instituido por la Superintendencia de Sociedades para la consulta de los expedientes digitales en materia jurisdiccional, es de amplio conocimiento por quienes ejercen o son partes interesadas en los procesos de insolvencia empresarial, conforme lo establecido en la Resoluci\u00f3n 100-001101 de 31\/03\/2020 y el Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
La Sociedad Sandribel INC Isabelle Irragorri Alix, en nombre propio, como albacea con representaci\u00f3n exclusiva de las acciones de la sucesi\u00f3n il\u00edquida de Ricardo Irragorri Velasco y como \u00abrepresentante\u00bb de los herederos reconocidos en aquella mortuoria, se opuso a la demanda superlativa. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El Tribunal de Cartagena desestim\u00f3 el auxilio, en tanto \u00abno se advierte que en el traslado realizado el 9 de octubre de 2020 dentro del proceso de liquidaci\u00f3n judicial de la sociedad PROMOTORA R&D S.A.S., la Intendencia Regional Cartagena de la Superintendencia de Sociedades haya incurrido en el defecto procedimental absoluto que se le endilg\u00f3 en la demanda de tutela\u00bb. <\/p>\n
Recurri\u00f3 la precursora con base en argumentos similares a los inaugurales, manifestando adem\u00e1s, que el a quo desconoci\u00f3 que, si bien \u00abel art\u00edculo 9 del decreto 806 de 2020 utiliza la palabra \u201cpodr\u00e1\u201d cuando se refiere a la inserci\u00f3n de los documentos en los traslados y por ello es potestativo\u00bb, tambi\u00e9n lo es que \u00abm\u00e1s que potestativo es alternativo frente a la posibilidad de que sea la misma parte que presenta el documento, que lo env\u00ede directamente a los interesados para que lo conozcan y se pronuncien (\u2026) el car\u00e1cter del art\u00edculo no es potestativo sino alternativo, por cuanto no es necesaria la inserci\u00f3n del documento cuando el mismo ha sido enviado por cualquier medio electr\u00f3nico a los sujetos procesales. Pero de igual forma, la interpretaci\u00f3n que hace el despacho resulta ser incompleta\u00bb, en la medida que \u00abel protocolo usado por la Intendencia Regional Cartagena para poner en conocimiento de las partes los documentos, no solo no se ajustan a los preceptos del art\u00edculo 9 mencionado, raz\u00f3n m\u00e1s que suficiente para considerarlo como un defecto procedimental\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, se\u00f1al\u00f3 que el veredicto de primer grado \u00abha debido analizar no solamente si el art\u00edculo dec\u00eda que la inserci\u00f3n es potestativa sino, si efectivamente los protocolos utilizados por la Intendencia Regional Cartagena fueron eficaces para enterar a las partes del proyecto de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto\u00bb y requiri\u00f3 que en esta instancia se efect\u00fae \u00abcontrol de legalidad al tr\u00e1mite liquidatario\u00bb, rogativa, \u00e9sta \u00faltima, que tambi\u00e9n elevaron Leticia Mercedes Moreno Chim\u00e1, Sandra Iragorri Alix e Isabel Iragorri Alix de la Compa\u00f1\u00eda Sandribel INC. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada al dossier, ab initio, se advierte el fracaso del resguardo y la confirmaci\u00f3n de lo opugnado, porque los reproches de la gestora carecen de vocaci\u00f3n de \u00e9xito, en la medida que desaprovech\u00f3 las herramientas id\u00f3neas con que contaba en el pleito confutado para discutir la presunta irregularidad de la que ahora se duele en el t\u00e9rmino \u00abde traslado en que se fij\u00f3 el proyecto de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto\u00bb, pues la \u00absolicitud de nulidad\u00bb que plante\u00f3 con dicho fin, la radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 26 de octubre de 2020, esto es, cuando ya hab\u00eda precluido la oportunidad de objetar el citado proyecto. <\/p>\n
Sobre ese t\u00f3pico, ampliamente se tiene decantado, que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria\u00bb (STC6663-2018 y STC762-2021, entre otras). <\/p>\n
Ello, en virtud, a que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u00bb (STC7966-2018, STC10541-2018 y STC762-2021). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la excusa de la compa\u00f1\u00eda accionante consistente en que no se enter\u00f3 de la resoluci\u00f3n censurada ni \u00abesperaba que el despacho vulnerara de esta forma el debido proceso\u00bb en verdad pone de relieve un descuido injustificable al admitir que no revis\u00f3 cuidadosamente el pleito, a prop\u00f3sito de lo cual se destaca que: \u00abSobre la desatenci\u00f3n de los deberes, cargas procesales y responsabilidades al interior del proceso, en casos de similares contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que \u00abno se puede dejar de lado que el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos (\u2026) ni tampoco puede perderse de vista que existe en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u00bb (STC7071-2018, reiterado en STC 2020-00119-01, 24 jul. 2020). <\/p>\n
Refuerza lo anterior, el hecho que, consultado el micrositio de la encartada en el hiperv\u00ednculo indicado en el \u00abtraslado\u00bb citado, no refleja transgresi\u00f3n ius \u2013 fundamental en forma alguna (https:\/\/servicios.supersociedades.gov.co\/barandaVirtual\/#!\/app\/dashboard), ya que, contrario a lo expuesto por la reclamante, ese canal era suficiente para garantizar el principio de publicidad de dicho acto. <\/p>\n
3.- En punto de los interlocutorios dictados por la Intendencia Regional de Cartagena, mediante los cuales deneg\u00f3 la \u00abnulidad\u00bb propuesta por la sedicente, se vislumbra que no lucen antojadizos ni caprichosos, por el contrario, obedecen, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de los c\u00e1nones que rigen la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del haz probatorio, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del infolio. <\/p>\n
Fue as\u00ed como esboz\u00f3, en el primero: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se procedi\u00f3 a verificar las radicaciones publicadas en traslado en la Baranda Virtual, llegando a la conclusi\u00f3n que estas se pueden observar claramente, que no existe complicaci\u00f3n, problema o impedimento t\u00e9cnico alguno para acceder a la informaci\u00f3n a la cual se le corri\u00f3 traslado, simplemente basta con ingresar al link que aparece en el traslado y luego ingresar el radicado 2020-07-006024, para luego proceder con la descarga del archivo .ZIP que aparece del lado derecho de la pantalla en la p\u00e1gina web. Con relaci\u00f3n a que la manifestado por el incidentante en el sentido de que \u201clos traslados deben contener el documento que se pone en conocimiento de las partes para su pronunciamiento, es decir, se requiere la posibilidad de las partes de acceder al documento desde el documento electr\u00f3nico propio de la fijaci\u00f3n en lista\u201d, el Despacho hace especial \u00e9nfasis en que todos las decisiones adoptadas por el Despacho son notificadas por la baranda virtual, en donde la decisi\u00f3n que se notifica tiene un acceso directo. As\u00ed mismo, los traslados contienen un acceso directo a la baranda virtual para revisi\u00f3n de la documentaci\u00f3n puesta en traslado de los intervinientes. Esta Entidad viene implementado el uso de la tecnolog\u00eda desde mucho antes del inicio de la emergencia econ\u00f3mica, ecol\u00f3gica y social, de manera que todos los documentos (radicaciones) pueden ser consultados a trav\u00e9s de la BARANDA VIRTUAL de la p\u00e1gina web de la Superintendencia de Sociedades de una manera sencilla. Tal y como se indica en el Traslado y lo manifestado por el doctor Pereira, ese link los lleva directamente a la Baranda Virtual, y \u00fanicamente se tiene que colocar el radicado al cual se hace referencia y le aparece el mismo sin ninguna complicaci\u00f3n, de la manera como se le indic\u00f3 y se demostr\u00f3 en las im\u00e1genes expuestas anteriormente, por lo que se le hace un llamado para que realice la debida diligencia para consultar virtualmente todas las publicaciones y las etapas del proceso concursal. As\u00ed mismo, la totalidad de los documentos a los que hace menci\u00f3n el liquidador en el proyecto de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto se encuentran en el expediente digital del proceso. <\/p>\n
En ese orden de ideas, al ser descargado el archivo .ZIP del radicado 2020-07-006024 de la Baranda Virtual, se observ\u00f3 que en dicha carpeta se encuentra el archivo identificado como AAR en formato PDF, en el cual se encuentran las notas a los estados financieros del informe de 2020 del liquidador JAVIER SANCHEZ., con un total de 6 folios, as\u00ed como tambi\u00e9n los dem\u00e1s documentos para que las partes puedan ejercer el derecho de contradicci\u00f3n en ambos traslados. Con base en lo anterior, qued\u00f3 plenamente demostrado para este Despacho, adem\u00e1s de lo manifestado por el liquidador de la concursada, que \u00e9ste actu\u00f3 conforme a la ley presentando la documentaci\u00f3n completa en el radicado 20207-006024 del 2\/10\/2020, y que los traslados fueron publicados debidamente en la Baranda Virtual y sin ninguna complicaci\u00f3n para que el p\u00fablico pudiese observar y descargar la informaci\u00f3n respectiva en los traslados para su contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y, al dirimir el recurso de reposici\u00f3n contra este, consider\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se observa manifiestamente que el legislador hace \u00e9nfasis en que \u2018\u2019DE LA MISMA FORMA PODR\u00c1N SURTIRSE LOS TRASLADOS QUE DEBAN HACERSE POR FUERA DE AUDIENCIA\u2019\u2019, es decir, que, si el Despacho as\u00ed lo estima, los traslados podr\u00e1n, definici\u00f3n de la palabra es muy distinto a fijar\u00e1n (as\u00ed se tiene que hacer) tener insertos la documentaci\u00f3n respectiva en el respectivo traslado. <\/p>\n
Ahora, el Despacho en sus traslados virtuales, ha establecido de manera muy espec\u00edfica la forma en que se deben consultar los documentos a los cuales se les corre traslado, cumpliendo cabalmente la norma establecida en el numeral 9 del Decreto 806 de 2020, simplemente se hace necesario y se le impone la carga al interesado de seguir el simple procedimiento indicado en el mismo traslado, situaci\u00f3n muy distinta a la que quiere hacer ver el recurrente, ya que por negligencia o falta de consulta a tiempo de los mismos, pretende revivir los t\u00e9rminos para objetar la documentaci\u00f3n aportada dentro del presente proceso concursal conforme lo establece la Ley 1116 de 2006 (\u2026). <\/p>\n
Cabe resaltar que esta Intendencia Regional en ning\u00fan momento ha tratado de hacer incurrir en un error judicial por desconocer la norma, como lo manifiesta el recurrente, por el contrario, se caracteriza siempre por ser garantista en su totalidad de todos los derechos de las partes dentro de los procesos adelantados, tan es as\u00ed, que esta Entidad se ha caracterizado en el pa\u00eds por la prestaci\u00f3n del servicio y el acceder de manera f\u00e1cil a la justicia de manera virtual. Desconoce el recurrente o no quiso tener en cuenta, que mediante Resoluci\u00f3n 100- 001101 de 31\/03\/2020, esta Entidad dict\u00f3 y adopt\u00f3 las medidas para garantizar la atenci\u00f3n y la prestaci\u00f3n de los servicios por parte de la Superintendencia de Sociedades, en el marco del Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica y el Aislamiento Preventivo Obligatorio (\u2026) En vista que si existe un procedimiento establecido por esta Entidad para acceder a los expedientes digitales en materia jurisdiccional, que es de amplio conocimiento para quienes ejercen o son partes interesadas en los procesos jurisdiccionales, no es necesario que la Superintendencia de Sociedades ofrezca un mejor servicio como lo manifest\u00f3 el recurrente, ya que qued\u00f3 demostrado que simplemente se necesita de la debida diligencia del interesado para realizar la consulta virtual de los procesos jurisdiccionales\u00bb. (Subraya la Sala). <\/p>\n
Ahora, que la querellante disienta de esa \u00abvaloraci\u00f3n\u00bb porque, en su opini\u00f3n, debi\u00f3 d\u00e1rsele otra interpretaci\u00f3n al art\u00edculo 9\u00ba del Decreto 806\/20, al enunciar que \u00abm\u00e1s que potestativo es alternativo frente a la posibilidad de que sea la misma parte que presenta el documento, que lo env\u00ede directamente a los interesados para que lo conozcan y se pronuncien\u00bb, no abre paso a la injerencia supralegal implorada, ya que como ha se\u00f1alado la jurisprudencia, <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC419-2021, entre otras). <\/p>\n
4.- Finalmente, escapa de la \u00f3rbita del iudex constitucional el \u00abcontrol de legalidad al tr\u00e1mite liquidatario\u00bb suplicado por la impugnante y Leticia Mercedes Moreno Chim\u00e1, el cual, no ser\u00e1 objeto de mayor pronunciamiento por la Sala porque, Moreno Chim\u00e1 se limit\u00f3 a pedirlo sin haber apelado la providencia de primer grado y, porque en las diligencias no obra prueba que permita siquiera intuir que la precursora haya elevado tales pedimentos ante la autoridad entutelada; por lo que sin haber planteado tales exigencias a la oficina competente, no es admisible que aspire le sean despachadas directamente en esta sede excepcional. <\/p>\n
5.- Como colof\u00f3n, se convalidar\u00e1 la providencia rebatida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7941-2021 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrado Ponente STC7941-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22 -13-000-2021-00213-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 26 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-55073","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55073","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55073"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55073\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55073"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55073"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55073"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}