STC7968-2021<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7968-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01916-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Claudia Patricia Ballesteros Delgado y Fidel Barrera Cala contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y propiedad privada, que dicen vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicitan, en consecuencia, se disponga \u00abanular la sentencia\u2026 [d]el 14 de diciembre de 2020, donde se [les] neg\u00f3 el derecho a la propiedad privada\u2026 y se dicte una ajustada a los derechos y garant\u00edas que se [les] inculcaron\u00bb. <\/p>\n
2.1. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas present\u00f3 acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras en nombre de Celem\u00edn, Miguel Antonio y Josel\u00edn Jaimes Guevara, tr\u00e1mite en el que el juzgador reconoci\u00f3 como opositores a Claudia Patricia Ballesteros y Fidel Barrera Cala. <\/p>\n
2.2. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta, en sentencia de 14 de diciembre de 2020, entre otras cosas, reconoci\u00f3 el derecho de restituci\u00f3n de los demandantes, declar\u00f3 impr\u00f3spera la oposici\u00f3n presentada y orden\u00f3 la entrega del inmueble. <\/p>\n
2.3. Indicaron los accionantes que se les exig\u00edan acciones que para la \u00e9poca no exist\u00edan; que no se establecieron responsabilidades para las entidades p\u00fablicas involucradas; que para el 2004 cuando adquirieron el bien la carga de recibir y dar fe de las declaraciones de los intervinientes era del Notario y su tradici\u00f3n le correspond\u00eda a la \u00abSuperintendencia de Instrumentos P\u00fablicos y Privados\u00bb. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1alaron que los llamados a realizar la verificaci\u00f3n de las situaciones de orden p\u00fablico no eran los ciudadanos sino las autoridades, adem\u00e1s que era un hecho notorio; que no los pod\u00edan despojar de sus bienes sin probar su mala fe en la adquisici\u00f3n y sin indemnizaciones, tal como se encuentra consignado en la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos. <\/p>\n
2.5. Sostuvieron que los despojaron sin un fallo penal, bajo el argumento que no demostraron la buena fe exenta de culpa, cuando en el proceso civil no se debate ni se prueba que sean responsables de un delito; que adquirieron el predio con un t\u00edtulo justo, le pagaron el dinero al vendedor y la tradici\u00f3n qued\u00f3 registrada ante las autoridades establecidas. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta refiri\u00f3 que las peticiones de los accionantes carec\u00edan de m\u00e9rito, por no haber conculcado derecho fundamental alguno; que en el fallo se valor\u00f3 la buena fe exenta de culpa, la condici\u00f3n de segundo ocupante de los opositores, los elementos de prueba recaudados y la jurisprudencia; que la tutela no era una tercera instancia; que no se configur\u00f3 una v\u00eda de hecho; y que no se cumpl\u00eda con el requisito de inmediatez, teniendo en cuenta la fecha de la providencia atacada. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 12 Judicial II en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga adujo que emiti\u00f3 concepto en el proceso criticado, en donde expuso, entre otras cosas, el v\u00ednculo de los solicitantes con el predio y su calidad de v\u00edctimas, as\u00ed como la existencia de la violencia generalizada del sector; que desestim\u00f3 la posible ocupaci\u00f3n secundaria; y que no advirti\u00f3 vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales. <\/p>\n
3. La Agencia Nacional de Tierras senal\u00f3 que no le constaban los hechos expuestos por el accionante; que no era competente para pronunciarse frente a la actuaci\u00f3n desplegada por las autoridades judiciales; que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en tanto que los hechos demandados no versaban sobre acciones u omisiones administrativas de esa entidad, por lo que solicitaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
4. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas refiri\u00f3 que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en tanto que no ten\u00eda injerencia en el presunto hecho transgresor de los derechos de los accionantes; que su obligaci\u00f3n era dar cumplimiento a las \u00f3rdenes judiciales; que no se prob\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable; y que deprecaba la desvinculaci\u00f3n de esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
5. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, considera la Corte que esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la Corporaci\u00f3n acusada, en sentencia de 14 de diciembre de 2020, concluy\u00f3 que estaban reunidos los presupuestos que contempla la ley 1448 de 2011 para amparar el derecho a la restituci\u00f3n de tierras de los solicitantes; y desestim\u00f3 la oposici\u00f3n que formularon los promotores del amparo, al no encontrar demostrada su buena fe exenta de culpa ni su calidad de segundos ocupantes. <\/p>\n
En tal providencia el Tribunal, tras destacar la situaci\u00f3n de violencia suscitada en el municipio de Sabana de Torres (Santander), zona en la que est\u00e1 ubicada la heredad objeto del litigio, analiz\u00f3 las probanzas allegadas al plenario, de cara al abandono forzado y el despojo del bien, as\u00ed como la normatividad y jurisprudencia aplicable, consignando que: <\/p>\n
\u2026Lo primero que advierte la Sala es que en el Sub judice, se encuentra acreditado que Celem\u00edn, Miguel Antonio y Josel\u00edn Jaimes Guevara tienen titularidad y legitimaci\u00f3n para instaurar la presente acci\u00f3n, por cuanto se trata de los hijos de Jorge Jaimes Gelves (q.e.p.d.) y Mar\u00eda del Rosario Guevara Alarc\u00f3n (q.e.p.d.), el primero de ellos que ostent\u00f3 la calidad de propietario del inmueble \u201cBellavista\u201d desde 1988 hasta cuando fue transferido a Miguel Mart\u00ednez mediante escritura p\u00fablica No 1026 del 16 de junio de 1998 de la Notar\u00eda \u00danica de Gir\u00f3n (Santander)\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, adem\u00e1s que las versiones de los solicitantes est\u00e1n amparadas bajo la presunci\u00f3n de veracidad y buena fe y fueron corroboradas a trav\u00e9s de las denuncias por ellos realizadas al igual que sus familiares que tambi\u00e9n declararon ante diferentes entidades, tampoco son desvirtuadas por quienes se oponen a la reclamaci\u00f3n, pues Claudia Patricia Ballesteros Delgado indic\u00f3 no conocer los hechos que se expusieron ni siquiera sucesos de violencia en la zona, situaci\u00f3n reiterada por Fidel Barrera Cala, por lo cual se tiene de las afirmaciones vertidas a instancias de este proceso, incluida su inscripci\u00f3n en el RUV, acreditada la condici\u00f3n de v\u00edctimas, ya que padecieron en forma directa la gravedad del conflicto armado que les represent\u00f3 un da\u00f1o real, empezando por el homicidio de Humberto aparentemente por su labor pol\u00edtica como concejal del municipio y las amenazas subsiguientes del Eln a Celem\u00edn, que los obligaron a desplazarse de la heredad y les gener\u00f3 un estado de necesidad, situaciones que configuran claramente una infracci\u00f3n al Derecho Internacional Humanitario y violaci\u00f3n grave y manifiesta a las normas Internacionales de Derechos Humanos. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, decantado est\u00e1 que el desplazamiento forzado genera un perjuicio moral incontrovertible, pues como lo afirm\u00f3 la Corte Constitucional, implica numerosas violaciones\u2026 <\/p>\n
De conformidad con el art\u00edculo 74 de la Ley 1448 de 2011 se entiende por abandono de tierras\u2026 Las presunciones relevan de la carga probatoria a los sujetos a favor de quienes operan. Seg\u00fan la Corte Constitucional\u2026 <\/p>\n
En relaci\u00f3n a este punto, indicaron los solicitantes en etapa administrativa y judicial que luego de su desplazamiento en marzo de 1998 producto del homicidio de Humberto, la retenci\u00f3n de Celem\u00edn, el hurto de unas \u201cbestias\u201d y las amenazas que comprend\u00edan un plazo de ocho d\u00edas para salir de la regi\u00f3n por parte del Eln, so pena de asesinarlos, su padre Jorge Jaimes fue contactado en Gir\u00f3n (Santander) pasados apenas cuatro meses, por Miguel Mart\u00ednez (q.e.p.d.) con quien ante el estado de necesidad en que se encontraba adelant\u00f3 convenio sobre la finca \u201cBellavista\u201d a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica No 1026 del 16 de junio de ese a\u00f1o en la Notar\u00eda \u00danica de la localidad, negocio por el que recibi\u00f3 como contraprestaci\u00f3n una camioneta, instrumento que se registr\u00f3 en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No 303-390. <\/p>\n
Frente a la venta del predio se\u00f1al\u00f3 Celem\u00edn Jaimes en etapa judicial que \u201cproducto de la situaci\u00f3n\u201d les \u201ctoc\u00f3 que vender obligadamente esa tierra barata por una camioneta de estacas que ven\u00eda sin papeles y no fue m\u00e1s lo que nos dieron a nosotros\u201d, agregando que su padre adelant\u00f3 el negocio con el se\u00f1or Miguel Mart\u00ednez para solventar las necesidades por las que atravesaban con ocasi\u00f3n de su desplazamiento y obtener \u201cun refugio donde meternos, porque no ten\u00edamos a donde llegar [a] pagar arriendo\u201d, asegurando que de no haberse ordenado su migraci\u00f3n de la regi\u00f3n por parte del Eln, ninguno de ellos y menos su progenitor hubieran tomado la decisi\u00f3n de transferir su \u00fanica propiedad, insistiendo en que \u201cnos toc\u00f3 vender, no porque nosotros quer\u00edamos vender, no porque nosotros quisi\u00e9ramos salirnos de ah\u00ed (\u2026) fuimos nosotros presionados por la violencia, por las cosas que nos hab\u00edan pasado\u201d\u2026 Situaci\u00f3n que tambi\u00e9n narr\u00f3 su hermano Miguel Antonio cuando se refiri\u00f3 a los motivos de la venta del predio\u2026 <\/p>\n
Y es que de las pruebas, en especial de la lectura de la escritura 2.052 del 13 de mayo de 1999 con la cual se adelant\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la sucesi\u00f3n de Miguel Mart\u00ednez, se verifica que para ese momento dentro de las propiedades que este pose\u00eda, estaban dos camionetas seg\u00fan las partidas octava y d\u00e9cima del inventario, una \u201cFORD MODELO, 1970 ESTACA COLOR AZUL\u201d y otra \u201cWILLYS, MODELO 1969, CARROCER\u00cdA ESTACA\u201d, se\u00f1aladas por Domingo Antonio en su testimonio, lo que demostrar\u00eda con mayor certeza, como as\u00ed lo concluy\u00f3 igualmente el Ministerio P\u00fablico en su alegato final, que en efecto seg\u00fan lo insistido por los reclamantes su padre nunca fue due\u00f1o de ese automotor, tesis que refuerza la desigualdad en el negocio jur\u00eddico que culmin\u00f3 con la titularidad del predio \u201cBellavista\u201d, que adicional a las dem\u00e1s circunstancias, configura el despojo forzado bajo un estado de necesidad, justificando el retorno de Celem\u00edn junto sus padres y la invasi\u00f3n de una parte de la heredad, pues sumado a esto, enti\u00e9ndase que el contrato de permuta del que ac\u00e1 se habla seg\u00fan la norma civil, comprende una obligaci\u00f3n bilateral y mutua entre los acordantes supeditada a su perfeccionamiento, cosa que aqu\u00ed y conforme lo analizado no acaeci\u00f3, al no existir acreditaci\u00f3n alguna que a pesar de la transferencia del dominio que sobre la heredad realiz\u00f3 Jorge a Miguel, este hubiere hecho lo propio frente al bien mueble, el mismo que al parecer continu\u00f3 bajo su titularidad. <\/p>\n
Valoradas y contrastadas las declaraciones en forma conjunta, mismas que guardan coherencia en los datos espec\u00edficos tanto temporales como modales, que contienen adem\u00e1s una presunci\u00f3n de veracidad, se concluye en lo medular la existencia de hechos ocurridos en el marco del conflicto armado que condujeron al desplazamiento forzado de la familia Jaimes Guevara hacia Gir\u00f3n en marzo de 1998, el inmediato abandono del predio \u201cBellavista\u201d y la transferencia del bien en junio de ese a\u00f1o a Miguel Mart\u00ednez, todo en un estado de necesidad derivado de las victimizaciones padecidas y su condici\u00f3n de v\u00edctimas probada en este tr\u00e1mite, situaciones confirmadas con otros relatos escuchados en instancias administrativa y judicial de testigos oriundos de la zona que conocieron de estos sucesos, arrimados al proceso inclusive por la parte contraria. <\/p>\n
F\u00edjese que las narraciones de Gabriel Camargo, Benjam\u00edn Porras Carvajal y Domingo Antonio Chaparro en etapa judicial y la declaraci\u00f3n vertida por Smith Jaimes Guerrero ante la UAEGRTD, aunque estuvieron dirigidos a desestimar que el negocio que Jorge Jaimes hizo sobre el predio se hubiere dado bajo un estado apremiante de necesidad y en conexi\u00f3n con el conflicto, lo cierto es que a bien lo reconocieron, sus conclusiones nacieron por conjeturas de rumores sin fuerza suasoria alguna o probanzas que las acompa\u00f1en, es decir, simples relatos de o\u00eddas, pues confirmaron que ninguno presenci\u00f3 el momento del mentado convenio, pero al contrario s\u00ed acreditaron la existencia de actores armados al margen de la ley en la vereda, el asesinato de Humberto Jaimes a manos del Eln, la retenci\u00f3n de Celem\u00edn por ese grupo, la usurpaci\u00f3n de unas \u201cbestias\u201d suyas, e inclusive y como dato novedoso el reclutamiento de Fredy por la guerrilla y su posterior huida, situaciones que analizadas se conectan nodalmente para propiciar el abandono y el consecuente despojo, lo que entonces parad\u00f3jicamente en vez de restar credibilidad o falsearlas conforme lo pretendi\u00f3 la oposici\u00f3n en su alegaci\u00f3n final, lo que demuestran es que en efecto los acontecimientos s\u00ed ocurrieron, mismos que parejamente vienen se\u00f1alando en su condici\u00f3n de v\u00edctimas los peticionarios desde 1998 sin cambios o alteraciones, acompa\u00f1adas por otras como por ejemplo la de Juan Pi\u00f1a quien fue el encargado de transportarlos en el cami\u00f3n del que era due\u00f1o en esa migraci\u00f3n forzada hasta el casco urbano de Sabana de Torres por las amenazas y el ultim\u00e1tum que hab\u00edan recibido del comandante de la estructura ilegal. <\/p>\n
Y es que a pesar de los acontecimientos nefastos que soport\u00f3 Jorge Jaimes y su familia, probados y confirmados por las documentales y testimoniales recabadas en el proceso, insistir en que su desplazamiento fue voluntario porque, como lo intent\u00f3 alegar la oposici\u00f3n, estaban aburridos de las labores del campo o simplemente por la vejez del padre resulta m\u00e1s que il\u00f3gico, pues de bulto es palpable para empezar, la cronolog\u00eda de los sucesos victimizantes, cada uno en consecuencia del otro y todos a su vez enmarcados en violaciones a los derechos humamos y el derecho internacional humanitario, que en definitiva concluyeron en la venta (permuta) en 1998 de la \u00fanica propiedad que pose\u00edan, donde resid\u00edan los integrantes de ese n\u00facleo y solventaban sus necesidades a trav\u00e9s de la explotaci\u00f3n agr\u00edcola con los pocos recursos que ten\u00edan, negociaci\u00f3n que adem\u00e1s revela ese nexo causal por la cercan\u00eda en que se dio, esto es a escasos tres o cuatro meses de haber huido por las amenazas del Eln y el homicidio de Humberto, en una ciudad diferente y de la cual solamente recibieron una camioneta que ning\u00fan beneficio les trajo, debiendo cada uno dedicarse a trabajos distintos para lograr vivir dignamente, siendo clara la ocurrencia del abandono y del despojo forzado alegado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, f\u00e1cil es inferir el cumplimiento a cabalidad de los presupuestos exigidos para la configuraci\u00f3n de los actos antijur\u00eddicos regulados en los art\u00edculos 75 y 77 de la Ley 1448 de 2011, concluy\u00e9ndose entonces que por cuenta del homicidio de Humberto Jaimes, las amenazas y el ultim\u00e1tum dado por el ELN e inclusive el presunto reclutamiento forzado de Fredy por parte del mismo grupo que concluy\u00f3 en el desplazamiento, se gener\u00f3 tal estado de necesidad en Jorge Jaimes Gelves, que decidi\u00f3 vender la finca \u201cBellavista\u201d, anualidad para la que la violencia generalizada imperaba en el municipio de Sabana de Torres, como lo indicaron los testigos escuchados, adem\u00e1s evidenciada de la informaci\u00f3n tra\u00edda por la UAEGRTD y las documentales de las entidades a quienes se requiri\u00f3. <\/p>\n
Corolario, queda comprobada la materializaci\u00f3n del despojo producto de las victimizaciones que sobre los solicitantes se ejercieron, que propiciaron el negocio jur\u00eddico que gener\u00f3 el rompimiento definitivo del v\u00ednculo que ostentaban con el predio, decantando la existencia del nexo causal entre el homicidio de uno de sus integrantes, las amenazas, presiones, constre\u00f1imiento por el grupo guerrillero apostado en esa regi\u00f3n para lograr su desplazamiento forzado y como consecuencia directa la desatenci\u00f3n de la finca \u201cBellavista\u201d, los factores que incidieron en que Jorge Jaimes prefiri\u00f3 transferir su derecho para as\u00ed alivianar medianamente la carga y limitaciones que padec\u00edan en Gir\u00f3n, por lo que claramente una cosa llev\u00f3 a la otra, acontecimientos conectados sucesivamente acaecidos en el marco del conflicto armado. <\/p>\n
Sumado a ello, a modo de insistir, la oposici\u00f3n no logr\u00f3 desvirtuar las declaraciones y las dem\u00e1s pruebas arrimadas al proceso, incumpliendo de este modo la carga que ten\u00eda de probar en contrario, limitando su actuar a atacar la reclamaci\u00f3n simplemente indicando que lo ocurrido se dio por voluntad propia de los solicitantes, sin fundamento alguno como pudo establecerse de los testigos que acompa\u00f1aron esa aseveraci\u00f3n. <\/p>\n
Consecuencialmente, es palpable que la situaci\u00f3n analizada configura la presunci\u00f3n legal del numeral 2 literales a) y e) del art\u00edculo 77 de la Ley 1448 de 2011, pues Jorge Jaimes Gelves (q.e.p.d.) no obr\u00f3 con plena autonom\u00eda contractual dado que el m\u00f3vil determinante para la trasferencia del predio \u201cBellavista\u201d radic\u00f3 precisamente en los efectos que el conflicto ocasion\u00f3 en \u00e9l y su n\u00facleo familiar, cuesti\u00f3n que permite predicar v\u00e1lidamente la ausencia de consentimiento puro, libre y espont\u00e1neo en el negocio celebrado, en tanto que por proteger un derecho de mayor val\u00eda, en este caso la vida, sacrific\u00f3 otro como el patrimonio. <\/p>\n
S\u00famese que aunque milita en el expediente dictamen pericial allegado por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi frente al bien \u201cBellavista\u201d no es posible activar la presunci\u00f3n consagrada en el literal d) del numeral segundo del art\u00edculo 77, por cuanto el mismo presenta deficiencia en su fundamentaci\u00f3n lo cual impide tenerlo en cuenta, afectando su solidez y rest\u00e1ndole m\u00e9rito probatorio, sumado al hecho que conforme al m\u00e9todo de investigaci\u00f3n directa se revisaron aval\u00faos realizados a otros predios localizados en municipios distintos al reclamado, por lo que difieren ostensiblemente en su cabida, construcciones y remodelaciones, sin poderse determinar la similitud de los fundos y la destinaci\u00f3n de sus terrenos para el a\u00f1o cuando se negoci\u00f3, am\u00e9n que de acuerdo a las circunstancias analizadas, tampoco fue acreditado el valor recibido en la negociaci\u00f3n que feneci\u00f3 la relaci\u00f3n con el predio reclamado, pues it\u00e9rese que ello hizo parte de una presunta permuta donde se entreg\u00f3 un automotor sin tenerse su precio estimado, a sabiendas adem\u00e1s que la desproporci\u00f3n en tal acuerdo no se fij\u00f3 en la diferencia de valores, sino, en lo que eventualmente se entreg\u00f3 en su momento por Miguel Mart\u00ednez a cambio de una finca productiva, pacto considerado injusto por los peticionarios que como bien se dijo concluy\u00f3 en el despojo forzado. <\/p>\n
Sobre la buena fe exenta de culpa, advirti\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026se presentaron Claudia Patricia Ballesteros y Fidel Barrera Cala, quienes manifestaron ser \u201cesposos\u201d y adem\u00e1s de oponerse a la pretensi\u00f3n de restituci\u00f3n bajo los argumentos que ya fueron despachados en forma desfavorable, solicitaron su reconocimiento de adquirentes de buena fe exenta de culpa aduciendo fundamentalmente, conforme se explicit\u00f3 en el p\u00e1rrafo correspondiente, la manera c\u00f3mo obtuvieron la finca \u201cBellavista\u201d… <\/p>\n
Establecido lo anterior, refiri\u00f3 Claudia que la negociaci\u00f3n la realiz\u00f3 a trav\u00e9s de un comisionista llamado \u201cEuclides\u201d quien les mencion\u00f3 a ella y a su esposo sobre la venta que pretend\u00edan efectuar los herederos de Miguel Mart\u00ednez de esta y otra heredad colindante, por lo que Fidel, luego de viajar a la regi\u00f3n y mirar los inmuebles, se encontr\u00f3 con ellos en Bucaramanga y adelant\u00f3 su compra en 2004 por medio de la escritura p\u00fablica No 1957 del 28 de mayo, acordando que como propietaria solamente figurara Claudia Patricia. <\/p>\n
Asegur\u00f3 a su turno Fidel Barrera en declaraci\u00f3n judicial que para descartar cualquier irregularidad en la negociaci\u00f3n, se dirigi\u00f3 a instrumentos p\u00fablicos donde revis\u00f3 los antecedentes registrales del predio sin encontrar problema alguno, adem\u00e1s pregunt\u00f3 a las vendedoras y su abogado por el motivo de enajenar la finca quienes le informaron que al ser todas herederas \u201cmujeres (\u2026) no sab\u00edan qu\u00e9 hacer\u201d, y sumado a ello, se acompa\u00f1\u00f3 hasta el final del acuerdo por el comisionista \u201cEuclides\u201d, sin que ninguna de estas pesquisas le advirtieran sobre inconvenientes anteriores, lo cual le brind\u00f3 seguridad para adquirir el inmueble\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, aunque sus manifestaciones est\u00e1n dirigidas al reconocimiento de Claudia y Fidel como adquirentes de buena fe exenta de culpa, lo cierto es que no se acredit\u00f3 en forma alguna las actuaciones positivas adicionales que aparentemente desplegaron junto para cumplir con el est\u00e1ndar probatorio requerido, por lo que bajo esa premisa no ser\u00edan merecedores de la compensaci\u00f3n del art\u00edculo 98 de la Ley 1448 de 2011, pues seg\u00fan lo indica la jurisprudencia dicho proceder de quien se opone a efectos demostrativos en sede judicial de una medida a su favor debe exteriorizar una diligencia y precauci\u00f3n distintas a las realizadas en el \u00e1mbito normal de las negociaciones, m\u00e1xime cuando estas se efect\u00faan en zonas donde impera el contexto de violencia y han ocurrido hechos inconcebibles y trascendentes, los cuales en el presente caso sucedieron en orden cronol\u00f3gico, primero el 19 de febrero de 1998 el homicidio de Humberto Jaimes, luego la retenci\u00f3n y hurto de semovientes a Celem\u00edn a pocos d\u00edas, consecuentemente el desplazamiento de los tres n\u00facleos familiares que resid\u00edan en la finca Bellavista en marzo de ese a\u00f1o por las amenazas y el ultim\u00e1tum del grupo guerrillero, y la venta del predio en junio de esa anualidad por parte de Jorge Jaimes en la ciudad de Gir\u00f3n (Santander), acontecimientos y otros m\u00e1s, denunciados ante diferentes autoridades y adem\u00e1s conocidos por los pobladores de la vereda, a esos que dijeron haber preguntado al comprar la heredad en 2004. <\/p>\n
Lo anterior encuentra respaldo como se comprob\u00f3 con suficiencia cuando se acredit\u00f3 la ocurrencia del abandono y despojo forzado en el presente caso, ya que los testigos que acompa\u00f1aron la oposici\u00f3n en sede judicial y que comprenden esas personas a quienes Claudia y Fidel recurrieron al adquirir el predio, estos son, Gabriel Camargo, Benjam\u00edn Porras Carvajal y Domingo Antonio Chaparro para descartar cualquier irregularidad con ocasi\u00f3n al conflicto, al contrario de su relato, siempre conocieron del contexto de violencia, la presencia de grupos ilegales y las victimizaciones padecidas por la familia Jaimes Guevara, as\u00ed en la actualidad las hubieran intentado desacreditar, en concreto, el homicidio de Humberto por parte de la guerrilla, el actuar del Eln contra Celem\u00edn por el reclamo de unos semovientes e inclusive el reclutamiento de uno de sus hijos y su huida posterior, lo que trajo consigo adem\u00e1s de las amenazas, la consecuente migraci\u00f3n de la regi\u00f3n de un momento a otro y la llegada de un nuevo propietario al poco tiempo al referirse al se\u00f1or Miguel Mart\u00ednez; sumado a las atestaciones de Smith Jaimes Guerrero en etapa administrativa cuando refiri\u00f3 tener un grado de amistad con los presentes titulares desde que se presentaron en Gir\u00f3n hace ya varios a\u00f1os, \u00e9sta que tambi\u00e9n fue v\u00edctima directa e indirecta de estos hechos nefastos, a quienes pudieron haber en concreto indagado, pues it\u00e9rese no se trataba de circunstancias comunes en una zona donde predominaban las acciones b\u00e9licas como lo confirmaron las pruebas documentales y las declaraciones escuchadas. <\/p>\n
Por eso resulta extra\u00f1o que la oposici\u00f3n se\u00f1ale haber realizado tales investigaciones y que de ellas no obtuvo informaci\u00f3n, pues sus testigos conoc\u00edan con suficiencia de estos hechos, adem\u00e1s de otros como es el caso de Jos\u00e9 \u00c1ngel L\u00f3pez, Juan Pi\u00f1a, Dioscodies Malag\u00f3n, Eugenio Castro y Salustiano Mac\u00edas, tambi\u00e9n oriundos de esa vereda y escuchados en el tr\u00e1mite, que dieron cuenta de las vivencias con mayores detalles, siendo m\u00e1s convincente lo que al final indic\u00f3 Claudia Patricia sobre el tema y es que \u201cpor all\u00e1 nunca nos interesamos en averiguar nada de eso\u201d. Pero inclusive, ninguna duda les gener\u00f3 la presencia de Celem\u00edn y sus padres al momento de comprar el bien en una porci\u00f3n de ese terreno, al figurar propietario anterior Jorge Jaimes anterior en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria que dijo estudiar previo de adquirir la finca, este que junto a sus dem\u00e1s familiares fueron los mismos que seg\u00fan las declaraciones referidas soportaron distintos vej\u00e1menes por parte del Eln y por eso migrado de la regi\u00f3n, pero nada se hizo al respecto seg\u00fan lo afirm\u00f3 Fidel en sede judicial \u201cjam\u00e1s cruzamos una palabra\u201d, lo que demuestra al contrario de los presupuestos exigidos para la buena fe calificada, un comportamiento ligero y no precavido. <\/p>\n
Inclusive frente a ese hecho que narr\u00f3 solitariamente Fidel al Juez, que hab\u00eda sido Celem\u00edn el encargado de mostrar los linderos cuando recibi\u00f3 la heredad sin otra prueba que lo confirmara, el mismo solicitante narr\u00f3 lo contrario en los siguientes t\u00e9rminos: \u201c\u00e9l no sabe los linderos de esa finca ni \u00e9l ha metido ni un machetazo en esa finca en ese predio \u00e9l no ha trabajado \u00e9l de vez en cuando que \u00e9l va a all\u00e1 (\u2026) nunca de la vida es una gran mentira de que ese se\u00f1or haya ido a buscar o a mirar porque lo que yo le digo a \u00e9l en ese tiempo que ha comprado no ha metido ni un machetazo y dura dos tres a\u00f1os sin ir por all\u00e1\u201d, por eso, no demuestra contundencia tal aseveraci\u00f3n pues a modo de insistir la carga en estos procesos le corresponde al opositor y ac\u00e1 no ocurri\u00f3, y en todo caso si eso fue as\u00ed, esa simple circunstancias no relevaba a los compradores de las averiguaciones que deb\u00edan realizar para enterarse de lo ocurrido y darse cuenta como bien lo sab\u00edan los pobladores en la regi\u00f3n que sus anteriores propietarios eran v\u00edctimas del conflicto y que por ello abandonaron la heredad para luego venderla a los pocos meses de lo padecido. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de las referidas declaraciones y el escrito de oposici\u00f3n surge claramente que no hubo un m\u00ednimo actuar prudente al momento de celebrar el negocio, pues si bien no tuvieron nexos con los grupos armados ni ejercieron coacci\u00f3n para quedarse con el inmueble ni mucho menos propiciaron la ocurrencia de los hechos victimizantes contra los solicitantes, s\u00ed contaron con la oportunidad de desplegar m\u00faltiples acciones en aras de confirmar si sobre ese predio se hab\u00edan ejercido violaciones a los derechos humanos frente a sus anteriores propietarios, inclusive cuando estos estaban presentes en parte de ese terreno adquirido, por lo que a todas luces ocurre en este caso es una clara y manifiesta falta de probanza o demostraci\u00f3n. <\/p>\n
A partir de lo expuesto, resulta evidente que Claudia Patricia Ballesteros como actual titular del bien, en compa\u00f1\u00eda de su esposo Fidel Barrera Cala no cumplieron con la carga de probar los supuestos de hecho en que se funda sus argumentos y con ello la concurrencia de los elementos que configuran la buena fe exenta de culpa como lo establece el art\u00edculo 78 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia C-330 de 2016, por lo que entonces no habr\u00e1 lugar a compensaci\u00f3n a su favor y en ese caso solo restar\u00eda analizar de cara a la misma jurisprudencia la concurrencia de los presupuestos para la segunda ocupancia. <\/p>\n
Y en cuanto al segundo ocupante, precis\u00f3: <\/p>\n
De acuerdo con el informe de caracterizaci\u00f3n realizado por la UAEGRTD se indic\u00f3 que Claudia Patricia Ballesteros ni Fidel Barrera Cala residen, explotan o dependen de \u201cBellavista\u201d, lugar donde tampoco han plantado mejoras, su domicilio permanente est\u00e1 en la ciudad de Bucaramanga, tienen como ingresos mensuales $4\u2019000.000 y egresos para el mismo periodo $3\u2019500.000, actualmente aparecen afiliados al r\u00e9gimen contributivo en salud con la EPS Coomeva y seg\u00fan consulta al RUAF cotizan pensi\u00f3n, sin ubic\u00e1rseles en un \u00edndice de pobreza multidimensional. <\/p>\n
Frente a otros bienes distintos al reclamado en restituci\u00f3n refirieron en esa diligencia poseer tres: uno urbano en Bucaramanga y dos rurales llamados \u201cVilla Rosa\u201d y \u201cPotrero Largo\u201d ubicados en la vereda Miraflores de Sabana de Torres, no obstante, de acuerdo con lo informado por la Superintendencia de Notariado y Registro Claudia Patricia Ballesteros Delgado figura como propietaria de diez m\u00e1s: cinco en Bucaramanga, tres en Barrancabermeja y dos en Socorro (Santander) y Fidel Barrera Cala en igual n\u00famero, situados en Bucaramanga y San Gil. Adem\u00e1s, Claudia Patricia Ballesteros aparece es declarante de renta seg\u00fan certific\u00f3 la DIAN y conforme se\u00f1al\u00f3 la UARIV ninguno de los dos registra como v\u00edctimas en el RUV, situaci\u00f3n que confirmaron en sus testimonios en etapa judicial. <\/p>\n
Corolario, significa de las pruebas estudiadas que los opositores no son v\u00edctimas del conflicto armado, tampoco personas vulnerables, su residencia no se encuentra en el predio solicitado ni dependen exclusivamente de \u00e9l ni su sustento deriva de su explotaci\u00f3n, pues adem\u00e1s de las heredades que se reclaman en restituci\u00f3n poseen otros bienes rurales y urbanos de d\u00f3nde garantizar sus derechos fundamentales, am\u00e9n de lo que ya se concluy\u00f3 de no contar con un \u00edndice de pobreza multidimensional, enfermedades o condiciones que reflejen circunstancias de vulnerabilidad equiparables a las se\u00f1aladas por la Corte Constitucional para el reconocimiento de ocupante secundario y el decreto de una medida de atenci\u00f3n a su favor. <\/p>\n
Concluyendo que: <\/p>\n
\u2026se proteger\u00e1 la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material como medida principal solicitada a favor de la masa sucesoral de Jorge Jaimes Gelves (q.e.p.d.) propietario en su momento del bien y su esposa Mar\u00eda del Rosario Guevara Alarc\u00f3n (q.e.p.d.), representada en este caso por sus hijos Celem\u00edn, Miguel Antonio y Josel\u00edn Jaimes Guevara -este \u00faltimo seg\u00fan lo indicaron los reclamantes se desconoce su paradero-, al acreditarse su condici\u00f3n de v\u00edctimas de despojo forzado, con ocasi\u00f3n del conflicto armado respecto del inmueble \u201cBellavista\u201d. <\/p>\n
La consecuencia de accederse a las pretensiones en virtud de las presunciones legales atr\u00e1s referidas, conlleva a restablecer el derecho de propiedad a favor de la masa sucesoral de Jorge Jaimes Gelves (q.e.p.d.) y Mar\u00eda del Rosario Guevara Alarc\u00f3n (q.e.p.d.), medida que encuentra fundamento en la obligaci\u00f3n del Estado de asegurar a las v\u00edctimas de despojo, la protecci\u00f3n y la restituci\u00f3n de su inmueble en condiciones de seguridad, dignidad y voluntariedad, siendo este el medio preferente de reparaci\u00f3n, mecanismo que se constituye en el elemento basilar de la justicia restitutiva, situaci\u00f3n que aparece confirmada en el hecho de que seg\u00fan lo declarado en etapa judicial por Celem\u00edn Jaimes actualmente y desde hace varios a\u00f1os reside en la zona junto a su n\u00facleo familiar en una parte del predio reclamado y en el caso de su hermano Miguel Jaimes ha podido visitarlo sin inconveniente en la \u00faltima d\u00e9cada, lo que descarta alguna causal o circunstancia que imposibilite la decisi\u00f3n de retornarles lo que les fue arrebatado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la consecuencia l\u00f3gica de lo enunciado en l\u00edneas anteriores, no es otra que, conforme a lo preceptuado en el art\u00edculo 77 de la Ley 1448 de 2011, declarar la inexistencia del negocio jur\u00eddico contenido en la escritura No 1026 del 16 de junio de 1998 corrida en la Notar\u00eda \u00danica de Gir\u00f3n, con la cual Jorge Jaimes Gelves le transfiri\u00f3 el derecho de propiedad del predio \u201cBellavista\u201d a Miguel Mart\u00ednez, registrada en la anotaci\u00f3n 7 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria No 303-390 y seguidamente la nulidad de todos los contratos y convenios p\u00fablicos y privados celebrados con posterioridad, inclusive los grav\u00e1menes hipotecarios que guarden relaci\u00f3n con el abandono o despojo, para realizarse una restituci\u00f3n plena sin obst\u00e1culo alguno. <\/p>\n
De todos modos, habr\u00e1 que aclarar que frente a las escrituras p\u00fablicas No 2052 del 13 de mayo de 1999 y 1957 del 28 de mayo de 2004, ambas de la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Bucaramanga, por las cuales se realiz\u00f3 la adjudicaci\u00f3n en sucesi\u00f3n de los bienes que correspondieron en vida a Miguel Mart\u00ednez y la siguiente, con la que se enajen\u00f3 la finca \u201cBellavista\u201d y otras dos a Claudia Patricia Ballesteros Delgado, se ordenar\u00e1 la nulidad parcial y \u00fanicamente en lo que comprende al predio reclamado sin afectar los otros acuerdos all\u00ed contenidos. <\/p>\n
Finalmente, se proferir\u00e1n las dem\u00e1s \u00f3rdenes que corresponden en consideraci\u00f3n a su condici\u00f3n de v\u00edctimas del conflicto armado interno\u2026 <\/p>\n
Corolario, se proteger\u00e1 el derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras por cuanto se acreditaron los presupuestos axiol\u00f3gicos que fundamentan las pretensiones de los solicitantes y se ordenar\u00e1 a su favor la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material del predio \u201cBellavista\u201d. Se declarar\u00e1 impr\u00f3spera la oposici\u00f3n formulada y no probada la buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de los peticionarios no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantearon los tutelantes fue una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n accionada interpret\u00f3 las normas que regulan el proceso de restituci\u00f3n de tierras despojadas y valor\u00f3 las pruebas recaudadas, concluyendo que eran insuficientes para acoger su oposici\u00f3n; por el contrario, encontr\u00f3 que tales medios de convicci\u00f3n daban cuenta de la existencia de los actos de violencia de los que fueron v\u00edctimas los solicitantes y su n\u00facleo familiar, que produjo su desplazamiento y la venta del inmueble. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que los tutelantes no desplegaron acciones positivas para el cumplimiento del est\u00e1ndar exigido, ni tampoco acreditaron su calidad de segundo ocupante. <\/p>\n
En ese orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Y es que no podr\u00eda ser de otra forma la conclusi\u00f3n, pues la Corte ha indicado, sobre los procesos del linaje que aqu\u00ed se analiza, que: <\/p>\n
La estructura, etapas y recursos consagrados por el legislador en la Ley 1448 de 2011 para el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tierras, se han estimado como suficientes para garantizar, en lo medular, o, en su n\u00facleo esencial, los derechos de las v\u00edctimas, opositores, intervinientes y terceros. De ello da cuenta la sentencia C-099 de 27 de febrero de 2013, en la que Corte Constitucional destac\u00f3 que no obstante la brevedad del respectivo procedimiento, justificada como \u00abuna medida necesaria para proteger a las v\u00edctimas del empleo de artima\u00f1as jur\u00eddicas y del abuso del derecho para perpetuar el despojo jur\u00eddico de los predios\u00bb, se definieron en la norma \u00abgarant\u00edas suficientes para que quienes tengan inter\u00e9s puedan intervenir en el proceso, solicitar pruebas y controvertir las que hayan sido presentadas\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2013, rad. 00797-00; reiterada, entre otras decisiones, en CSJ STC, 4 jun. 2014, rad. 01016-00 y STC11957-2015, 7 sep. rad. 01947-00). <\/p>\n
Luego, una vez agotada la tramitaci\u00f3n judicial, en la que se haya permitido la participaci\u00f3n de todos los interesados, as\u00ed como la exposici\u00f3n de sus puntos de vista, sin que se advierta un desconocimiento flagrante del derecho aplicable o las pruebas recaudadas, deber\u00e1 estar al fallo emanado, sin que la intervenci\u00f3n constitucional sea procedente. <\/p>\n
M\u00e1xime cuando el sentenciador, como se advierte en el caso bajo estudio, efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n probatoria considerando el contexto en que ocurrieron los hechos victimizantes y la disposici\u00f3n del predio objeto de restituci\u00f3n, especialmente que, como consecuencia de dichos actos de violencia, la reclamante y su familia no tuvieron opci\u00f3n diferente que abandonar su propiedad, a fin de salvaguardar su integridad personal; de la misma manera se procedi\u00f3 a ponderar las garant\u00edas de los opositores, empero, tal situaci\u00f3n no pudo ser acreditada, en descr\u00e9dito de una buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
Es importante traer a la memoria que la buena fe exenta de culpa, conforme a la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u2026exige ser probada por quien requiere consolidar jur\u00eddicamente una situaci\u00f3n determinada. As\u00ed, la buena fe exenta de culpa exige dos elementos: de un lado, uno subjetivo, que consiste en obrar con lealtad y, de otro lado, uno objetivo, que exige tener la seguridad en el actuar, la cual solo puede ser resultado de la realizaci\u00f3n actuaciones positivas encaminadas a consolidar dicha certeza. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el tema que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, vale decir que la aplicaci\u00f3n y la interpretaci\u00f3n de la buena fe exenta de culpa a que se refiere la Ley de v\u00edctimas y restituci\u00f3n de tierras\u2026 se circunscribe a la acreditaci\u00f3n de aquellos actos que el tercero pretenda hacer valer en relaci\u00f3n con la tenencia, la posesi\u00f3n, el usufructo, la propiedad o dominio de los predios objeto de restituci\u00f3n. Estos actos pueden ser, entre otros, posesiones de facto, negocios jur\u00eddicos de car\u00e1cter dispositivo o situaciones que tienen origen en \u00f3rdenes judiciales o actos administrativos. La comprobaci\u00f3n de la buena fe exenta de culpa lleva a los terceros a ser merecedores de una compensaci\u00f3n, como lo dispone la Ley 1448 de 2011. (CC C-330\/16). <\/p>\n
Refulge que el Alto Tribunal, como garante de prerrogativas esenciales, fij\u00f3 como derrotero que al opositor le resulta insuficiente demostrar que, en su convicci\u00f3n profunda, actu\u00f3 con probidad o lealtad, evaluaci\u00f3n que valga la pena mencionarlo deber\u00e1 hacerse caso por caso seg\u00fan las condiciones personales de aqu\u00e9l, sino que deber\u00e1 exhibir un comportamiento prudente exigible de cualquier persona puesta en sus mismas condiciones objetivas. Sin duda se trata de un est\u00e1ndar diferencial, que debe ser examinado dentro del contexto de violencia que deriv\u00f3 en el despojo y constituye el sustrato de la solicitud de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras abandonadas forzosamente o despojadas. <\/p>\n
Dicho de otra forma, atendiendo lo relatado, la buena fe subjetiva no es m\u00e1s que la legalidad y honradez con la que el opositor efectu\u00f3 el negocio jur\u00eddico del predio objeto de restituci\u00f3n, siendo consciente que al efectuar dicho acto no estaba actuando con violencia, fraude o dolo, acci\u00f3n de donde se deriva el derecho reclamado; a su vez, la buena fe objetiva exige un comportamiento encaminado a evitar un aprovechamiento injusto, expresado en las verificaciones que se esperan de un sujeto con formaci\u00f3n, experiencia y comprensi\u00f3n equiparable al del opositor; situaciones que necesariamente deben ser probadas al interior del juicio, pues se debe desvirtuar que su conducta, para adquirir la heredad no advert\u00eda la intenci\u00f3n de causar da\u00f1o ni de obtener alg\u00fan tipo de aprovechamiento indebido en menoscabo de su contraparte. <\/p>\n
Este estudio contextual, de cara al caso concreto y a la buena fe exenta de culpa pretendida por el opositor, sirvi\u00f3 al Tribunal para evaluar los elementos subjetivos y objetivos de su oposici\u00f3n, concluyendo que no hubo un m\u00ednimo actuar prudente al momento de celebrar el negocio jur\u00eddico, pues no desplegaron acciones para establecer si sobre ese predio se hab\u00edan ejercido violaciones a los derechos humanos, ni cumplieron con la carga de probar los supuestos en los que fundaron sus argumentos, lo que era suficiente para descartar la buena fe subjetiva, interpretaci\u00f3n que no se advierte contraevidente, cerr\u00e1ndose la prosperidad de la tutela en este punto espec\u00edfico. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como la buena fe exenta de culpa debe ser debidamente acreditada por el tercero que pretenda hacer valer su titularidad del fundo objeto de restituci\u00f3n, que al estar debidamente probada, ser\u00eda digno de una compensaci\u00f3n conforme lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011, lo que ac\u00e1 no qued\u00f3 probado seg\u00fan la valoraci\u00f3n efectuada por el sentenciador, sin que se adviertan yerros superlativos que constituyan una v\u00eda de hecho, no procede la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Lo mismo sucede frente a la pretendida protecci\u00f3n como segundo ocupante, en tanto el juzgador hizo una evaluaci\u00f3n de los elementos para su configuraci\u00f3n, descart\u00e1ndola; esto debido a que encontr\u00f3 que los opositores no resid\u00edan, explotaban o depend\u00edan del bien, su domicilio permanente era en Bucaramanga, contaban con ingresos mensuales, se encontraban afiliados al r\u00e9gimen contributivo, cotizaban pensi\u00f3n, ten\u00edan diversos bienes distintos al reclamado -m\u00e1s de diez-, conforme con lo informado por la Superintendencia de Notariado y Registro, no contaban con \u00edndice de pobreza multidimensional, enfermedades o condiciones de vulnerabilidad. <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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STC7968-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7968-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01916-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Claudia Patricia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-55086","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55086","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55086"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55086\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55086"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55086"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55086"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}