STC7999-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7999-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02012-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Miguel Eduardo Hern\u00e1ndez Piraquive contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama a trav\u00e9s de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales convocadas, al haber negado en ambas instancias, la nulidad invocada en el marco del proceso ejecutivo seguido del declarativo de rendici\u00f3n de cuentas, que Fabio de Jes\u00fas Hern\u00e1ndez Piraquive promovi\u00f3 en su contra, con radicado No. 2009-00284-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, \u00abdeclar[ando] sin ning\u00fan valor ni efecto el auto proferido el 19 de diciembre de 2019 (\u2026) y el auto del 11 de mayo de 2021\u00bb, y, como consecuencia de ello, \u00abdecret[ar] la nulidad parcial (\u2026) a partir del auto proferido el 17 de abril de 2017\u00bb, dentro de la referida controversia. <\/p>\n
2. Como sustento de lo reclamado, y en lo que concierne para la soluci\u00f3n del presente asunto aduce, que pese a que el 21 de junio de 2012 se profiri\u00f3 sentencia ordenando rendir cuentas de la liquidaci\u00f3n de la empresa Salsamentaria Migaher y C\u00eda. en Liquidaci\u00f3n, y no solo, hasta el 18 de enero de 201[3], se \u00aborden\u00f3 (\u2026) pagar las sumas de dinero estimadas bajo juramento\u00bb por el demandante, sino que, el 17 de abril de 2013 se libr\u00f3 de \u00aboficio\u00bb mandamiento de pago en su contra, el que se notific\u00f3 por estado, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga neg\u00f3 la nulidad que invoc\u00f3 con base en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Se\u00f1ala que aunque apel\u00f3 tal determinaci\u00f3n, pues la orden de apremio debi\u00f3 notificarse \u00abpersonalmente\u00bb habida cuenta que el demandante elev\u00f3 la solicitud de ejecuci\u00f3n cuando a\u00fan no se hab\u00eda proferido el auto de que trata el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 418 \u00eddem, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad confirm\u00f3 en su integridad lo resuelto, desconociendo as\u00ed, dice, el canon 335 ib\u00eddem, y no se le permiti\u00f3 hacer el \u00abcontrol de t\u00e9rminos\u00bb que tiene dicha norma para el enteramiento del auto coercitivo, circunstancias todas \u00e9stas que, asegura, hacen necesaria la intervenci\u00f3n del Juez constitucional. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 23 de junio de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencia de Bucaramanga precis\u00f3, que \u00abrefulge claro que el asunto sometido a consideraci\u00f3n del Juez constitucional trata de un caso de linaje legal, que fue decidido por el Juez natural bajo los Principios de Legalidad y Autonom\u00eda Judicial, al paso que la acci\u00f3n de tutela no debe ser vista bajo ning\u00fan criterio como una instancia adicional, pues ello ri\u00f1e con el requisito de subsidiariedad que requiere y reclama el presente tr\u00e1mite constitucional\u00bb. <\/p>\n
b. El Magistrado Sustanciador de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la citada urbe puntualiz\u00f3, que \u00abque la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo sumario y excepcional, por lo que no es dable acudir a ella como una instancia adicional, cuando no se comparte los argumentos que llevaron a la resoluci\u00f3n del asunto, en el que se cont\u00f3 con todas las garant\u00edas constitucionales, no siendo la decisi\u00f3n caprichosa, temeraria o contraria a derecho. Por ello, solicito negar el amparo deprecado, al no vulnerarse ning\u00fan derecho fundamental, para lo cual anexo el auto que resolvi\u00f3 el recurso de alzada\u00bb. <\/p>\n
c. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura del se\u00f1or Hern\u00e1ndez Piraquive est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra el prove\u00eddo dictado el 11 de mayo del a\u00f1o en curso por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, que resolvi\u00f3 \u00abCONFIRMAR\u00bb lo decidido el 11 de diciembre de 2019 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencia de la misma urbe, que declar\u00f3 infundada la nulidad invocada al interior del proceso coercitivo seguido a continuaci\u00f3n de uno declarativo de rendici\u00f3n de cuentas, que su hermano Fabio de Jes\u00fas adelant\u00f3 en su contra, pues seg\u00fan su criterio, se incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por defecto sustantivo. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga para mantener inc\u00f3lume la decisi\u00f3n del Juez cognoscente de negar la invalidez procesal reclamada, luego de citar el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 418 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil1 (aplicable en su momento al asunto), precis\u00f3 que \u00absiendo, como es, que el ejecutado, no rindi\u00f3 las cuentas ordenadas por la autoridad jurisdiccional, se hizo menester, ordenar su pago acorde a lo estimado en la demanda de rendici\u00f3n provocada de cuentas y, pese a que el actor se anticip\u00f3 a deprecar el mandamiento de pago, ello no lo hace inexistente, pues como lo advirti\u00f3 el Juzgado de conocimiento, deb\u00eda ser resuelto en la oportunidad correspondiente, toda vez que, se requer\u00eda primero el auto que lo ordenara, que es el que presta m\u00e9rito ejecutivo, por suma de dinero, seg\u00fan se advierte de manera pr\u00edstina, de donde f\u00e1cil es colegir, que no transcurri\u00f3, y no pod\u00eda hacerlo, el t\u00e9rmino de 60 d\u00edas que para ese prop\u00f3sito establec\u00eda el otrora art. 335 del CPC, ya que la providencia que se ejecuta es el auto que orden\u00f3 el pago, es decir el del 18 de enero de 2013, sobre el cual ya se hab\u00eda anticipado la solicitud de mandamiento ejecutivo, haci\u00e9ndose as\u00ed prevalecer el derecho sustancial del acreedor (art. 228 de la CP), sobre el mero y est\u00e9ril formalismo que por v\u00eda de nulidad reclama convenientemente el ejecutado sobre una norma cuya teleolog\u00eda es justamente la consultada por el a-quo\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s advirti\u00f3, que \u00abel demandado ya hab\u00eda actuado sin proponerla, de esta suerte, [que] la providencia recurrida debe confirmarse, aunque por razones diferentes, ante argumentos evidentemente dilatorios\u00bb. <\/p>\n
3.2. Con todo, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la Colegiatura criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende el peticionario del amparo (all\u00ed obligado), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir el an\u00e1lisis y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda el m\u00e1s adecuado. <\/p>\n
3.3. T\u00e9ngase en cuenta que para arribar a la conclusi\u00f3n rese\u00f1ada, el Tribunal Superior de Bucaramanga tuvo en cuenta los hechos expuestos y las normas aplicables asunto, los que permitieron advertir que no se hab\u00eda configurado causal de nulidad alguna, pues si bien el acreedor peticion\u00f3 que se librara la orden de pago sin que se hubiese proferido el auto de que trata el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 418 del C. de P. C., lo cierto es que dicho pedimento de manera alguna desapareci\u00f3 como una actuaci\u00f3n procesal, en raz\u00f3n a que el Juez cognoscente solo pospuso el pronunciamiento respecto de la particular tem\u00e1tica hasta tanto se dilucidara el desarrollo del juicio con la norma en cita, lo que no puede considerarse como una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, si una vez notificado del mandamiento de pago, ya sea por estados o personalmente, el actor guard\u00f3 silencio frente al presunto yerro, y continu\u00f3 con el desarrollo legal de la ejecuci\u00f3n, no cabe duda que, tal y como lo consider\u00f3 el Tribunal Superior de Bucaramanga, la irregularidad advertida respecto del enteramiento de la mentada decisi\u00f3n qued\u00f3 subsanada por la propia negligencia del ahora tutelante. <\/p>\n
3.4. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb ( CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
4. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Si el demandado no presenta las cuentas en el t\u00e9rmino se\u00f1alado, el juez, por medio de auto que no tendr\u00e1 recurso alguno, ordenar\u00e1 pagar lo estimado en la demanda. Este auto presta m\u00e9rito ejecutivo. <\/p>\n
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