STC7946-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7946-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01960-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Luis Castellanos Joya contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2008-80054. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Relata en s\u00edntesis que, fue procesado por el delito de \u00abacceso carnal abusivo con menor de catorce a\u00f1os\u00bb, absuelto en primera instancia por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga en fallo del 6 de noviembre de 2015, decisi\u00f3n revocada por el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial con sentencia del 24 de noviembre de 2017, que le impuso una pena de 80 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Refiere que, la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en decisi\u00f3n del 20 de enero de 2021, examin\u00f3 la providencia del ad quem bajo los par\u00e1metros de la doble conformidad, resolviendo ratificar la condena en su contra. <\/p>\n
Cuestiona las anteriores determinaciones por cuanto, habr\u00edan incurrido en directo \u00abdesconocimiento del principio de congruencia, producto de una deficiente construcci\u00f3n de los hechos jur\u00eddicamente relevantes por parte de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb. Al respecto, critica que varios de los hechos que hicieron parte de la acusaci\u00f3n formal, el ente persecutor no se los inform\u00f3 en las audiencias preliminares, por ejemplo, la concreta circunstancia de que habr\u00eda tenido conocimiento, a partir de una conversaci\u00f3n con la madre de la menor v\u00edctima, de la verdadera edad de aqu\u00e9lla. As\u00ed mismo, aduce que en la acusaci\u00f3n \u00fanicamente se le endilg\u00f3 un \u00abepisodio delictivo\u00bb pese a que en la imputaci\u00f3n se referenci\u00f3 tres. <\/p>\n
Sostiene tambi\u00e9n que, la adici\u00f3n que realiz\u00f3 la fiscal\u00eda al momento de acusar formalmente \u00abno atiende el principio de progresividad (sic), tampoco logra convertir la conducta en delictiva, comoquiera que el delito consiste en el acceso carnal con una menor de 14 a\u00f1os, y no, con una menor de edad, conducta que finalmente no est\u00e1 penalizada\u00bb. <\/p>\n
En suma, destaca que, tanto el tribunal como la Sala Especializada, convalidaron el yerro que surgi\u00f3 incluso del an\u00e1lisis efectuado por el juez de primera instancia que, aunque lo absolvi\u00f3 por duda razonable y error de tipo, pas\u00f3 por alto la \u00abincongruencia\u00bb entre la imputaci\u00f3n y la acusaci\u00f3n, todo lo cual, en su sentir, constituye v\u00eda de hecho por \u00abdefecto procedimental\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se \u00ab(\u2026) decrete la nulidad del fallo emitido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Bucaramanga, y ordene su libertad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Dado el traslado de la demanda, los accionados guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron la garant\u00eda denunciada por el aqu\u00ed accionante al condenarlo por el delito de \u00abacceso carnal abusivo con menor de catorce a\u00f1os\u00bb a la pena de 80 meses de prisi\u00f3n, incurriendo con ello en v\u00eda de hecho, supuestamente, por desconocer el \u00abprincipio de congruencia\u00bb dado que, en la acusaci\u00f3n formal se incluyeron circunstancias jur\u00eddicamente relevantes que no hicieron parte de la imputaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
De la acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n
El actor, por intermedio de su apoderado, plante\u00f3 discrepancias contra las determinaciones proferidas por el juez colegiado ad quem y la Hom\u00f3loga Penal, con especial \u00e9nfasis en lo que considera una concreta omisi\u00f3n al principio de congruencia por cuanto, recalca, algunos de los hechos y circunstancias con trascendencia jur\u00eddica y determinantes para su condena, no fueron comunicados en la imputaci\u00f3n, y luego s\u00ed, incluidos en la acusaci\u00f3n, para posteriormente, convertirse en el sustento que tuvo el tribunal para infirmar el fallo absolutorio. <\/p>\n
Adem\u00e1s, sostiene que, aspectos que no hicieron parte de ninguno de los dos actos de comunicaci\u00f3n, fueron adicionados arbitrariamente por las corporaciones tuteladas. <\/p>\n
Las censuras que se\u00f1ala a las referidas providencias, las condens\u00f3 as\u00ed, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, transgredi\u00f3 el principio de congruencia f\u00e1ctica al momento de acusar al ciudadano CASTELLANOS JOYA, como quiera que, en la acusaci\u00f3n, incorpor\u00f3 un hecho nuevo que afecta el n\u00facleo esencial f\u00e1ctico, en tanto, solo hasta ese momento le inform\u00f3 que, la madre de la menor LTRF le hab\u00eda informado que no se metiera con ella porque era una menor de edad y a\u00fan cuando no se\u00f1alo que le dijera que era menor de 14 a\u00f1os, lo cierto es que El Tribunal si dedujo tal conclusi\u00f3n a partir de dicho hecho\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, agreg\u00f3 que, tambi\u00e9n existi\u00f3 yerro en la decisi\u00f3n que lo absolvi\u00f3, pues, aunque, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el Juez de primera instancia, si bien respeto el principio de congruencia en la identificaci\u00f3n de los hechos jur\u00eddicamente relevantes expuestos en la acusaci\u00f3n, mas no en la imputaci\u00f3n, transgredi\u00f3 dicho principio en su ratio decidendi al incorporar un hecho (El conocimiento de que la menor ten\u00eda menos de 14 a\u00f1os) y efectuar valoraci\u00f3n probatoria sobre su demostraci\u00f3n o no, lo que al final le permiti\u00f3 construir duda razonable y error de tipo sobre este elemento del Dolo\u00bb. <\/p>\n
En el mismo sentido, recrimina del tribunal que, \u00ab(\u2026) transgredi\u00f3 desde el inicio de su decisi\u00f3n el principio de congruencia, al incorporar hechos jur\u00eddicamente relevantes y hechos indicadores que, no fueron comunicados en las audiencias de imputaci\u00f3n y acusaci\u00f3n, as\u00ed como tampoco, en los hechos identificados por el Juez de primera instancia, y que fueron estos (hechos nuevos) los que le sirvieron para revocar la sentencia absolutoria, como quiera que, afirm\u00f3, sin ser cierto, que unos de los hechos eran que, la madre de la menor LTRF le hab\u00eda dicho al hoy CONDENADO que \u00e9sta ten\u00eda 12 a\u00f1os; o que hab\u00eda sostenido relaciones sexuales dos d\u00edas despu\u00e9s de haber cumplido 13 a\u00f1os; o que hab\u00edan sido vecinos por m\u00e1s de un a\u00f1o, entre otros. <\/p>\n
(\u2026) la Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Bucaramanga, es contraria a la Constituci\u00f3n Nacional, a los tratados internacional y al ordenamiento interno. Dedujo la existencia de hechos indicadores y jur\u00eddicamente relevantes del debate probatorio, sin que, esa deducci\u00f3n tenga soporte o sustento en el acto de imputaci\u00f3n y acusaci\u00f3n, que a voces de los art\u00edculos 288, 336, 337 son lo que determinan el principio de congruencia presente en el art\u00edculo 448 de la L. 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, expuso que la Sala de Casaci\u00f3n Penal recab\u00f3 en los mismos errores, y explic\u00f3 que, <\/p>\n
Y complement\u00f3 precisando que, \u00ab(\u2026) la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, desde el mismo momento en que dio inicio al examen de legalidad del fallo de segunda instancia, tuvo la posibilidad de conocer que, entre el argumento ofrecido por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en su teor\u00eda del Caso y aquellos hechos que le hab\u00edan sido comunicados tanto en la imputaci\u00f3n como en la acusaci\u00f3n por parte del ente acusador, exist\u00eda una enorme distancia, sin embargo, [\u2026] no repar\u00f3 en ello, y si por el contrario, se apoy\u00f3 en los mismos, perpetuando de esta forma la transgresi\u00f3n del debido proceso y el principio de congruencia. (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Sin embargo, n\u00f3tese, que alegatos as\u00ed formulados son incompatibles con este auxilio, pues son clara evidencia que el actor pretende anteponer su propia comprensi\u00f3n a la de los funcionarios accionados y atacar, por esta senda, decisiones que le fueron desfavorables, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que, dada su naturaleza excepcional no fue establecido para erigirse como una instancia m\u00e1s o paralela del juicio ordinario. <\/p>\n
Adem\u00e1s, incumbe a quien ejercite la acci\u00f3n de amparo contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir, por ejemplo, la valoraci\u00f3n probatoria o aplicaci\u00f3n de una normativa espec\u00edfica, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n caprichosa, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando el labor\u00edo del fallador, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Ahora, si bien el mandatario del actor se\u00f1ala los \u00abyerros\u00bb que en su sentir cometieron las autoridades tuteladas al momento del ejercicio deductivo y de hermen\u00e9utica legal dentro del contexto procesal discutido, as\u00ed como los \u00abdefectos\u00bb que enrostra a las decisiones que aqu\u00e9llas adoptaron, observa la Corte que lo que hace es insistir en puntos agotados y resueltos en cada uno de los escenarios procesales en cuesti\u00f3n y, sus argumentos as\u00ed expuestos, en realidad constituyen un nuevo recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Acorde con ello, la intenci\u00f3n del querellante es que su personal apreciaci\u00f3n sobre lo sucedido en el juicio penal y la forma en que debieron valorarse cada uno de los elementos de conocimiento arrimados y practicados en \u00e9l, prevalezca, a\u00fan despu\u00e9s de superadas todas las etapas procesales, lo cual implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una revisi\u00f3n de instancia, en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
Entonces, la diferencia criterio acerca de la forma en la que fue apreciado el contexto procesal, no es suficiente per se para habilitar la salvaguarda constitucional, puesto que, como lo ha dicho con suficiencia la Sala, \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, de manera uniforme se ha puntualizado que, \u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC16240-2015, STC16948-2015, STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Finalmente, cabe se\u00f1alar que con insistencia esta la Corte ha precisado que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Lo pretendido por el accionante resulta improcedente, toda vez que desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional frente a providencias judiciales, ya que lo que persigue es imponer una determinada tesis sustituyendo al fallador de la causa, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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