STC7948-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7948-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01981-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Martha Lucette Guar\u00edn Pulecio contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el declarativo n\u00ba 2018-00510. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, el cual estima trasgredido con la sentencia de 23 de abril de 2021, mediante el cual la magistratura accionada confirm\u00f3 la estimatoria de primer grado proferida en un juicio de restituci\u00f3n de inmueble dado en leasing formulado en su contra, seg\u00fan dice, omitiendo valorar las pruebas documentales aportadas, con las cuales se evidenciaba que el cr\u00e9dito hab\u00eda sido totalmente satisfecho. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efecto la fustigada providencia y que, en su lugar, se desestime la demanda. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 hizo un breve recuento de lo acontecido en el juicio que incumbe a esta actuaci\u00f3n y recalc\u00f3 que, en cuanto ata\u00f1e a lo actuado en ese Despacho, no se trasgredi\u00f3 ninguna garant\u00eda fundamental de los involucrados. <\/p>\n
2. La mandataria judicial del actor del juicio de restituci\u00f3n que aqu\u00ed interesa pidi\u00f3 desestimar la salvaguarda tras se\u00f1alar que la fustigada providencia no involucra v\u00eda de hecho alguna. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la corporaci\u00f3n convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda invocada en el escrito introductor, al confirmar la prosperidad de la demanda de restituci\u00f3n de inmueble formulada en contra de quien aqu\u00ed acciona. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la encartada confirm\u00f3 el \u00e9xito de la demanda declarativa promovida en contra de la hoy accionante, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que tal providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, la fustigada magistratura inici\u00f3 recordando que \u00abEl presente proceso de restituci\u00f3n se adelant\u00f3 con causa en el incumplimiento de la locataria en el pago de las prestaciones peri\u00f3dicas que se acordaron en el contrato de leasing celebrado entre las partes, por medio del cual se financi\u00f3 a favor de la demandada el apartamento 404 ubicado en la Calle 92 No. 20-50 de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, puntualiz\u00f3 que, \u00abel \u00e9xito de la oposici\u00f3n que formul\u00f3 la demandada, y de paso el de su impugnaci\u00f3n, estaba supeditado a que hubiera demostrado, con absoluta precisi\u00f3n, que antes de la presentaci\u00f3n de la demanda estaban satisfechas en su totalidad el valor de la todas las rentas estipuladas en el contrato de leasing, adem\u00e1s del ejercicio de la opci\u00f3n de compra, atendiendo las modificaciones que al efecto se hicieron en los dos otro s\u00ed que fueron adosados con el escrito inicial, siendo en la accionada en quien reca\u00eda, en principio, la carga de la prueba, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 167 del CGP. Con ese objetivo, se cuestiona que la juez no le otorg\u00f3 el debido m\u00e9rito demostrativo a los elementos de juicio que fueron acompa\u00f1ados con los argumentos de las excepciones, a saber: la providencia de terminaci\u00f3n que se profiri\u00f3 en el otrora proceso de restituci\u00f3n que se adelant\u00f3 entre las partes y con sustento en el mismo contrato de leasing; el llamado \u2018pantallazo\u2019 que la demandada tom\u00f3 de uno de los computadores de la entidad financiera; como la certificaci\u00f3n que expidi\u00f3 el hoy Ita\u00fa Corpbanca Colombia S.A. el 14 de septiembre de 2016 y que seg\u00fan la apelante corresponde a un paz y salvo de las obligaciones contenidas en el convenio\u00bb. <\/p>\n
Luego, manifest\u00f3 que \u00abes conocido por los extremos del diferendo, y sobre el punto no existe ninguna discusi\u00f3n, que ante el mismo juzgado se tramit\u00f3 en pret\u00e9rita oportunidad y con la participaci\u00f3n de los mismos contendientes aqu\u00ed enfrentados, proceso de restituci\u00f3n con soporte en el contrato de leasing No. 108009 (radicado 11001310303020160032200), litigio que termin\u00f3 mediante auto de 9 de noviembre de 2016 en el que expresamente se dijo que la culminaci\u00f3n ten\u00eda sustento en la manifestaci\u00f3n de las partes y con \u2018ocasi\u00f3n del cumplimiento por parte de los demandados del contrato leasing (arrendamiento financiero) pagando la totalidad de los c\u00e1nones adeudados y ejerciendo y pagando la opci\u00f3n de compra\u00bb. <\/p>\n
Sobre ese particular, agreg\u00f3 que, \u00abNo obstante, sucede que el querer de los involucrados no fue concluir la controversia con soporte en un supuesto pago de todas las obligaciones contra\u00eddas por Martha Lucette Guar\u00edn Pulecio, pues si se observa con detenimiento el memorial presentado ante el estrado judicial, el motivo que se adujo fue la normalizaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n hasta el mes de septiembre de 2016. As\u00ed lo defini\u00f3 el a-quo con apoyo en la prueba trasladada, y sobre este espec\u00edfico punto no se formul\u00f3 reparo alguno en la apelaci\u00f3n\u00bb. Y con base en ello, coligi\u00f3 que \u00abel equ\u00edvoco, o la \u2018imprecisi\u00f3n\u2019, como se catalog\u00f3 en la sentencia impugnada, no podr\u00eda constituir el fundamento medular para soportar la \u00edntegra satisfacci\u00f3n de los d\u00e9bitos contractuales, comoquiera que el contenido del auto de terminaci\u00f3n configur\u00f3 un defecto f\u00e1ctico (error de valoraci\u00f3n) que se opone a la buena fe (art. 768 C.C.), De modo que la demandada era consciente de que aquella controversia no finalizaba porque hubiera cancelado anticipadamente la totalidad del importe contenido en las rentas peri\u00f3dicas; tal circunstancia, como se dijo, obedeci\u00f3 a la normalizaci\u00f3n de la mora, y por tanto, lo que se hubiera dicho en el prove\u00eddo de terminaci\u00f3n del anterior proceso no ataba a las partes ni pod\u00eda imponerse con m\u00e1s vigor que la realidad sustancial sobrevenida ante el incumplimiento con el pago de los c\u00e1nones\u00bb. <\/p>\n
Memor\u00f3 tambi\u00e9n que \u00abSe reprocha que la declaraci\u00f3n del abogado que represent\u00f3 al banco fue la \u2018prueba reina\u2019 para acceder a las pretensiones, que se est\u00e1 reviviendo un proceso legalmente terminado y que la apelante tramit\u00f3 verbalmente ante la jefe de cartera del banco una solicitud de condonaci\u00f3n de capital e intereses. Sin embargo, en el caso en estudio no se est\u00e1 retomando el litigio que ya concluy\u00f3, tan s\u00f3lo se verificaron las vicisitudes y pormenores que rodearon su finalizaci\u00f3n, situaci\u00f3n que en l\u00ednea de principio podr\u00eda irradiar efectos frente a este proceso, comoquiera que el soporte de las pretensiones fue el mismo contrato de leasing, el pleito comprendi\u00f3 a las mismas partes y la otrora actuaci\u00f3n fue aducida por la apelante como prueba del pago de la totalidad del valor estipulado en el negocio de arrendamiento financiero, de suerte que era pertinente y necesario efectuar un an\u00e1lisis al respecto para desentra\u00f1ar si las palabras utilizadas en el prove\u00eddo que termin\u00f3 el inicial proceso respetaron la voluntad de las partes en su momento, lo cual no sucedi\u00f3. La declaraci\u00f3n del abogado tampoco constituy\u00f3 la prueba soporte de la decisi\u00f3n cuestionada. Inclusive en la sentencia en ning\u00fan aparte se hace alusi\u00f3n al testimonio de dicha persona. En lo que hace a una solicitud verbal sobre una supuesta solicitud de perd\u00f3n de capital e intereses, tal manifestaci\u00f3n no fue expuesta al momento de formular las excepciones; es un argumento nuevo tra\u00eddo al proceso despu\u00e9s de la oportunidad procesal para sustentar la defensa, por lo cual al respecto no pudo haber debate sin que sea dado sorprender a la contraparte con planteamientos que no fueron materia de disputa. Con todo, ese hecho, esto es, que la demandada se acerc\u00f3 a las oficinas del banco y habl\u00f3 con la jefe de cartera de la entidad financiera, es una circunstancia que no est\u00e1 acreditada y tan s\u00f3lo fue propuesta en la censura. Por lo dem\u00e1s, es muy de notar que al absolver el interrogatorio de parte Martha Lucette Guar\u00edn Pulecio no esboz\u00f3 tal situaci\u00f3n, de all\u00ed que es un supuesto que no est\u00e1 corroborado en el sub judice\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, emprendi\u00f3 la valoraci\u00f3n de la prueba documental en que la opositora finc\u00f3 su excepci\u00f3n de pago y, al respecto, precis\u00f3 que \u00abEn cuanto al documento que se ha llamado \u2018pantallazo\u2019 y que presenta un estado de cuenta en ceros, como a la certificaci\u00f3n expedida por el banco el 14 de septiembre de 2016, la juez de primera instancia, sin m\u00e1s, les rest\u00f3 valor demostrativo con apoy\u00f3 en la explicaci\u00f3n que en el interrogatorio de parte ofreci\u00f3 la representante legal de Ita\u00fa Corpbanca Colombia S.A., quien indic\u00f3 que se debi\u00f3 a un error operativo y no corresponden a la realidad crediticia de ese momento, valoraci\u00f3n del a quo que para la Sala luce superficial puesto que la respuesta se soport\u00f3 en la simple afirmaci\u00f3n de la actora. Sin embargo, el contenido de tales pruebas no tiene m\u00e9rito para revocar la sentencia impugnada\u2026\u00bb. <\/p>\n
Para soportar esa afirmaci\u00f3n, recalc\u00f3 en primer lugar que \u00abSeg\u00fan el contrato de leasing habitacional destinado a la adquisici\u00f3n del apartamento 404 ubicado en la Calle 92 No. 20-50 de Bogot\u00e1, en los t\u00e9rminos iniciales la locataria se oblig\u00f3 a satisfacer la suma de $350.000.000, mediante el pago de 96 rentas mensuales de $5.326.738 \u2013 valor que tra\u00eda inmerso un componente de intereses-, todo en el per\u00edodo comprendido entre el 29 de enero de 2012 y el 29 de diciembre de 2019. Posteriormente el 16 de mayo de 2013 se firm\u00f3 un otro s\u00ed, alterando el valor de la renta mensual reduci\u00e9ndola a $3.440.000, pero se aument\u00f3 el n\u00famero de canones a 247 mensualidades. Por \u00faltimo, el 14 de enero de 2015 se suscribi\u00f3 una nueva modificaci\u00f3n negocial \u2013refinanciaci\u00f3n-, en la que se otorg\u00f3 a la locataria un tiempo de gracia de 12 meses y \u00e9sta se comprometi\u00f3 a cancelar todo el importe del contrato en un solo pago por $351.817.021, el cual deb\u00eda cumplir el 29 de enero de 2016. La menci\u00f3n de las estipulaciones hace que la Sala no tenga dudas sobre los extremos temporales de la relaci\u00f3n contractual pero, sobre todo, refleja de manera fidedigna el querer de los contratantes sobre el particular As\u00ed, entonces, se sigue que con el \u00faltimo otro s\u00ed y que fue avalado por la demandada con la firma impuesta, reconoci\u00f3 que para enero de 2015 deb\u00eda $351.817.021, de suerte que para el \u00e9xito de las excepciones y que se soportaron en un aparente pago de toda la obligaci\u00f3n derivada del leasing, la locataria ten\u00eda la carga de probar que cancel\u00f3 esa suma el 29 de enero de 2016 \u2013plazo del otro s\u00ed-, o cuando menos entre \u00e9sta data y el momento de la presentaci\u00f3n de la demanda -24 de agosto de 2018- 5 , pero al proceso no se trajeron soportes que dieran cuenta de que se satisfizo el rubro en menci\u00f3n. Al efecto, v\u00e9ase que en el interrogatorio de parte que rindi\u00f3 Martha Lucette Guar\u00edn Pulecio, cuando se le indag\u00f3 sobre la forma como honr\u00f3 sus obligaciones, se limit\u00f3 a decir, abstractamente, que hubo soluciones por alrededor de $600.000.000 de forma: presencial, mediante debido autom\u00e1tico de una cuenta Afc y otros por descuento autom\u00e1tico de otras cuentas; y adem\u00e1s, que vendi\u00f3 un apartamento para sanear la deuda; mas sin embargo, no aport\u00f3 al plenario medios de juicio que dieran cuenta de la forma en que seg\u00fan su dicho cancel\u00f3 el referido valor de $351.817.021 que estaba pendiente de satisfacer el 29 de enero de 2016\u00bb. <\/p>\n
En la misma direcci\u00f3n, adicion\u00f3 que \u00abNo est\u00e1 dem\u00e1s advertir que para atender obligaciones por una suma de tal magnitud, se impone a quien hace los abonos el detalle pormenorizado y preciso de la forma en que se efectuaron \u2013adjuntarse los comprobantes de pago, las certificaciones de los mentados descuentos de productos bancarios, o la prueba de la supuesta venta de otro inmueble6 , pues no en vano la l\u00f3gica en el manejo de los negocios y el ejercicio de una debida precauci\u00f3n exige a quien gestiona una transacci\u00f3n de gran importe el dejar, cuando menos, alg\u00fan vestigio de su realizaci\u00f3n. A lo expuesto debe adicionarse que, en la certificaci\u00f3n de 14 de septiembre de 2016, en parte alguna la entidad financiera est\u00e1 reconociendo la existencia de pagos, y tampoco corresponde a un paz y salvo como reiteradamente se propone en la apelaci\u00f3n; lo que en ese documento se menciona es que \u2018la se\u00f1ora Martha Lucette Guar\u00edn Pulecio\u2026 estuvo vinculada a nuestra entidad financiera a trav\u00e9s del producto Leasing Habitacional Nro. 108009-2 el cual se encuentra en estado terminado\u2019, pero la prueba es ambigua, puesto que no expone el por qu\u00e9 se daba la presunta terminaci\u00f3n del v\u00ednculo jur\u00eddico, v. gr., por el pago antelado de la obligaci\u00f3n o una eventual restructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n \u2013que se patentiz\u00f3 a trav\u00e9s de la firma del segundo otro s\u00ed-\u00bb. <\/p>\n
En raz\u00f3n de esto \u00faltimo, concluy\u00f3 que \u00abtal constancia, que se repite no da cuenta de la soluci\u00f3n puntual de sumas determinadas de dinero por parte de la locataria, constituye un elemento de prueba que sometido a valoraci\u00f3n contextual no da certeza del fin perseguido en la impugnaci\u00f3n, medio probatorio que por dem\u00e1s es susceptible de ser infirmado, habida consideraci\u00f3n que las presunciones legales, y a\u00fan la propia confesi\u00f3n de parte puede ser desvirtuada, pues ninguna prueba ingresa al contradictorio \u201c\u2026en arca sellada para siempre, y adquiera la categor\u00eda de verdad inexpugnable, de tal suerte que sobre ella no se pueda volver la mirada\u2026porque hay que convenir que…es principio admitido ahora que la confesi\u00f3n es infirmable, seg\u00fan expresi\u00f3n paladina, en cuanto a nuestro ordenamiento respecta\u201d. Con lo dicho se convalida la postura de la representante legal del banco, para quien la expedici\u00f3n de tal documento obedeci\u00f3 a un yerro operativo, puesto que aunque en su momento se certific\u00f3 sobre la terminaci\u00f3n del contrato de leasing, estima el Tribunal que del an\u00e1lisis en conjunto de las pruebas, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica (art. 176 Cgp), no se evidencia que la locataria haya cumplido con el pago del importe total del negocio jur\u00eddico, en los puntuales t\u00e9rminos que qued\u00f3 refinanciado una vez se convalid\u00f3 por las partes el otro s\u00ed de 14 de enero de 2015. Y es que no debe olvidarse que quien alega el pago, se encuentra con la carga de demostrar con la certidumbre que el caso requiere las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que lo realiz\u00f3, condiciones que distan por mucho de estar presentes en el sub lite\u00bb. <\/p>\n
En lo referente a la segunda prueba documental en cuya valoraci\u00f3n hab\u00eda insistido la apelante, el tribunal enfatiz\u00f3 que, \u00abde forma marginal, y en lo que toca con el \u2018pantallazo\u2019, al presentar las excepciones se manifest\u00f3 que fue tomado el 8 de septiembre de 2016 mediante una fotograf\u00eda a los computadores del banco, pero adicional a la forma en que seg\u00fan se dice se obtuvo ese medio de juicio, no hay certeza de que en verdad correspondiera a una gr\u00e1fica del estado de cuenta de la entidad financiera, porque no se logr\u00f3 determinar: (i) en qu\u00e9 oficina de Ita\u00fa Corpbanca Colombia S.A., fue tomada la fotograf\u00eda; (ii) no se especific\u00f3 la persona que supuestamente ten\u00eda asignado el computador y fuera quien autoriz\u00f3 la misma; y (iii) no se tiene certeza de la data en que fue creado el elemento demostrativo, a m\u00e1s que siendo representativo, en materia contable la prueba no ser\u00eda la foto en s\u00ed misma sino el documento captado, sin que al respecto sea suficiente la versi\u00f3n de la apelante\u00bb. <\/p>\n
Reliev\u00f3 que a lo anterior se suma que \u00abTampoco se conoce el autor o persona que seg\u00fan la pasiva plasm\u00f3 en el documento virtual que se fotografi\u00f3 la informaci\u00f3n sobre un estado de cuenta en ceros9 , o si correspond\u00eda a un programa contable de la actora, lo que le resta todo efecto probatorio, puesto que no se sabe a ciencia cierta si el an\u00e1lisis all\u00ed impuesto fue elaborado por la demandante (Art. 244 Cgp). Al respecto, no debe olvidarse que la eficacia de un documento estriba, en principio, de la posibilidad de conocer con certeza qui\u00e9n es su autor y es a partir de esa convicci\u00f3n, que se abre la posibilidad de entrar a apreciar su contenido conforme a las reglas de valoraci\u00f3n probatoria y la sana cr\u00edtica previstas en las normas procesales\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, concluy\u00f3 su argumentaci\u00f3n asentando que \u00abfrente a la extinci\u00f3n de las obligaciones bajo la figura de la remisi\u00f3n t\u00e1cita (art\u00edculo 1713 C.C), se presenta cuando hay entrega voluntaria del t\u00edtulo por parte del acreedor a su deudor, o lo destruye o cancela con el objetivo de aniquilar la deuda, supuesto que no concurre en el proceso, toda vez que el contrato de leasing y sus adiciones se incorporaron al proceso como prueba de la vigencia del mismo y como sustento del invocado incumplimiento en el pago de las rentas por parte de la locataria; ante todo, un eventual perd\u00f3n por el acreedor no se aleg\u00f3 al contestar la demanda. Por dem\u00e1s, luce contradictorio que se proponga que se atendi\u00f3 por parte del banco una supuesta petici\u00f3n verbal de condonaci\u00f3n de capital e intereses, pero a la vez se exponga f\u00e9rreamente que la demandada satisfizo todos sus deberes contractuales\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una simple resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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STC7948-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC7948-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01981-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de junio de dos mil veintiuno) Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Martha Lucette Guar\u00edn Pulecio contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-55077","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55077","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55077"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55077\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55077"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55077"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55077"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}