STC7982-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7982-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-21-000-2021-00003-03 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante frente al fallo proferido el 21 de abril de 2021 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la acci\u00f3n de tutela promovida por por Jorge Rodrigo Gonz\u00e1lez Zuluaga, como agente oficioso de Rodrigo Gonz\u00e1lez Gallo y Melva Zuluaga de Gonz\u00e1lez contra el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Pereira y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los intervinientes en la actuaci\u00f3n criticada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El promotor, como agente oficioso de Rodrigo Gonz\u00e1lez Gallo y Melva Zuluaga de Gonz\u00e1lez, pretende protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por las autoridades encausadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene al juzgado accionado \u00abrecono[cer] el derecho fundamental a restituci\u00f3n de tierras dentro del componente de la reparaci\u00f3n integral a [sus] padres, en cuanto al predio \u201calegr\u00edas\u201d el cual debi\u00f3 ser compensado\u2026 por equivalencia con el valor de un proyecto productivo y un subsidio de vivienda, conforme a la orden n\u00b0 4 de la sentencia 013 de 2018\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n
2.1. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas (UAEGRTD) present\u00f3, en representaci\u00f3n de Rodrigo Gonz\u00e1lez Gallo y Melva Zuluaga de Gonz\u00e1lez, solicitud de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras abandonadas forzosamente o despojadas (radicado 2015-00154), con la finalidad de obtener la devoluci\u00f3n de los predios denominados \u00abEl Carmelo – El Lim\u00f3n\u00bb y \u00abLas Alegr\u00edas\u00bb ubicados en la vereda La Florida, del municipio Pensilvania \u2013Caldas-. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 27 de abril de 2018, el Juzgado criticado reconoci\u00f3 la calidad de v\u00edctima de los reclamantes y de su n\u00facleo familiar, ordenando la restituci\u00f3n de los inmuebles por equivalencia, al tiempo que, respecto del fundo \u00abLas Alegr\u00edas\u00bb, una vez \u00abse haya adjudicado el predio por equivalencia\u2026 en el t\u00e9rmino de\u2026 15 d\u00edas contabilizado a partir de ese acto realizado por parte de la UAEGRTD, adelante todas las actuaciones necesarias para el dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de un proyecto productivo acorde al estudio realizado\u2026 y que posibilite la sostenibilidad de la restituci\u00f3n ordenada\u00bb. <\/p>\n
2.3. Luego, el actor solicit\u00f3 el cumplimiento del fallo, pues si bien se atendi\u00f3 la restituci\u00f3n por equivalencia respecto de los predios, lo cierto es que las \u00f3rdenes del proyecto productivo y subsidio de vivienda est\u00e1n pendiente acatamiento; el 9 de diciembre de 2020 el estrado judicial dio por cumplida \u00abla orden del pago de la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica a favor de [los reclamantes], por parte del Grupo Cumplimiento de \u00d3rdenes Judiciales y Articulaci\u00f3n Institucional (COJAI)\u00bb, al tiempo que, no accedi\u00f3 a la \u00abactivaci\u00f3n de la vivienda y proyectos productivos\u00bb, pues los solicitantes hab\u00edan optado por la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica de manera libre y voluntaria, de ah\u00ed que, acceder a ello, ser\u00eda una doble compensaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, deduce, el fallo a\u00fan no se ha cumplido en su totalidad, toda vez que respecto al predio \u00abLas Alegr\u00edas\u00bb la Unidad \u00abdeb\u00eda compensar con el valor de un proyecto productivo y un subsidio de vivienda\u00bb, sin embargo, s\u00f3lo acataron la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica del predio que \u00e9l mismo busc\u00f3 para la compra, habida cuenta que \u00abla sociedad de activos especiales (S.A.E.) no ten\u00eda en la zona inventario de predio en el fondo de rehabilitaci\u00f3n y lucha contra el crimen organizado (Frisco)\u00bb. <\/p>\n
2.5. Anot\u00f3 que la propiedad que compr\u00f3 en compensaci\u00f3n \u00abno est\u00e1 produciendo fruto para los beneficios, mientras que los solicitantes pasan necesidades, agravadas por el estado de pobreza por efecto de la pandemia en relaci\u00f3n con el Covid 19\u2026, que tiene una precaria vivienda, lo que da lugar a la aplicaci\u00f3n de la sentencia C-820 de la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que sus padres tienen 79 y 74 a\u00f1os de edad, adem\u00e1s, las condiciones de salud de su progenitor no le permiten trabajar, mientras que su se\u00f1ora madre \u00abpadece cierta discapacidad motriz\u00bb, por lo que necesitan de un proyecto productivo para que trabaje el resto del n\u00facleo familiar. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Pereira manifest\u00f3 que el juicio fustigado cuenta con sentencia debidamente ejecutoriada; que contrario a lo afirmado por el gestor el cumplimiento de la misma fue total, pues con auto de 18 de junio de 2019 \u00aben el cual se resolvi\u00f3 su inquietud presentada ante al Grupo Fondo, oportunidad en la que indic\u00f3 a dicha entidad que dados los tr\u00e1mites administrativos y el valor de los aval\u00faos de los predios El Carmelo y Las Alegr\u00edas, prefer\u00edan recibir de forma directa el dinero para hacer las negociaciones pertinentes. En ese orden la mencionada providencia determin\u00f3 lo siguiente: \u201cSin embargo se le hace saber al peticionario que, ante una restituci\u00f3n por compensaci\u00f3n econ\u00f3mica del valor del precio, no procede entrega en efectivo de los subsidios de mejoramiento de vivienda ni el proyecto productivo\u00bb, que ante tal situaci\u00f3n, el promotor, en representaci\u00f3n de sus padres, present\u00f3 escrito indicando que \u00abten\u00edan un predio negociado, pero que requer\u00edan la programaci\u00f3n de diligencia de entrega de los predios imposibles de restituir al fondo de la unidad, con el fin de poder acceder al dinero de la compensaci\u00f3n, no da cuenta de su inconformidad frente a lo decidido, teniendo en consideraci\u00f3n que la propia resoluci\u00f3n del grupo fondo de la unidad por medio de la cual se le otorgaba la compensaci\u00f3n conforme el aval\u00fao de los predios, daba cuenta de que la misma cubr\u00eda el valor de ambos predios y no de uno solo como pareciera entenderlo el solicitante seg\u00fan su petici\u00f3n\u00bb, raz\u00f3n por la que con el auto de 9 de diciembre de 2020 dio por acatada la orden; resalt\u00f3 que est\u00e1 pendiente de decidir si se deja sin efecto los numerales s\u00e9ptimo y noveno de la sentencia, los cuales versan sobre la implementaci\u00f3n de proyectos productivos y la priorizaci\u00f3n de acceso a subsidios de construcci\u00f3n y\/o mejoramiento de vivienda. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 32 Judicial I de Restituci\u00f3n de Tierras de Manizales anot\u00f3 que el estrado querellado efectu\u00f3 el seguimiento de la sentencia y emiti\u00f3 las \u00f3rdenes judiciales necesarias para el cabal cumplimiento de las mismas; que acceder a las pretensiones del gestor podr\u00eda ser una doble reparaci\u00f3n, pues el actor, como hijo de los beneficiarios, acept\u00f3 el pago en dinero en efectivo como compensaci\u00f3n por el valor de los predios reclamados; que \u00abla orden contenida en la sentencia y que fue objeto se seguimiento hac\u00eda clara referencia a que la construcci\u00f3n de la vivienda y la implementaci\u00f3n del proyecto productivo estaba supeditado a la adjudicaci\u00f3n de un predio para la aplicaci\u00f3n de la compensaci\u00f3n por equivalencia es decir cuando se encontrara el predio rural ubicado en el lugar de residencia de los beneficiarios, lo cual finalmente no ocurri\u00f3\u00bb, pues, como qued\u00f3 visto, los gestores optaron por recibir la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y Abandonadas relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio criticado, as\u00ed como las adelantadas a fin de dar cabal cumplimiento al fallo; que en las diferentes audiencias el gestor pidi\u00f3 que \u00abse autorice el pago en dinero de manera directa para entrar a negociar de forma libre\u00bb, solicitud que fue atendida favorablemente, por lo que, ante la imposibilidad de restituir predios por equivalencia, conforme a los aval\u00faos comerciales de los inmuebles objeto de litis, se desembols\u00f3 $59.650.700 a favor los reclamantes; solicit\u00f3 negar la solicitud de amparo por inexistencia del hecho vulnerador. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencia m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 el resguardo al considerar que la decisi\u00f3n censurada no luce arbitraria, y est\u00e1 ajustada a las probanzas allegadas al plenario y a la normatividad que regula la materia, destacando que: <\/p>\n
\u2026el reconocimiento de subsidios de vivienda y proyectos productivos (en un fundo rural se sobreentiende), requiere, en la generalidad de casos y como acertadamente lo elucid\u00f3 el juzgado, la acreditaci\u00f3n de la propiedad en cabeza de los directos reclamantes sobre el inmueble en que han de ser aplicadas dichas medidas de reparaci\u00f3n o asistencia adicional. <\/p>\n
Es por lo anterior que no se refleja contraria a ley, y m\u00e1s bien s\u00ed acorde con \u00e9sta, la decisi\u00f3n del juzgado consistente en denegar la \u201cactivaci\u00f3n de la vivienda y proyectos productivos\u201d elevada por el tutelante, sobre la base de que los beneficiarios directos de la sentencia recibieron en dinero el valor de los dos fundos (El Carmelo- El Lim\u00f3n y La Alegr\u00eda) y que con ello qued\u00f3 satisfecha, por ahora, la restituci\u00f3n de las dos heredades. <\/p>\n
Fue precisamente por la anotada raz\u00f3n que el Despacho accionado le hizo saber al aqu\u00ed tutelante que se encuentra (todav\u00eda) pendiente de definir si se deja sin efecto o no lo concerniente a la implementaci\u00f3n de proyectos productivos y a la priorizaci\u00f3n de acceso a subsidios de construcci\u00f3n y\/o mejoramiento de vivienda. <\/p>\n
En la anterior forma, si el prop\u00f3sito de la parte actora es recibir subsidio de vivienda y proyecto productivo, debe entonces demostrar la adquisici\u00f3n de un predio id\u00f3neo (que se ajuste a las condiciones de ley), por parte de los propios reclamantes RODRIGO GONZ\u00c1LEZ GALLO y MELVA ZULUAGA DE GONZ\u00c1LEZ (como lo prev\u00e9 el juzgado), no la adquisici\u00f3n de un predio por su agente oficioso JORGE RODRIGO GONZ\u00c1LEZ ZULUAGA o cualquiera otro tercero. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora y su n\u00facleo familiar, reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que \u00abno haber cumplido las \u00f3rdenes conforme a lo ordenado por el Juez\u2026, constituye una Re victimizaci\u00f3n y falta de claridad y aprovechamiento de la URT en detrimento de las v\u00edctimas beneficiarias\u00bb, adem\u00e1s que \u00abresulta apenas contradictorio que se d\u00e9 por cumplida una orden y se diga que el auto proferido dio por concluido el tr\u00e1mite del subsidio de vivienda y el proyecto productivo, y si fuese as\u00ed por la URT no solicit\u00f3 la modulaci\u00f3n de la sentencia, unificando las \u00f3rdenes dictadas en la sentencia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Verificados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, no cabe duda que la parte actora se duele de la supuesta falta de cumplimiento de la sentencia proferida por el Juzgado accionado el 27 de abril de 2018 (radicado 2015-00154), respecto de las \u00f3rdenes del proyecto productivo y subsidio de vivienda. <\/p>\n
Con base en tal premisa advierte la Corte que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad toda vez que se torna prematuro, en la medida en que los promotores del amparo, tal como lo indic\u00f3 el a quo constitucional, deben cumplir con las cargas dispuestas para tal fin, entre ellas, la titularidad del predio a nombre de los reclamantes, para que con ello puedan pretender el acatamiento de los subsidios por esta v\u00eda intentados. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, se destaca que, seg\u00fan lo informado por el estrado judicial, para cuando se formul\u00f3 la solicitud de amparo estaba pendiente de decidir si se deja o no sin efectos los numerales s\u00e9ptimo y noveno de la sentencia, los cuales versan sobre la implementaci\u00f3n de proyectos productivos y la priorizaci\u00f3n de acceso a subsidios de construcci\u00f3n y\/o mejoramiento de vivienda; de ah\u00ed que la solicitud de amparo tambi\u00e9n incumpla el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
N\u00f3tese que insistentemente se ha se\u00f1alado que este medio excepcional de resguardo no puede ser utilizado para soslayar la competencia establecida por el legislador en el funcionario judicial de conocimiento, quien es el llamado a pronunciarse sobre lo pretendido, una vez se cumplan con las cargas, especialmente, la demostraci\u00f3n de la titularidad del predio en cabeza de los reclamantes. <\/p>\n
Y es que, la jurisprudencia constitucional ha considerado prematura la solicitud de amparo cuando a\u00fan est\u00e1n pendientes de definici\u00f3n las defensas planteadas ante el fallador natural aduciendo esa situaci\u00f3n, como aqu\u00ed ocurre. <\/p>\n
Lo anterior traduce que como existen cargas pendientes por parte de los reclamantes, as\u00ed como la definici\u00f3n sobre la modulaci\u00f3n del fallo respecto de la implementaci\u00f3n de proyectos productivos y la priorizaci\u00f3n de acceso a subsidios de construcci\u00f3n y\/o mejoramiento de vivienda, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia. <\/p>\n
Al respecto, reiteradamente ha sostenido la Sala que: <\/p>\n
resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC6999-2016, 27 may., rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
4. Lo consignado impone respaldar la decisi\u00f3n de primer grado, pero por las razones ya expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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