STC7962-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7962-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00786-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 5 de mayo de 2021, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Orlando Arturo Coronado Parejo contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso, m\u00ednimo vital e igualdad, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada en un juicio que inici\u00f3 (SL4038-2020, rad. 81836). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que present\u00f3 demanda contra Mon\u00f3meros Colombovenezolanos S.A. y la Precoperativa de Empaque y Embalaje Cooembal, con la finalidad de obtener la declaratoria de existencia de un contrato realidad del 1 de marzo de 1997 al 19 de agosto de 2010, el pago de las prestaciones y la respectiva indemnizaci\u00f3n, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Laboral de Descongesti\u00f3n de Barranquilla, quien accedi\u00f3 al petitum. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que ambas partes apelaron, por lo que la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad resolvi\u00f3 modificar la decisi\u00f3n, \u00aben el sentido de declarar probada parcialmente la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n frente a las acreencias causadas con anterioridad al 19 de agosto de 2007, salvo las cesant\u00edas y sus intereses\u00bb; y, luego de haber sido denegada, en principio, la impugnaci\u00f3n extraordinaria propuesta por la entidad pagadora, se declar\u00f3 la nulidad de lo actuado y se concedi\u00f3 el recurso, luego de lo cual la hom\u00f3loga de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 cas\u00f3 parcialmente el fallo del ad quem y, en sede de instancia, modific\u00f3 las condenas. <\/p>\n
Por lo anterior, el gestor cuestion\u00f3 que esa sentencia \u00abno tuvo en cuenta en sus consideraciones los argumentos expuestos en la r\u00e9plica por el apoderado del se\u00f1or ORLANDO CORONADO en el entendido de afirmar que Mon\u00f3meros SA no cuestion\u00f3 en el recurso de apelaci\u00f3n la decisi\u00f3n del a quo, mediante la cual conden\u00f3 a la empresa al pago de la sanci\u00f3n contenida en el numeral 3\u00b0 del art. 99 de la Ley 50 de 1990 hasta la fecha de su pago, por lo que la oportunidad para atacar esa condena qued\u00f3 superada al no hacerlo en la alzada\u00bb, desconociendo el principio de congruencia. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3 \u00abordenar a la SALA DE DESCONGESTION N\u00b0 4, SALA DE CASACION LABORAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE GIOVANNI FRANCISCO RODR\u00cdGUEZ JIM\u00c9NEZ, dejar sin efectos la SENTENCIA SL4038-2020 Radicaci\u00f3n N\u00b0 81836, del 29 de septiembre de 2020 la cual se resolvi\u00f3 CASAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el veintiocho (28) de noviembre de dos mil diecis\u00e9is (2016) por la Sala Segunda de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ORLANDO ARTURO CORONADO PAREJO contra la sociedad MON\u00d3MEROS COLOMBO VENEZOLANOS SA \u2013 MON\u00d3MEROS SA y la PRECOPERATIVA DE EMPAQUE Y EMBALAJE COOEMBAL PCTA, en cuanto al l\u00edmite de la sanci\u00f3n moratoria del art\u00edculo 99 de la Ley 50 de 1990\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Colpensiones dijo que \u00abse debe declarar improcedente la presente acci\u00f3n de tutela por cuanto no se ha materializado ning\u00fan vicio, defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por parte del Tribunal Superior de Barranquilla\u00bb. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S. expuso que \u00abuna vez revisados los aplicativos de consulta con que cuenta la entidad, la p\u00e1gina web de la rama judicial, as\u00ed como el escrito de tutela se pudo establecer que en el proceso laboral de la referencia NO hizo parte ni se vincul\u00f3 al extinto ISS, como tampoco a este Patrimonio\u00bb. <\/p>\n
3. Mon\u00f3meros Colombovenezolanos S.A. manifest\u00f3 que \u00abel actor reclama el amparo de sus derechos fundamentales, que considera transgredidos con la expedici\u00f3n de la sentencia que resolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n interpuesto al interior de un proceso laboral seguido por la parte actora en contra de mi representada; sentencia en sede de casaci\u00f3n que fue proferida con fecha de 29 de septiembre de 2020 y seg\u00fan el relato de la parte actora, aun cuando difiere en su relato, indica que le fue notificada a las partes el d\u00eda 18 de octubre de 2020 lo que en todo caso, resulta ser m\u00e1s de 6 meses atr\u00e1s de la interposici\u00f3n de esta tutela, por lo que es claro que esta tutela no supera el test de procedibilidad, pues NO cumple con el requisito de inmediatez se\u00f1alado por la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, ya que dej\u00f3 transcurrir todo este tiempo desde la fecha a partir de la cual reclama sus pretensiones\u00bb. <\/p>\n
4. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada reliev\u00f3 que \u00abcomo bien lo se\u00f1ala el accionante, fue en sede de instancia que esta Sala modific\u00f3, el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia de primer grado, condenando a la demandada Mon\u00f3meros Colombo Venezolanos SA y solidariamente a la Precooperativa de Empaque y Embalaje Coembal PCTA, a pagar al demandante, se\u00f1or Orlando Arturo Coronado Parejo, el valor igual al \u00faltimo salario diario, es decir, la suma de $31.619,06, por cada d\u00eda de retardo a partir del 5 de agosto de 2007 hasta la fecha de finalizaci\u00f3n del contrato de trabajo del demandante, que fue el 19 de agosto de 2010, por concepto de indemnizaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 99 de la Ley 50 de 1990, conforme a la doctrina reiterada y uniforme plasmada en la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n explic\u00f3 que \u00abel principio de consonancia no implica una restricci\u00f3n absoluta de la competencia del juez de segundo grado para conocer los aspectos \u00edntima o consecuencialmente relacionados con la apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
5. La hom\u00f3loga del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla argument\u00f3 que \u00abla parte hoy accionante no se le ha vulnerado derecho fundamental alguno, por cuanto al resolver el recurso de apelaci\u00f3n se hizo teniendo en cuenta el principio de congruencia consagrado en el art\u00edculo 66 A del C.P.T.S.S., atendiendo la normatividad vigente para resolver el caso en concreto e igualmente, aplicando los criterios jurisprudenciales relacionados con el tema objeto de la litis, como son las sentencias de la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Laboral, del 14 de mayo de 1981, proceso ordinario de Cecilia Castillo de Lamilla contra herederos de Flavio Cabrera Dussan , Sentencia del 6 de Diciembre de 2006 con radicaci\u00f3n: 257134 , de donde fluye que la decisi\u00f3n adoptada por esta Sala de Decisi\u00f3n se ajust\u00f3 a lo debatido, a la realidad probatoria obrante en el expediente y a la aplicaci\u00f3n de las normas y la jurisprudencia sobre el particular\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el amparo porque \u00abla providencia objeto de reproche contiene motivos razonables, porque, para arribar a esa conclusi\u00f3n (casar parcialmente el fallo de segunda instancia y modificar el numeral quinto de la sentencia de primer grado), fueron expuestos varios argumentos con base en una ponderaci\u00f3n probatoria y jur\u00eddica, propia de la adecuada actividad judicial\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El mandatario judicial del censor recurri\u00f3 la precitada sentencia reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que se \u00abdesconoce el precedente vinculante de la Jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Laboral en materia de principio de consonancia en sede de casaci\u00f3n cuando no fue objeto de recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 el gestor (SL4038-2020, rad. 81836), por casar parcialmente el fallo estimatorio del tribunal ad quem y, en sede de instancia, disponer el reconocimiento de intereses moratorios solo hasta la fecha de finalizaci\u00f3n del v\u00ednculo laboral. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de esta Corporaci\u00f3n cas\u00f3 parcialmente el fallo ad quem, y, en sede de instancia, conden\u00f3 a la contraparte del memorialista a pagarle \u00abel valor igual al \u00faltimo salario diario, es decir, la suma de $31.619,06, por cada d\u00eda de retardo a partir del 5 de agosto de 2007 hasta la fecha de finalizaci\u00f3n del contrato de trabajo del demandante, que fue el 19 de agosto de 2010, por concepto de indemnizaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 99 de la Ley 50 de 1990\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el cargo cuarto propuesto por la convocada en dicho asunto, relacionado con la infracci\u00f3n directa, en la modalidad de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 90 de la Ley 50 de 1990, porque \u00abel yerro del ad quem es protuberante y esencial, pues conden\u00f3 a Mon\u00f3meros S.A., al pago de la indemnizaci\u00f3n del art\u00edculo 99 desde el 05 de agosto de 2007 hasta que se efect\u00fae el pago y lo conden\u00f3 tambi\u00e9n a cancelar la indemnizaci\u00f3n del art\u00edculo 65 del C.S.T., desde la fecha de terminaci\u00f3n hasta que se efect\u00fae el pago, imponiendo de manera concomitante ambas sanciones, contrariando expresamente el sentido real de la norma, tal como lo ha explicado la honorable Corte Suprema de Justicia\u00bb, la autoridad enjuiciada se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abAduce la sociedad recurrente que incurri\u00f3 el ad quem en un yerro protuberante al condenar a Mon\u00f3meros SA, al pago de la indemnizaci\u00f3n del art\u00edculo 99 de la Ley 50 de 1990, desde el 5 de agosto de 2007 hasta que se efect\u00fae el pago y condenarla tambi\u00e9n a cancelar la indemnizaci\u00f3n del art\u00edculo 65 del CST, desde la fecha de terminaci\u00f3n hasta que se efect\u00fae el pago, imponi\u00e9ndole de manera concomitante ambas sanciones. <\/p>\n
Sostiene que la previsi\u00f3n del art\u00edculo 99 de la Ley 50 de 1990, busca castigar la no consignaci\u00f3n de las cesant\u00edas en el fondo a 15 de febrero de cada a\u00f1o, obligaci\u00f3n que se extiende durante la vigencia del contrato, pero no m\u00e1s all\u00e1, por tal motivo la condena a la indemnizaci\u00f3n prevista en la norma, ha debido hacerse desde agosto de 2007 tal como lo hizo el juzgador, pero no hasta que se efect\u00fae el pago, como se orden\u00f3, sino hasta la fecha de finalizaci\u00f3n del contrato de trabajo del demandante, que fue el 19 de agosto de 2010. <\/p>\n
En la sentencia confutada, el colegiado modific\u00f3 en el numeral segundo de la parte resolutiva, el numeral tercero de la sentencia apelada, espec\u00edficamente las condenas por concepto de cesant\u00edas, intereses de cesant\u00edas, primas, vacaciones e indemnizaci\u00f3n por despido injusto, y confirm\u00f3 en todo lo dem\u00e1s, lo que significa que las condenas por las indemnizaciones previstas en los art\u00edculos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, se mantuvieron en la forma como las estableci\u00f3 el a quo, que al respecto dijo: <\/p>\n
CUARTO: CONDENAR a la demandada MONOMEROS COLOMBOVENEZOLANOS S.A. y solidariamente a la PRECOOPERATIVA DE EMPAQUE Y EMBALAJE COEMBAL P.C.T.A., a pagar a la parte demandante se\u00f1or ORLANDO ARTURO CORONADO PAREJO, la indemnizaci\u00f3n por falta de pago del art\u00edculo 65 del C. S. T. en suma igual al \u00faltimo salario diario ($31.619,066.00 pesos) por cada d\u00eda de retardo a partir del d\u00eda 31 de Agosto de 2010, hasta por 24 meses y en adelante deber\u00e1 pagar los intereses moratorios a la tasa m\u00e1xima de cr\u00e9dito de libre asignaci\u00f3n certificados por la Superintendencia Bancaria hasta cuando se verifique el pago. <\/p>\n
QUINTO: CONDENAR a la demandada MONOMEROS COLOMBOVENEZOLANOS S.A. y solidariamente a la PRECOOPERATIVA DE EMPAQUE Y EMBALAJE COEMBAL P.C.T.A., a pagar al demandante, se\u00f1or ORLANDO ARTURO CORONADO PAREJO, el valor igual al \u00faltimo salario diario, es decir, la suma de $31.619,066.00 pesos, por cada d\u00eda de retardo a partir del 05 de agosto de 2007 hasta que se efect\u00fae su pago, por concepto de indemnizaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 99 de la ley 50 de 1990. <\/p>\n
En lo concerniente a lo anterior, dijo la Sala en la sentencia CSJ SL15097-2014, lo que se transcribe: <\/p>\n
\u201cAhora bien, el juez de apelaciones al prohijar la decisi\u00f3n adoptada por el a quo en torno a la procedencia de la indemnizaci\u00f3n por falta de consignaci\u00f3n de las cesant\u00edas en un fondo contemplada en la L. 50\/1990, art. 99, hizo suyos los planteamientos del juez de primer grado, consistentes en que la procedencia de aqu\u00e9lla \u00abesta (sic) originada en la falta de consignaci\u00f3n oportuna de la cesant\u00eda causada a 31 de diciembre\u00bb, de donde deriv\u00f3 las condenas en los t\u00e9rminos rese\u00f1ados en el itinerario procesal, \u00aba raz\u00f3n de un d\u00eda de salario (\u2026) hasta que el demandado realice el pago oportuno\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, la censura predica que \u00absi no se han consignado los valores correspondientes a las cesant\u00edas y no ha habido consignaci\u00f3n oportuna, la indemnizaci\u00f3n moratoria ocasionada por ello, prevista en el art\u00edculo 99 de la Ley 50 de 1990, ser\u00e1 pagadera solo hasta el momento en que se termina la relaci\u00f3n laboral\u00bb. <\/p>\n
En tal contexto, desde ya se advierte que la raz\u00f3n est\u00e1 del lado del recurrente, pues tal como lo sostuvo esta Sala en sentencia CSJ SL, 27 mar. 2000, 14379, reiterada posteriormente en la CSJ SL, 6 may. 2010, rad. 37766, la sanci\u00f3n moratoria establecida en la L. 50\/1990, art. 99, se causa hasta la fecha en que termina el contrato de trabajo en tanto a partir de esa data cesa la obligaci\u00f3n de consignar la cesant\u00eda en un fondo, por cuanto lo procedente entonces es que el empleador efect\u00fae el pago directamente al trabajador, junto con los dem\u00e1s salarios y prestaciones sociales a que haya lugar. <\/p>\n
Luego, el Tribunal al prohijar la decisi\u00f3n del juez de primer grado, de imponer dicha sanci\u00f3n hasta que \u201cel demandado realice el pago oportuno\u201d, le hizo producir a la disposici\u00f3n efectos no queridos por el legislador, pues lo que ella persigue es sancionar al empleador que no ha consignado antes del 15 de febrero del a\u00f1o siguiente, el valor de la cesant\u00eda correspondiente al a\u00f1o o fracci\u00f3n del anterior, liquidada a 31 de diciembre, con el equivalente a un salario diario, desde el 15 de febrero, pero de ninguna manera m\u00e1s all\u00e1 del fenecimiento del v\u00ednculo laboral\u201d. <\/p>\n
Por las razones expuestas se casar\u00e1 parcialmente la sentencia enjuiciada, en cuanto confirm\u00f3 el fallo del a quo, condenando a la sanci\u00f3n moratoria del art\u00edculo 99 de la ley 50 de 1990, hasta que se efect\u00fae su pago\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
De esa manera, el estrado censurado concluy\u00f3 que \u00aben sede de instancia de modificar\u00e1 el numeral quinto de la sentencia de primera instancia para limitar la condena por la indemnizaci\u00f3n moratoria del art\u00edculo 99 de la Ley 50 de 1990, no hasta el momento en que se efect\u00fae el pago, como lo orden\u00f3 el a quo, sino hasta la fecha de finalizaci\u00f3n del contrato de trabajo del demandante, que fue el 19 de agosto de 2010\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del censor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sublite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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