STC7958-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00491-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 6 de abril de 2021, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Alicia Marciana de la Ossa Vesga contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de la Corte Suprema de Justicia, su hom\u00f3loga del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de la misma localidad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado por las autoridades convocadas en el marco del juicio laboral que adelant\u00f3 (SL3326-2020, rad. 75464). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que solicit\u00f3 la sustituci\u00f3n pensional de su fallecido compa\u00f1ero permanente ante Ecopetrol S.A., quien neg\u00f3 el pedimento porque dicha prestaci\u00f3n tambi\u00e9n la reclam\u00f3 Gladys Morales N\u00fa\u00f1ez; raz\u00f3n por la cual present\u00f3 demanda con la misma pretensi\u00f3n, pero en las instancias se desestim\u00f3 el petitum, aspecto que fue ratificado por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, a pesar de que \u00aba partir del d\u00eda de fallecimiento de ALVARO ANTONIO MANJARRES NAVARRO, esto es 15 de octubre de 2007, \u2026aparte de la pena por la muerte de su compa\u00f1ero de vida, ha quedado desprovista de servicios m\u00e9dicos y de los medios propios de subsistencia m\u00ednimos, pues\u2026depend\u00eda no solo afectiva, sino econ\u00f3micamente de ALVARO ANTONIO MANJARRES NAVARRO\u00bb y \u00abno existe persona diferente a la parte accionante, con mejor o igual derecho para obtener el reconocimiento de la sustituci\u00f3n pensional\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3 \u00abdejar sin efectos o invalidar la sentencia de primera instancia proferida el 08 de marzo de 2016 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga, sentencia de segunda instancia proferida el 17 de mayo de 2016 por el Tribunal Superior de Bucaramanga \u2013 Sala Laboral y la Sentencia de Casaci\u00f3n proferida el 01 de septiembre de 2020 por la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Laboral dentro del Proceso Ordinario Laboral contra ECOPETROL identificado bajo el radicado 2013-00504\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La apoderada general de Ecopetrol S.A. manifest\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n judicial que se pretende invalidar, goza de plena validez, toda vez que fue expedida conforme a la normatividad procesal y sustancial aplicable al caso. Entonces, mal podr\u00eda se\u00f1alarse como al parecer lo hace [la actora], que la sentencia viol\u00f3 sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga se limit\u00f3 a relatar las actuaciones del proceso. <\/p>\n
3. Miguel \u00c1ngel M\u00e1rquez Serrano adujo que \u00abse trata de presuntos actos realizados por terceros totalmente ajenos a mi representada y de los cuales no se tuvo participaci\u00f3n, nos atenemos a lo probado ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral\u00bb. <\/p>\n
4. El Procurador 29 Judicial II para Asuntos Laborales (E) asever\u00f3 que \u00ablejos de constituir una decisi\u00f3n caprichosa o arbitraria, la sentencia del 1 de septiembre de 2020 expone el an\u00e1lisis f\u00e1ctico, jur\u00eddico y probatorio del caso, apoy\u00e1ndose en los precedentes judiciales aplicables, particularmente del Consejo de Estado, en los que se examinaron los art\u00edculos 6 y 7 del decreto 1160 de 1989 (sentencia CE SCA, 12 oct. 2006, rad. 803-99 de la Secci\u00f3n Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado), y de la propia Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte (CSJ SL1029- 2019 y SL2747-2019), referentes a los requisitos para la sustituci\u00f3n pensional seg\u00fan el decreto 1160, abord\u00e1ndose en estas \u00faltimas decisiones la necesidad de demostrar la convivencia con el causante durante el \u00faltimo a\u00f1o de vida\u00bb. <\/p>\n
5. Un magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n explic\u00f3 que \u00abse resolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante, ci\u00f1\u00e9ndose a los argumentos planteados en el \u00fanico cargo formulado, y con sujeci\u00f3n a las reglas propias de este medio de impugnaci\u00f3n extraordinario. Por si fuera poco, el \u00fanico argumento identificable en la demanda de tutela consiste en el desconocimiento de una supuesta presunci\u00f3n de derecho contenida en el art\u00edculo 13 del Decreto 1160 de 1989, aserto que ni siquiera fue esgrimido en la demanda de casaci\u00f3n, como para que fuera examinado en la oportunidad legal\u00bb. <\/p>\n
En todo caso, enfatiz\u00f3 que \u00abnos remitimos a las consideraciones plasmadas en la providencia CSJ SL3326- 2020, pues all\u00ed se resolvi\u00f3 el problema jur\u00eddico planteado a la luz de la ley y la jurisprudencia, y la Sala se atuvo al precedente de esta Corporaci\u00f3n vertido en las sentencias CSJ SL1029-2019 y CSJ SL2747-2019, y al plasmado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la sentencia CE SCA, 12 oct. 2006, rad. 803-99, en estricto acatamiento de la Constituci\u00f3n y la ley\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el amparo porque \u00abla hermen\u00e9utica jur\u00eddica empleada por la accionada no resulta contraria al ordenamiento que gobierna la materia. Contrario a ello, la Sala especializada advirti\u00f3 que el Tribunal al exigir la prueba de la vida marital con el causante en el \u00faltimo a\u00f1o de vida de este, para que la compa\u00f1era permanente pudiera ser beneficiaria de la sustituci\u00f3n pensional, lo que hizo fue dar cabal aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 12 del Decreto 1160 de 1989, intelecci\u00f3n que consulta el contenido de la preceptiva citada\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El mandatario judicial de la censora recurri\u00f3 la precitada sentencia reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00ab ALICIA MARCIANA DE LA OSSA se encontraba amparada por el medio de prueba y con la presunci\u00f3n de derecho establecida en el Art. 13 Decreto 1160 de 1989, pues desde su inscripci\u00f3n por parte de ALVARO ANTONIO MANJARRES NAVARRO ante ECOPETROL S.A. (como entidad de previsi\u00f3n social o patronal) goz\u00f3 como beneficiaria de los servicios m\u00e9dicos hasta el 15 de octubre de 2007, fecha en la que falleci\u00f3 el causante, y por ende, queda acreditada su condici\u00f3n de compa\u00f1era permanente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 la gestora (SL3326-2020, rad. 75464), por no casar el fallo desestimatorio del tribunal ad quem, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de esta Corporaci\u00f3n mantuvo inc\u00f3lume la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal ad quem, tras precisar, entre otros aspectos, que \u00abninguna transgresi\u00f3n normativa cometi\u00f3 el Tribunal al confirmar la decisi\u00f3n absolutoria del juzgado, pues, al no quedar demostrado que la actora y el causante hubieran tenido vida marital en el \u00faltimo a\u00f1o de vida de este, entonces no le asist\u00eda raz\u00f3n a aquella para beneficiarse de la prestaci\u00f3n deprecada\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En ese sentido, pese a las deficiencias t\u00e9cnicas del \u00fanico reproche planteado, el estrado enjuiciado se\u00f1al\u00f3 que \u00absi se pasara por alto tal desafuero, el cargo no tendr\u00eda ninguna vocaci\u00f3n de prosperar (\u2026) [pues], dada la senda escogida, la recurrente dej\u00f3 libres de toda controversia las conclusiones a las que lleg\u00f3 el ad quem sobre la realidad f\u00e1ctica\u00bb, de modo que no existe discusi\u00f3n sobre los siguientes supuestos: \u00ab(i) que \u00c1lvaro Antonio Manjarr\u00e9s Navarro fue pensionado por Ecopetrol SA a partir del 16 de diciembre de 1998; (ii) que muri\u00f3 el 15 de octubre de 2007; (iii) que no se prob\u00f3 que la demandante conviviera con \u00e9l en el \u00faltimo a\u00f1o anterior a su fallecimiento; y (iv) que esta fue inscrita por el causante como su compa\u00f1era en los servicios de salud\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, en relaci\u00f3n con las normas aplicables al caso y el entendimiento que les dio el fallador de segundo grado, la Colegiatura convocada reliev\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) ninguna transgresi\u00f3n normativa cometi\u00f3 el Tribunal al confirmar la decisi\u00f3n absolutoria del juzgado, pues, al no quedar demostrado que la actora y el causante hubieran tenido vida marital en el \u00faltimo a\u00f1o de vida de este, entonces no le asist\u00eda raz\u00f3n a aquella para beneficiarse de la prestaci\u00f3n deprecada. <\/p>\n
La infracci\u00f3n directa del art\u00edculo 13 del Decreto 1160 de 1989 que denuncia la censura, no se configur\u00f3 en el sub judice, habida cuenta de que la norma solo prev\u00e9 que la calidad de compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente se prueba con la inscripci\u00f3n efectuada por el causante en la respectiva entidad de previsi\u00f3n social o patronal, o con dos declaraciones de terceros rendidas ante cualquier autoridad pol\u00edtica o judicial del lugar, pero no se\u00f1ala que tal condici\u00f3n, la de compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, le baste al interesado para alzarse con el derecho a la sustituci\u00f3n pensional. <\/p>\n
Lo que propone la recurrente se traduce en que, por el solo hecho de estar probada su calidad de compa\u00f1era del causante, con la inscripci\u00f3n efectuada por este ante su empleador para los servicios de salud, inexorablemente ten\u00eda derecho a la sustituci\u00f3n pensional. Tal razonamiento no es correcto, pues bien es sabido que esta prestaci\u00f3n de la seguridad social no obedece a criterios estrictamente formales, en la medida en que su prop\u00f3sito es el de amparar a las personas que se ven afectadas directamente con la contingencia de la muerte, esto es, la familia, con prescindencia de si esta tuvo su origen en un v\u00ednculo matrimonial o en la decisi\u00f3n libre y responsable de iniciar una comunidad de vida estable y permanente (CSJ SL1029-2019). <\/p>\n
De hecho, seg\u00fan el mismo articulado del Decreto 1160 de 1989, ni a la c\u00f3nyuge ni a la compa\u00f1era le asiste el derecho a la prestaci\u00f3n por muerte solo por tener tal condici\u00f3n. En efecto, como ya se vio, el art\u00edculo 6 de esa normatividad, con la referida declaratoria de nulidad parcial por inconstitucionalidad, determina que tanto el c\u00f3nyuge como el compa\u00f1ero o la compa\u00f1era permanente son beneficiarios de la sustituci\u00f3n pensional. <\/p>\n
Situaci\u00f3n similar se predica del compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, pues el art\u00edculo 13 dispone c\u00f3mo se acredita tal condici\u00f3n, pero el 12 establece, como requisito para quien ostenta esa calidad, el de haber hecho \u00ab[\u2026] vida marital con el causante durante el a\u00f1o inmediatamente anterior al fallecimiento de \u00e9ste o en el lapso establecido en reg\u00edmenes especiales\u00bb. Y, al igual que con el c\u00f3nyuge, prev\u00e9 la p\u00e9rdida del derecho ya reconocido cuando el compa\u00f1ero o la compa\u00f1era contrae nuevas nupcias o rehace su vida marital. <\/p>\n
Cabe aclarar que las normas legales sobre sustituci\u00f3n pensional, cuya extensi\u00f3n a los compa\u00f1eros y compa\u00f1eras permanentes prohij\u00f3 el art\u00edculo 3 de la Ley 71 de 1988, conten\u00edan disposiciones en el sentido indicado, como se puede ver en el art\u00edculo 2 de la Ley 33 de 1973 y en el 2 de la Ley 12 de 1975\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
En ese sentido, arguy\u00f3 que, \u00abcon fundamento en las preceptivas citadas, se itera, no cabe duda de que lo que da lugar a la sustituci\u00f3n pensional no es el r\u00f3tulo con el que se presente quien la reclama, sino, en esencia, la preservaci\u00f3n de la comunidad de vida hasta el \u00faltimo de los d\u00edas del pensionado, a menos que se acredite alguna de las circunstancias de excepci\u00f3n se\u00f1aladas en la norma, que hubiera impedido la vida en com\u00fan\u00bb, raz\u00f3n por la cual sostuvo que: <\/p>\n
\u00abTal es una lectura de las contingencias y prestaciones m\u00ednimas de la seguridad social en clave constitucional. Justamente, en esa direcci\u00f3n se orient\u00f3 la Secci\u00f3n Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la sentencia referida, al analizar la conformidad de los art\u00edculos 6 y 7 del Decreto 1160 de 1989, con la Constituci\u00f3n Nacional. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por lo tanto, aun cuando es innegable la pertinencia del art\u00edculo 13 del Decreto 1160 de 1989, tambi\u00e9n es claro que, por s\u00ed solo, resulta insuficiente para la determinaci\u00f3n del derecho reclamado, en tanto que no establece los requisitos para que el compa\u00f1ero permanente pueda acceder al mismo, como s\u00ed lo hace la norma que le precede, y en la que se fund\u00f3 el ad quem para desestimar las pretensiones de la demanda\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
As\u00ed mismo, afirm\u00f3 que en otras oportunidades se ha dejado clara la comprensi\u00f3n del requisito de convivencia bajo las premisas del Decreto 1160 de 1989 (como en la sentencia CSJ SL2747-2019, 26 jun.), por lo que concluy\u00f3 que \u00abno es cierto que el Tribunal hubiera entendido que la calidad de compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente solamente pudiera probarse con dos declaraciones, pues, a decir verdad, lo que hizo el colegiado fue dar cabal aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 12 del Decreto 1160 de 1989 al exigir la prueba de la vida marital con el causante en el \u00faltimo a\u00f1o de vida de este, para que la compa\u00f1era permanente pudiera ser beneficiaria de la sustituci\u00f3n pensional\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, enfatiz\u00f3 que \u00abla recurrente no formul\u00f3 ning\u00fan reparo sobre el alcance dado en la sentencia definitiva de instancia a los mencionados art\u00edculos 6 y 12 del Decreto 1160 de 1989, en torno a la prueba de la convivencia como presupuesto para la causaci\u00f3n del derecho, y al dejar libre de ataque ese razonamiento, fundante de la decisi\u00f3n impugnada, se colige entonces que el cargo no cuenta con la eficacia suficiente para derruirla, por ende, no prospera\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sublite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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