STC7942-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7942-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-01928-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Olano Portela Rodr\u00edguez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio n\u00ba 2015-00140-02. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Actuando por conducto de apoderado judicial, el querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esencial es al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, e igualdad, supuestamente conculcadas por las autoridades convocadas, al dictar los fallos de primera y segunda instancia en el litigio n\u00ba 2015-00140. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del extenso escrito inicial, se extractan como hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del presente auxilio los siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Olano Portelo Rodr\u00edguez, adelant\u00f3 el referido proceso, contra los herederos de Nofal Antonio Portela Rodr\u00edguez, quien era su hijo y falleci\u00f3 el 10 de agosto de 2001, pretendiendo el reconocimiento de deudas por valor de $85.412.675, asunto que fue asignado por reparto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
Afirma, que ese valor corresponde a cr\u00e9ditos que se encontraban a cargo del causante, y que fueron \u00abrecogidos y pagados\u00bb por \u00e9l, precisando que el 22 de enero de 2002 la \u00abcompa\u00f1era permanente\u00bb de su hijo relacion\u00f3 dicho pasivo en la diligencia de inventarios y aval\u00faos de la sucesi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9, quien conoce de la precitada sucesi\u00f3n mediante prove\u00eddo de 12 de junio de 2013 dej\u00f3 sin valor ni efecto la diligencia de inventarios y aval\u00faos practicada el 22 de enero de 2002, resaltando que se declar\u00f3 un pasivo inventariado, sin que se hubiera aceptado expresamente por los apoderados de los herederos presentes, con incumplimiento de lo preceptuado por el art\u00edculo 600 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Primero Civil del Circuito del prenombrado lugar, el 6 de diciembre de 2019, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, y deneg\u00f3 las pretensiones invocadas en el proceso de reconocimiento de deuda promovido por Olano Portela Rodr\u00edguez contra la sucesi\u00f3n de Nofal Antonio Portela Rodr\u00edguez. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Frente a la anterior sentencia, el demandante interpuso el recurso de apelaci\u00f3n cuestionando lo relativo a la prescripci\u00f3n, argumentando que \u00ab(\u2026) ahora que los t\u00edtulos y documentos contentivos de las obligaciones dinerales a cargo de la sucesi\u00f3n de Nofal Antonio Portela est\u00e9n prescritos por el transcurso del tiempo transcurrido entre la fecha de la creaci\u00f3n (2001-2002) y la fecha de presentaci\u00f3n de esta demanda (mayo 6\/2015) como lo pretende la nueva apoderada de la compa\u00f1era del causante y la madre de las menores hijas es cuesti\u00f3n que toca con la conducta procesal de dicha parte, que ri\u00f1e contra todos los principios de la decencia, la buena fe y lealtad con la justicia y la contraparte, porque para nadie es desconocido que esos t\u00edtulos ejecutivos y\/o documentos contentivos de las obligaciones perseguidas obraron dentro del proceso de sucesi\u00f3n del causante\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3, que \u00abdesde la misma iniciaci\u00f3n de la demanda sucesoral a petici\u00f3n de la propia compa\u00f1era del causante (\u2026) desde el 31 de agosto de 2001 y su posterior inclusi\u00f3n en el pasivo de la sucesi\u00f3n cuyo inventario se realiz\u00f3 el 22 de enero de 2002 hasta el 15 de julio de 2013 cuando en el nuevo inventario y avalu\u00f3 se rechaz\u00f3 groseramente el pasivo, esto significa sin equivoco que el cobro coercitivo estuvo vigente desde el 22 de enero de 2002, fecha del primer inventario cuando se incluy\u00f3 por la propia compa\u00f1era permanente y sus menores hijas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, el 13 de enero hoga\u00f1o confirm\u00f3 en su integridad la sentencia apelada. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Inconforme con los citados fallos, el 16 de junio hoga\u00f1o, Olano Portela Rodr\u00edguez promueve el presente amparo, con id\u00e9nticos argumentos a los expuestos al interior del proceso de reconocimiento de deuda contra la sucesi\u00f3n de su hijo Nofal Antonio Portela Rodr\u00edguez. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Considera el gestor que las providencias acusadas desconocen el precedente que desarroll\u00f3 esta Corporaci\u00f3n sobre \u00abprescripci\u00f3n extintiva de la obligaci\u00f3n (\u2026) que est\u00e1 en cobro judicial y su interrupci\u00f3n durante el proceso (\u2026) en la sentencia de tutela 110010203000201701221900\u00bb. <\/p>\n
Afirma, que fue \u00abdesfasada\u00bb la conclusi\u00f3n a la que arribaron los juzgadores, puesto que \u00abes salido de la orbita jur\u00eddica y con desconocimiento de las normas procesales y sustanciales que regulan la inclusi\u00f3n del pasivo en los inventarios y aval\u00faos, la confesi\u00f3n de parte que lo relacion\u00f3 en la demanda (\u2026) como la seguridad jur\u00eddica que ello conlleva para el acreedor y la confianza leg\u00edtima (\u2026) al igual que el desconocimiento de 1\u00aa (sic) la jurisprudencia patria sobre el punto de la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sostiene, que \u00ab(\u2026) con el simple hecho de incluirse la acreencia [en el inventario de la sucesi\u00f3n] desde ese instante interrumpe el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n y la operancia de la caducidad, luego, excluido ese pasivo el 13 de junio de 2013, empieza a contarse el t\u00e9rmino de 10 a\u00f1os para promover la acci\u00f3n ordinaria a efecto de lograr el reconocimiento del valor del pasivo que fuera excluido en diligencia de inventario posterior y como quiera, que se present\u00f3 la demanda Ordinaria que origin\u00f3 esta acci\u00f3n Constitucional, el 6 de mayo de 2015 (\u2026)se encontraba dentro del t\u00e9rmino de ley para accionarla a contrario sensu de lo sostenido en la sentencia de segunda instancia de dicho proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de este particular mecanismo se deje sin valor ni efecto la sentencia de 13 de enero hoga\u00f1o proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, en virtud del proceso n\u00ba 2015-00140-02, y en su lugar, se ordene a dicha autoridad que emita una nueva providencia \u00aben el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas (\u2026) atendiendo en su conjunto las pruebas legalmente aportadas y recibidas en el curso del proceso, previo an\u00e1lisis profundo, apreciaci\u00f3n y valoraci\u00f3n en conjunto de los medios de prueba\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, manifest\u00f3 que \u00ablo que pretende el demandante es utilizar la acci\u00f3n de tutela para subsanar sus omisiones, presentando hasta ahora, argumentos que, legalmente debi\u00f3 plantearlos dentro del proceso para que los resolviese el Tribunal Superior\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Diana Raquel Mosos Echeverry, Antonio y Luciana Portela Mosos, manifestaron que la tutela se torna improcedente, toda vez que lo pretendido por el interesado es convertir este mecanismo en una instancia adicional. <\/p>\n
Relievan, que el gestor \u00abdej\u00f3 pasar el decreto de pruebas y el cierre del per\u00edodo probatorio en primera instancia sin hacer uso de los recursos pertinentes, ni solicit\u00f3 pr\u00e1ctica de pruebas en segunda instancia, de manera que no puede requerir ahora, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, el recaudo de pruebas diferentes a las que fueron legalmente decretadas y practicadas\u00bb. <\/p>\n
Agregan, que \u00abel demandante pretende imponer un concepto de suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n que nunca aleg\u00f3 en juicio, y que no tiene sustento jur\u00eddico, pues tampoco se aviene a lo normado por el art\u00edculo 2541 del C\u00f3digo Civil, como quiera que Olano Portela no demostr\u00f3 estar en alguno de los supuestos f\u00e1cticos que se\u00f1ala el art\u00edculo 2530 ibidem\u00bb. <\/p>\n
Destacan, que \u00abOlano Portela nunca se present\u00f3 como acreedor en el proceso de sucesi\u00f3n, y tampoco ejerci\u00f3 los recursos pertinentes contra la actuaci\u00f3n que dej\u00f3 sin efectos la diligencia de inventarios y aval\u00faos adelantada en 2002, y, en consecuencia, excluy\u00f3 de los pasivos las acreencias que despu\u00e9s reclam\u00f3 en el proceso 2015-00140, donde fueron proferidas las sentencias censuradas\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, aseguran que el tribunal accionado no ha vulnerado las prerrogativas que reclama el gestor. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El curador ad litem de los herederos indeterminados de Nofal Antonio Portela Rodr\u00edguez, se opuso a la prosperidad del resguardo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 transgredi\u00f3 las garant\u00edas invocadas por el convocante, al dictar, en sede de apelaci\u00f3n, la sentencia de 13 de enero de 2021, por medio de la cual confirm\u00f3 el fallo de primera instancia, que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n y neg\u00f3 las pretensiones de la demanda n\u00ba 2015-00140-02 <\/p>\n
Esto \u00faltimo, en la medida en que, si bien el reclamo involucra la providencia dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 el 6 de diciembre de 2019, fue la proferida por su superior jer\u00e1rquico funcional la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n efectuada a la queja constitucional y con observancia en la informaci\u00f3n y piezas procesales adosadas al expediente, establece la Sala que habr\u00e1 de declararse la improcedencia del auxilio por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
<\/p>\n
1. De la acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n
Observa la Corte que las discrepancias tra\u00eddas por el gestor, son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido por el demandante en el proceso de reconocimiento de deudas promovido contra la sucesi\u00f3n de Nofal Antonio Portela Rodr\u00edguez que origina el reclamo es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica a la de la autoridad accionada y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que result\u00f3 adversa a sus intereses, finalidad que es ajena a la acci\u00f3n tuitiva pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Sin embargo, al verificar la argumentaci\u00f3n expuesta por la magistratura acusada en la sentencia de 13 de enero de 2021, que confirm\u00f3 el fallo de primera instancia que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n y neg\u00f3 las pretensiones, no se observa el desafuero jur\u00eddico enrostrado por el querellante. <\/p>\n
En efecto, la motivaci\u00f3n expuesta por la autoridad judicial se ciment\u00f3 en que \u00ablos inventarios y aval\u00faos presentados por el apoderado de las herederas Antonia y Luciana Portela Mosos nunca fueron aprobados seg\u00fan se desprende de los autos que obran a los folios 291 y 275 del cuaderno #1, pues de estos inventarios solo se corri\u00f3 traslado a las partes de conformidad con el art\u00edculo 601 del c\u00f3digo de procedimiento civil hasta el 03 de mayo de 2013, y una vez fueron objetados por las partes a trav\u00e9s de apoderados incluyendo a la socia marital y a las herederas Antonia y Luciana Portela Mosos, el juzgado primero de familia el 12 de junio de 2013, dej\u00f3 sin efectos y valor la audiencia de inventarios y aval\u00faos llevada a cabo el 22 de enero de 2002, auto que dicho sea de paso, con independencia de que se comparta en su integridad, no es irrazonable, puesto que en la diligencia de inventarios y aval\u00faos realizada el 22 de enero de 2002, se declar\u00f3 un pasivo inventariado, sin que se hubiera aceptado expresamente por los apoderados de los herederos presentes, con incumplimiento de lo preceptuado por el atr\u00e1s citado art\u00edculo 600 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, expuso que \u00absin una manifestaci\u00f3n de reconocimiento de un pasivo, que hubiese perdurado en el tiempo, por ausencia de firmeza de los inventarios que nunca la obtuvo, en las cuales se inclu\u00eda un pasivo que no constaba en t\u00edtulo ejecutivo, no puede d\u00e1rsele a la manifestaci\u00f3n efectuada por el apoderado Emilio Cifuentes el 22 de enero de 2002 la connotaci\u00f3n de haber permanecido hasta el 12 de enero de 2013, pues, por el contrario solo puede tenerse a esta, como una manifestaci\u00f3n de voluntad ocurrida exclusivamente en el momento en que esta se hizo: 22 de enero de 2002, sin ninguna trascendencia en el tiempo posterior, dada la circunstancia de haber desaparecido como acto procesal de parte dentro del proceso de sucesi\u00f3n de Nofal Portela, como consecuencia del auto del 12 de junio de 2013, que dej\u00f3 sin efectos y valor la audiencia de inventarios y aval\u00faos realizada el 22 de enero de 2002, pues, por lo dicho, este acto procesal de parte dentro del proceso de sucesi\u00f3n se toma como si no hubiera existido\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3, que \u00ab[e]n suma, como acto procesal de parte lo manifestado dentro de la diligencia de inventarios y aval\u00faos realizada el 22 de enero de 2002, no tiene, ni tuvo vida jur\u00eddica, y, a lo m\u00e1ximo, lo en esta diligencia expresado por las partes, se puede considerar como una manifestaci\u00f3n individual ocurrida en un preciso momento (22 de enero de 2002), sin trascendencia en el tiempo posterior, por la declaratoria de dejar sin efecto la mentada diligencia de inventarios, pues, mem\u00f3rese como ya atr\u00e1s se explic\u00f3, el reconocimiento de una deuda que no consta en un t\u00edtulo ejecutivo al interior de un proceso de sucesi\u00f3n, es reglado; para el caso concreto dicha situaci\u00f3n est\u00e1 regulada por el art\u00edculo 600 del c\u00f3digo de procedimiento civil; y por tanto su conducencia como reconocimiento de deuda pasa por el cumplimiento de lo normado en dicho art\u00edculo, y como esto no aconteci\u00f3, se podr\u00eda afirmar inclusive que no existi\u00f3 ning\u00fan reconocimiento de deuda el 22 de enero de 2002\u00bb. <\/p>\n
Y seguidamente concluy\u00f3 que \u00ab[b]ajo [esa] l\u00ednea argumental, la data de el 22 de enero de 2002, como fecha de un posible reconocimiento de la obligaci\u00f3n a favor de Olano Portela y a cargo de Nofal Portela, es suficiente para concluir que haciendo el comparativo con la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda (6 de mayo de 2015) da como resultado la tipificaci\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva declarada por el juez de instancia a favor del patrimonio o universalidad jur\u00eddica configurada con la muerte de Nofal Antonio Portela\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo expuesto, reliev\u00f3 que \u00abal interior del proceso de sucesi\u00f3n del causante Nofal Antonio Portela el aqu\u00ed demandante no se hizo presente en calidad de acreedor con el prop\u00f3sito de hacer valer su derecho de cr\u00e9dito, siendo \u00fanicamente reconocido como tal por el apoderado judicial de algunas de las herederas, que en realidad dicho acreedor no ejerci\u00f3 su derecho de acci\u00f3n en dicho proceso. (\u2026) Adem\u00e1s de lo anterior, a pesar de que el 14 de febrero de 2006 el demandante promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva contra la sucesi\u00f3n de Nofal Antonio Portela, mediante auto del 17 de febrero de ese mismo a\u00f1o el juzgado segundo civil del circuito de Ibagu\u00e9 resolvi\u00f3 negar el mandamiento de pago solicitado, lo que de suyo resulta suficiente para afirmar que dicha acci\u00f3n no fue eficaz a efectos de interrumpir el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una determinaci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, sin que devenga procedente, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del ejercicio de la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Sobre la posibilidad de conceder el auxilio bajo esta modalidad la Corte no encuentra que se hubiere acreditado la configuraci\u00f3n de las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone denegar por improcedente el resguardo implorado puesto que esta excepcional senda constitucional no ha sido erigida como instancia adicional para reabrir debates legalmente concluidos, y porque no se acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
8 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC7942-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC7942-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-01928-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Olano Portela Rodr\u00edguez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-55074","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55074","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55074"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55074\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55074"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55074"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55074"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}