STC7943-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-01768-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Promotora S\u00e1ndalo S.A.S. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que present\u00f3 demanda de pago por consignaci\u00f3n contra Sady Elena de la Ossa Narv\u00e1ez, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena, tr\u00e1mite al que fue acumulado el proceso de resoluci\u00f3n de contrato que, por su parte, promovi\u00f3 la convocada. Una vez surtidas las respectivas etapas, el estrado dict\u00f3 fallo en el que declar\u00f3 \u00abla resoluci\u00f3n de los contratos de promesas de compraventas y la devoluci\u00f3n de los recursos pagados para la compraventa de apartamentos, pero estos recursos deb\u00edan entregarse indexados\u00bb y deneg\u00f3 el petitum del primer asunto. <\/p>\n
Apelada esa determinaci\u00f3n, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de esa ciudad la confirm\u00f3, aspecto que en su criterio es irregular, porque \u00aba pesar [de] que el despacho reconoce que la demandada no cumpli\u00f3 con sus obligaciones en el orden establecido (pago de la cuota inicial), no tuvo en cuenta que las obligaciones pactadas eran sucesivas y no simult\u00e1neas, pues afirma que mi representad[a] deb\u00eda acudir a la notaria a suscribir la escritura p\u00fablica, lo que conlleva a interpretar err\u00f3neamente los art\u00edculos 1546 y 1609 del [C]\u00f3digo [C]ivil\u00bb. <\/p>\n
En el mismo sentido, refut\u00f3 que el ad quem insistiera en que \u00abmi representada incumpli\u00f3 el contrato de promesa de compraventa, toda vez que no acudi\u00f3 a la notaria a suscribir las escrituras p\u00fablicas, olvid\u00e1ndose que se trataban de obligaciones sucesivas, en las cuales se estableci\u00f3 un orden de cumplimiento en donde primero debi\u00f3 de cumplir la parte demandada para que mi representado cumpliera con sus obligaciones\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, recalc\u00f3 que, con la decisi\u00f3n confutada, se desconocieron los precedentes de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, en los que se abord\u00f3 la tem\u00e1tica expuesta (SC9680-2015, 24 jul., SC1209-2018, 20 abr. y STC7636-2017, 1 jun.). <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3, en resumen, \u00abdeclarar que el TRIBUNAL\u2026. con la interpretaci\u00f3n defectuosa de los art\u00edculos 1546 y 1609 del C\u00f3digo [C]ivil y la falta de motivaci\u00f3n en la decisi\u00f3n, confirm\u00f3 una sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado [P]rimero [C]ivil del [C]ircuito de Cartagena, vulnerando los derechos humanos fundamentales al debido proceso, la igualdad y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y, en consecuencia, invalidar dicha determinaci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena relat\u00f3 las actuaciones del proceso. <\/p>\n
2. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n confutada expuso que \u00aben prove\u00eddo de 19 de mayo de 2021, la Sala Civil Familia, procedi\u00f3 a resolver el recurso de apelaci\u00f3n formulado por ambas partes contra la sentencia de 28 de enero de 2021, proferida por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, dentro del proceso de pago por consignaci\u00f3n promovido por la PROMOTORA SANDALO S.A.S. contra SADY ELENA DE LA OSSA NARVAEZ, as\u00ed como del acumulado de resoluci\u00f3n de contrato impetrado por SADY ELENA DE LA OSSA NARVAEZ contra PROMOTORA SANDALO S.A.S., en el que se decidi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n de primer instancia, conforme al material probatorio obrante en el proceso\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, afirm\u00f3 que \u00abcontrario a lo indicado en el escrito de tutela, tal decisi\u00f3n no resulta vulneradora de los derechos de la accionante, pues en esa oportunidad se explicaron las razones por las que la decisi\u00f3n deb\u00eda ser confirmada, comoquiera que conforme al material probatorio recopilado, las normas y jurisprudencia que gobierna el caso, se pudo concluir que existi\u00f3 un mutuo incumplimiento, pues el promitente vendedor en la primera oportunidad no asisti\u00f3 a la notaria a suscribir las escrituras p\u00fablicas y no efectu\u00f3 entrega de los bienes, como tampoco lo hizo en las oportunidades posteriores fijadas por \u00e9l mismo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso de pago por consignaci\u00f3n \u2013acumulado con el de resoluci\u00f3n contractual\u2013 (radicaci\u00f3n 2018-00066), por acceder a la pretensi\u00f3n de la contraparte de la entidad gestora, a pesar de que aquella habr\u00eda incurrido en incumplimiento primigeniamente. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
2.1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2.2. Si bien los falladores ordinarios tienen libertad discreta y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed mismo, se presenta v\u00eda de hecho cuando se omite por cuenta del fallador en su providencia, ahondar y resolver sobre aspectos esenciales de la controversia suscitada, circunstancia que a la postre representa una falta de motivaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Falta o insuficiente motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, uno de los eventos en los cuales se habilita el amparo para conjurar la afectaci\u00f3n que pueden causar los actos judiciales a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia es el proferimiento de una providencia que desconozca la obligaci\u00f3n de una \u00abdebida motivaci\u00f3n\u00bb. Sobre el tema, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las sentencias constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir, \u2018(\u2026) la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. La sentencia, como acto procesal que es, [\u2026] debe ser motivada \u2018de manera breve y precisa\u2019 \u2013pero necesariamente fundamentada-, dicha evaluaci\u00f3n debe cobijar el \u2018examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales\u2019 que sean indispensables para fundamentarla [\u2026] la funci\u00f3n del juez radica en la definici\u00f3n del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias est\u00e9n clara y completamente motivadas. La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo\u00bb (Sentencia de 22 de mayo de 2003, exp. 00526-01, citada en STC, 3 nov. 2011, exp. 02274-00, ratificada y reiterada en STC7781-2016, 13 jun. rad. 00057-01, y STC6688-2018, 23 may. 2018, rad. 00074-01). <\/p>\n
Igualmente, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que, en situaciones como esta, \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb (CSJ STC 2 mar. 2008, rad. 00384-00, reiterada entre otras en STC 16 feb. 2011, rad. 2010-445-01, y STC9162-2015, 15 jul. 2015, rad. 00281-01). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena confirm\u00f3 el fallo del a quo en ese asunto, tras precisar, entre otros aspectos, que \u00abdentro de la nueva postura de la Corte Suprema de Justicia, le es posible al contratante incumplidor de sus obligaciones promover la resoluci\u00f3n del contrato, pero sin que pueda reclamar indemnizaci\u00f3n de perjuicios\u00bb, se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, por no resolverse todos los planteamientos del recurso de apelaci\u00f3n all\u00ed propuesto. <\/p>\n
En efecto, al analizar las premisas f\u00e1cticas de la contienda y los reproches formulados por ambas partes frente a la resoluci\u00f3n de primer grado \u2013especialmente los de la entidad convocante\u2013, la Sala encartada reliev\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abDesde la perspectiva de los cargos blandidos por el extremo pasivo de la acci\u00f3n resolutoria, es necesario puntualizar, que no promovi\u00f3 acci\u00f3n del mismo linaje pretendiendo los efectos de dicha acci\u00f3n, es decir, la resoluci\u00f3n o cumplimiento del contrato con indemnizaci\u00f3n de perjuicios, limit\u00e1ndose a plantear un proceso de rendici\u00f3n de cuentas, sin haber desatado por mutuo acuerdo la relaci\u00f3n negocial conforme al art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil o por decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
Dicho proceder procesal, le restringe al fallador pronunciarse a su favor sobre los efectos derivados de la acci\u00f3n resolutoria de que trata el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, bajo el supuesto acatamiento irrestricto de sus obligaciones como promitente vendedor, tal y como lo prescribe el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Y en efecto, tal y como lo afirma el recurrente, la Corte Suprema de Justicia, desde vieja data y en reiterados fallos ha estudiado la figura de la exceptio non adimplenti contractus, prevista en el art\u00edculo 1609 del C\u00f3digo Civil, atendiendo si las obligaciones surgidas del contrato sinalagm\u00e1tico deben cumplirse en forma simult\u00e1nea, es decir, dando y dando, o, por el contrario, tienen que ser honradas en forma escalonada o sucesiva; empero, para el caso sus efectos no tienen el alcance que quiere otorgarle la opugnante, debido a que no propende por activar los efectos de la acci\u00f3n resolutoria, ya sea la resoluci\u00f3n o cumplimiento, y por otro lado, se trata de un mecanismo exceptivo que busca enervar las pretensiones, sin embargo, el fallo no desconoce que el actor en la resoluci\u00f3n incumpli\u00f3 el contrato, y por consiguiente, deniega los efectos de la mora que no son otros que i) permitir cobrar perjuicios (arts. 1610 y 1615 C.C.), ii) hace exigible la cl\u00e1usula penal (arts. 1594 y 1595 C.C.) y, iii) invierte el fen\u00f3meno de la carga del riesgo sobreviniente respecto de la cosa debida (arts. 1731 y 1733 C.C.) <\/p>\n
Dicho de manera diferente, el incumplimiento contractual del demandado amparado en la previa desatenci\u00f3n de los compromisos del actor, en la tesis de la Corte prohijada in extenso en la sentencia del 29 de noviembre de 1978, le permit\u00eda salir airoso con su excepci\u00f3n de contrato no cumplido prevista en el art\u00edculo 1609 del C\u00f3digo Civil \u201cEn los contratos bilaterales ninguno de los contratantes est\u00e1 en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos\u201d, y a la vez, frente a dicha hip\u00f3tesis, ser\u00eda quien ostentar\u00eda la legitimaci\u00f3n activa para proponer la resoluci\u00f3n del contrato, mas no su cumplimiento, que estar\u00eda reservada para el contratante acatador de sus d\u00e9bitos como lo ratific\u00f3 la Corte en un pronunciamiento posterior: <\/p>\n
\u201cEn resumen, puede deprecar la resoluci\u00f3n de un acuerdo de voluntades el contratante cumplido, entendi\u00e9ndose por tal aquel que ejecut\u00f3 las obligaciones que adquiri\u00f3, as\u00ed como el que no lo hizo justificado en la omisi\u00f3n previa de sus contendor respecto de una prestaci\u00f3n que \u00e9ste deb\u00eda acatar de manera preliminar; mientras que si de demandar la consumaci\u00f3n del pacto se trata, solo podr\u00e1 hacerlo el negociante puntual o que despleg\u00f3 todos los actos para satisfacer sus d\u00e9bitos, con independencia de que el otro extremo del pacto haya atendido o no sus compromisos, aun en el supuesto de que estos fueran anteriores\u201d. <\/p>\n
Este fue el panorama jur\u00eddico que acompa\u00f1\u00f3 el mutuo incumplimiento durante mucho tiempo, con salidas alternativas en el mutuo disenso t\u00e1cito, hasta que la Corte Suprema de Justicia, al responder viejos interrogantes que ella misma se ven\u00eda planteando sobre el estancamiento de los contratos o que el \u201ccr\u00e9dito sin acci\u00f3n no es cr\u00e9dito\u201d, modific\u00f3 la tesis para sostener: <\/p>\n
4.1.En orden de lo expuesto, es necesario puntualizar que cuando el incumplimiento del contrato sinalagm\u00e1tico provenga de una sola de las partes, la norma aplicable es el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, caso en el cual el contratante que satisfizo sus obligaciones o que procur\u00f3 la realizaci\u00f3n de las mismas, puede ejercer, en contra del otro, las acciones alternativas de resoluci\u00f3n o cumplimiento forzado que la norma prev\u00e9, en ambos supuestos con indemnizaci\u00f3n de perjuicios, acciones en frente de las que cabe plantearse, para contrarrestarlas, la excepci\u00f3n de contrato no cumplido. <\/p>\n
4.2.En la hip\u00f3tesis del incumplimiento rec\u00edproco de dichas convenciones, por ser esa una situaci\u00f3n no regulada expresamente por la ley, se impone hacer aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica del referido precepto y de los dem\u00e1s que se ocupan de los casos de incumplimiento contractual, para, con tal base, deducir, que est\u00e1 al alcance de cualquiera de los contratantes, solicitar la resoluci\u00f3n o el cumplimiento forzado del respectivo acuerdo de voluntades, pero sin que haya lugar a reclamar y. mucho menos, a reconocer, indemnizaci\u00f3n de perjuicios, quedando comprendida dentro de esta limitaci\u00f3n el cobro de la cl\u00e1usula penal, puesto que en tal supuesto, de conformidad con el mandato del art\u00edculo 1609 del C\u00f3digo Civil, ninguna de las partes del negocio jur\u00eddico se encuentra en mora y, por ende, ninguna es deudora de perjuicios, seg\u00fan las voces del art\u00edculo 1615 ib\u00eddem. La especial naturaleza de las advertidas acciones, en tanto que ellas se fundan en el rec\u00edproco incumplimiento de la convenci\u00f3n, descarta toda posibilidad de \u00e9xito para la excepci\u00f3n de contrato no cumplido, pues, se reitera, en tal supuesto, el actor siempre se habr\u00e1 sustra\u00eddo de atender sus deberes negociales (resalte fuera de texto)\u201d- <\/p>\n
As\u00ed pues, con abstracci\u00f3n de las motivaciones que llevaron a la Sala mayoritaria a cambiar de postura, lo cierto es que, en la hora de ahora, el incumplidor de sus obligaciones tambi\u00e9n est\u00e1 legitimado para promover la resoluci\u00f3n del contrato, claro est\u00e1, sin las consecuencias derivadas de la mora como en \u00faltimas lo determin\u00f3 el juez de instancia. <\/p>\n
Del mismo modo, no se pierda de vista, el promitente vendedor en la primera oportunidad no asisti\u00f3 a la notaria a suscribir las escrituras p\u00fablicas y no efectu\u00f3 entrega de los bienes, como tampoco lo hizo en las oportunidades posteriores fijadas por \u00e9l mismo, lo que estructura un mutuo incumplimiento, m\u00e1s all\u00e1 de las razones que lo llevaron a desatenderlas, que se insiste, para el caso no tiene la relevancia que le quiere conferir el recurrente, debido a que el actor, incumplidor de sus obligaciones cuenta con la potestad de deshacer el negocio sin los efectos de la mora, con lo que se pone fin al estancamiento de muchos asuntos, que como en este tendr\u00edan que apelar al mutuo disenso t\u00e1cito para solucionarlos\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
De esta manera, al dirimir la controversia, el estrado judicial convocado dej\u00f3 por fuera el estudio de la problem\u00e1tica planteada en el recurso de apelaci\u00f3n por parte de la sociedad inconforme, esto es, que \u00abel juez al dictar su fall\u00f3, declar\u00f3 el mutuo incumplimiento, sin tener en cuenta que en los contratos de promesas de compraventas las obligaciones se establecieron siguiendo un orden sucesivo, en donde primero era cancelar la cuota inicial (15 de mayo de 2015) por parte de la demandada, posteriormente el saldo (antes de la suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica y entrega) y por \u00faltimo la suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica y entrega del bien inmueble (01 de junio 2015)\u00bb y que \u00abel juez desconoci\u00f3 que en los contratos de promesas de compraventa cuando se pactan obligaciones previas a la obligaci\u00f3n de hacer principal (suscripci\u00f3n de escrituras), estas adquieren una importancia jur\u00eddica indiscutible, pues se deben de cumplir primero las previas para que se haga exigible la obligaci\u00f3n de hacer principal. (SC1209-2018 (2004-00602-02)\u00bb (f. 596 y ss., cd. tutela). <\/p>\n
Es decir, la autoridad querellada omiti\u00f3 pronunciarse de fondo sobre la naturaleza de las obligaciones contenidas en los contratos de promesa de compraventa cuya resoluci\u00f3n se reclam\u00f3 por la contraparte de la aqu\u00ed censora (si eran de cumplimiento simult\u00e1neo o sucesivo), para, de esta manera, determinar las respectivas consecuencias en uno u otro supuesto \u2013con apoyo en las probanzas adosadas a esa causa\u2013 y resolver adecuadamente los reparos formulados en relaci\u00f3n con la providencia de primer grado. <\/p>\n
4.2. Sobre el particular \u2013y por su pertinencia\u2013, esta Sala pone de relieve algunos apartes de la sentencia SC4801-2020, 7 dic., mediante la cual realiz\u00f3 precisiones sobre los presupuestos de procedencia de la acci\u00f3n resolutoria en los eventos enunciados: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 3. Seg\u00fan el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, la acci\u00f3n dirigida a obtener la resoluci\u00f3n de un contrato, as\u00ed como la que se entabla para que se ordene su ejecuci\u00f3n, exigen que el demandante haya cumplido las obligaciones a su cargo. <\/p>\n
Por consiguiente, son tres los presupuestos de la acci\u00f3n resolutoria: a) que el contrato sea v\u00e1lido, b) que el contratante que proponga la acci\u00f3n haya cumplido o allanado a cumplir las obligaciones que asumi\u00f3, y c) que el contratante demandado haya incumplido lo pactado. <\/p>\n
Entonces, como regla general y en relaci\u00f3n con los compromisos que deben ejecutar las partes de forma simult\u00e1nea, es menester, para el buen suceso del reclamo del demandante cuando se basa en el desacato de su contraparte, que aquel haya asumido una conducta acatadora de sus d\u00e9bitos, porque de lo contrario no podr\u00e1 incoar la acci\u00f3n resolutoria prevista en el aludido precepto con indemnizaci\u00f3n de perjuicios, en concordancia con la excepci\u00f3n de contrato no cumplido (exceptio non adimpleti contractus) regulada en el canon 1609 de la misma obra, a cuyo tenor ninguno de los contratantes est\u00e1 en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro por su lado no cumpla, o no se allane a cumplirlo en la forma y tiempo debidos. <\/p>\n
Recu\u00e9rdase que, como regla de principio, en trat\u00e1ndose de contratos bilaterales, el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil consagra la condici\u00f3n resolutoria t\u00e1cita, que consiste en la facultad a favor del contratante cumplido para pedir la resoluci\u00f3n o el cumplimiento del pacto fundado en la infracci\u00f3n del extremo contrario del negocio que no respet\u00f3 las obligaciones que adquiri\u00f3, en uno y otro caso, con indemnizaci\u00f3n de perjuicios. (\u2026) <\/p>\n
Ahora, en el evento de que las obligaciones asumidas por ambos extremos no sean de ejecuci\u00f3n simult\u00e1nea, sino sucesiva, se ha precisado que, al tenor del art\u00edculo 1609 del C\u00f3digo Civil, quien primero incumple autom\u00e1ticamente exime a su contrario de ejecutar la siguiente prestaci\u00f3n, porque \u00e9sta \u00faltima carece de exigibilidad en tanto la anterior no fue honrada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el contratante que primero vulner\u00f3 la alianza queda desprovisto de la acci\u00f3n resolutoria fundada en el incumplimiento \u00fanico de su contendiente, mientras que este la conserva a pesar de que tambi\u00e9n dej\u00f3 de acatar una prestaci\u00f3n, siempre que su actuar se encuentre justificado en su inexigibilidad por la previa omisi\u00f3n de aquel. <\/p>\n
Igualmente, si la pretensi\u00f3n invocada no es la resolutoria sino la de cumplimiento del pacto, quien as\u00ed lo demanda requiere haber honrado sus compromisos o haberse allanado a hacerlo, aun en el supuesto de que su contraparte no lo haya hecho previamente (\u2026)\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
Por consiguiente, en el rese\u00f1ado precedente se destac\u00f3 que \u00abpuede deprecar la resoluci\u00f3n de un acuerdo de voluntades el contratante cumplido, entendi\u00e9ndose por tal aquel que ejecut\u00f3 las obligaciones que adquiri\u00f3; as\u00ed como el que no lo hizo justificado en la omisi\u00f3n previa de su contendor respecto de una prestaci\u00f3n que \u00e9ste deb\u00eda acatar de manera preliminar; y puede demandarla en el evento de desacato rec\u00edproco y simult\u00e1neo si se funda en el desacato de todas las partes, en este evento sin solicitar perjuicios (CS SC1662 de 2019); mientras que si de demandar la consumaci\u00f3n del pacto se trata, s\u00f3lo podr\u00e1 hacerlo el negociante puntual o que despleg\u00f3 todos los actos para satisfacer sus d\u00e9bitos, con independencia de que el otro extremo del pacto haya atendido o no sus compromisos, tambi\u00e9n en el supuesto de que estos fueran anteriores\u00bb. <\/p>\n
4.3. De manera que, como preliminarmente se dijo, cuando la determinaci\u00f3n objeto de discusi\u00f3n prescinde de efectuar consideraciones relevantes se configura la trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas de los sujetos procesales. Al respecto, ha enfatizado la Corte: \u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al evidenciarse una situaci\u00f3n que es necesario corregir, en procura de salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013 y a fin de evitar una denegaci\u00f3n de justicia, se justifica la intervenci\u00f3n excepcional\u00edsima del juez de tutela. <\/p>\n
Por lo dicho, se conceder\u00e1 la protecci\u00f3n deprecada y, en consecuencia, se invalidar\u00e1 el fallo de 19 de mayo de 2021 proferido por la autoridad convocada en el asunto analizado, para que dicte la providencia judicial a que haya lugar, resolviendo los reparos puntuales contenidos en el recurso de apelaci\u00f3n formulado por la promotora, se itera, analizando especialmente si las obligaciones fueron de cumplimiento simult\u00e1neo o sucesivo, para, de esta forma, adoptar la decisi\u00f3n que corresponda, con pleno respeto de su autonom\u00eda. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con ello, esta Colegiatura considera que, con la expedici\u00f3n de la sentencia cuestionada \u2013y con observancia de los errores advertidos\u2013, se soslay\u00f3 el derecho fundamental previsto en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, por lo que se hace necesario otorgar el resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER el amparo del derecho fundamental al debido proceso de la sociedad Promotora Sandalo S.A.S. <\/p>\n
SEGUNDO: DEJAR sin valor ni efecto el fallo dictado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 19 de mayo de 2021. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la precitada corporaci\u00f3n judicial que, en el t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda a dictar la providencia a que haya lugar en dicha causa, en atenci\u00f3n a las consideraciones plasmadas en parte motiva de esta sentencia. <\/p>\n
CUARTO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, remitir las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7943-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-01768-00 (Aprobado en Sala de treinta de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Promotora S\u00e1ndalo S.A.S. contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-55075","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55075","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55075"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55075\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55075"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55075"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55075"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}