STC8007-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8007-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2021-00141-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 1\u00b0 de junio de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alejandro Calder\u00f3n Ru\u00edz en representaci\u00f3n de Amparo Rengifo D\u00edaz y Fernando Orteg\u00f3n Fl\u00f3rez, contra los Juzgados Cuarto Civil del Circuito y Sexto Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, la Secretar\u00eda de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Alcald\u00eda de Cali, la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, y, la Personer\u00eda Municipal, todos de esa misma municipalidad, as\u00ed como la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Categor\u00eda Especial Casa de Justicia de Silo\u00e9, y el se\u00f1or Benedicto Benjam\u00edn Figueroa Ojeada, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto verbal a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo en la condici\u00f3n antedicha, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la igualdad, a la vivienda digna, entre otros, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas, al fijar fecha y hora para realizar la diligencia de entrega del bien rematado en el marco del proceso divisorio que Mar\u00eda Teresa Rengifo de Perlaza adelant\u00f3 en contra de Amparo Rengifo D\u00edaz y Fernando Orteg\u00f3n Fl\u00f3rez, con radicado No. 2002-00254-00. <\/p>\n
Entonces, pretende que a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite especial\u00edsimo, se ordene a las entidades querelladas abstenerse de practicar la diligencia de lanzamiento, tras considerar que sus poderdantes son personas de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reparos dijo, que aunque al interior del decurso en comento surgieron \u00abdiferentes conductas punibles entre ellas fraude procesal\u00bb, y aun cuando los all\u00ed demandados son personas mayores de 70 a\u00f1os con diferentes patolog\u00edas que, dice, disminuyen su condici\u00f3n de salud, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cali comision\u00f3 al inspector de Polic\u00eda de esa misma municipalidad con el prop\u00f3sito de efectuar la entrega del predio que \u00e9stos ocupan y que fue objeto de remate, sin considerar adem\u00e1s, que el Despacho comisorio no fue debidamente sometido a reparto y obviando la \u00absituaci\u00f3n ca\u00f3tica que vive la ciudad en materia de orden p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que al momento de notificar la pr\u00e1ctica de la diligencia, se hizo \u00abespecial \u00e9nfasis en que no hab[\u00eda] forma de oponerse a la diligencia de acuerdo con lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 456 del C.G.P. (\u2026) yendo en contrav\u00eda de las decisiones adoptadas por los dem\u00e1s inspectores de polic\u00eda de Cali, quienes cancelaron dichas diligencias por falta de garant\u00edas procesales, falta de personal del ministerio p\u00fablico y por falta de acompa\u00f1amiento de la fuerza p\u00fablica\u00bb; adem\u00e1s, dijo que esa particular actuaci\u00f3n quebranta las garant\u00edas fundamentales de sus representados, y, por lo tanto, pidi\u00f3 la intervenci\u00f3n del Juez constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali dijo, que \u00abtramita en su etapa final\u00bb el juicio ejecutivo que adelant\u00f3 Distribuidora Interventas Ltda, al interior del cual, el 12 de marzo de 2019 orden\u00f3 el desembargo \u00abde los derechos que pose\u00eda el demandado Luis Fernando Orteg\u00f3n Fl\u00f3rez, sobre el inmueble de matr\u00edcula 370-188787\u00bb, y a petici\u00f3n del actual cesionario \u00abdecret\u00f3 nuevamente el levantamiento de la medida de embargo [que] reca\u00edda sobre el inmueble de matr\u00edcula 370-188787, toda vez que estaba interfiriendo el avance del proceso divisorio que respecto de dicho bien cursaba en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cali\u00bb, sin que con su actuaci\u00f3n haya quebrantado las prerrogativas de los quejosos. <\/p>\n
b. La Alcald\u00eda Municipal y la Personer\u00eda de esa misma urbe, aunque en escritos separados, alegaron falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, y, en consecuencia, pidieron su desvinculaci\u00f3n dentro del asunto. <\/p>\n
c. El Inspector de Polic\u00eda de Silo\u00e9 asegur\u00f3, que el 18 de febrero actual fij\u00f3 fecha y hora para la diligencia de entrega, la cual se realizar\u00eda el 25 de mayo de los corrientes; no obstante, aqu\u00e9lla fue aplazada \u00abdebido a la alteraci\u00f3n del orden p\u00fablico\u00bb, sin que con su actuaci\u00f3n haya quebrantado alguna de las garant\u00edas aqu\u00ed reclamadas, raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 denegar el amparo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, luego de advertir, en lo fundamental, que \u00abel abogado Alejandro Calder\u00f3n no est\u00e1 autorizado para interponer en nombre de la accionante la presente acci\u00f3n de tutela, pues este se otorg\u00f3 para que este profesional del derecho continuara con el tr\u00e1mite del Proceso Divisorio y no para presentar acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor de la salvaguarda replic\u00f3 el anterior fallo, con similares argumentos a los indicados en primigenia oportunidad; y en punto del poder especial echado de menos por el Tribunal Constitucional de instancia, dijo que al ser apoderado sustituto del profesional del derecho que representa a los aqu\u00ed accionantes \u00abal interior del juicio divisorio, contaba con las mismas facultades otorgadas\u00bb, m\u00e1xime cuando es imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela para impedir all\u00ed la diligencia de lanzamiento ordenada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que se somete a examen de la Sala, el abogado Alejandro Calder\u00f3n Ru\u00edz en representaci\u00f3n de sus poderdantes Amparo Rengifo D\u00edaz y Fernando Orteg\u00f3n Fl\u00f3rez, cuestiona, puntualmente, la comisi\u00f3n de la diligencia de entrega realizada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cali al Inspector de Polic\u00eda de Silo\u00e9, respecto del inmueble rematado al interior del proceso divisorio que se promovi\u00f3 en contra de \u00e9stos, quienes dijeron ocupaban dicho predio y no cuentan con otro inmueble donde vivir, situaci\u00f3n que se acent\u00faa con su avanzada edad y la dif\u00edcil condici\u00f3n de salud en la que se encuentran. <\/p>\n
3. Sin embargo, no cabe duda acerca del fracaso de la salvaguarda por esta v\u00eda reclamada, si en cuenta se tiene que en relaci\u00f3n con la agencia de derechos y el argumento de la no necesidad de poder especial para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Y sobre el alcance del precepto legal en menci\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha estimado, que \u00abla legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (C.C. T-878\/07). <\/p>\n
4. De este modo, no cabe duda para la Corte, de conformidad con lo expuesto en precedencia, que la demanda de amparo no puede ser estudiada de fondo, por ser evidente que el tutelante carece de legitimaci\u00f3n en la causa para acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, en raz\u00f3n a que la sustituci\u00f3n del mandato que le fue otorgado por el apoderado judicial del extremo demandado dentro de la contienda divisoria debatida, no lo habilita per se, conforme a su dicho, para cuestionar las actuaciones all\u00ed adelantadas por las mencionadas instancias judiciales mediante este mecanismo extraordinario de defensa, puesto que ese tipo de representaci\u00f3n no tiene la virtualidad de \u00abtransferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes (\u2026), al ser este mecanismo un proceso judicial aut\u00f3nomo, que promovido a trav\u00e9s de abogado, requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC6219-2021). <\/p>\n
5. Y ello es as\u00ed, porque cuando de derechos fundamentales ajenos se trata, es necesario que quien dice representar a otro acompa\u00f1e a la demanda poder especial por medio del cual se act\u00faa, o se proceda en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, valga decir, alegando agencia oficiosa, lo que en el presente asunto tampoco no se hizo; sin que adem\u00e1s, la Sala aprecie cumplido el segundo requisito de procedencia de la citada figura, relativo a que el titular de los derechos fundamentales \u00abno est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, ya sea por circunstancias f\u00edsicas o mentales\u00bb1, pues ni si quiera esgrimi\u00f3 el motivo por el que los all\u00ed demandados no pod\u00edan asumir su propia defensa, situaci\u00f3n que descarta la viabilidad del agenciamiento pretendido, y por ende, del estudio de la presente solicitud de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En ese sentido esta Sala ha precisado, que \u00abcuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para (\u2026) su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente (\u2026) (Sentencias T-658 de 2002; T-451 de 2006 y T. 2011-00118-01 de 10 de junio de 2011 y T. 2011-00153-01 de 27 de julio del mismo a\u00f1o, entre otras)\u00bb (ejusdem). <\/p>\n
6. Finalmente, no est\u00e1 por dem\u00e1s advertir que, frente a la viabilidad de conceder el auxilio para evitar la pr\u00e1ctica de la diligencia de entrega al rematante, la que a la fecha no se ha realizado \u00abdebido a la alteraci\u00f3n del orden p\u00fablico\u00bb, el amparo \u00abno se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales (\u2026). Tampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, como quiera que seg\u00fan ha advertido esta Corte, \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019 \u00bb (CSJ STC5905-2021). <\/p>\n
7. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo de tutela atacado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Ver al respecto, C.C. T-04\/13, T-416\/17 y T-072\/19, entre otras. <\/p>\n
4 <\/p>\n
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