STC7977-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7977-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 41001-22-14-000-2020-00213-03 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 14 de mayo de 2021 por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sociedad Cl\u00ednica Emcosalud S.A. contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene al estrado acusado que proceda a \u00abadecuar sus actuaciones conforme a la disposici\u00f3n legal prevista en la parte final del par\u00e1grafo del 594 del C.G.P., esto es, entienda revocada la medida cautelar en contra de [sus] recursos\u2026 en las cuentas del Banco Cooperativo Coopcentral, toda vez que la insistencia del embargo se realiz\u00f3 de manera extempor\u00e1nea, y por ende, se debe entender revocada la medida cautelar\u00bb; y que \u00abrevo[que] la orden de embargo contenida en el auto del 7 de febrero de 2020, en cuanto al decreto del embargo y retenci\u00f3n de los dineros depositados en cuentas\u2026, por cuanto dicha pretensi\u00f3n hab\u00eda sido desistida\u2026 a trav\u00e9s de la audiencia de\u2026 10 de septiembre de 2019 y escrito conjunto de desistimiento de fecha 12 de septiembre de 2019\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro del proceso ejecutivo adelantado por Alejandro Chavarro y otros contra la Sociedad Cl\u00ednica Emcosalud S.A, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva en auto de 7 de febrero de 2020 decret\u00f3 medidas cautelares sobre las cuentas que la ejecutada ten\u00eda en el Banco Cooperativo Coopcentral, decisi\u00f3n comunicada el 27 de noviembre de 2020, por lo que dicha entidad financiera el 30 de noviembre siguiente remiti\u00f3 oficio advirtiendo que los dineros objeto de cautela eran inembargables por destinaci\u00f3n especifica para la salud. <\/p>\n
2.2. El 7 de diciembre de 2020 la ejecutada solicit\u00f3 el levantamiento de las cautelas; y con auto de 9 de diciembre siguiente el referido estrado requiri\u00f3 al Banco para que diera cumplimiento a la orden impartida, fijando como limite de la medida el 50% de los recursos depositados en la cuenta. Esta decisi\u00f3n fue recurrida en reposici\u00f3n y subsidio apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que pese a que ya hab\u00edan transcurrido 3 d\u00edas desde la respuesta de la entidad financiera y sin pronunciarse sobre la solicitud de levantamiento de la medida cautelar, el estrado acusado dispuso en auto de 9 de diciembre de 2020 requerir nuevamente al Banco para que diera cumplimiento a la orden impartida. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que se incumpli\u00f3 con el procedimiento establecido en la parte final del par\u00e1grafo 594 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que generaba como consecuencia jur\u00eddica que se entendiera revocada la medida decretada; y que recurri\u00f3 la aludida decisi\u00f3n, pues lo acontecido era ilegal. <\/p>\n
2.5. Adujo que era imperioso evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, pues los dineros estaban dispuestos para la prestaci\u00f3n del servicio de salud de los usuarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en los departamentos de Huila y Tolima. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que las peticiones de medidas cautelares ya hab\u00edan sido desistidas en la audiencia de 10 de septiembre de 2019 y en el escrito aportado conjuntamente el 12 de septiembre siguiente, lo que generaba consecuencias, esto es, la renuncia frente a dichos actos, concretamente, desde la ejecutoria que admiti\u00f3 el desistimiento presentado. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Banco Cooperativo Coopcentral indic\u00f3 que su actuar se hab\u00eda ajustado al marco legal vigente que regulaba lo relacionado con la pr\u00e1ctica de cautelas sobre recursos inembargables. <\/p>\n
2. Alejandro Chavarro Ram\u00edrez, Lina Sof\u00eda Victoria, Alejandro Chavarro Victoria, Alba Ram\u00edrez Vega y Emilia Victoria se\u00f1alaron que no se cumpl\u00edan los requisitos de procedibilidad del resguardo -inmediatez y subsidiariedad-, pues el auto que dispuso el embargo de las cuentas databa del 7 de febrero de 2020, adem\u00e1s que fue recurrido, encontr\u00e1ndose pendiente de resoluci\u00f3n la alzada; que exist\u00eda una indebida interpretaci\u00f3n jur\u00eddica, pues el segundo inciso del par\u00e1grafo hac\u00eda referencia a una presunci\u00f3n a favor de la receptora de la orden; que la obligaci\u00f3n era del 2018 y a la fecha no se hab\u00eda pagado, por lo que la \u00fanica herramienta con la que contaban eran las medidas cautelares; que se omiti\u00f3 el estudio de las excepciones de inembargabilidad y se desconocieron los precedentes jurisprudenciales. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda 19 Judicial II de Familia de Neiva refiri\u00f3 que recomendaba acceder a las pretensiones de la parte accionante, teniendo en cuenta la prevalencia de los derechos fundamentales de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, ya que con el desembargo de las cuentas, tendr\u00eda acceso a los dineros o recursos econ\u00f3micos, lo que permitir\u00e1 garantizar la prestaci\u00f3n de una tratamiento integral en la salud y mejorar el estilo de vida. <\/p>\n
4. El Defensor de Familia del Centro Zonal La Gaitana de la Regional Huila se\u00f1al\u00f3 que en caso de existir menores en el asunto criticado solicitaba se velara por el efectivo goce de sus derechos; y que se aten\u00eda a lo que se resolviera en el presente asunto. <\/p>\n
5. La Uni\u00f3n Temporal Tolihuila adujo que la accionante era integrante de esa Uni\u00f3n; que los recursos pertenecientes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ten\u00edan una destinaci\u00f3n espec\u00edfica para la prestaci\u00f3n de los servicios m\u00e9dicos asistenciales, por lo que no pod\u00edan ser objeto de cautela al ser inembargables; que fue extempor\u00e1nea la comunicaci\u00f3n de la insistencia de la cautela, por lo que se entend\u00eda revocada; que se deb\u00eda conceder el resguardo y dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 594 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
6. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional concedi\u00f3 parcialmente el amparo al considerar que se encontraba acreditada la existencia de un perjuicio irremediable, pues mantener la continuidad de la orden proferida por la autoridad judicial le impedir\u00eda garantizar el derecho a la salud de sus afiliados; que el juzgador convocado incurri\u00f3 en defecto material o sustantivo, pues estuvo fuera de lo dispuesto en el art\u00edculo 594 del C\u00f3digo General del Proceso, en tanto que persisti\u00f3 en la medida excediendo el t\u00e9rmino previsto y cuando hab\u00eda operado su revocatoria por ministerio de la ley, \u00absi pasados tres (3) d\u00edas h\u00e1biles el destinatario no recibe oficio alguno, se entender\u00e1 revocada la medida cautelar\u00bb; que como se encontraban en tr\u00e1mite los recursos formulados, se amparaba el debido proceso de forma provisional, ordenando la suspensi\u00f3n del requerimiento de insistencia de la medida cautelar ordenada en auto de 7 de febrero de 2020, hasta que se desataran los recursos contra el auto de 9 de diciembre de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. Alejandro Chavarro Ram\u00edrez impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en la contestaci\u00f3n de la tutela y aduciendo que el objeto de la petici\u00f3n de amparo radicaba en el auto de 9 de diciembre de 2020, que no en el de 7 de febrero anterior; que no hab\u00eda causa para que se desacatara una orden de embargo; que al existir recursos pendientes, mal pod\u00eda decirse que se hubieren agotado los mecanismos ordinarios de defensa; que exist\u00edan excepciones a la inembargabilidad; que el desistimiento de las medidas fue producto de una negociaci\u00f3n con la Cl\u00ednica ejecutada que se incumpli\u00f3; que exist\u00eda libertad jur\u00eddica para solicitar nuevamente las cautelas, pues las mismas no fueron declaradas ineficaces, ni resueltas en su contra. <\/p>\n
2. La Sociedad Cl\u00ednica Emcosalud S.A. se pronunci\u00f3 frente al escrito de impugnaci\u00f3n y solicit\u00f3 que se despachara desfavorablemente la misma y se confirmara el fallo del a-quo constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, advierte la Corte que el amparo no est\u00e1 llamado a prosperar, en la medida en que al momento de interponerse esta acci\u00f3n excepcional se encontraban pendientes de resoluci\u00f3n los recursos interpuestos frente al prove\u00eddo de 9 de diciembre de 2020, con el que se requiri\u00f3 al Banco Cooperativo Coopcentral para que diera cumplimiento a la orden impartida y se fij\u00f3 como limite de la medida el 50% del monto depositado en las cuentas de la ejecutada. <\/p>\n
Luego, se observa que como la actuaci\u00f3n referida estaba en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que lo contrario equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia, por lo cual la tutela resulta prematura. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha puntualizado que: <\/p>\n
\u2026el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reiterase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley.\u00bb (CSJ STC 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC 11. Jul. 2013, rad, 000183-01) (CSJ STC3524-2016, 17 mar. 2016, rad. 2016-00525-00). <\/p>\n
3. Ahora bien, no desconoce la Corte que en auto de 14 de mayo de 2021 se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n impetrado por la ahora accionante, accediendo al levantamiento de la medida cautelar censurada, sin embargo, esto constituye un hecho nuevo, no incluido en el libelo inicial, frente al que no puede entrar a pronunciarse la Sala en esta instancia, toda vez que desconocer\u00eda el derecho de defensa de los involucrados en esta situaci\u00f3n. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que se presentan en el curso de la tutela, se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026Es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 2011-00003-01; reiterada en STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00416-01; y STC, 3 oct. 2013, rad. 2013-01090-01). <\/p>\n
5. Conforme a lo consignado, se revocar\u00e1 la sentencia de tutela de primera instancia y, en su lugar, se negar\u00e1 el resguardo impetrado, por lo que el estrado acusado deber\u00e1 dejar sin valor ni efecto alguno las determinaciones adoptadas con ocasi\u00f3n del fallo del a-quo constitucional, con base en el art\u00edculo 7\u00ba del Decreto 306 de 19921. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n y, en su lugar, niega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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