STC7969-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7969-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-01910-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Guillermo Le\u00f3n Arag\u00f3n contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado 11 de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, defensa, igualdad y \u00abprevalencia del derecho sustancial sobre el formal\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n de los principios de la buena fe y confianza leg\u00edtima, que dice vulneradas por las autoridades judiciales accionadas, por lo que pidi\u00f3 \u00abrevocar las decisiones [cuestionadas], en el sentido de dar por no contestada la demanda y de no ser apelable esta decisi\u00f3n\u2026, en su reemplazo disponer, que\u2026 se interrumpi\u00f3 dicho t\u00e9rmino y que la demanda fue contestada dentro de los plazos establecidos por la ley\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Adriana Torres L\u00f3pez promovi\u00f3 demanda contra Guillermo Le\u00f3n Arango, con la finalidad que se reconociera que entre ellos existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho, as\u00ed como tambi\u00e9n sociedad patrimonial. <\/p>\n
2.2. Mediante providencia del 9 de septiembre se admiti\u00f3 el libelo, decisi\u00f3n notificada al demandado, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, el 10 de septiembre siguiente. <\/p>\n
2.3. El 30 de septiembre de las citadas calendas, la actora alleg\u00f3 reforma de la demanda, que fue inadmitida con auto de 26 de octubre de 2020, providencia en la que, adem\u00e1s, se tuvo por \u00abno contestada la demanda inicial\u2026\u00bb, comoquiera que a la fecha de proferimiento de esa determinaci\u00f3n el demandado hab\u00eda guardado silencio. <\/p>\n
2.4. Contra esa \u00faltima determinaci\u00f3n, el enjuiciado interpuso reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, siendo desestimado el primero de esos medios de impugnaci\u00f3n con prove\u00eddo del 7 de diciembre de la anterior anualidad, neg\u00e1ndose la concesi\u00f3n de la alzada \u00abpor ser improcedente\u00bb, decisi\u00f3n confirmada, en sede de queja, por el Tribunal criticado con auto del 16 de abril de los corrientes. <\/p>\n
2.5. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que el juzgado convocado \u00abdesde que se radic\u00f3 el proceso\u2026, report\u00f3 como ingresos al despacho las fechas en que registraban los documentos recibidos, lo que indicaba que todo memorial que llegaba ingresaba inmediatamente al despacho\u00bb, por lo que \u00abfue razonable entender que, presentada la reforma, ingres\u00f3 inmediatamente al despacho e interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino del traslado\u00bb, circunstancia que dej\u00f3 de lado la prenotada sede judicial; y que \u00abla secretar\u00eda no hizo ninguna advertencia que el t\u00e9rmino de traslado de la demanda inicial segu\u00eda corriendo, ni que el escrito de reforma ingresar\u00eda al despacho despu\u00e9s de vencido el t\u00e9rmino para contestar y mucho menos que se decidir\u00eda sobre la reforma una vez se venciera el t\u00e9rmino de contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb, omisi\u00f3n que transgrede el principio de la \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb. <\/p>\n
2.6. De otro lado, manifest\u00f3 que si \u00abbien el [art\u00edculo] 321 del C.G.P. (sic) no consagra, que el auto mediante el cual no se tiene por contestada la demanda sea apelable, si lo es el auto que la rechace, y que en este caso\u2026 el tener por no contestada la demanda, equivale al rechazo de la misma\u00bb, lo que desconocieron los falladores accionados. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado 11 de Familia de Cali expres\u00f3 que \u00abno ha incurrido en ninguna irregularidad o defecto, ni violaci\u00f3n de los derechos invocados por la accionante\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala de Familia del Tribunal Superior de esa localidad precis\u00f3 que en el prove\u00eddo cuestionado \u00abse expuso la postura de esta Magistratura para la decisi\u00f3n atacada en este sendero constitucional, soportada en las razones jur\u00eddicas para declarar denegado el recurso; sin que se haya vulnerado derecho alguno al promotor de este amparo\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres pidi\u00f3 conceder el resguardo, pues \u00ab[l]a perentoriedad de los t\u00e9rminos es de origen legal, pero la interpretaci\u00f3n para decidir el inicio de su c\u00f3mputo debe ser comunicado a los sujetos procesales previamente a su iniciaci\u00f3n y no con posterioridad, como aqu\u00ed ocurri\u00f3\u00bb. <\/p>\n
4. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Pues bien, revisada la demanda de tutela, se verifica que el promotor del resguardo cuestion\u00f3: (i) el prove\u00eddo de 16 de abril de 2021, que declar\u00f3 \u00abbien denegado el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb que interpuso contra el auto de 26 de octubre de 2020, a trav\u00e9s del cual se tuvo por \u00abno contestada la demanda inicial\u2026\u00bb; y (ii) la valoraci\u00f3n jur\u00eddica efectuada en el prenotado auto de 26 de octubre. <\/p>\n
3. Bajo ese horizonte y en lo que ata\u00f1e a la primera de esas inconformidades, advierte la Corte que el resguardo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la citada providencia de 16 de abril de los corrientes no luce arbitraria, comoquiera que el Tribunal criticado explic\u00f3 las razones por las que resultaba inviable la alzada interpuesta contra el auto que tuvo por no contestada la demanda en el juicio cuestionado, sobre lo cual precis\u00f3: <\/p>\n
Sin embargo, surge el cuestionamiento acerca de qu\u00e9 se debe entender por rechazo de la contestaci\u00f3n de la demanda, dado que el legislador en el Estatuto Adjetivo hoy vigente, no se ocup\u00f3 de precisar este aspecto\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Es que para entender el rechazo de la contestaci\u00f3n de la demanda, no se puede partir como plantea el quejoso, de una comparaci\u00f3n de dicha figura aplicable al rechazo de la demanda, toda vez que de manera general salvo algunas excepciones, ese rechazo de la demanda ocurre cuando no fueron subsanadas en debida forma las deficiencias advertidas por el juez, o aquello no se hizo en tiempo oportuno\u2013art\u00edculo 90 ib\u00eddem-; am\u00e9n que las consecuencias y efectos son diversos, tanto que en general nada le impide al demandante volver a presentar su libelo, posibilidad no otorgada al extremo pasivo. <\/p>\n
Ahora, sobre el particular la Corte Constitucional en la Sentencia C-335 del 9 de mayo de 2012, si bien se declar\u00f3 inhibida para un proferir pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la expresi\u00f3n \u201co su contestaci\u00f3n\u201d contenida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 14 de la Ley 1395 de 2010 con el que se modific\u00f3 el numeral art\u00edculo 351 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que establec\u00eda: \u201c\u2026Los siguientes autos proferidos en la primera instancia podr\u00e1n ser apelables: 1. El que rechaza la demanda, su reforma o adici\u00f3n, o su contestaci\u00f3n\u201d., en su parte considerativa indic\u00f3 los casos en que a su juicio se produce el aludido rechazo a la contestaci\u00f3n de la demanda en el sentido de que: \u201cPuede presentarse v.gr, por extemporaneidad del escrito, por ausencia de legitimaci\u00f3n procesal, porque quien la present\u00f3 tiene una carga procesal espec\u00edfica que incumpli\u00f3 por la cual no puede ser o\u00eddo en el proceso. Ver al respecto los art\u00edculos 92 al 95 C.P.C\u201d. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional, por la integridad de lo principalmente decidido, para esta Magistrada s\u00f3lo unos espec\u00edficos eventos dan lugar al rechazo a la contestaci\u00f3n de la demanda, como ejemplo de ello ser\u00eda cuando el acto fue presentado, pero no se hizo dentro del t\u00e9rmino otorgado para que ello ocurriera o, en otras palabras, fue extempor\u00e1neo. <\/p>\n
Sin embargo, no se contempla dentro de las hip\u00f3tesis de rechazo cuando esa intervenci\u00f3n inicial del demandado ni siquiera se ha producido, lo que se refuerza al seguir la t\u00e9cnica dise\u00f1ada por el C\u00f3digo Civil en sus art\u00edculos 27 y 28, que seg\u00fan el Diccionario de la Real Academia Espa\u00f1ola de la Lengua el concepto de rechazo acece al \u201ccontradecir lo que alguien expresa o no admitir lo que propone u ofrece\u201d, por lo que en resumidas cuentas no hay lugar a rechazar lo que no se ha presentado. <\/p>\n
Ciertamente el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, enlista la procedencia del recurso de apelaci\u00f3n cuando sea rechazada la contestaci\u00f3n de la demanda, m\u00e1s no as\u00ed la habilita para el caso de tenerla por no contestada, porque se itera, no se puede rechazar lo que no se ha presentado, as\u00ed como tampoco a lo largo del cuerpo normativo procedimental, se halla otra norma especial que habilite la procedencia del recurso sobre el asunto particular y que, siendo \u00e9ste medio de impugnaci\u00f3n de naturaleza taxativa, impone declarar la inadmisibilidad de la apelaci\u00f3n presentada, como en efecto procedi\u00f3 la iudex a quo y que conlleva a denegar el recurso de queja propuesto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el inconforme es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Colegiado querellado interpret\u00f3 el art\u00edculo 3211 (numeral 1\u00b0) del C\u00f3digo General del Proceso y consider\u00f3 que el caso analizado no se subsum\u00eda en el supuesto f\u00e1ctico all\u00ed consagrado, con miras a habilitar la alzada, toda vez que a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n cuestionada no fue rechazada la contestaci\u00f3n de la demanda, sino que se reconoci\u00f3 la ausencia de tal acto, comoquiera que el demandado guard\u00f3 silencio durante el t\u00e9rmino de traslado. <\/p>\n
Tal deducci\u00f3n del despacho judicial acusado no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
Sobre el particular, ha de destacar la Sala que, en el prove\u00eddo de 7 de diciembre de 2020, que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n que formul\u00f3 el tutelante contra la prenotada decisi\u00f3n de 26 de octubre, el juzgado convocado manifest\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
En el caso bajo estudio, la parte demandada considera que hubo yerro por parte del despacho al tenerle por no contestado el libelo, basando su pedimento en lo establecido en el Art. 118 del C.G.P., ya que supone que la presentaci\u00f3n de una reforma a la demanda interrumpe los t\u00e9rminos, en este caso los de contestaci\u00f3n. <\/p>\n
Los incisos 5 y 6 del Art. 118 del C.G.P. rezan: \u201cSin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, mientras est\u00e9 corriendo un t\u00e9rmino, no podr\u00e1 ingresar el expediente al despacho, salvo que se trate de peticiones relacionadas con el mismo t\u00e9rmino o que requieran tr\u00e1mite urgente, previa consulta verbal del secretario con el juez, de la cual dejar\u00e1 constancia. En estos casos, el t\u00e9rmino se suspender\u00e1 y se reanudar\u00e1 a partir del d\u00eda siguiente al de la notificaci\u00f3n de la providencia que se profiera. <\/p>\n
Mientras el expediente est\u00e9 al despacho no correr\u00e1n los t\u00e9rminos, sin perjuicio de que se practiquen pruebas y diligencias decretadas por autos que no est\u00e9n pendientes de la decisi\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n. Los t\u00e9rminos se reanudar\u00e1n el d\u00eda siguiente al de la notificaci\u00f3n de la providencia que se profiera, o a partir del tercer d\u00eda siguiente al de su fecha si fuera de c\u00famplase.\u201d <\/p>\n
En consecuencia, son evidentes las razones por las cuales se le debe dar tr\u00e1mite urgente a una solicitud como lo son: a) peticiones que est\u00e9n relacionadas con el t\u00e9rmino concedido (en este caso el de contestaci\u00f3n), b) que requieran tr\u00e1mite urgente, es as\u00ed que la reforma a la demanda nada tiene que ver con el primero de los casos; ahora bien, es necesario determinar s\u00ed se configura como un motivo urgente suficiente para interrumpir cualquier t\u00e9rmino que se est\u00e9 surtiendo dentro de un proceso. <\/p>\n
Al efecto, el Art. 93 del C.G.P, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Es evidente que, en esta norma, en ninguna de sus estimaciones, se\u00f1ala que la mera radicaci\u00f3n del escrito que pretenda reformar la demanda interrumpe t\u00e9rminos, antes bien ajusta la forma en que se puede notificar dicha reforma, en caso de que el demandado se encuentre ya notificado de la demanda inicial, pues los t\u00e9rminos para contestar la reforma, en caso de ser admitida, son diferentes a los de la demanda inicial. <\/p>\n
Ahora bien, el escrito en cuesti\u00f3n fue presentado el d\u00eda 30 de septiembre de 2020, al demandado se le envi\u00f3 el auto admisorio el d\u00eda 10 de septiembre de 2020, sin embargo los t\u00e9rminos le empezaron a correr a partir 25 de septiembre de 2020, teni\u00e9ndose en cuenta lo resuelto en la sentencia No. C-420 del 24 de Septiembre de 2020 de la Corte Constitucional, pues se tuvo certeza de que recibi\u00f3 la nombrada providencia el d\u00eda de la presentaci\u00f3n del poder conferido a apoderada judicial (22 de septiembre de 2020), inclusive el despacho a fin de orientarlo y que no hubiere confusi\u00f3n con los t\u00e9rminos, le se\u00f1al\u00f3 el d\u00eda 23 de septiembre de 2020 la importancia de dar cumplimiento con lo se\u00f1alado en el auto que se le notific\u00f3, en cuanto al plazo para dar contestaci\u00f3n, tal como se puede observar en el archivo No. 15 del expediente digital. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, considera este despacho que hubo una actitud pasiva por la parte demandada, al no contestar el libelo demandatario, dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado, por lo que no se repondr\u00e1 el auto recurrido. <\/p>\n
As\u00ed pues, se reitera, la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza o caprichosa, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, pues lo que aqu\u00ed se verifica es que el actor no comparte la interpretaci\u00f3n que, del art\u00edculo 118 del C\u00f3digo General del Proceso, realiz\u00f3 el fallador cuestionado, seg\u00fan la cual la presentaci\u00f3n de la reforma de la demanda no interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino de traslado concedido para la contestaci\u00f3n del libelo inicial, porque la realizaci\u00f3n de dicho acto no impon\u00eda el ingreso inmediato del expediente al despacho, al no configurarse ninguna de las causales que para esos efectos consagra el prenotado art\u00edculo 118. <\/p>\n
5. Por lo dem\u00e1s, cabe a\u00f1adir, que las circunstancias relacionadas con el supuesto desconocimiento de la \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb, por los registros realizados por la secretar\u00eda del despacho judicial accionado en el sistema de gesti\u00f3n de la Rama Judicial, baste con decir que esos argumentos no fueron planteados como sustento de la reposici\u00f3n interpuesta contra el auto de 26 de octubre de 2020, lo que hace inviable el resguardo, ante el desaprovechamiento del medio ordinario de defensa que tuvo a su alcance el accionante. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el quejoso desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
6. Lo anterior se considera suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u00abSon apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad. (\u2026) Tambi\u00e9n son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia: (\u2026) 1. El que rechace la demanda, su reforma o la contestaci\u00f3n a cualquiera de ellas\u00bb <\/p>\n
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STC7969-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7969-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-01910-00 Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Guillermo Le\u00f3n Arag\u00f3n contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-55087","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55087","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55087"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55087\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55087"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55087"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55087"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}