STC7965-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7965-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2021-00200-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 3 de mayo de 2021, dentro de la tutela que promovi\u00f3 Robin Basilio Castro Fallace contra la Procuradora General de la Naci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Procuradur\u00eda Provincial de Santa Marta y la Procuradur\u00eda Regional de Magdalena. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y de petici\u00f3n, presuntamente vulnerados por la funcionaria convocada, al no haber respondido de fondo la solicitud encaminada a obtener la p\u00e9rdida de ejecutoriedad de un acto administrativo. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00abel 4 de enero de 2021 [su abogado Pedro Agust\u00edn Triana Mart\u00ednez], radic\u00f3 \u00abpetici\u00f3n de p\u00e9rdida de ejecutoriedad ante la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, del fallo que profiri\u00f3 el 11 de julio de 2019 la Procuradur\u00eda Provincial de Santa Marta, en el proceso disciplinario IUS E-2016-209647 IUC D-2016-566-863505, por la expedici\u00f3n de la Ley 2023 de 2020 y la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad\u00bb, la cual \u00abqued\u00f3 radicada con el n\u00famero E-2021-002105, sin que hasta la fecha de la interposici\u00f3n de la presente tutela se me haya notificado decisi\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
Que el t\u00e9rmino para resolver \u00abes de quince (15) d\u00edas\u00bb, no obstante, \u00abdesde la fecha de la presentaci\u00f3n de la solicitud (\u2026), han transcurrido tres (3) meses\u00bb, lapso que excede el \u00abprudencial y razonable\u00bb para pronunciarse, por lo que la querellada ha incurrido en \u00abmora administrativa injustificada\u00bb que vulnera las prerrogativas invocadas. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
La Oficina Jur\u00eddica de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n se opuso a lo pretendido, aduciendo \u00abque mediante auto de fecha 26 de marzo de 2021, suscrito por la Procuradora General de la Naci\u00f3n, se resolvi\u00f3 declarar improcedente la solicitud presentada por el apoderado del se\u00f1or Robin Basilio Castro Fallace, respecto de los fallos de primera y segunda instancia proferidos por las Procuradur\u00edas Provincial de Santa Marta y Regional de Magdalena, el 11 de julio y el 16 de diciembre de 2019, respectivamente, por no reunir los requisitos establecidos en la ley [y que dicha providencia] fue notificada al accionante el d\u00eda 26 de marzo de 2021 a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico (\u2026) suministrado por el peticionario\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, inform\u00f3 que recientemente el actor promovi\u00f3 otra acci\u00f3n de tutela con similares peticiones, la cual \u00abfue decidida por la Sala Penal [del Tribunal Superior de Barranquilla], mediante fallo del 6 de abril de 2021, en [la] cual deniega el amparo\u00bb, por encontrar que la accionada respondi\u00f3 lo pedido mediante auto del 26 de marzo de 2021, por lo que concluy\u00f3 que la acci\u00f3n debe declararse improcedente, \u00abpor cuanto esta entidad no ha vulnerado derecho alguno del accionante\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Desestim\u00f3 el resguardo al encontrar que \u00abcon anterioridad [el accionante] ha presentado en contra de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n (\u2026), esta misma acci\u00f3n de tutela\u00bb, la cual fall\u00f3 su hom\u00f3loga penal el 6 de abril de 2021, constituy\u00e9ndose \u00abla duplicidad del ejercicio de la acci\u00f3n\u00bb, y con ello \u00abuna conducta temeraria por parte del actor, sin que medie raz\u00f3n alguna que lo habilite para instaurar nuevamente la acci\u00f3n de tutela con identidad de sujetos, hechos y pretensiones, contrariando de esta forma el principio de buena fe, al adoptar un prop\u00f3sito desleal de obtener la satisfacci\u00f3n de sus intereses, tendiente a enga\u00f1ar a los jueces constitucionales, ama\u00f1ando el sentido de su accionar (\u2026)\u00bb. Por tanto, declar\u00f3 improcedente el amparo, y para que se investigue disciplinariamente al abogado del actor, compuls\u00f3 copias a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Atl\u00e1ntico. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante para criticar la temeridad declarada por el tribunal a-quo, porque pese a compartir las mismas partes y una de las pretensiones (p\u00e9rdida de ejecutoriedad de las sanciones impuestas en fallo disciplinario del 11 de julio de 2019), los fundamentos de hecho para una y otra tutela, son distintos. <\/p>\n
Por lo anterior, pidi\u00f3 revocar el fallo recurrido, insistiendo en que su pretensi\u00f3n no consist\u00eda en que se accediera a la petici\u00f3n del 4 de enero de 2021, sino \u00abque se proteja el derecho de recibir respuesta oportuna por parte de la PGN, a sus dos solicitudes p\u00e9rdida de ejecutoria y principio de favorabilidad por la expedici\u00f3n de la Ley 2023 de 2020), sean estas favorables o no a sus intereses, decisiones que se necesitan conocerse para que (\u2026) en el caso de que sea negativa, (\u2026) pueda acudir a las v\u00edas judiciales necesarias para hacer valer sus derechos pol\u00edticos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si se vulneraron las prerrogativas invocadas por el demandante, porque en relaci\u00f3n con la petici\u00f3n elevada el 4 de enero de 2021, la Procuradora General de la Naci\u00f3n se abstuvo de responder. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, esta Sala precisa que habr\u00e1 de ratificarse la desestimaci\u00f3n de primer grado, pero no por encontrarse temeraria la queja del promotor, sino porque, de las circunstancias expuestas, no se puede colegir, actualmente, la amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas esenciales invocadas, ni la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, de tal forma que se habilitase la interposici\u00f3n del resguardo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, tal como advirti\u00f3 la asesora adscrita a la Oficina Jur\u00eddica de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n en su informe, el 26 de marzo de 2021 la titular de la entidad encartada resolvi\u00f3 desfavorablemente la solicitud de revocatoria de los fallos de instancia dictados contra el disciplinado Castro Fallace, en su condici\u00f3n de concejal del municipio de Soledad (Atl\u00e1ntico) y, al respecto, reliev\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a pesar de haber presentado la solicitud de estudio dentro de los cinco a\u00f1os siguientes a la fecha de ejecutoria de la decisi\u00f3n proferida por la procuradur\u00eda provincial Santa Marta y no haber interpuesto demanda ante lo contencioso administrativo, s\u00ed hizo uso de los recursos de ley al recurrir la decisi\u00f3n en menci\u00f3n la cual fue confirmada por la procuradur\u00eda regional del Magdalena mediante auto del 16 de diciembre de 2019, por lo que de conformidad con las condiciones de viabilidad de la revocatoria, no es procedente emprender el estudio de la petici\u00f3n, pues como ha quedado rese\u00f1ado, de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 125 de la ley 734 de 2002, tal pretensi\u00f3n a instancia del sancionado ser\u00e1 posible siempre y cuando no se hubieren interpuesto los recursos previstos en el r\u00e9gimen disciplinario, presupuesto que en el evento bajo an\u00e1lisis no se cumple. No obstante, resulta necesario precisar que el Procurador General de la Naci\u00f3n podr\u00e1 revocar de oficio los fallos sancionatorios y absolutorios, al igual que los autos de archivos, siempre y cuando, con alguna de estas decisiones se infrinjan manifiestamente las normas legales en que deban fundarse, circunstancia que no se vislumbra en el presente caso\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
En tal virtud, se declar\u00f3 \u00abimprocedente\u00bb la petici\u00f3n formulada por el apoderado del memorialista, en tanto no se acredit\u00f3 \u2013a juicio del \u00f3rgano disciplinario\u2013 el cumplimiento de los requisitos de ley para proceder en el sentido requerido. De lo anterior, claramente se evidencia que, en la resoluci\u00f3n referenciada \u2013aunque se dict\u00f3 en el marco de otra petici\u00f3n\u2013, se abord\u00f3 de fondo la problem\u00e1tica planteada por el inconforme, que, en \u00faltimas, se circunscribi\u00f3 a la misma pretensi\u00f3n de invalidar las resoluciones sancionatorias que se dictaron en su contra, en ejercicio del citado mecanismo de p\u00e9rdida de ejecutoriedad (previsto en el art\u00edculo 91 de la Ley 1437 de 2011). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el derecho de petici\u00f3n \u201cno s\u00f3lo implica la potestad de elevar peticiones respetuosas a las autoridades; envuelve adem\u00e1s la necesidad de que se brinde una respuesta adecuada y oportuna -que no formal ni necesariamente favorable- dentro del marco de imparcialidad, eficacia y publicidad que caracteriza al Estado Social de Derecho… El derecho de petici\u00f3n supone para el Estado la obligaci\u00f3n positiva de resolver con prontitud y de manera congruente acerca de la solicitud elevada, lo que no implica que ese pronunciamiento tenga que ser favorable, pues como bien se sabe la garant\u00eda constitucional mencionada tiende a asegurar respuestas oportunas y apropiadas en relaci\u00f3n con aquello que de las autoridades se pide, no a obtener de estas \u00faltimas una resoluci\u00f3n que indefectiblemente acceda a las pretensiones del solicitante\u201d (Ver, entre otras, Sentencias de 31 de octubre de 1997, 8 de mayo de 2000 y 28 de septiembre de 2004)\u00bb (CSJ STC, 10 dic. 2012, rad. 00120-01, citada entre otras en STC12424-2017, 17 ago. 2017, rad. 00061-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
I. Conforme con ello, se ratifica la inviabilidad de esta acci\u00f3n constitucional, pero porque, a la fecha, no se configura una infracci\u00f3n susceptible de ser enmendada, pues, se itera, los cuestionamientos del convocante fueron dirimidos por la Procuradora General de la Naci\u00f3n, con prove\u00eddo de 26 de marzo de esta calenda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, por la puntual raz\u00f3n expuesta en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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